CE - 010315000202302133001SENTENCIASENTENCIA20230525170748

Demandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

Demandante: LUZ ADRIANA PEÑA CASTRO

Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora Luz Adriana Peña Castro contra el Consejo de Estado , Sección Segunda , Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 26 de abril de 2023, la señora Luz Adriana Peña Castro, actuando por intermedio de apoderado judicial 1, interpuso acción de tutela

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 26 de abril de 2023, la señora Luz Adriana Peña Castro, actuando por intermedio de apoderado judicial 1, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E . La peticionaria consideró que la s autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, mínimo vital, seguridad social, y desconocieron los principios de favorabilidad y seguridad jurídica.

2. La trasgresión de las citadas garantías constitucionales se las adjudica a las sentencias proferidas el 10 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el 2 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En dichas providencias se

1 El señor Miguel Arcángel Sánchez Chistancho, reconocido a través de auto del 29 de abril de 2023.Demandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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negaron las pretensiones de reliquidación de cesantías parciales. Lo anterior, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

negaron las pretensiones de reliquidación de cesantías parciales. Lo anterior, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG ) con radicación N.º 25000-23-42-000-2020-00523-01 (17072022) 2.

1.2. Pretensiones

3. El accionante solicitó:

PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDASUBSECCION -Ade fecha 02 de febrero de 2023, mediante la cual confirmó la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “E” el 10 de septiembre de 2021.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se ORDENE al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDASUBSECCION -Aa proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUCARIA LA PREVISORA S.A a reconocer la cesantía con RETROACTIVIDAD a la señora LUZ ADRIANA PEÑA CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 51.619.029 expedida en Bogotá, tomando como salario base de liquidación la asignación básica correspondiente al año del retiro del servicio.

TERCERO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al TRIBUNAL

en Bogotá, tomando como salario base de liquidación la asignación básica correspondiente al año del retiro del servicio.

TERCERO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION “E” para que allegue en su integralidad el expediente del proceso 25000234200020200052300, como quiera que el expediente ya ha sido devuelto al despacho de origen. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La señora Luz Adriana Peña Castro estuvo vinculada como docente del Magisterio, desde el 30 de mayo de 1988 hasta el 1º de enero de 2020.

5. La accionante prestó sus servicios a la docencia oficial con vinculación temporal tiempo completo desde el 26 de enero de 1990, sin solución de continuidad y de manera ininterrumpida.

6. Mediante solicitud 2020 -CES-006179 del 19 de febrero de 2020, la señora Peña Castro presentó ante el FOMAG solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas que le correspondían por sus servicios prestados como docente oficial.

2 Rad. 76001-23-33-000-2014-00892-01 (2013-2019).Demandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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7. En Resolución N.°1416 del 26 de febrero de 2020 , el FOMAG reconoció y ordenó el pago de la cesantía definitiva a favor de la demandante bajo el régimen anualizado y sin retroactividad.

8. El 18 de febrero de 2020, la accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derech o en contra del acto administrativo reseñado en el numeral anterior. En consecuencia, solicitó que se condenara al FOMAG y/o la fiduciaria La Previsora S.A., a reconocer y pagar el valor de la cesantía con retroactividad, acorde al último salario devengado, conforme lo disponen las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996.

9. Del proceso conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E . Esa autoridad judicial a través de sentencia del 10 de septiembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda . Como fundamento de su decisión, consideró que el régimen aplicable a la actora era el anualizado, en el entendido que su vinculación se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, por lo que el solicitado no le era aplicable.

10. En contra de la anterior decisión, la señora Luz Adriana Peña Castro presentó recurso de apelación 3, el cual fue desatado por la Subsección A de la Sección

10. En contra de la anterior decisión, la señora Luz Adriana Peña Castro presentó recurso de apelación 3, el cual fue desatado por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación que, en sentencia del 2 de febrero de 2023 decidió confirmar el fallo de primer grado.

11. Como fundamento del fallo, la autoridad judicial accionada indicó que para el caso de los docentes oficiales, las cesantías definitivas o parciales se deben reconocer y liquidar de conformidad con el régimen señalado por la Ley 91 de 1989 para los docentes vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, por el contrario, para los que fueron vinculados a partir del 1° de enero de 1990 el régimen aplicable es el anualizado.

12. Luego, el operador judicial de segunda instancia indicó que no era posible incluir los tiempos de servicios prestados como docente tem poral de tiempo completo, pues a la accionante le fueron canceladas en su momento las obligaciones y derechos prestacionales derivadas de dichas vinculaciones, entre las que se encontraba el pago del auxilio de cesantías. Aunado a ello, consideró que como su vinculación se dio el 8 de febrero de 1993, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, su régimen de liquidación es el anualizado.

3 Como fundamento del recurso, la accionante citó una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 23 de agosto de 2018 en la que se avaló la procedencia de contabilizar los lapsos laborado baj o la vinculación de temporal, al considerar que estos no fueron especificados por el

Cundinamarca del 23 de agosto de 2018 en la que se avaló la procedencia de contabilizar los lapsos laborado baj o la vinculación de temporal, al considerar que estos no fueron especificados por el legislador para su inobservancia frente al cálculo de prestaciones , en ese orden, indicó que la haberse vinculado con anterioridad al 29 de diciembre de 1989 como docente financiada con recursos propios del distrito, tiene derecho a que su auxilio de cesantías definitivo sea reliquidado en aplicación del régimen retroactivo.Demandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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13. En tal sentido, el operador judicial accionado confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

1.4. Fundamentos de la vulneración

14. La tutelante alegó que la autoridad judicial vulner ó sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y desconoció los principios de favorabilidad y seguridad jurídica. Esto, por los

siguientes motivos:

15. La parte accionante mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció que para el reconocimiento de las cesantías con retroactividad se debían tener en cuenta los tiempos laborados anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 91 de

1989.

16. Arguyó que las providencias en cuestión, no se encuentran dentro del margen

cuenta los tiempos laborados anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

16. Arguyó que las providencias en cuestión, no se encuentran dentro del margen de interpretación razonable por lo que habrían incurrido en un defecto sustantivo .

Ello, en el entendido de que dieron un trato diferencial en lo que respecta al reconocimiento del auxilio de cesantías, pues contrario a lo señalado por los falladores de insta ncia no existió interrupción del servicio de cada docente con la administración.

17. Aunado a ello, señaló que las providencias enjuiciadas desconocieron el precedente judicial que existe sobre la materia . En particular, citó la sentencia del 30 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C dentro del radicado N.º 11001 -33-35-016-201600467-01.

18. De igual manera, invocó la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de fecha 9 de septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, demandante Gloria Luz Manco Quiroz, radicado N.°05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), a través de la cual se señalaron los criterios para identificar la existe ncia de una relación laboral encubierta con fundamento en una subordinación continuada y el efecto sobre la solución de continuidad, conforme al derecho sustancial que prevalece en las relaciones laborales en beneficio del trabajador.

1.4. Trámite de la acción de tutela

encubierta con fundamento en una subordinación continuada y el efecto sobre la solución de continuidad, conforme al derecho sustancial que prevalece en las relaciones laborales en beneficio del trabajador.

1.4. Trámite de la acción de tutela

19. En auto del 28 de abril de 2023, el magistrado sustanciador de esta instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación , y de la Subsección E, de la Sección Segunda del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

20. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales delDemandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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Magisterio y la Fiduprevisora S.A. y; ii) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones e informes

21. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se

presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Fiduprevisora S.A.

22. La entidad vinculada a este trámite constitucional rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela. Esto, porque la argumentación presentada por la parte accionante es exigua en relación con la

22. La entidad vinculada a este trámite constitucional rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela. Esto, porque la argumentación presentada por la parte accionante es exigua en relación con la configuración de las causa les de procedencia de este mecanismo constitucional y pretende invalidar las actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

23. También solicitó su falta de legitimación en la causa por pasiva, en el entendido que no existe prueba alguna a través de la cual se pueda establecer que en calidad de voceros y administradores del FOMAG, se encuentran vulnerando los derechos fundamentales de la accionante.

24. Finalmente, esbozó el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FOMAG, y concluyó que, en todo caso, no puede realizar reconocimientos, modificaciones, correcciones, adiciones, ni pago alguno mientras no exista acto administrativo que así lo determine. Ello, en consideraciones que se trata del respaldo contable de la erogación de los dineros del erario público.

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a ser debidamente notificado del presenta trámite tutelar, se limitó a remitir copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho N. º25000-23-42-000-2020-00523-00.

26. El Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron debidamente notificados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Luz Adriana Peña Castro contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Luz Adriana Peña Castro contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y e n el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.Demandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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2.2. Cuestión previa

28. La Fiduprevisora S.A. alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que los cargos están dirigidos exclusivamente contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E . Aunado a ello, indicó que no tiene competencia para realizar reconocimiento, modificaciones, correcciones o pagos mientras no exista acto administrativo que as í lo determine, teniendo en cuenta que se trata del respaldo contable de la erogación de dineros del erario público.

29. Al respecto, se negará tal petición, comoquiera que, su vinculación fue en

acto administrativo que as í lo determine, teniendo en cuenta que se trata del respaldo contable de la erogación de dineros del erario público.

29. Al respecto, se negará tal petición, comoquiera que, su vinculación fue en calidad de tercero con interés y no como accionada.

2.3. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

31. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la señora Luz Adriana Peña Castro se encuentra legitimad a en la causa por activa.

Esto porque figura como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

32. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E también están legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que profiri eron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.

33. Por otra lado, resulta pertinente manifestar que la Sala abordará el estudio de la solicitud de amparo incoada por la actora respect o a la providencia del 2 de febrero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, comoquiera que fue la decisión que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problemas jurídicos

febrero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, comoquiera que fue la decisión que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problemas jurídicos

34. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

35. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:Demandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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36. ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, mínimo vital, seguridad social y desconoció los principios de favorabilidad y seguridad jurídica de la parte actora. Lo anterior, porque incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial con la sentencia proferida el 2 de febrero de 2023 en la que se confirmó lo resuelto por el a quo que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corp oración tenía sobre la acción de tutela contra providencias

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corp oración tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema5. En la referida sent encia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales6.

38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia j udicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo d e la Sala Plena antes reseñado. 6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 8 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 s on: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 9 Los ocho defectos materiales son los siguient es: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decid e con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y e se engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechosDemandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos

1. subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso co ncreto concurren los requisitos de procedibilidad , en especial el de relevancia constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

43. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término “relevancia constitucional” en la sentencia C -590 de 2005 10. En esta

2.6.1. Relevancia constitucional

43. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término “relevancia constitucional” en la sentencia C -590 de 2005 10. En esta

fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendid o que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución. 10 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial ;Demandante: Luz Adriana Peña Castro Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro Radicación: 11001-03-15-000-2023-02133-00

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providencia se señaló que la acción de tutela contra provid encia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes11. (Subrayado fuera de texto).

44. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU -215 de 202212, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional. La Sala expondrá estos parámetros en el siguiente

gráfico para mayor entendimiento:

unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional. La Sala expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor entendimiento:

c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores. 11 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 12 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecan ismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuen