CE - 010315000202301922001SENTENCIADECLARA20230518144637

Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación No: 11001-03-15-000-2023-01922-00 Demandantes: CARMEN SOFÍA PÉREZ BECERRA Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Defecto procedimental absoluto. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. I. ANTECEDENTES 1. La petición de amparo Mediante escrito enviado el 18 de abril de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Carmen Sofía Pérez Becerra, Jasleidy Pérez León, Yesnith Paola Contreras Pérez, María Alejandra Contreras Pérez, Yeison Andrés Contreras Pérez, Virgelina Contreras Pérez, Angelino Contreras Pérez, Jhon Edinson Contreras Pérez, Ledys María Contreras Pérez, Elda Rosa Contreras Pérez, Edilma

Contreras Pérez, Edgar Alfonso Contreras Pérez, Luis Evelio Contreras Pérez, Nelly Contreras Pérez y Carmelina Contreras Pérez, por conducto de apoderado, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral. Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 16 de febrero de 2023, que revocó el fallo del 13 de abril de 2018, a través del cual el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar había accedido a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 20001-33-33-007-2018-00428-01, promovido por los accionantes contra la Nación,Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. En concreto, solicitaron a esta Corporación: “Solicito a los honorables Magistrados del Consejo de Estado, que mediante este mecanismo constitucional se ordene LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, MAGISTRADO PONENTE JOSE ANTONIO APONTE OLIVELLA, de fecha 16 de febrero de 2023, que revoca la sentencia apelada del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, en todas sus partes por indebida aplicación de la norma, falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes (errónea aplicación de los términos de caducidad) indebida interpretación de la norma, no aplicación de la flexibilización de los estándares probatorios en materia de derechos humanos, causales que quebrantan el debido proceso, el legítimo derecho de defensa y la igualdad procesal, por ser violatoria de los derechos fundamentales artículo 13, 29, 53 de la constitución nacional y en su defecto se concedan las pretensiones rogadas en el líbelo”.1 2. Hechos Los accionantes narraron los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto. Mencionaron que el 27 de agosto de 2018 interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con ocasión del daño sufrido por la muerte de los señores José Naín Contreras Pérez y Bayron Manjarrés Ustariz, en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2006 en un supuesto enfrentamiento entre la guerrilla y tropas del Batallón de Artillería 2 La Popa en el municipio de Manaure, Cesar. Indicaron que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, mediante sentencia del 23 de agosto de 2019, accedió parcialmente a

entre la guerrilla y tropas del Batallón de Artillería 2 La Popa en el municipio de Manaure, Cesar. Indicaron que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, mediante sentencia del 23 de agosto de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al concluir que el señor Contreras Pérez había sido ejecutado extrajudicialmente y desaparecido por uniformados del Ejército Nacional. Mencionaron que el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de fallo del 16 de febrero de 2023, revocó la anterior decisión y declaró probada la excepción de caducidad del medio de control, ya que el término de dos años para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo vencía el 27 de febrero de 2008 y la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 24 de mayo de 2018. 3. Sustento de la vulneración Según los accionantes, el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral. 1 Transcripción textual del texto original que puede contener errores.Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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Al respecto, consideraron que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos: 3.1. Defecto fáctico Alegaron una indebida valoración de las pruebas que habilitaban el libre acceso a la administración de justicia respecto del término de caducidad del medio de control de reparación directa. Frente al punto, sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Cesar debió contabilizar dicho plazo desde el momento en el que tuvieron la posibilidad de conocer la existencia del daño, que en su caso fue el 16 de febrero de 2018, fecha en la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar les informó que le había otorgado la libertad a unos militares que aceptaron los cargos y solicitaron sentencia anticipada por la desaparición forzada de su familiar. Manifestaron que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que algunos de ellos fueron víctimas de desplazamiento forzado por miedo a sufrir las mismas consecuencias que el señor José Naín Contreras Pérez, por lo que no podían acudir a la jurisdicción contencioso administrativo. Destacaron que, aunque su familiar fue desaparecido forzadamente el 27 de febrero de 2006, lo cierto es que no tenían elementos de juicio suficientes para saber que la responsabilidad estaba en cabeza del Ejército Nacional, pues desconocían que unos militares habían aceptado su participación en los hechos. 3.2. Defecto procedimental absoluto. Señalaron que la autoridad judicial aplicó indebidamente la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, a pesar de que para la fecha de presentación de la demanda la postura vigente era aquella relacionada con la imprescriptibilidad de la acción para delitos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición y desplazamiento forzados. Añadieron que las subreglas de esa sentencia

que para la fecha de presentación de la demanda la postura vigente era aquella relacionada con la imprescriptibilidad de la acción para delitos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición y desplazamiento forzados. Añadieron que las subreglas de esa sentencia fueron aplicadas de forma incorrecta, ya que la Sección Tercera estableció que el término de caducidad de 2 años solo era exigible en casos que involucraran delitos de lesa humanidad si se contaba con elementos de juicio para inferir que el Estado había ocasionado el daño, lo cual no sucedió en su caso. 3.3. Desconocimiento del precedente Finalmente, los accionantes invocaron como desconocidas las siguientes providencias: • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de julio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01694-01, M.P. RafaelDemandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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Francisco Suárez Vargas. • Consejo de Estado, Sección Cuarta, expediente 11001-03-15-000-2021-11153-01, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (no indicó fecha de la providencia) • Corte Constitucional, sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018. Así mismo, enunció las siguientes decisiones sin indicar la corporación, sección o subsección que las profirió. • Sentencia del 20 de junio de 2011, expediente 11001-03-15-000-2011-00655-00. • Auto del 11 de agosto de 2011, expediente 85001-23-31-000-2010-00177-01. • Sentencia del 5 de abril de 2013, expediente 19001-23-31-000-1999-00217-01. • Auto del 17 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01. • Sentencia del 12 de febrero de 2015, expediente 11001-03-15-000-2014-00747-01. • Sentencia del 12 de marzo de 2015, expediente 11001-03-15-000-2014-01352-01. • Sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 11001-03-15-000-2015-01676-00. • Sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 85001-23-33-000-2013-00035-01. • Sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente 85001-23-31-000-2010-000178-01. • Auto del

2 de mayo de 2016, expediente 18001-23-33-000-2014-00069-01. • Auto del 5 de septiembre de 2016, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01. • Auto del 24 de octubre de 2016, expediente 05001-23-33-000-2016-01722-01. • Sentencia del 10 de noviembre de 2016, expediente 19001-23-31-000-2010-00115-01. • Auto del 30 de marzo de 2017, expediente 25000-23-41-000-2014-01449-01. • Sentencia del 12 de marzo de 2017, expediente 05001-23-31-000-2010-01922-01. • Auto del 7 de diciembre de 2017, expediente 05001-23-33-000-2017-01395-01. • Auto del 30 de agosto de 2018, expediente 25000-23-36-000-2017-01976-01. • Auto del 12 de septiembre de 2019, expediente 44001-23-31-000-2010-00238-01. • Sentencia del 30 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-04842-01. • Sentencia del 20 de agosto de 2022, expediente 11001-03-15-000-2019-01816-01.Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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• Sentencia del 30 de abril de 2021, expediente 11001-03-15-000-04068-01. 4. Trámite de la acción de tutela A través de auto del 20 de abril de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cesar. Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso al juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones: 5.1. Tribunal Administrativo del Cesar La presidente de dicha corporación judicial afirmó que no se avizoraba arbitrariedad en la decisión cuestionada. Explicó que el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada se cuenta a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda pueda impetrarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Resaltó que en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció unas pautas que deben ser observadas por los operadores judiciales. Mencionó que en esa providencia se indicó que, independientemente de que los hechos fundamento de la demanda configuren o no un delito de lesa humanidad, el término para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa resulta exigible en todos los casos desde que los afectados tuvieron conocimiento de que los hechos eran imputables al Estado, siempre que no hubiera un obstáculo material para acceder a la justicia. Precisó que, del análisis probatorio efectuado, se logró concluir

contenciosa administrativa resulta exigible en todos los casos desde que los afectados tuvieron conocimiento de que los hechos eran imputables al Estado, siempre que no hubiera un obstáculo material para acceder a la justicia. Precisó que, del análisis probatorio efectuado, se logró concluir que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor José Naín Contreras Pérez a manos del Ejército Nacional desde el día que ocurrió su deceso, esto es, el 26 de febrero de 2006. Lo anterior, por cuanto en el numeral 18 de la demanda, los actores advirtieron que en esa fecha llamaron al batallón y allí les informaron que su familiar había sido dado de baja por las fuerzas militares por tratarse de presuntos guerrilleros. Agregó que la compañera permanente de la víctima se acercó el 28 de febrero de 2006 a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación a realizar el reconocimiento del cadáver, circunstancia que ratificaba que desde esa fecha yaDemandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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tenían conocimiento de la muerte del señor Contreras Pérez en un presunto combate con el Ejército Nacional. Señaló que, bajo ese entendido, los demandantes tenían elementos de juicio para solicitar la reparación del daño por parte del Estado desde ese mismo momento, pues ellos mismos afirmaron en la demanda que compartían con la víctima, sabían que se dedicaba a labores del campo, tenían la posibilidad de demostrar su arraigo y que no pertenecía a grupos al margen de la ley como lo afirmaban las autoridades. Insistió que, desde el conocimiento de la muerte de su familiar, los actores podían alegar que ésta obedecía a un daño antijurídico que el Estado estaba en la obligación de reparar. Resaltó que el término para demandar vencía el 27 de febrero de 2008, pero la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda se radicaron el 24 de mayo y 27 de agosto de 2018, respectivamente, es decir, cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Alegó que no es posible aceptar el argumento de los accionantes relacionado con que solo tuvieron elementos de juicio para demandar al Estado cuando conocieron de la aceptación de cargos por parte de los militares investigados, ya que ellos sabían del presunto daño desde el momento de la muerte de su familiar. Recalcó que la responsabilidad del Estado es independiente de la sanción penal del autor o partícipe de la conducta, por lo que la primera no está condicionada a la segunda, de ahí que el trámite del proceso penal carezca de la suficiencia para determinar la forma en que se computa el plazo de caducidad del medio de control de reparación directa. Por lo anterior, consideró que la providencia cuestionada tomó la decisión correcta al establecer que los actores no debían esperar las resultas del proceso penal para presentar la demanda, sino que debían acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa dentro

del medio de control de reparación directa. Por lo anterior, consideró que la providencia cuestionada tomó la decisión correcta al establecer que los actores no debían esperar las resultas del proceso penal para presentar la demanda, sino que debían acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los 2 años siguientes al momento en el que estuvieron al tanto de la participación y eventual responsabilidad del Ejército Nacional en la muerte del señor Contreras Pérez. Agregó que aunque los actores aparezcan en el Registro Único de Víctimas como desplazados y hayan alegado esa situación como prueba de la imposibilidad de acceder a la administración de justicia, lo cierto es que no existía elemento alguno que demostrara que tenían alguna limitación antes del 27 de febrero de 2008, pues contrario a ello, en los meses siguientes a la muerte de su familiar presentaron la denuncia por el delito de homicidio, radicaron una queja disciplinaria contra los militares, enviaron una comunicación al presidente de la República de la época, entre otros. Insistió que los accionantes conocían de las eventuales irregularidades que se presentaron en torno a la muerte del señor Contreras Pérez, por lo que sabían de la existencia de un posible daño antijurídico que debía ser indemnizado por elDemandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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Estado. En tal sentido, solicitó denegar el amparo solicitado ante la inexistencia de las irregularidades planteadas en el escrito de tutela. 5.2. Ministerio de Defensa Nacional La apoderada de la entidad se opuso a las pretensiones de la acción al considerar que carecen de fundamento legal. Sostuvo que la decisión cuestionada estuvo ajustada a derecho, ya que el análisis normativo y probatorio tuvo en cuenta que los accionantes no habían presentado la demanda dentro de la oportunidad legal correspondiente. En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción. 5.3. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le fue notificado en debida forma mediante Oficio 35645 del 24 de abril de 2023. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2. Problema jurídico Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral, con ocasión de la sentencia del 16 de

febrero de 2023, que revocó el fallo del 13 de abril de 2018, a través del cual el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar había accedido a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 20001-33-33-007-2018-00428-01, promovido por los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Para el efecto, se deberá establecer si la providencia cuestionada vulneró las garantías constitucionales de la parte accionante por incurrir en los defectos fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente, al declarar la caducidad del medio de control con base en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, sin tener en cuenta que esa postura no estaba vigente al momento de presentar la demanda yDemandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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que solo tuvieron conocimiento de la posible responsabilidad del Estado al ser notificados de la decisión adoptada en el proceso penal contra los militares involucrados en la muerte de su familiar. En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto. 3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3, conforme al cual: “De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4. La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si

al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4. La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación. Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características. 2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Idem.Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantivay cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-. En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. 4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se trata de una tutela contra decisión de la misma

que son propias del juez natural. 4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia censurada se dictó en el trámite del proceso de reparación directa promovido por los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6, toda vez que la decisión cuestionada fue dictada el 16 de febrero de 2023 y la 5 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 6 El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad jurídica.Demandantes: Carmen Sofía Pérez Becerra y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Rad: 11001-03-15-000-2023-01922-00

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acción de tutela fue presentada el 18 de abril del presente año, por lo que sin necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal providencia, se evidencia un ejercicio oportuno de la solicitud de amparo. Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que la parte actora no cuenta con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser el mecanismo idóneo para controvertir la sentencia controvertida, pues la situación descrita no se ajusta a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para ello. Ahora bien, en relación con la posible configuración de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, la Sala considera que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte actora no cumplió con una carga argumentativa suficiente que permita estudiarlos de fondo y, así, establecer una verdadera vulneración de unas garantías superiores como lo son los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral. Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…». El Alto Tribunal Constitucional consideró que

de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…». El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes: «(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la ac