CE - 010315000202302013001SENTENCIA20230523152125

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00

Accionante: CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA

Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA VACACIONES A EMPLEADO JUDICIAL – SE AMPARA – los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Carlos Orlando Echeverry Meza en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila y del Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Carlos Orlando Echeverry Meza solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud, cuya vulneración le atribuyó al

Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración

1. El ciudadano Carlos Orlando Echeverry Meza solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud, cuya vulneración le atribuyó al

Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila y al Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia, por la negativa de las referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que se encuentra vinculad o a la Rama Judicial adscrito al Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia Caquetá.

2.2. Adujo que, actualmente, se encuentra sin disfrutar sus vacaciones individuales correspondientes al período laborado desde el 9 de febrero de 2022 al 8 de febrero de 2023.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00

Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

2.3. Relató que el 10 de marzo de 2023 presentó solicitud de concesión de vacaciones; sin embargo, tal petición le fue negada, «[…] por necesidad del servicio, […] atendiendo que a la fecha se afectaría la prestación del servicio de administración de justicia, porque el Juzgado no cuenta con un empleado […]» que lo reemplace.

vacaciones; sin embargo, tal petición le fue negada, «[…] por necesidad del servicio, […] atendiendo que a la fecha se afectaría la prestación del servicio de administración de justicia, porque el Juzgado no cuenta con un empleado […]» que lo reemplace.

2.4. Refirió que: «[…] Esta situación no ha cambiado hasta la fecha de presentar la presente acción de amparo, es decir, no han sido concedidas [sus] vacaciones y no augura que cambiará tal postura , lo que [le] obliga a entender que no tendr [á] sus vacaciones en muchísimo tiempo […]».

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, igualdad y a la salud, plasmados en la carta política, del señor CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA, según los hechos referidos en el acápite pertinente, por cuanto están siendo vulnerados por la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila, de disponer los recursos para el pago del reemplazo en los periodos de vacaciones desde el 23 de mayo de 2023 hasta el 13 de junio de 2023.

SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila ejecute, de manera inmediata, todas las acciones administrativas necesarias encaminadas a expedir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que demande el nombramiento de un empleado judicial que reemplace al señor CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA, mientras ésta [sic] disfruta de su periodo de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho certificado,

demande el nombramiento de un empleado judicial que reemplace al señor CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA, mientras ésta [sic] disfruta de su periodo de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho certificado, ORDENAR al doctor ÁLVARO PARRA RAMÓN, en su calidad de JUEZ DEL JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA, o a quien hiciere sus veces, que en el menor tiempo posible, proceda a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas por CARLOS ORLANDO ECHEVERRY MEZA, y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo.

TERCERO: Ordenar al director ejecutivo de la Oficina de Administración Judicial Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que cada vez se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar durante el disfrute de vacaciones como servidor judicial. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite las vacaciones me las nieguen por no contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, tenga que acudir a esta acción constitucional por los mismos hechos y derechos.

CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo3

accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo3

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de administrador de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o vulnerado […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de abril de 2023, admitió el mecanismo de amparo de la referencia. También se ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la s autoridades accionadas, se advierte que se

allegaron los siguientes informes:

5.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva , a través del coordinador del área de asistencia legal de la entidad, rindió informe en que el que solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción de amparo en razón «[…] a que existe otro medio de defensa judicial y no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable […]».

5.2. Así mismo, refirió que: «[…] la Dirección Seccional de Administración Judicial

en razón «[…] a que existe otro medio de defensa judicial y no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable […]».

5.2. Así mismo, refirió que: «[…] la Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional Neiva quien es la competente para expedir el CDP se encuentra imposibilitada para acceder a la pretensión del accionante dado que no puede comprometer vigencias futuras y la Coordinación Adm inistrativa de Florencia se limitó a realizar el respectivo traslado de las solicitudes elevadas por el actor, es de aclarar que en ningún momento se le han negado las vacaciones al actor […]».

5.3. También, señaló que hay una falta de legitimación en la causa por pasiva porque «[…] conforme a las competencias legales no son las llamadas a responder por las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, el derecho a la igualdad y el derecho al descanso remunera do, alegados por el accionante […]». Por tanto, solicitó su desvinculación dentro del presente trámite.

5.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura , a través de apoderado judicial , rindió informe en el que solicitó declarar que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, al no estar llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo de l a ccionante para la concesión del per íodo de vacaciones que ha solicitado ante su nominador Juzgado Sexto Penal Municipal Florencia – Caquetá.4

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00

Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente de la presente acción de tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 1, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 3 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que se habrán de resolver, resulta necesario pr onunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Neiva.

8. Para la Sala tal solicitud de desvinculación no tiene vocación de prosperidad, en atención a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 270 de 19964, son las Direcciones Ejecutiva s Seccionales las encargadas de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido p ara que los servidores judiciales, dentro del marco de su jurisdicción, puedan disfrutar de sus vacaciones.

9. Por tanto, se negará la solicitud de desvinculación procesal presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, en atención a que es la entidad encargada de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido por el aquí accionante.

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, en atención a que es la entidad encargada de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido por el aquí accionante.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela y si ello es así, determinar:

b) Si las accionadas vulneraron los derechos constitucionales fundamentales invocados por el accionante, con ocasión de la falta de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones.

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 2 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 3 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». 4 «Artículo 103.Correponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración de justicia, las siguientes funciones: (…) 6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».5

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

(…) 6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».5

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones individuales de los empleados judiciales; lo anterior en aras de dar claridad al asunto planteado y proceder a (ii) resolver el caso concreto.

VI.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los empleados judiciales

12. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado, asimismo señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

13. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la igualdad de oportunidades y la irrenunciab ilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Asimismo, establece como una garantía mínima en favor de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de las mismas originado por la actividad laboral.

14. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

«[…] un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus

«[…] un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […] 5. (Resaltado por fuera del texto original)

15. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: «[…] uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»6.

En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la interpretación sistemática 7 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

16. A su vez, la Organización Internacional del Tra bajo - OIT, establece que las vacaciones remuneradas son un derecho irrenunciable del trabajador, en tanto que:

5 Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 6 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.

vacaciones remuneradas son un derecho irrenunciable del trabajador, en tanto que:

5 Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 6 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. 7 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.6

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«[…] se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas […]»8.

17. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la ley 270 de 1996 9,

en los siguientes términos:

[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término

necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio […]. (Resaltado por fuera del texto original)

18. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado

artículo, precisó lo siguiente:

[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley, el ejercicio de la función pública y permanente de administra r justicia deberá realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello, como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente - fijar o modificar, dentro de unos márgenes razonables, los hor arios de trabajo, disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas -, sin que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]. (Resaltado fuera del texto original)

19. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo 146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es

146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunales Nacionales, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]».

8 Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963.

9 «LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».7

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20. Sin embargo, en ambos supue stos, el empleado de la Rama Judicial se hace merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través de la acción de tutela.

VI.5. El caso concreto

21. El ciudadano Carlos Orlando Echeverry Meza solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud , cuya vulneración le atribuyó al

Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la salud , cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva – Huila y al Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia , por la negativa de las referidas entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.

22. En este contexto, la Sala procede a estudiar, en primer lugar, si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Veamos:

1. El actor se encuentra legitimado para promover el presente mecanismo de amparo, en tanto es el directamente afectado con la determinación de las autoridades accionadas de negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para vincular laboralmente a una persona que actúe en su reemplazo,

1. la acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable.

1. el requisito atinente a la subsidiariedad también se encuentra satisfecho, dado que lo pretendido por el actor es gozar de sus vacaciones, derecho laboral que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debe ser entendido como de naturaleza fundamental y como una garantía mínima del trabajador, pues a través del mismo se garantiza la recuperación de las energías del trabajador afectadas con ocasión del desgaste físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el empleador.

Adicionalmente, debe señalarse que el actor en ningún momento le está atribuyendo la vulneración de sus derechos fundamentales a un acto administrativo en

afectadas con ocasión del desgaste físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el empleador.

Adicionalmente, debe señalarse que el actor en ningún momento le está atribuyendo la vulneración de sus derechos fundamentales a un acto administrativo en específico, sino que promovió esta acción constitucional para que se ordene a la autoridad accionada expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para poder acceder al disfrute de sus vacaciones. De allí que, tal como lo ha considerado esta Sección10, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz para tal fin.

10 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001 -03-15-000-2019-02681-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001 -03-15-000-2019-04170-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001 -03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P.

Nubia Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto8

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Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

23. Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra que, en el presente asunto, se cumplen los requisitos generales de procedencia del mecanismo de amparo.

24. En este contexto, es necesario poner de relieve que, en múltiples ocasiones esta Sección11, ha resuelto amparar los derechos fundamentales de los servidores judiciales accionantes y, como consecuencia de ello, ordenar a las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial accionadas expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara la provisión de los recursos necesarios para efectos de la vinculación de la persona que cubriera la ausencia de los actores por encontrarse disfrutando sus vacaciones.

25. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades, en síntesis, consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores […]»12. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala

de Decisión explicó lo siguiente:

[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al goce y disfrute del perío do vacacional que legalmente le asiste al actor,

la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al goce y disfrute del perío do vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una garantía fundamental del empleado, además de una prestación soci al y un derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las personas.

[…]

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos judiciales […]13. (negrillas fuera del texto)

26. Siguiendo esa misma línea argumentativa, y aunque es cierto que tanto otras Subsecciones de esta Corporaci ón como la Corte Suprema de Justicia han considerado que el juez de tutela carece de competencia para ordenar la

Augusto Serrato Valdés; y vii) de 9 de junio de 2022, expediente nú mero 25000 -23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez Sánchez. 11 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001 -03-15-000-2019-02681-00,

Sánchez Sánchez. 11 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001 -03-15-000-2019-02681-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, exped iente número 11001-03-15-000-2019-04170-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001 -03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001 -03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez Sánchez. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente

número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02013-00

Accionante: Carlos Orlando Echeverry Meza

expedición del certificado de disponibilidad presupuestal , la realidad es que esta Sección14, así como la Subsección B de la Sección Segunda 15, la Subsección B de la Sección Tercera 16, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del Consejo de Estado, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como medida de protección del derecho, sí resulta procedente que el juez constitucional ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

27. Con fundamento en todo lo anterior, esta Sala amparará el derecho fundamental al trabajo del accionante, el cual se encuentra vulnerado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y, en consecuencia, ordenará a la referida entidad que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósit o de autorizar el reemplazo de las

partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósit o de autorizar el reemplazo de las vacaciones del señor Echeverry Meza. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata a l titular del Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia.

28. De otro lado, se ordenará al Juez Sexto Penal Municipal de Florencia, o quien haga sus veces, que una vez, se disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo del señor Carlos Orlando Echeverry Meza, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, se pronuncie sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del tutelante.

29. Sin perjuicio de las anteriores determinaciones , la Sala advierte que no se accederá a la pretensión cuarta planteada por la parte actora asociada a que se o