CE - 010315000202301952001SENTENCIA20230606121245

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: FLOR TERESA RUBIO COLMENARES

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

A, Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplieron los requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional / INMEDIATEZ – No se cumple en este caso porque la demanda se presentó después de 6 meses desde que se conoció la decisión a la que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Las razones jurídicas propuestas pretenden convertir este medio en una tercera instancia.

La Sala decide la acción de tutela insta urada por la señora Flor Teresa Rubio Colmenares contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de abril de la presente anualidad1, la señora Flor Teresa Rubio Colmenares Antioquia interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativ o de

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de abril de la presente anualidad1, la señora Flor Teresa Rubio Colmenares Antioquia interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativ o de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social, a la alimentación, el mínimo vital, la salud en conexidad con la vida, la di gnidad humana, y los « derechos de las personas en estado de debilidad manifiesta». Formuló las siguientes pretensiones:

Que se acceda a amparar los derechos fundamentales de mi poderdante a la salud en conexidad con la vida, a la igualdad, al debido proceso , a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana, a los derechos de las personas en estado de debilidad manifiesta, a los derechos de la tercera

1 Se advierte que , el 10 de mayo de 2023 , el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2 edad, derechos de las personas que se encuentran en estado de discapacidad, ya que están siendo vulnerados mediante la configuración de un defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial, al acceso efectivo a la administración de justicia (CP,229), reconocimiento de la condición más beneficiosa, dentro de los fallos judiciales y los actos

un defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial, al acceso efectivo a la administración de justicia (CP,229), reconocimiento de la condición más beneficiosa, dentro de los fallos judiciales y los actos administrativos de la UGPP. Y demás derechos fundamentales que su señoría vislumbre dentro de cada uno de los hechos puestos aquí en su conocimiento y en los dos procesos que se deben allegar a la presente.

Para el amparo de los derechos fundamentales aquí solicitados, solicito, con todo respeto se de aplicación al debido proceso, a la interpretación de l as pruebas los principios de favorabilidad, principios de progresividad, reconocimiento de la condición más beneficiosa, en fin, cada uno de los principios que beneficien a mi poderdante FLOR TERESA RUBIO

COLMENARES.

En consecuencia, se acceda a las pretensiones incoadas en la JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS AQUÍ DEMANDADOS, MÁS EXACTAMENTE EN LAS SEGUNDAS INSTANCIAS LLEVADAS A CABO EN EL PROCESO 9743957,1809/99 y 11001 -03-15-000-2000-06685-01 y EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN ADP 016419 DEL 10/12/2015, de la RESOLUCIÓN 2208 del 27 de febrero de 1996 y la RESOLUCIÓN 67 del 16 de ENERO DE 1997.

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Manifestó la demandante que reclamó ante la UGPP el reconocimiento y pago de

de ENERO DE 1997.

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Manifestó la demandante que reclamó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión de la muerte de su compañero permanente, el señor Carlos Jesús Russi Fajardo . La UGPP negó la solicitud , mediante la Resolución ADP 01641 9 del 10 de diciembre de 2015 , ratificando la respuesta brindada mediante la Resolución 2208 del 27 de febrero de 1996 y la Resolución 67 del 16 de enero de 1997.

Por lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP. El conocimiento de ese proceso le correspondió al Juzgado 15 Administrativo de Bogotá y se le asignó el radicado 11001-33-35-015-2017-00281-00.

Expuso que e n ninguna etapa previa a la radicación de la demanda, la autoridad demandada en el proceso ordinario manifestó que se hubiese llevado proceso administrativo alguno.

En sentencia del 11 de mayo de 2020, el Juzgado 15 Administrativo de Bogotá consideró que no se había configurado la cosa juzgada y accedió a las pretensiones de la demanda. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpusoRadicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3 recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022, por el Tribuna l Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que resolvió:

Primero: Revocar la sentencia proferida el 11 de mayo de 2020 por el Juzgado 15 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de l a demanda dentro del proceso iniciado por la señora Flor Teresa Rubio Colmenares contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, conforme a los argumentos expuestos en este fallo.

En su lugar se dispone: Declarar probada la excepción de cosa juzgada.

Finalmente, manifestó la accionante que recibe un poco menos del salario mínimo, monto que «nunca le ha alcanzado para subsistir , ni mucho menos para tener el modus vivendis que el causante Russi Fajardo le suministraba durante los años de convivencia que tuvieron ». Agregó que ha tenido que « sacar créditos , pero los contratiempos y necesidades le impiden el cumplimiento».

1.3 Argumentos de la tutela

En primer lugar, la demandante cuestionó que en el proceso ordinario que se surtió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el que se accedieron a las pretensiones de la demanda, la parte demandada (Caja Nacional d e Previsión Social ) interpuso recurso de apelación «sin

ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el que se accedieron a las pretensiones de la demanda, la parte demandada (Caja Nacional d e Previsión Social ) interpuso recurso de apelación «sin fundamentar sus inconformidades al fallo de primera instancia ». En su criterio, ese recurso no estuvo debidamente sustentado, y no debió ser concedido ni resuelto en segunda instancia por la Subsecció n A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sino que «debió ser declarado desierto».

Expuso que con tal decisión se vulneró su derecho al debido proceso , pues esa actuación irregular conllevó que el Consejo de Estado ignorara el principio de justicia rogada. Indicó que esa situación tampoco fue advertida por la Sala Especial Transitoria de Decisión 2D, que resolvió el recurso extraordinario de súplica.

Alegó, además, que las autorid ades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico, por cuanto sí obraba en el expediente prueba de que la demandante acompañó al causante hasta el momento de la muerte, como consta en el registro civil de defunción del señor Russi Fajardo. Adicionalmente, porque «su abogado era el mismo a quien el causante le confiaba todos sus asuntos » y las declaraciones aportadas con el fin de acreditar la convivencia no eran falsasRadicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4 Adujo que se incurrió en violación del precedente fijado por la Corte Constitucional

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4 Adujo que se incurrió en violación del precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias T-122 del 2000, T-566 de 1998, al aceptar el escrito del recurso de apelación y desconocer que con las pruebas que obraban en el plenario era posible acceder a las pretensiones de la demanda.

Manifestó la demandante que el abogado que la representó en aquellos procesos no tenía la idoneidad suficiente porque interpuso el recurso extraordinario de súplica y no la acción de tutela ante «la incompetencia del Consejo de Estado, cuando, sin fundamento alguno, aceptaron cuatro renglones y medio de literalidad (como recurso de apelación fundamentado) para tirar al piso una sentencia de cincuenta (50) folios».

En cuanto a la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, reprochó que vulneró su derecho al debido proceso porque declaró la excepción de cosa juzgada extemporáneamente, ya que la parte demandante no la solicitó en la contestación de la demanda y no la resolvió en la audiencia inicial.

Precisó que, en todo caso, no debió declararse la prosperidad de la excepción de cosa juzgada, porque en el primer proceso no puso de presente la familia de crianza que tuvo el causante con los hijos de la señora Rubio Colmenares. Además, que en este último proceso allegó « con lujo de detalles la calidad de vida que recibía de parte del causante, la ayuda y el socorro mutuo, el compartir que a diario se daban

que tuvo el causante con los hijos de la señora Rubio Colmenares. Además, que en este último proceso allegó « con lujo de detalles la calidad de vida que recibía de parte del causante, la ayuda y el socorro mutuo, el compartir que a diario se daban como familia». Entonces, según expuso, los hechos del primer expediente difieren en un 98% de los del segundo.

En relación con el material probatorio, indicó que en el segundo proceso la causa petendi tuvo como fundamento un «cúmulo grandísimo de pruebas» que no fueron tachadas de falsas por la demandada. Sostuvo que cuando se llevó a cabo el primer proceso no tenía lucidez ni su apoderado la conminó para que se buscara todo el acervo probatorio que sí logró conseguir en este último expediente. Precisó que se perdieron muchos documentos por «trasteo tras trasteo , entre ellos cualquier cantidad de historias clínicas del causante, donde siempre estaba el nombre de Flor Teresa».

Respecto del objeto, afirmó que en el proceso con radicado 2017-00281-00 se discutió la legalidad de la Resolución ADP 01649 del 10 de diciembre de 2015, mientras que en el primero no se reprochó la misma. Agregó que las mesadas pensionales discutidas en el primero de los procesos fueron las del año 1997, mientras que las segundas, se reclamaron con fundamento en la nulidad de laRadicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5 Resolución proferida por la UGPP del año 2015. Adicionalmente, sostuvo que el

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5 Resolución proferida por la UGPP del año 2015. Adicionalmente, sostuvo que el derecho a la pensión de sobrevivientes es imprescriptible, con fundamento en lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia T-527 de 2014.

Expuso que el fundamento legal, jurisprudencial y constitucional fue diferente al alegado en el primero de los procesos.

Finalmente, r eiteró que los magistrados que integraban la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, «con excepción del salvamento de voto », incurrieron en vía de hecho al realizar el pronunciamiento querido por la demandada, sin siquiera estar dentro del momento procesal para pronunciarse.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de abril de 2023, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar a los magistrados que integran la S ubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a los de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , como parte demandada, y a la directora de la UGPP, en calidad de tercero con interés . Así mismo, se dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de la demandante y, para tal efecto, se remitió al análisis efectuado en la providencia del 30 de noviembre de

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de la demandante y, para tal efecto, se remitió al análisis efectuado en la providencia del 30 de noviembre de 2022, cuestionada en el presente proceso.

2.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la providencia cuestionada es diferente a aquella que en su momento resolvió el recurso extraordinario de súplica presentado contra la sentencia del 12 de octubre de 2000, de ahí que la supuesta vulneración es del resorte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.4. La UGPP solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo , por cuanto pretende utilizarse como una tercera instancia y, además, porque no cumple el requisito de inmediatez en cuanto al primer proceso que culminó con el recurso extraordinario de súplica «97-43957, 1809/99 y 11001-03-15-000-2000-06685-01», por lo que transcurrieron más de 22 años y la tardanza en la interposición de la tutela no se encuentra justificada.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Indicó que la negligencia del abogado en el primer proceso es responsabilidad exclusiva de la señora Flor Teresa Rubio Colmenares, por lo que no resulta posible flexibilizar la inmediatez en esos términos.

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Indicó que la negligencia del abogado en el primer proceso es responsabilidad exclusiva de la señora Flor Teresa Rubio Colmenares, por lo que no resulta posible flexibilizar la inmediatez en esos términos.

En relación con el proceso 2017-00281-01, que culminó con la sentencia del 30 de noviembre de 2022, que , a su vez, revocó la sentencia del Juzgado 15 Administrativo de Bogotá, señaló que no se incurrió en defecto sustantivo po rque tuvieron en cuenta las normas que regulan la cosa juzgada, la cual, además, estuvo fundamentada en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema en particular.

Precisó que la accionante no demostró el perjuicio irremediable , de ahí que no resulte posible que alegue la afectación a la alimentación y al mínimo vital porque percibe su mesada pensional por vejez por valor de $1.291.332 , desde el mes de agosto de 2004. Agregó que a la demandante no se le está vulnerando su derecho a la salud ni a la seguridad social, por cuanto se encuentra afiliada al régimen contributivo de salud en calidad de cotizante.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, especialmente, los de inmediatez y de relevancia constitucional. Solo en el evento de que se cumplan, se abordará el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron los defectos atribuidos a las providencias atacadas.

2. Análisis del caso

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron los defectos atribuidos a las providencias atacadas.

2. Análisis del caso

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez

El requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros « que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable»2; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente

2 Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

7 contra ella3; y previene el abuso del derecho, al « evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»4.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general « un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»5.

Para esta Subsección 6 , se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la

partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»5.

Para esta Subsección 6 , se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a parti r de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión, en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

Al examinar la solicitud de amparo, la Sala advierte que la demandante cuestiona las siguientes providencias: (i) sentencia del 12 de octubre de 2000, proferida por la S ubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó la sentencia proferida el 16 de abril de 1999, expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2000-06685-00 (1809-99); (ii) sentencia del 12 de septiembre de

de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2000-06685-00 (1809-99); (ii) sentencia del 12 de septiembre de 2005, proferida por la Sala Especial Transitoria de Decisión 2D del Consejo de Estado, mediante la cual desestimó el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia del 12 de octubre de 2000; y, (iii) sentencia del 30 de noviembre

3 Corte Constitucional. Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T890 de 2006, T -905 de 2006, T -1009 de 2006, T -1084 de 2006, T -825 de 2007, T -299 de 2009, T691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras. 5 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,

expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

8 de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se revocó la sentencia del 11 de mayo de 2020, expedida por el Juzgado 15 Administrativo de Bogotá.

Pues bien, en relación con las dos primeras providencias, esto es, la del 12 de octubre de 2000 y la del 12 de septiembre de 2005, la Sala anticipa que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto en este caso no existe ninguna razón que justifique que el plazo de los seis meses se contabilice desde una fecha distinta a la de notificación de esas providencias.

La sentencia del 12 de octubre de 2000 fue notificada por edicto del 12 de diciembre de esa misma anualidad , mientras que la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de súplica, del 12 de septiembre de 2005, fue notificada por edicto el 20 de septiembre de 2005; sin embargo, la demandante presentó la tutela el 20 de abril de 2023, esto es, 22 años (expediente 1809-99) y 17 años (expediente S-685) después, término que no resulta razonable.

Desde el 2000 y el 2005 la accionante tuvo conocimiento de la s decisiones a las

después, término que no resulta razonable.

Desde el 2000 y el 2005 la accionante tuvo conocimiento de la s decisiones a las que ahora les enrostra el agravio, de suerte que a partir de la fecha de notificación de aquellas providencias pudo cuestionar su contenido ante el juez constitucional, momento que debe tomarse c omo parámetro para analizar la razonabilidad del plazo.

Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está acreditado en el expediente:

(i) Que la señora Flor Teresa Rubio Colmenares pertenezca a un grupo vulnerable que justifique concretamente la tardanza, pues, si bien es cierto que a la fecha de interposición de la tutela la demandante tiene 77 años de edad, no justificó por qué motivo no pudo presentar la demanda de tutela desde el año 2000 o 2005, respectivamente;

(ii) La existencia de especiales circunstancias que impidieran acudir al juez de tutela. Aunque la señora Rubio Colmenares alegó la falta de defensa técnica del abogado que la representó en aquellos procesos, esa circunstancia no le permite a la Sala flexibilizar el requisito de inmediatez, pues la demandante, en ejercicio del derecho de postulación, le otorgó poder a un abogado de su entera confianza para que la representara en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, de ahí que no resulte posible que ahoraRadicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9 alegue la falta de asistencia técnica del profesional del derecho como justificación de la tardanza en la interposición de la acción de tutela;

(iii) El aislamiento geográfico;

(iv) La vulnerabilidad económica, pues la accionante percibe su mesada pensional por vejez por valor de $1.291.332, desde el mes de agosto de 2004;

(v) La afectación de derechos de terceros y (vi) tampoco se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte de la accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.

Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte accionante se encontrara en una situación especial, máxime si se tiene en cuenta que la solicitud de amparo no requiere de formalidades para su presentación y que la accionante tiene la calidad de magistrada . De mod o que la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez, en cuanto a los reproches formulados contra las providencias antes referenciadas.

No ocurre lo mismo respecto de l os reproches formulados contra la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues fue notificada el 5 de diciembre de 2022 y la tutela se presentó el 20 de abril de la presente anualidad, por lo que la

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues fue notificada el 5 de diciembre de 2022 y la tutela se presentó el 20 de abril de la presente anualidad, por lo que la Sala concluya que fue presentada en un término razonable. Entonces, como se advirtió, continuará con el estudio del requisito de relevancia constitucional, únicamente respecto de los defectos alegados contra esta última providencia.

2.1.2. De la relevancia constitucional

La Sala considera necesario referirse brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

10 La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento

tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

Resta por examinar si la tutela cumple el requisito de relevancia constitucional, en cuanto a las inconformidades sobre la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C respecto de la declaratoria de la cosa juzgada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se surtió en contra de la UGPP.

En el caso bajo examen, no hay duda de que la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate procesal que se surtió ante el Tribunal accionado y convertir a la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, tal como pasa a explicarse.

El Juzgado 15 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 11 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que, en pri mer lugar, no

como pasa a explicarse.

El Juzgado 15 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 11 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que, en pri mer lugar, no se configuraba la cosa juzgada, por cuanto, aunque eran idénticas las pretensiones en ambos procesos, como la señora Rubio Colmenares aportó al plenario nuevos fundamentos fácticos, esa circunstancia modifica las circunstancias que dieron lugar al fallo proferido por el Consejo de Estado el 12 de octubre de 2000.

Sostuvo, además, que el nuevo material probatorio que contiene nuevos fundamentos de hecho, permitían arribar a la conclusión de que a la demandante le asistía el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, pues se demostr ó la

7 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01952-00

Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

Dem