CE - 010315000202302011001SENTENCIA20230608154059

Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02011-00

Demandante: AURA NELSY PEÑAFIEL CAMPO

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Tutela de fondo. Presunta mora judicial injustificada. Carencia actual de objeto por hecho superado1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Aura Nelsy Peñafiel Campo, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís , de conformida d con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Aura Nelsy Peñafiel Campo , en nombre propio, present ó acción de tutela2 contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís , con el fin de que se proteja n sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA, articulo 29

de la C.N., ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la tardanza en resolver el recurso de reposición que interpuso contra el auto de 21 de junio de 2021, a través del cual el Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís libró mandamiento de pago en el marco del proceso ejecutivo singular

1 Sobre el tema se pueden consultar las siguientes sentencias de tutela proferidas por esta Sección: 8 de julio de 2021, tutela No. 11001 -03-15-000-2021-03134-00, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra. 22 de julio de 2021, expediente No. 1 1001-03-15-000-2021-03080-00, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra. 29 de julio de 2021, proceso No. 11001 -03-15-000-2020-03340-00, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra. 2 Con escrito presentado el 13 de abril de 2023, a través del correo tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co. El proceso fue repartido al Juzgado Tercero Promiscuo

Alberto Álvarez Parra. 2 Con escrito presentado el 13 de abril de 2023, a través del correo tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co. El proceso fue repartido al Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito Judicial de Puerto Asís (Putumayo), autoridad judicial que mediante auto de 15 de abril de 2023 inadmitió la demanda. Luego, por auto de 21 de abril de este mismo año , ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021. El envío se realizó en la misma fecha.Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificado con el radicado 86568 -40-03-002-2021-00105-00, donde funge como demandante el señor Sigifredo Vargas Tovar . Así mismo, ante la omisión del Consejo Superior de la Judicatura de ejercer las funciones que le otorga el artículo 121 del Código General del Proceso, respecto de la pérdida de competencia de un juez para conocer del proceso.

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

PRIMERA : Sírvase, Señor Juez de Tutela, conforme a las normas constitucionales y legales, así como teniendo en cuentan los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, TUTELAR de manera directa, o como

PRIMERA : Sírvase, Señor Juez de Tutela, conforme a las normas constitucionales y legales, así como teniendo en cuentan los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, TUTELAR de manera directa, o como

MECANlSNIO TRANSITORIO PARA EVITAR UN RERJUICIO IRREMEDIABLE, mis DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA, articulo 29 de la C.N., ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, artículo 1 C.N., y los demás que resulten amenazados y vulnerados, por la inercia de l Juzgado accionado, que sobrepasa sin excusa alguna los DIECIOCHO (18) MESES, sin resolver el recurso de reposición formulado por mi anterior Abogada, sin dar trámite a las excepciones de mérito y mucho menos sin proferir sentencia de fondo, vulnerándose así mi Derecho Fundamental al Debido Proceso y al Derecho de Defensa.

SEGUNDA : Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se ordene que en el término de cuarenta y ocho (48) horas se decida el recurso de reposición formulado por mi Abogad a al mandamiento de pago, para que una vez superado esta etapa, se continúe ágilmente con el trámite de las excepciones de mérito, y sin mayor demora se profiera la sentencia que en Derecho Corresponda.

TERCERO : Las demás órdenes que el Honorable Señor J uez Constitucional considere pertinentes en orden a restablecer y proteger los Derechos Fundamentales del accionante.3

1.3. Hechos

La actora fundó su petición de tutela en los siguientes:

considere pertinentes en orden a restablecer y proteger los Derechos Fundamentales del accionante.3

1.3. Hechos

La actora fundó su petición de tutela en los siguientes:

Informó que en el Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís se adelanta el proceso ejecutivo singular identificado con el radicado 86568 -40-03002-2021-00105-00, donde funge como demandante el señor Sigifredo Vargas Tovar y ella como demandada.

Explicó que el 21 de junio de 2021 , con fundamento en los docume ntos allegados por el demandante, el Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís libró mandamiento de pago en su contra y decretó unas medidas cautelares , entre ellas, el embargo de su salari o como diputada de la Asamblea D epartamental del Putumayo.

Indicó que su apoderado interpuso recurso de reposición contra el citado auto y que el 17 de septiembre de 2021, la autoridad judicial corrió traslado de este.

3 Transcrito del original, con posibles errores.Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que a la fecha de presentación de la presente acción constitucional la autoridad accionada no ha resuelto el recurso que radicó contra el auto que libró mandamiento de pago.

www.consejodeestado.gov.co Alegó que a la fecha de presentación de la presente acción constitucional la autoridad accionada no ha resuelto el recurso que radicó contra el auto que libró mandamiento de pago.

Expuso que el 21 de septiembre de 2022, su apoderado solicitó que se remitiera el expediente al juez que le sigue en turno y que se informara de dicha actuación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de lo establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso, comoquiera que ya había transcurrido más de un año sin que se pronunciara sobre su petición.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Aura Nelsy Peñafiel Campo consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , de defensa y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la demora injustificada del Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís en resolver de fondo el recurso de reposición que interpuso contra el auto de 21 de junio de 2021, a través del cual se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo singular identificado con el radicado 86568-40-03-002-2021-00105-00.

Señaló que en el mencionado proceso, el demandante aportó unos documentos falsos que indujeron al Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís a librar mandamiento de pago en su contra y decretar como medida cautelar el embargo de su salario co mo diputada de la Asambl ea D epartamental del Putumayo, pese a que la acción ya estaba caducada. Es por ello que procedió a interponer un recurso de reposición, el cual, trascurrido más de un año y medio, no

embargo de su salario co mo diputada de la Asambl ea D epartamental del Putumayo, pese a que la acción ya estaba caducada. Es por ello que procedió a interponer un recurso de reposición, el cual, trascurrido más de un año y medio, no había sido resuelto por la autoridad judicial accionada.

Al respecto, precisó lo siguiente:

Hace más ostensivo el trato discriminatorio hacia mí por parte del Juez accionado y del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, y más notoria la vulneración de mis Derechos Fundamentales invocados, el hecho de que llevo ya dieciocho (18) meses esperando se me resuelva la situación planteada en el recurso de reposición, sin que el accionado lo haga, pero mientras tanto, por la inercia del Juzgado, los intereses de mora siguen corriendo, aumentándose la deuda, perjudicándome con la demora, porque si ya se hubiese resuelto el recurso, y proferido sentencia, ya supiéramos realmente a qué atenernos, y en caso de ser adversa la sentencia, por lo menos, pasaríamos a la etapa de liquidación del crédito, intereses, costas y age ncias en Derecho, para de una vez pagar lo que en derecho corresponda. Y si la sentencia fuere favorable, también se me causa un perjuicio irremediable, porque de haberse resuelto favorablemente el asunto, ya se me hubiera hecho la devolución del dinero qu e está en el Juzgado a nombre del proceso, dinero que se me ha descontado de mi salario como DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, y que lo necesito para atender urgentes asuntos familiares.

proceso, dinero que se me ha descontado de mi salario como DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, y que lo necesito para atender urgentes asuntos familiares.

Manifestó que ante la falta de resolución de su pretensión, su abogada le solicitó al Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís que diera aplicación al artículo 121 del Código General del Proceso, es decir que remitiera el expediente al juez que le sigue en turno por haber perdido competencia para pronunciarse y le informara tal situación al Consejo Superior de la Judicatura.Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otro lado, la tutelante consideró vulneradas sus garantías constitucionales por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura no ha ejercido las funciones que le otorga el mencionado artículo 121, ante el actuar del Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 26 de abril de 2023, el magistrado ponente de esta decisión admitió la acción de tutela y ordenó noti ficar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados.

Judicatura y al Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, vinculó como tercero con interés al señor Sigifredo Vargas Tovar [parte demandante en el proceso ejecutivo singular identificado con el radicado 86568 -40-03-002-202100105-00].

Además, ordenó (i) requerir a la secretaría del Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís, para que remita de manera inmediata la copia digital del expediente del proceso ejecutivo singular identificado con el radicado 86568 -4003-002-2021-00105-00 y (i) a la ofic ina de sistemas de la Corporación que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página del Consejo de Estado.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís

A través de contestación enviada el 28 de abril de 2023, al correo electrónico de la Secretaría General de esta corporación, el juez segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís solicitó que se declare improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora, dado que no se han vulnerado sus derechos fundamentales.

En primer lugar, aceptó que en ese despacho se adelanta proceso ejecutivo 86568-40-89-002-2021-00105-00 donde actúa como demandante el señor

por la parte actora, dado que no se han vulnerado sus derechos fundamentales.

En primer lugar, aceptó que en ese despacho se adelanta proceso ejecutivo 86568-40-89-002-2021-00105-00 donde actúa como demandante el señor Sigifredo Vargas Tovar y como demandada la señora Aura Nelsy Peñafiel Campo.

Sobre las afirmaciones realizadas por la actora en relación con los títulos valores aportados al expediente, informó que en cualquier momento del proceso la demandada puede solicitar la exhibición del título valor por parte del acreedor y, además, pedir la práctica de las pruebas pertinentes dentro del proceso ejecutivo para alegar la presunta falsificación de los documentos que predica.Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que, en efecto, contra el mandamiento de pago se interpuso un recurso de reposición, al igual que unas excepciones de mérito. Sobre lo primero, informó que con auto de 27 de abril de 2023, notificado el 28 del mismo mes y año, se resolvió el mencionado recurso y se ordenó reponer de manera parcial el auto que libr ó el mandamiento de pago , mientras q ue sobre las excepciones se dispuso dar el trámite procesal que en derecho corresponde, una vez se encuentre en firme la aludida providencia. Por tal motivo, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

trámite procesal que en derecho corresponde, una vez se encuentre en firme la aludida providencia. Por tal motivo, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por último, allegó el enlace para acceder al proceso ejecutivo singular identificado con el radicado 86568-40-03-002-2021-00105-00.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura

Mediante contestación remitida el 2 de mayo de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, la directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Jud icatura pidió que se desvincule a la entidad que representa de la acción de tutela, al no haber incurrido en alguna violación de los derechos de la tutelante y que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional, por no cumplirse con el requisito de la subsidiariedad, pues no es el medio para obtener la respuesta a un recurso de reposición.

Sobre el particular, manifestó que las funciones del Consejo Superior de la Judicatura son netamente administrativas y se encuentran sujetas a lo señalado por la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y las demás reglas que regulen la materia. Es decir que a la entidad no le corresponde realizar el seguimiento a las solicitudes que se presentan ante los jueces ni emitir decisiones jurisdiccionales, como es el caso de los recursos presentados en los procesos judiciales.

Informó que el Consejo Superior de la Judicatura acopia la información estadística de todos los despachos judiciales en el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial – SIERJU y que al revisar la gestión de los Juzgados Civiles

Informó que el Consejo Superior de la Judicatura acopia la información estadística de todos los despachos judiciales en el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial – SIERJU y que al revisar la gestión de los Juzgados Civiles Municipales de Puerto Asís durante el 2022 y compararla con los promedios nacionales observó que « tanto los ingresos como los egresos e inventarios se encuentran por debajo de la media nacional, por lo que se c alifican como P4 en la matriz de prioridades, por lo que no requiere medidas adicionales».

Explicó que , en caso de configurarse la pérdida de competencia , en virtud del artículo 121 del Código General del Proceso, le corresponde al juez remitirlo al siguiente despacho y comunicarlo al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y que cuando no se haya realizado dicho trámite , las partes pueden alegar una nulidad, como lo ha expuesto la Corte Constitucional , por ejemplo, en la sentencia T-341 de 2018.

Resaltó que « la manera como se ejerza el derecho a la defensa para el caso en concreto se encuentra reglamentada en la norma procesal y no incluye la acción de tutela como mecanismo idóneo para que se declare una pérdida de competencia».Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la mora judici al, puso de presente que el legislador ha previsto en el

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la mora judici al, puso de presente que el legislador ha previsto en el numeral 6 .° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, el mecanismo de vigilancia judicial administrativa, al cual puede acudir la actora ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, para que s e requiera al despacho que tiene a su cargo el proceso ejecutivo.

1.6.3. Sigifredo Vargas Tovar

En contestación enviada el 18 de mayo de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General de esta corporación, el señor Sigifredo Vargas Tovar, luego de referirse a cada uno de los hechos de la demanda, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por hecho superado, comoquiera que el Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora, mediante auto de 27 de abril de 2023.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por la señora Aura Nelsy Peñafiel Campo contra el Consejo Superior de la J udicatura y el Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El Consejo Superior de la Judicatura , en el informe que presentó, pidió su desvinculación del trámite constitucional, al señalar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, la Sala advierte que negará esta solicitud, toda vez que su vinculación se hizo como consecuencia de las alegaciones de la accionante, por la presunta omisión en la que incurrió al no ejercer las funciones que el artículo 121 del Código General del Proceso le impone. En ese sentido, resulta necesario estudiar si la autoridad accionada vulneró los derechos invocados por la actora.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso , a la defensa y de acceso a la administración de justicia de la señora Aura Nelsy Peñafiel Campo por parte del Juzgado Segundo (2.º) Civil Municipal de Puerto Asís , por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en dar trámite al recurso de reposición que interpuso contra el auto de 21 de junio de 2021, a través del cual se libró mandamiento de pago en su contra en el marco del proceso ejecutivo singular identificado con el radicado 86568-40-03-002-2021-00105-00.Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así mismo, ante la omisión del Consejo Superior de la Ju dicatura de ejercer las funciones que le otorga el artículo 121 del Código General del Proceso, respecto de la pérdida de competencia de un juez para conocer de un proceso.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el ar tículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públ icas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución 5, del derecho fundamenta l al debido proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia7.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales pre vistas en la Constitución y en la ley […]»8.

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”. 6 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la def ensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 7 Sentencia T-006 de 1992. 8 Sentencia T-476 de 1998.Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que

atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»9.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprude ncia constitucional se desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”10, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»11.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996 Estatuaria de la Administración de Justicia 12 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de

Estatuaria de la Administración de Justicia 12 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia in hibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que apli ca irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendasque se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»13.

9 Corte Constitucional. Sentencia C -1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 10 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 11 Ibídem. 12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU -768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.Demandante: Aura Nelsy Peñafiel Campo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02011-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. La mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación e n el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.14

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»15.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitució