CE - 010315000202301970001SENTENCIA20230523165827

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: MARTHA ISABEL SERNA HIDALGO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el actor busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora M artha Isabel Serna Hidalgo contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de abril de la presente anualidad 1, la señora M artha Isabel Serna Hidalgo, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Primera de D ecisión del Tribunal Administrativo de l Quindío , por con siderar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. For muló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el Tribunal Administrativo del departamento del Quindío en

sus derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. For muló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el Tribunal Administrativo del departamento del Quindío en la sentencia proferida el día 16 de marzo de 2023, en el expediente rad. No. 63001-3333-006-2022-00083-02, transgredió los derechos fundamentales: al

1 Se advierte qu e, el 8 de mayo de 2023 , el expediente ing resó al despacho de la magist rada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la ap licación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de ju sticia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de preced ente judicial vertical, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abund ante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se or dene al Tribunal Administrativo del Quindío; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de

fundamentales de la accionada

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se or dene al Tribunal Administrativo del Quindío; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes deci siones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000-20130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-20180349901 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

4

01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 6 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-20140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de jun io de 2021

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de jun io de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGASRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

9 08001-23-33000-20150033101 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000-20140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 40001-23-4025 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 40001-23-40000-20170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000-20159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 15 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SU ÁREZ

VARGAS 16 080001-23-33000-201500075VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SU ÁREZ

VARGAS 16 080001-23-33000-20150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 17 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020) 28 de abr il de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA 18 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 20 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 20 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 21 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 22 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTERRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Desde el 8 de marzo de 2005, la señora Martha Isabel Serna Hidalgo labora como docente al servicio d el municipio de Armenia (Quindío). Además, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

docente al servicio d el municipio de Armenia (Quindío). Además, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas. El 21 de julio de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y al Fomag el reconocimiento y el pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por e l pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A., sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio del medio de control de nulidad y r establecimiento del derecho , la señora Serna Hidalgo demand ó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto derivado del silencio frente a la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no co nsignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 29 de junio de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia negó las súplicas de la demanda al considerar que la señora Serna Hidalgo se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo d e Estado, en reiteradas

cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo d e Estado, en reiteradas ocasiones, ha bían establecido que e ra posible aplicar la Ley 50 d e 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1 989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

2 En adelante Fomag.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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En providencia del 16 de ma rzo de 2 023, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no e ra posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a l caso de la señora Serna Hidalgo , quien ha bía ocupado el cargo de docente oficial al servicio del municipio de Armenia y se encontraba cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no exist ía un precedente consolidado de obligatoria aplicación y que acceder a lo pretendido implica ría introducir un cambio en la regulación del funcionamiento interno del Fomag, en lo que respecta a la

De igual modo, determinó que no exist ía un precedente consolidado de obligatoria aplicación y que acceder a lo pretendido implica ría introducir un cambio en la regulación del funcionamiento interno del Fomag, en lo que respecta a la administración de los recursos, fondo que, de hecho, se rige por el principio presupuestal de unidad de caja, aspectos todos que de desconocerse exceder ían el propósito del legislador.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Quindío desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la senten cia SU -098 de 2018, así como en 22 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen es pecial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se alejó del precedente consagrado en las 22 sentencias e mitidas por el

es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se alejó del precedente consagrado en las 22 sentencias e mitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que « existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favore ciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, menc ionó que la autoridad judicial accionada descon oció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia, entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 26 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el expediente radicado No. 63001 -3333-006-202200080-02».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la

Administrativo del Quindío, en el expediente radicado No. 63001 -3333-006-202200080-02».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Finalmente, citó 11 sentencias proferidas por diferentes juzgados admini strativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, a l amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de abril de 2023, el despacho de la magistrada ponente admitió la acción de tu tela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sala P rimera de D ecisión del Tribunal Adm inistrativo de l Quindío , como parte demandada , y, como terceros con interés, al ministro de Educación Nacional, a la Fiduprevisora , en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y al alcalde del municipio de Armenia. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Ministerio de Educación Naciona l, por conducto del jefe de l a oficina asesora jurídica, señaló que dicha entidad no es responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada . Q ue, por tan to, carece de competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tut ela, por lo que solicit ó

asesora jurídica, señaló que dicha entidad no es responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada . Q ue, por tan to, carece de competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tut ela, por lo que solicit ó que se le desvinculara de la acción de la referencia.

2.3. En m emoriales radicados el 8 y 9 de mayo de la presente anualidad, el apoderado de la accionante insistió en los argumentos de la tutela y, frente a laRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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contestación del Ministerio de Educac ión Nacio nal, señaló la necesidad de pronunciamiento de fondo de esa entidad, ante el desconocimiento de reiterada jurisprudencia ya mencionada en la demanda y la falta de explicación sobre la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Serna Hidalgo.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

A partir de 2012 3, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación acogió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tute la contra providencias judiciales son: (i) que se indiquen los hechos y las razones en

Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tute la contra providencias judiciales son: (i) que se indiquen los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que se hubieran utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de los derechos fundamentales invocados (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia const itucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Finalmente, conviene señalar que la Corte Const itucional ha enfatizado en que la acción de tutela contra providencias dictadas por los denominados órganos de cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera ab ierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o

3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009 -01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth

Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o

3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009 -01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularm ente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá ab ordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 , por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-006-2022-00083-02, incurrió en los defectos endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Martha Isabel Serna Hidalgo.

3. Análisis de la Sala

3.1. Del cumplimiento del requisito de r elevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisit o de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la

con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisit o de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una sol icitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vul neración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger

4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los

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derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, p or tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la i gualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión d e la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 29 de junio de 2022, por el Juzgado Se xto Administrativo de Armenia.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 d e la ley 50 de 1990, que s í cons agra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Sern a Hidalgo carece de releva ncia constitucional, debido a que es evidente qu e la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Sern a Hidalgo carece de releva ncia constitucional, debido a que es evidente qu e la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no c onsignación de sus cesantías, para, en su lugar, decl ararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento c onstitucional.

Así lo indicó: Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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[L]a sanción moratori a por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenuncia ble de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 5 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuan do se

patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 5 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuan do se advierta que su f alta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, si no a una penalidad para el empleador que no las c onsigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, segú n se deriva de los anteced entes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico6

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignació n oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsecc ión, en la sentencia del 1 8 de marzo de 20227, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liq uidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una

acto administrativo que ordenó la liq uidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derec ho patrimonial -pago de la sanción moratoria - y no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta S ala otorga relevancia cons titucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en c oncreto, se ha sostenido q ue las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

5 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.

contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

5 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022 , M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01970-00

Actor: Martha Isabel Serna Hidalgo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácte r ir renunciable de las cesantí as est á relacionado con su naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclam ado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional e n aquella sentencia unificadora q ue tod o pago