CE - 010315000202302016001SENTENCIA20230525163353

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02016-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN

ADMINISTRATIVA PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN

CONCURSO DE MÉRITOS, DEL CUAL LA ACTORA FUE EXCLUIDA POR

NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO. NO SE

ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

CARGOS PÚBLICOS Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a d ecidir la solicitud de tutela presentada por la

actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.

1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.2

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artículo 127 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia; es decir, es un documento que se tendrá que aportar al momento de la posesión […]”.

Puso de presente que , en sentencia de 9 de septiembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 110010315000-2021-05927-01, la SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO con ocasión a una acción de tutela derivada de un concurso de méritos, explicó el alcance del exceso ritual manifiesto.

Agregó que con ocasión al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo núm. CSJBOA17-609 de 6 de octubre de 2017 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en el que se excluyó a un participante por no adjuntar un documento “[…] se repuso la decisión mediante Resolución No. CSJBOR21 -800 del 6 de julio de 2021, puesto que el concursante era empleado de la Rama Judicial y los documentos reposaban en esa entidad […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:6

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:6

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“[…] PRIMERA: Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad, vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito que se ordene a la entidad accionada modificar la Resolución CJR230061 del 8 de febrero de 2023, admitiendo a la suscrita al concurso de méritos destinado a la conformación del registro nacional de elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocad o mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018. […]”

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de mérit os al que alude la actora.

Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes manifestaban que se encontraban conformes con las normas

de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de mérit os al que alude la actora.

Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes manifestaban que se encontraban conformes con las normas establecidas en el acuerdo de la Convocatoria, sin que hasta el7

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momento curse una demanda contenciosa por el as unto aquí debatido.

Añadió que, en efecto, conforme con los numerales 1.1 y 2.4 del artículo 3 del acuerdo aludido, como requisito de la inscripción, los concursantes debían anexar un documento escaneado y cargado en formato PDF en el que manifestaran bajo juramento no estar incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad, por lo que no hacerlo era causal de rechazo conforme con el numeral 3.5 de la misma norma.

Adujo que tampoco es procedente dar validez a otros documentos que la actora haya podido presentar al momento de tomar posesión en algún cargo de la Rama Judicial , porque los procesos de méritos se administran de forma independiente, de cara a su propia regulación, sin que sea válido acudir a otro tipo de criterios para entender subsanada dicha exigencia.

Precisó que el Decreto 19 de 2012 y la Ley 2052 de 25 de agosto de 20203 “[…] no son de aplicación a los concursos de méritos de la

entender subsanada dicha exigencia.

Precisó que el Decreto 19 de 2012 y la Ley 2052 de 25 de agosto de 20203 “[…] no son de aplicación a los concursos de méritos de la

3 "Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones"8

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Rama Judicial, en los cuales la carga de la prueba está a cargo de la persona que se inscribe a una convocatoria, máxime cuando el cargo es para funcionario de la Rama Judicial, evento en el cual, se deben acreditar todos los requisitos mínimos, entre ellos, bajo la gravedad de juramento y en formato PDF la declaración de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad […]”.

Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los mecanismos ordinarios para cuestionarlos y, en consecuencia, la acción de tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar el estudio del fondo del asunto.

I.5.2.- La señora PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de

el estudio del fondo del asunto.

I.5.2.- La señora PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con el fin de coadyuvar las pretensiones de la actora.

Indicó que, en su sentir, la autoridad accionada “[…] desconoció varias normas del ordenamiento jurídico y algunas reglas de la9

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convocatoria, entre l as más groseras, desconoce el principio de equivalente funcional (artículo 6 de la Ley 527 de 1999) de la misma manera que el principio de neutralidad tecnológica, mediante los cuales la Corte Constitucional estableció que los mensajes de datos deben ser t ratados de la misma forma como los escritos en papel […]”.

Destacó que la procedencia de la presente acción constitucional “[…] se secunda por tratarse lo denunciado de un error grosero de la administración, superlativo y mayúsculo, ya que abrupta y paladinamente, viene socavando el ordenamiento jurídico […]”.

I.5.3.- La señora LEIDY ORIANA REINOSO BOCANEGRA , con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio

paladinamente, viene socavando el ordenamiento jurídico […]”.

I.5.3.- La señora LEIDY ORIANA REINOSO BOCANEGRA , con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con el fin de coadyuvar las pretensiones de la actora.

Expuso que la presente acción de tutela es procedente, conforme con la sentencia SU 067 de 2022 de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Corporación, comoquiera que la inscripción al10

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Curso de Formación Judicial es entre el 11 de septiembre y el 6 de octubre de 2023, por lo que los concursantes que fueron rechazados “[…] perderán la oportunidad tanto de participar en el curso como de conformar la lista de elegibles y acceder así a la función pública como jueces bajo el principio y derecho fundamental del mérito […]”.

Explicó que la Ley 527 de 18 de agosto 19994 prevé el criterio de equivalencia funcional, por lo que la accionada no puede restarle valor a los mensajes de datos con los que se puede convalidar la no presentación de la declaración en formato PDF.

Agregó que compartía la percepción de la actora respecto del derecho

equivalencia funcional, por lo que la accionada no puede restarle valor a los mensajes de datos con los que se puede convalidar la no presentación de la declaración en formato PDF.

Agregó que compartía la percepción de la actora respecto del derecho a la igualdad, dado que la accionada validó la manifestación sobre el cumplimiento de requisitos de los concursantes (causal 3.8), con la firma que se hizo en el cuadernillo de las pruebas, por lo cual debe hacer lo mismo frente a la declaración cuestionada.

I.5.4.- El señor JUAN DAVID RESTREPO BENJUMEA, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la

4 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”11

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solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con el fin de coadyuvar las pretensiones de la actora y de que se profiera una sentencia con efectos inter pares.

Indicó que la entidad incurrió en un exceso ritual manifiesto al “[…] despojar a un proceso de su finalidad sustancial […]”, dado que en

una sentencia con efectos inter pares.

Indicó que la entidad incurrió en un exceso ritual manifiesto al “[…] despojar a un proceso de su finalidad sustancial […]”, dado que en su sentir el requisito cuestionado no es más que un documento que no cumple ninguna finalidad.

Expresó que a las personas rechazadas se les reprocha el hecho de no haber subido una declaración hace cerca de 5 años , lo cual es imposible de debatir porque nadie recuerda si hizo o no dicho trámite, lo que lo hace imposible de probar.

Agregó que el hecho de que se les permita a las personas rechazadas presentar en este momento la referida solicitud no implica desconocer el derecho a la igualdad de los demás partici pantes, porque no implica que se les permita continuar en el concurso con inhabilidades o incompatibilidades, puesto que la verificación de este requisito solo debe hacerse hasta el momento de la posesión.12

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Apuntó que además “[…] no existe una prohibición posterior de presentar el documento de declaración juramentada, como s í lo establece el numeral 2.5.9. en relación con los certificados laborales [...]”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

[...]”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos13

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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defen sa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará respecto de la s solicitudes de coadyuvancia presentada s por los

señores PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR , LEIDY ORIANA

REINOSO BOCANEGRA y JUAN DAVID RESTREPO BENJUMEA.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, en el cual se establece que las personas que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también

5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.14

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pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992 7, prevé que las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.

306 de 19 de febrero de 1992 7, prevé que las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.

Apropósito de la Convocatoria núm. 27 , en sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo

7 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.15

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revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991

revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela [32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación d e un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertid o que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte , pues de la esencia de la

intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte , pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia d e única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de p lantear nuevos argumentos por16

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la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la formulación de argumentos y razonamientos distin tos a los planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por

planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de

que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta » [énfasis fuera de texto].

80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los expedientes T -8.252.659 y T -8.258.202, se recibió un número ingente de escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se17

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trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […]

través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el demandante»[37], la Sala Plena centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes, únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)

Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer sus propias demandas.

Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a18

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pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de sus argumentaciones.

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pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de sus argumentaciones.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de coadyuvancia de los señores PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR , LEIDY ORIANA REINOSO BOCANEGRA y JUAN DAVID RESTREPO BENJUMEA, comoquiera que su s intervenciones están encaminadas apoyar la solicitud de amparo de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Sin perjuicio de lo anterior , la Sala advierte que, en todo caso, el análisis del caso versará solo sobre los argumentos planteados por la actora.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la19

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Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama

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Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

A través de la referida decisión la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL rechazó del concurso aludido a la actora, bajo el argumento de que no aportó en documento independiente, escaneado y en formato PDF la declaración juramentada de no estar i ncursa en inhabilidades e incompatibilidades, conforme con las normas que regulan la convocatoria.

La controversia deviene del hecho de que la actora estima que si bien no aportó el documento aludido, el requisito puede tenerse por cumplido a través de otras vías, partiendo del hecho de que en el momento en que se inscribió a la convocatoria era empl eada de la Rama Judicial, por lo que en su hoja de vida obraba una declaración como la cuestionada.

Por otro lado, la actora cuestiona la exigencia del referido requisito, bajo el argumento de que constituye un exceso ritual manifiesto, además porque asegura haber cumplido con la exigencia al aceptar y llenar algunas de las casillas del formulario electrónico en tal sentido.20

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela , en especial el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos deprecados por la actora, al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de mér itos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La exis tencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).21

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Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente

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Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario, afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los derechos fundamentales no sería examinada por su juez nat ural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo contrario « deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo y