CE - 010315000202302050001SENTENCIA20230613000000

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación:

11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionantes: MARINA PÉREZ GARCÍA Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARÉ Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - SE NIEGA EL AMPARO – caducidad del medio de control de reparación directa por actos de lesa humanidad - No se configuran los defectos invocados

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida , a través de apoderado judicial , por los señores Marina Pérez García, Zamira Esperanza Gallardo Blanco, Yidid Pérez Pérez1, María Sofia Pérez2, Teófilo Pérez, Clara Sofia Fagua Pérez3, Alix Yaneth Maldonado Pérez, Sandra Lisbeth Pérez García, Leydi Andrea Vargas Pérez y Jhon Jader Rodríguez Gómez en contra del Tribunal Administrativo de Casanare.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos arriba referenciados, actuando a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos arriba referenciados, actuando a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del medio de control de reparación directa número 85001-33-33-001-2015-00439-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que el señor Ezequiel Pérez era hijo de la señora Marina Pérez García, padre de la menor A.D.P.P. y cónyuge de la señora Yidid Pérez Pérez.

1 Actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 años A.D.P.P 2 Actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años H.A.V.P. y K.D.V.P. 3 Actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años J.F. F.P. y O.F.F.P.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

2.2. Indicaron que el 15 de septiembre de 2006 el señor Ezequiel Pérez «salió de su

Accionante: Marina Pérez García

2.2. Indicaron que el 15 de septiembre de 2006 el señor Ezequiel Pérez «salió de su casa localizada en el municipio de Yopal, Casanare, diciendo que iba rumbo al municipio de Paz de Ariporo, Casanare, en busca de un nuevo trabajo, siendo esta la última vez que [lo vieron con vida]».

2.3. Indicaron que, con fecha 16 de septiembre de 2006, miembros del grupo GAULA reportaron la muerte del señor Ezequiel Pérez como una baja en combate, en «desarrollo de la MISIÓN TÁCTICA ANTIEXTORSIÓN No. 123 “GATO”, realizada el día 16 de septiembre de 2006, en la vereda Palo Bajito del municipio de Yopal».

2.4. Aseguraron que el 17 de septiembre de 2006 la señora Marina Pérez García, madre del occiso, se acercó a las oficinas del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial e identificó los restos de su ser querido.

2.5. Manifestaron que el occiso se dedicaba a la construcción y que no pertenecía a ninguna organización criminal.

2.6. Señalaron que, con base en lo anterior, promovieron la demanda de reparación directa número 85001-33-33-001-2015-00439-00/01, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el objeto de que se les repararan los daños padecidos con ocasión de la «[…] retención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial […]» del señor Ezequiel Pérez.

Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el objeto de que se les repararan los daños padecidos con ocasión de la «[…] retención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial […]» del señor Ezequiel Pérez.

2.7. Adujeron que, mediante sentencia de 7 de abril de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional a reparar los daños materiales e inmateriales ocasionados a los demandantes.

2.8. Sostuvieron que la decisión de primera instancia fue apelada por lo que, mediante sentencia de 20 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Casanare revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control.

2.9. Con base en lo anterior, manifestaron que en la decisión objeto de la presente acción constitucional se incurrió en un defecto procedimental absoluto, en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución. Para tal efecto señalaron lo siguiente:

[…] Los defectos dignos de amparo por vía de Tutela en que incurrió el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE cuando el 20 de octubre de 2022 profirió la decisión de caducidad que motiva la presente acción, según la argumentación fáctica y jurídica ampliamente presentada en capítulos anteriores a los que remito, en conclusión son defecto procedimental absoluto por la grave violación del derecho al debido proceso de la parte actora, defecto fáctico por la indebida

fáctica y jurídica ampliamente presentada en capítulos anteriores a los que remito, en conclusión son defecto procedimental absoluto por la grave violación del derecho al debido proceso de la parte actora, defecto fáctico por la indebida valoración probatoria que habilitaría la oportunidad de la acción, defecto material3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

o sustantivo, por decidir conforme a la interpretación del artículo 164 del CPACA que vulnera la Constitución y el bloque de constitucionalidad y el principio de Convencionalidad y por violación al precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que señalan el carácter de fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral y por error inducido toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE comete un error grave al seguir erradamente las orientaciones de la sentencia denominada de unificación de enero 29 de 2020, que adoptó una tesis jurisprudencial imponiendo caducidad a las acciones de reparación directa derivada de delitos de lesa humanidad, cuando la expresa voluntad del legislador -expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACAes que no haya caducidad en estos casos de acuerdo con los instrumentos internacionales que proscriben la prescripción para el inicio de ac ciones administrativas, civiles o penales en delitos graves contra la humanidad, tal y como lo expresa la sentencia de CIDH caso Julien Grisonas contra Argentina. […] La providencia de fecha 20 de octubre de 2022, notificada el 24 de octubre de

humanidad, tal y como lo expresa la sentencia de CIDH caso Julien Grisonas contra Argentina. […] La providencia de fecha 20 de octubre de 2022, notificada el 24 de octubre de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en el radicado 85001-3333-001-2015-00439-01, [desconoció] la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y de los precedentes vinculantes, el bloque de constitucionalidad, el principio de convencionalidad y el ius cogens, máxime tratándose de un caso de lesa humanidad que afectó entonces a una familia y a niños, merece mayor atención a la garantía de eficacia debida por el Estado Juez de los derechos fundamentales de las víctimas, a la igualdad, al acceso a la Administración de Justicia, al debido proceso, a la confianza legítima y a la reparación integral, que han sido objeto de amparo en repetidas oportunidades por parte de los Jueces de Tutela y la Corte Constitucional […]»

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

« […] PRIMERO: Que por favor y en honor de la supremacía de la Constitución Política de Colombia y del Estado de derecho (Arts. 1°, 2º, 4°, 93 y 94 C.N.) y en garantía de los artículos 1.1., 2, 5.1., 8.1., 11, 17.1., 19, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los artículos 3 y

Convención Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los artículos 3 y 14.1., del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra (…) sean tutelados los derechos fundamentales de acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de MARINA PÉREZ GARCÍA; YIDID PÉREZ PEREZ, en nombre propio y en representación de su menor hija ÁNGELA DAYANA PÉREZ PÉREZ; MARÍA SOFÍA PÉREZ, en nombre propio y en representación de sus menores hijos HAROLD ALEXIS VARGAS PÉREZ y KEVIN DUVÁN VARGAS PÉREZ; TEÓFILO PÉREZ, CLARA SOFÍA FAGUA PÉREZ, en nombre propio y en representación de sus menores hijos JOSÉ FERNANDO FAGUA PÉREZ y ÓSCAR FABI ÁN FAGUA P ÉREZ; ALIX YANETH MALDONADO P ÉREZ; SANDRA LIZBETH P ÉREZ GARC ÍA; LEYDI ANDREA VARGAS P ÉREZ; y JHON JADER RODRÍGUEZ GÓMEZ, los cuales les fueron vulnerados dentro4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

JHON JADER RODRÍGUEZ GÓMEZ, los cuales les fueron vulnerados dentro4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

del proceso de reparación directa con radicado No. 85001 -3333-001-201500439-01 (…), por causa de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE contenida en su providencia de fecha 20 de octubre de 2022, notificada el 24 de octubre de 2022, que ordenó REVOCAR los ordinales primero a séptimo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal el 7 de abril de 2022, y en su lugar declar ó la caducidad del medio de control incoado, (…). Decisión judicial adoptada contra legem por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en cuanto contr adice la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del art ículo 164 del CPACA y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados inter comunis y vigentes a la época de presentaci ón de la demanda y, dictada en desa cato de la interpretación constitucional acuñada con supremac ía funcional en las sentencias T -352 de 201677, T -296 de 201878 y las propias sentencia denominadas de unificación SU - 312 de 2020 de la Corte Constitucional y la SU de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la

denominadas de unificación SU - 312 de 2020 de la Corte Constitucional y la SU de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios Altos vs Per ú, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, García Lucero vs Chile81, Villamizar Dur án y otros vs Colombia, Órdenes Guerra vs Chile83 y Familia Julien Grisones vs Argentina vinculantes para Colombia y aplicables al presente caso concreto conforme al principio de convencionalidad y al bloque de constitucionalidad.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicit ado, en favor de los demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare nula por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser transgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia de fecha 20 de octubre de 2022, notificada el 24 de octubre de 2022, que ordenó REVOCAR los ordinales primero a séptimo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal el 7 de abril de 2022 (…).

TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación (…), se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE a tratar con debida diligencia el proceso de reparación directa con radicado 85001 -3333-001-201500439-01, dando

de la que pedimos se declare su anulación (…), se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE a tratar con debida diligencia el proceso de reparación directa con radicado 85001 -3333-001-201500439-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera que de acuerdo con el sistema de precedentes y el principio de Convencionalidad, para el presente caso no aplica la regla general del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad ministrativo, que estableció́ la caducidad para las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.

CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa voluntad del legislador expresada en lo s antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 199186, por favor se conceda la siguiente medida provisional con la finalidad de que se protejan los Derechos Fundamentales de mis representados a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral (Art. 90 C.N.) y al acceso5

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Accionante: Marina Pérez García

a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así́:

Accionante: Marina Pérez García

a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así́:

1. Que por favor con efectos inter comunis o inter pares se proceda a la suspensión provisional de los efectos de la providencia proferida el 20 de octubre de 2022, notificada el 24 de octubre de 2022, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 85001-3333001-2015-00439-01, para que de esta manera, a casos similares no se les apliquen los fundamentos y efectos de dicha jurisprudencia hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela y de esta manera evitar el menoscabo o vulneración de derechos fundamentales a los actores de la presente acción y la de casos análogos.

QUINTA: Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 199187, solicito respetuosamente al Juez de Tutela que por favor, por el medio más expedito y de amplia circulación a nivel Nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e intervenga en coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción constitucional. […]»

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 28 de abril de 2023, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia se ordenó vincular, como terceros con interés directo en los resultados

4. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 28 de abril de 2023, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia se ordenó vincular, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, «[…] a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, y a la señora Ángela María Guerrero Coronado […]».

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Casanare, por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de la presente acción constitucional y mediante escrito de 4 de mayo de 2023, rindió informe en el que señaló lo siguiente:

[…] En esa sentencia se señalaron todas y cada una de las consideraciones fácticas, jurídicas y jurisprudenciales que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión de fondo, es decir, para revocar el fallo de primera instancia y en su lugar declarar la caducidad del medio de control incoado. Nada hay que adicionar o corregir a lo consignado en esa providencia pues la tutela no es una oportunidad para ello.

El accionante, utiliza la tutela para insistir en sus planteamientos, pero ello es improcedente puesto que este medio de control no es una tercera instancia para persistir en las argumentaciones que no tuvieron acogida ante el juez natural.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

Y al contrario de lo que indica el tutelante, no se configura ninguna violación a

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

Y al contrario de lo que indica el tutelante, no se configura ninguna violación a los derechos fundamentales que invoca, pues este Tribunal se limitó a dar cumplimiento estricto a las normas que regulan la caducidad y a la sentencia de unificación emitida por el Consejo de Estado sobre ese tema […].

5.2. La Nación - Ministerio de Defensa, mediante escrito de 5 de mayo de 2023 y por conducto de la Coordinadora del Grupo Contencioso Administrativo, rindió informe en el que señaló, en síntesis, lo siguiente:

[…] El Ministerio de Defensa Nacional considera que la acción de tutela contra la no tiene vocación de prosperidad ya que los fundamentos de Derecho esbozados en la sentencia del proceso No. 850013333001201500439-01, para decidir sobre los requisitos para contabilizar la caducidad en delitos de lesa humanidad (a excepción de la desaparición forzada) se encuentran ajustados a los parámetros de convencionalidad y derechos humanos sin que se encuentra que ha vulnerado derecho fundamental alguno.

Del mismo modo no se estructura irregularidades procesales ni sustanciales en la Sentencia enjuiciada que ameriten la intervención del juez constitucional en procura de proteger los derechos que supuestamente se vulneraron con el decreto judicial de la caducidad.

Para desechar los argumentos de los accionantes proponemos al Honorable Despacho que se tengan en cuenta los siguientes considerandos:

1. Improcedencia de la acción de tutela por el no lleno de los requisitos para instaurar dicha acción contra providencia judicial.

Despacho que se tengan en cuenta los siguientes considerandos:

1. Improcedencia de la acción de tutela por el no lleno de los requisitos para instaurar dicha acción contra providencia judicial.

2. Inexistencias de los defectos invocados por los tutelantes

3. Decisión del Tribunal acusada está acorde a la constitución, a la ley, y a la jurisprudencia. […].

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216.

4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 5 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 6 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

VI.2. Problemas jurídicos

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y si ello es así determinar:

b) Si la providencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del medio de control de reparación directa número 85001-33-33-001-2015-00439-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por haberse incurrido, presuntamente, en los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, de desconocimiento del precedente y de violación directa de la Constitución.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos genera les y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 20127, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos

9. En sentencia de 31 de julio de 20127, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción

7 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial 8, la sentencia C -590 de

SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial 8, la sentencia C -590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión 10” que se encaje en dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en u na manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de l a Sala Plena de la

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

8 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto , que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo , existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucio nal o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución , que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»

contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución , que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 10 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02050-00

Accionante: Marina Pérez García

VI.4. El caso concreto

16. Los ciudadanos Marina Pérez García, Zamira Esperanza Gallardo Blanco, Yidid Pérez Pérez 11, María Sofia Pérez12, Teófilo Pérez, Clara Sofia Fagua Pérez13, Alix Yaneth Maldonado Pérez, Sandra Lisbeth Pérez García, Leydi Andrea Vargas Pérez y Jhon Jader Rodríguez Gómez , actuando a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyeron a la providencia de 20 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del medio de control de reparación directa número 85001-33-33-001-2015-00439-00/01.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

17. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son la igualdad, el debido proceso, la reparación integral y el acceso a la

de tutela

17. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son la igualdad, el debido proceso, la reparación integral y el acceso a la administración de justicia , y se encuentra satisfecha la carga argumentativa mínima; (ii) la parte accionante no tiene otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de los derechos fundamentales que aduce vulnerados con ocasión de la providencia aquí enjuiciada; ( iii) la acción de amparo fue promovida dentro un término razonable14; (iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; (v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto, y (vi) l a acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

18. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, abordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el accionante. En tal sentido, se pone de presente que en el caso sub examine, se alega la configuración de los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, de una violación directa de la constitución y del desconocimiento del precedente. Sin embargo, en criterio de la Sala los argumentos que sustentan los citados defectos encajan dentro de la órbita del defecto sustantivo, del

sustantivo, de una violación directa de la constitución y del desconocimiento del precedente. Sin embargo, en criterio de la Sala los argumentos