CE - 010315000202302065001SENTENCIA20230518162126

Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02065-00

Demandante: NÉSTOR RAÚL OSPINA SIERRA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN

A Y OTRO

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto fáctico– falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Néstor Raúl Ospina Sierra contra la sentencia del 27 de febrero de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , que confirmó la negativa a la s pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 25 de abril de 2023, el señor Néstor Raúl Ospina Sierra,

pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 25 de abril de 2023, el señor Néstor Raúl Ospina Sierra, por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segun da, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al “debido proceso, igualdad, buena fe y acceso a la administración de justicia”.

2. La parte acciona nte consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 27 de febrero de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se confirmó la providencia del 16 de febrero de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el

marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000 -2342-0002013-06948-01, interpuesto contra la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los derechos

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3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D” el dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual se decidió negar las pretensiones, pues se consideró que, no se había demostrado el elemento de dependencia o s ubordinación y el cargo desempeñado por el demandante no existía en la planta de personal de la Alcaldía Local de Puente Aranda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por NÉSTOR RAÚL OSPINA SIERRA

contra la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., identificado bajo el radicado No. 25000-2342-0002013-06948-00.

SEGUNDO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” el veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023), por medio de la cual se decidió confirmar la sentencia de primer grado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por NÉSTOR RAÚL OSPINA SIERRA contra la ALCALDÍA

mil veintitrés (2023), por medio de la cual se decidió confirmar la sentencia de primer grado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por NÉSTOR RAÚL OSPINA SIERRA contra la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., identificado bajo el radicado No. 25000 -2342-000201306948-01 (4989-2017).

TERCERO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” que en un término no mayor a treinta (30) días, se sirva proferir una nueva decisión, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por NÉSTOR RAÚL OSPINA SIERRA contra la ALCALDÍA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C., identificado bajo el radicado No. 25000 -2342-000-201306948-01 (4989 - 2017), en el que se tenga en cuenta la totalidad del material probatorio incorporado en debida forma al proceso y se respete el precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la realidad, accediendo a las súplicas invocadas en el escrito introductorio y sin someter a tarifa legal la prueba acopiada en el trámite ordinario.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Néstor Raúl Ospina Sierra l aboró en la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Néstor Raúl Ospina Sierra l aboró en la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. desde el 25 de septiembre de 2008 hasta el 8 de marzo de 2013, a través de diferentes contratos de pr estación de servicios para el apoyo, mantenimiento, actualización de la página web y diseño de todos los impresos y publicaciones que se requirieran en esa entidad.

5. El 28 de mayo de 2013, solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. el reintegro al cargo que desempeñaba, el reconocimiento y pago de todos los emolumentos laborales, así como la devolución de los descuentos indebidamente realizadosDemandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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3 durante el vínculo contractual, sin embargo, mediante Oficio 2013 -162-004680 del 2 de julio de 2013 le fue negada su petición.

6. Por lo anterior, el actor demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho a la Alcaldía de Bogotá D.C., con el fin que se declarara la nulidad del oficio mediante el cual se negó el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de los derechos laborales generados en virtud de los servicios prestados.

la nulidad del oficio mediante el cual se negó el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de los derechos laborales generados en virtud de los servicios prestados.

7. Como consecuencia de lo anterior, requirió: “ i) declarar que existió una relación laboral durante la ejecución del «contrato No. 102 -2008 con vigencia de 03 meses, lo mismo que el Contrato No. 012-2009 con vigencia de 06 meses, lo mismo que el Contrato No. 0752009 con vigencia de 05 meses, lo mismo que el Contrato No.011 -2010 con vigencia de 05

meses, lo mismo que el Contrato No. 0 79 -2010 con vigencia de 05 meses, lo mismo que el Contrato No. 011 -2011 con vigencia de 12 meses, lo mismo que el Contrato No. 053 -2012 con vigencia de 06 meses; ii) declarar que su vinculación era indefinida, sin fecha previa de retiro y que fue despedido injustamente, en consecuencia, ordenar su reintegro al cargo que desempeñaba o a uno igual o de superior categoría sin solución de continuidad….”

8. El 16 de febrero de 2017, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, pues sostuvo que no se demostró la configuración de los elementos de la relación laboral, específicamente, la subordinación.

9. Al respecto, manifestó, en cuanto a la prestación personal del servicio, que se probó que las actividades consistentes en prestar los servicios de apoyo al despacho de la alcaldía local en el mantenimiento, actualización de la página web y diseño de todos los impresos y publicaciones que se requerían, fueron prestadas personalmente por el demandante.

probó que las actividades consistentes en prestar los servicios de apoyo al despacho de la alcaldía local en el mantenimiento, actualización de la página web y diseño de todos los impresos y publicaciones que se requerían, fueron prestadas personalmente por el demandante.

10. Por su parte, sobre la remuneración, indicó que se acreditó que el señor Néstor Raúl Ospina Sierra recibió una remuneración equivalente a honorarios por cada uno de los contratos que suscribió con la entidad.

11. Finalmente, en relación c on la subordinación aseguró que no se demostró este elemento, porque “no encuentra la Sala, documento o prueba alguna que permita establecer el horario, que el demandante cumplió para desarrollar el objeto contractual, ni tampoco aparece acreditado que las labores ejercidas se efectuaron en el ámbito de una relación de subordinación”.

12. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló, recurso que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia del 27 de febrero de 2023 , la cual confirmó la negativa a las pretensiones de la demanda , al estimar que una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, las testimoniales y la declaración de parte, no otorgabanDemandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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4 certeza sobre la existencia de subordin ación o falta de autonomía del señor Néstor

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4 certeza sobre la existencia de subordin ación o falta de autonomía del señor Néstor Raúl Ospina Sierra como webmaster en la ejecución de sus actividades contractuales, puntualmente en la : i) imposición de un horario para la realización de las actividades contratadas y ; ii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, esto es, su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, “de manera que pruebe que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de los objetos contractuales”.

1.3. Fundamentos de la vulneración

13. Defecto fáctico: No se analizaron en forma sistemática las pruebas obrantes dentro del proceso, ya que conforme a las declaraciones rendidas, el interrogatorio de parte y las pruebas documentales, era factible tener por acreditados to dos los elementos que demostraban la relación laboral surgida con la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C.

14. Adujo que solo traería a colación argumentos atinentes al elemento de la subordinación, pues fue el único elemento que la providencia cuestionada no encontró satisfecho.

15. Estimó que, de los contratos y órdenes de prestación de servicios que suscribió con la alcaldía entre el 25 de septiembre del 2008 y hasta el 8 de marzo de 2013, se puede inferir que sus funciones eran las siguientes:

a) Actualización mejoramiento y adición informativa de la página WEB local, creación de E -mails para actores locales, JACs, Consejeros, Comités, JAL,

puede inferir que sus funciones eran las siguientes:

a) Actualización mejoramiento y adición informativa de la página WEB local, creación de E -mails para actores locales, JACs, Consejeros, Comités, JAL, Párrocos rectores, docentes, etc., para comunic ación virtual y levantamiento de información de interés local. A. mantener el diseño de actualización y la elaboración del protocolo, formularios temáticos, creación de espacio de clasificados, locales información directorios locales, información general, y de control social, páginas de enlace relevantes.

b) Mantener actualizado el directorio normativo temático de aplicabilidad local digitalizada y de fácil búsqueda instalado en WEB local.

c) Mantener actualizadas las plantillas y formatos digitales para el levantamiento d) de bases de datos y formularios de WEB.

e) Mantener actualizado los formatos institucionales en todas las oficinas y dependencias de la Alcaldía Local.

f) Mantener el sistema de información virtual en computador para uso de la ciudadanía en el área de atención al ciudadano para consulta autónoma y con actualización cada 15 días de manera permanente.

g) Realizar el diseño de todos los impresos y publicaciones de la alcaldía de Puente Aranda.Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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5 h) Las demás que le sean indicadas y que correspondan a la naturaleza de contrato.

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5 h) Las demás que le sean indicadas y que correspondan a la naturaleza de contrato.

1. Presentación mensual del informe de ejecución del contrato, donde se incluyan las actividades desarrolladas.

j) Cumplir con los aportes mensuales a las entidades promotoras de salud y pensión de conformidad con lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y anexar copia de los recibos a los informes de ejecución como requisito para autorizar los pagos correspondientes.

16. Puso de presente que, en el testimonio de la señora Sonia Andrea Bohórquez Páez se sostuvo que las actividades que desarrollaba eran por directriz de la señora Andrea Abril, quien era la jefe de la Oficina de Prensa, y Andrea Álvarez, la alcaldesa de la localidad de Puente Aranda. Enfatizó que sí recibía órdenes de estas dos personas, además que cumplía horario dentro de la alcaldía, “llegaba a las 8 de la mañana y se iba hasta altas horas de la tarde, desempeñando sus labores dentro de la oficina de la Alcaldía y, aseguró que siempre lo vio en su sitio de trabajo”.

17. Igualmente, adujo que en el interrogatorio de parte que rindió en el proceso, manifestó que se desempeñó como publicista para el manejo de la página web, administración, diseño y elaboración de piezas gráficas de todas las actividades de la alcaldía, tanto de los proyectos como de la misma comunidad. Afirmó que tenía un horario trabajo, el cual, lo desarrollaba de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., que le fue impuesto de manera verbal por su jefe inmediata, la señora Andrea

horario trabajo, el cual, lo desarrollaba de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., que le fue impuesto de manera verbal por su jefe inmediata, la señora Andrea Álvarez.

18. En el mismo sentido, indicó que cumplía con las órdenes que se le impartían, aclarando además que, no era autónomo “en decidir qué se hacía o que no se hacía”, simplemente ejecutaba las labores en virtud de las directrices que se le entregaban. Y por último, expresó que debía asistir a las reun iones que se le indicaban, las cuales, eran una vez al mes.

19. De lo expuesto, arguyó que la relación laboral que tuvo con la Alcaldía Mayor de Bogotá cumplió con el elemento de la subordinación , toda vez que se probó que realizó sus labores en las depen dencias de esa entidad entre los años 2008 y 2013, cumplió con el horario de trabajo que le era establecido por la demandada a través de los jefes inmediatos, recibía órdenes, llamados de atención y su autonomía estaba limitada, “pues solamente podía realizar las labores que le encomendaban los jefes inmediatos ANDREA ABRIL quien era la Jefe de la Oficina de Prensa y ANDREA ÁLVAREZ la Alcaldesa de la Localidad de Puente Aranda y asistía a las reuniones que le indicaban”.

20. Concluyó que “ resulta injustifi cado que las autoridades judiciales avalen y permitan que entidades oficiales sigan vulnerando derechos de índole laboral, puesto que consienten que, se sigan vinculando a través de órdenes de prestación deDemandante: Néstor Raúl Ospina Sierra

permitan que entidades oficiales sigan vulnerando derechos de índole laboral, puesto que consienten que, se sigan vinculando a través de órdenes de prestación deDemandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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6 servicios y por intermedio de cooperativas de tra bajo asociado, cuando en realidad se trata de una labor subordinada, propia de una relación laboral que se disfraza, con la única finalidad de eludir el pago de las prestaciones sociales, como acaba de explicarse”.

21. Por último, adujo que se debía acceder al amparo deprecado ya que es un sujeto de especial protección. Al respecto, adjuntó una certificación médica del 10 de febrero de 2020 por parte de Innovar Salud, que evidencia que padece las siguientes patologías: “ Polineuropatía, Artrogriposis múltip le congénita, Apnea del sueño ,

Secuelas Síndrome de Guillain-Barré (Miller-Fisher SMF)”.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

22. La magistrada ponente mediante auto del 5 de mayo de 2023 admitió la demanda de tutela y ordenó not ificar a la parte demandante y, como demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

de tutela y ordenó not ificar a la parte demandante y, como demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

23. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con i nterés jurídico en el

resultado del proceso a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y a la Alcaldía Local de Puente Aranda , entidades que fueron parte del proceso ordinario que ahora se discute.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

24. La magistrada ponente pidió declarar la improcedencia por no acreditar el requisito de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia, como lo pretende en verdad el accionante.

25. Adujo que, revisado el proveído que se acusa por vía de tutela, no se observaba la configuración de ninguno de los defectos indicados, en cuanto fue proferida por i) funcionarios competentes, ii) con acatamiento al procedimiento establecido para esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acer vo probatorio allegado al expediente, iv) sin que se presente contradicción entre los fundamentos de la decisión y la sentencia misma, v)Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro

presente contradicción entre los fundamentos de la decisión y la sentencia misma, v)Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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7 no se está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi) no se presentó desconocimiento del precedente constitucional.

26. Concluyó que en la decisión censurada a través de la acción de tutela, se plasmaron juiciosamente todos los motivos por los cuales no se acreditó la configuración de una relación lab oral, observando los parámetros legales, constitucionales, sin que en momento alguno pueda decirse que se haya incurrido en defecto fáctico, como lo sostiene el apoderado, “pues además es razonable, coherente y armónica a la controversia que fue planteada, y confirmada al resolverse la apelación interpuesta por el accionante”.

27. Los demás sujetos , pese a haber sido notificad os en debida forma, no rindieron informe frente al asunto.

1.6. Auto que acepta impedimento

28. Mediante auto del 16 de mayo de 20 23, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, por configurarse la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, ya que como magistrado del Tribunal Administrati vo de Cundinamarca, Sección

manifestado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, por configurarse la causal contemplada en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, ya que como magistrado del Tribunal Administrati vo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , fungió como ponente de la decisión del 16 de febrero de 2017, la cual es objeto de revisión en sede constitucional por parte de la Sección Quinta.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. El Con sejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Néstor Raúl Ospina Sierra, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3. 1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro , por tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma.

2.2. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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31. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A vulneró los derechos fundamentales al “debido proceso, igualdad, buena fe y acceso a la administración de justicia” con ocasión de la sentencia del 27 de febrero de 2023 , que confirmó la decisión del a quo , que negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y, el consecuente pago de las acreencias laborales?1

32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judi ciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpl a con los siguientes requisitos: i) que supere la

Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpl a con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos se an idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

1 A pesar de que las autoridades judiciales accionadas son el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , solo se estudiará la última providencia, por ser la que puso fin al litigio. 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

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36. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional5

37. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genér icos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosincluyó como requisitos genér icos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

38. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

39. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

40. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones anteriormente anotadas.

41. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales

5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales

5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-201905153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: Néstor Raúl Ospina Sierra Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02065-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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10 invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

42. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos.

43. En concreto sobre la relevancia co