CE - 010315000202302047001SENTENCIA20230531172217

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02047-00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

TESIS: LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE

MERA LEGALIDAD Y A ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA

ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

1 En adelante el Tribunal2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA , actuando a través de apoderada especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL al proferir la providencia de 11 de noviembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 201200191-01.

I.2. Hechos

Indicó que el 13 de diciembre de 1990 ingresó al EJÉRCITO NACIONAL como soldado regular y a partir del 21 de junio de 1992 se desempeñó como soldado voluntario , por lo que, e n virtud de dicha relación laboral, adquirió el derecho a la asignación de retiro a partir del 1o. de marzo de 2011.3

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que por disposición de sus superiores fue incorporado como

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que por disposición de sus superiores fue incorporado como soldado profesional, lo cual, implicaba aparentemente una mejora de sus condiciones laborales y salariales, sin embargo, a partir del mes de noviembre de 2003 su salario desmejoró en un 20% del valor del mismo.

Relató que, en virtud de tal situación, el 8 de junio de 2011 solicitó al comandante del EJÉRCITO NACIONAL el reajuste del 20% del valor de sus salarios y prestaciones sociales devengadas, petición que fue denegada el 5 de diciembre de 2011, mediante Oficio núm. 20115661059761 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-NOM.

Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación, que fue desatado el 16 de enero de 2012 mediante Oficio núm. 20135660035531 MDN -CGFM-CEJEDEH-DIPER-NOM, a través del cual se confirmó la decisión cuestionada.

Afirmó que inconforme con lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, proceso que fue identificado4

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

con el número único de radicación 11001-33-31-013-2012-0019100 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ que, mediante sentencia de 1o. de noviembre de 201 3, denegó las pretensiones de la demanda.

Señaló que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 25 de agosto de 2015, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó reconocer, liquidar y pagar a su favor el reajuste salarial del 20%, a partir del 1 o. de noviembre de 2003, con efectos fiscales desde el 8 de junio de 2010, en virtud de la prescripción cuatrienal. Además, dispuso el reajuste de las prestaciones sociales y de cualquier otra acreencia laboral.

Sostuvo que mediante Resolución núm. 1331 de 26 de mayo de 2022 el MINISTERIO DE HACIENDA reconoció como deuda pública de la Nación las obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se incluyó la

el MINISTERIO DE HACIENDA reconoció como deuda pública de la Nación las obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y se incluyó la condena judicial reconocida a su favor.5

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Mencionó que una vez revisó en dicho acto administrativo el valor que le sería cancelado advirtió que resultaba inferior al que había solicitado en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual, procedió a revisar la sentencia de segunda instancia, en la cual advirtió que se había cometido un error al señalar la fecha a partir de la cual se ordenaba el pago de la condena judicial.

Precisó que la sentencia de segunda instancia incurrió en error al señalar el año de la presentación de la reclamación, en tanto que indicó que la misma fue radicada el 8 de junio de 2014, cuando lo cierto era que se presentó en el año 2011 , fecha a partir de la cual se debió ordenar el pago del reajuste reclamado.

Mencionó que, debido a lo anterior, el 7 de julio de 2022 solicitó el desarchivo del expediente y la corrección de la sentencia de segunda instancia en cuanto al año a partir del cual op eraría el pago del reajuste reclamado, solicitud que fue denegada por el TRIBUNAL

desarchivo del expediente y la corrección de la sentencia de segunda instancia en cuanto al año a partir del cual op eraría el pago del reajuste reclamado, solicitud que fue denegada por el TRIBUNAL mediante providencia de 11 de noviembre de 2022 , bajo el argumento de que no había lugar a proceder con el estudio de la misma, toda vez que la providencia había quedado ejecutoriada siete años antes, esto es, en el año 2015.6

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, toda vez que la decisión de negar la corrección de la sentencia de segunda instancia le impedía hacer efectiva la condena judicial reconocida a su favor, omitiendo dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.

Adujo que la parte accionada transgredió sus derechos fundamentales, al negarse a corregir el error que cometió por alteración de una palabra, esto es, el año en que se presentó la petición y a partir del cual operaría el reconocimiento del derecho, el cual es susceptible de ser corregido por el operador judicial, conforme lo establece el artículo 286 del Código General del Proceso.

Afirmó que únicamente advirtió dicho error hasta el momento en que la entidad condenada dio cumplimiento a la orden judicial a través

cual es susceptible de ser corregido por el operador judicial, conforme lo establece el artículo 286 del Código General del Proceso.

Afirmó que únicamente advirtió dicho error hasta el momento en que la entidad condenada dio cumplimiento a la orden judicial a través del MINISTERIO DE HACIENDA, al encontrar que el valor a pagar no resultaba proporcional a los seis años transcurridos, así como a la causación de intereses propios de la mora en el pago.7

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en error al considerar que lo solicitado era una aclaración o modificación de la sentencia, habida cuenta que la petición se encontraba dirigida de forma concreta a que se indicara que se cometió un erro r al señalar el año en que se presentó la reclamación, pues nada se discutía respecto a lo dispuesto en la sentencia en la que se accedió a las pretensiones de la demanda.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se deje sin efecto la providencia en mención, en cuanto negó la corrección de la sentencia.

3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 11 de

“[…] 2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se deje sin efecto la providencia en mención, en cuanto negó la corrección de la sentencia.

3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 11 de noviembre de 2022, se orden e a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a que profiera nueva decisión en la que se corrija la sentencia de fecha 25 de agosto de 2015, para que se indique que los efectos fiscales derivados del reajuste salarial y prestacional del 20% opere a partir del 8 de junio de 2007, por aplicación de la prescripción trienal.

4.- Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera […]”.8

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia o en el evento en que se estudie de fondo, denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante.

Afirmó que el presente asunto no debe superar el examen de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que la parte actora

denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante.

Afirmó que el presente asunto no debe superar el examen de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que la parte actora ejerció todos y cada uno de los mecanismos judiciales que tenía a su disposición y, además, teniendo en cuenta el carácter residual de la solicitud de amparo, no puede utilizarse la misma como una tercera instancia, tal y como lo pretende el actor.

Manifestó que, en el presente caso, la decisión de segunda instancia fue dictada el 25 de agosto de 2015 por la Sala de Descongestión de la época que decidió reconocer, liquidar y pagar al accionante el reajuste salarial del 20% a partir del 1o. de noviembre de 2003, con efectos fiscales desde el 8 de junio de 2010, en virtud de la prescripción cuatrienal. Además, dispuso el reajuste de las prestaciones sociales y de cualquier otra acreencia laboral.9

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que en la sentencia de segunda instanci a se explicó que la reclamación objeto de controversia había sido presentada el 8 de junio de 2014, razón por la cual se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción cuatrienal , de conformidad con lo establecido en el

reclamación objeto de controversia había sido presentada el 8 de junio de 2014, razón por la cual se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción cuatrienal , de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Decreto 1211 de 8 de junio de 19902, para disponer pagar la diferencia de las mesadas por el reajuste prestacional ordenado, desde el 8 de junio de 2010.

Llamó la atención sobre la presentación de la solicitud de corrección de la sentencia de segunda instancia por parte del actor una vez habían transcurrido siete años desde la ejecutoria de dicha providencia, máxime aun, teniendo en cuenta que mediante dicha petición se pretendía modificar el año de efectividad del derecho reclamado por prescripción.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

2 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares ”10

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

www.consejodeestado.gov.co

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como11

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a reso lver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que s e trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de12

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sob re todas las decisiones judiciales

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sob re todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales de rechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judic ial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judic ial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso13

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de t utela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra u na sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.14

limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.14

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto s la providencia de 11 de noviembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2012-00191-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, toda vez que la decisión de negar la corrección de la sentencia de segunda instancia le impedía hacer efectiva la condena judicial reconocida a su favor, omitiendo dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, al negarse a corregir el error que cometió por alteración de una palabra, esto es, el año en que se presentó la petición y a partir del cual operaría el reconocimiento del derecho.15

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, al negarse a corregir el error que cometió por alteración de una palabra, esto es, el año en que se presentó la petición y a partir del cual operaría el reconocimiento del derecho.15

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de es te derecho podrán ser

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de es te derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.16

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional ” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional ”, que afecte “derechos fundamentales de las partes ”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”17

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02047-00

ACTOR: FABIO JESÚS MUÑOZ MAYA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es d e relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda de terminar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamenta les. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

discusión en torno a derechos fundamenta les. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto