CE - 010315000202302140001SENTENCIA20230601175818

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00

Actora: Universidad Autónoma del Caribe

Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico1

Tema: Improcedencia del requisito general de la acción de tutela contra sentencia de tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proces o y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Universidad Autónoma del Caribe contra la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00

Actora: Universidad Autónoma del Caribe

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico , porque, a su juicio, al

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 13 de abril de 2023, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 080013333015202300011-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, Jaime de Jesús Sojo López presentó acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Universidad Autónoma del Caribe, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la seguridad social y, en consecuencia, se ordenara: i) a Colpensiones dar respuesta de fondo a la petición de 6 de septiembre de 2022; y ii) a la Universidad dar respuesta de fondo a las peticiones de 8 de agosto y 8 de noviembre de 2022, realizar los pagos a seguridad social de febrero de 1987 a 1991, y reportar a Colpensiones los pagos realizados.

4. Señaló que , el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla , mediante sentencia de 13 de marzo de 2023, negó la solicitud de tutela.

5. La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante

sentencia de 13 de abril de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince

5. La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante

sentencia de 13 de abril de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 13 de marzo de 2022, que negó la tutela de la referencia, y, en su lugar se dispone:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición, habeas data y

2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_PODERES_27_4_20231(.pdf) Nr oActua 2 ”. Archivo aportado en forma digital.3

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seguridad social del accionante, conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Representante Legal de la UAC que en el término improrrogable de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, concluya el procedimiento de reconstrucción del expediente laboral del señor Jaime de Jesús Sojo López con C.C. No. 8712567, mediante acto definitivo, el cual se deberá dar a conocer al accionante y, en el evento que no se logre acreditar los pagos de los aportes a pensión del periodo de febrero de 1987 a junio de 1991, que corresponda, deber á dentro de los quince (15) días siguientes iniciar ante Colpensiones las gestiones administrativas del caso a fin de realizar el pago de los aportes pensionales suplicados […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

que corresponda, deber á dentro de los quince (15) días siguientes iniciar ante Colpensiones las gestiones administrativas del caso a fin de realizar el pago de los aportes pensionales suplicados […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Antes de resolver lo pertinente, es oportuno precisar que no es objeto de discusión el tiempo laborado por el actor en la UAC, lo cual, está debidamente acreditado.

Descendiendo al caso sub examine, para la Sala, una vez examinadas minuciosamente cada un a de las respuestas dadas por la UAC, es claro, que contrario a lo manifestado por el a quo no satisfacen los requerimientos del solicitante, pues, si bien reconocen la relación laboral durante el tiempo suplicado, también lo es, que no allegan los soporte s que den cuenta del pago de los aportes pensionales por el periodo ampliamente relacionado.

Para esta Colegiatura, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el alma mater para evadir la responsabilidad que le corresponde, pues, es su deber guardar l a información referente al tiempo de servicios, funciones, salarios, consignación de cesantías, ascensos, licencias, cotizaciones a seguridad social, vacaciones, entre otros, de sus trabajadores, entendiendo dicha obligación como un derecho del trabajador que no prescribe por el paso del tiempo, así lo estableció esta Sala de Decisión en un asunto de similares connotaciones jurídicas a las debatidas en el presente asunto.

Es de resaltar que es un deber de la institución de educación superior reconstruir el expediente laboral del solicitante, como en efecto, lo viene haciendo, tal como indica en respuesta que data del 1º de marzo de 2023, sin embargo, no hay prueba sumaria

Es de resaltar que es un deber de la institución de educación superior reconstruir el expediente laboral del solicitante, como en efecto, lo viene haciendo, tal como indica en respuesta que data del 1º de marzo de 2023, sin embargo, no hay prueba sumaria alguna que lleve la certeza a la Sala que dicho procedimiento haya culminado, vulnerándose el derecho constitucional de petición del actor, teniendo en cuenta que desde la radicación de la última solicitud, hasta la fecha de presentación de la acción tuitiva en estudio se ha superado el término de quince (15) días de que trata el artículo 14 del CPACA.

En ese orden de ideas, se ordenará a la UAC que dentro del plazo que la ley dispone para resolver toda petición, concluya el procedimiento de reconstrucción del expediente laboral del demandante, mediante acto definitivo, el cual se deberá dar a conocer al accionante y, en el evento que no se logre acreditar los pagos de los aportes a pensión del periodo de febrero de 1987 a junio de 1991, que correspondan, deberá dentro de los quince (15) días siguientes iniciar ante Colpensiones las gestiones administrativas del caso a fin de realizar el pago de los aportes pensionales suplicados, teniendo en cuenta, que de conformidad con el artículo 17 de Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral deben efectuarse por parte de los empleadores y afiliados cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones. A su vez, la misma norma en el artículo 22 establece que el empleador4

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Pensiones. A su vez, la misma norma en el artículo 22 establece que el empleador4

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será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO. Solicito respetuosamente a su Honorable Magistratura, el amparo a los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y/O

CONTRADICCION, DERECHO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente REVOCAR el fallo de fecha 13 de abril del año 2023, proferido por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, que concedió el amparo del derecho fundamental de petición y a la seguridad social en fa vor del señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, dentro del proceso radicado No. 08 -001-3333-015-2023-00011-0, para en su lugar, declarar la improcedencia de la presente acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este escrito.

TERCERO. Como pretensión subsidiaria, en el evento que la deprecada en el numeral segundo no prospere, solicito a su Honorable Corporación, ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, proferir una nueva sentencia de tutela dentro del presente

numeral segundo no prospere, solicito a su Honorable Corporación, ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, proferir una nueva sentencia de tutela dentro del presente proceso, dentro de la cual se analicen los presupuestos jurídicos y facticos (sic) para la procedencia de la acción de tutela para el reclamo de derechos económicos de carácter laboral y analizando en concreto, la situación particular del señor JAIME DE

JESUS SOJO LOPEZ […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:

“[…] De arrancada, resulta de trascendental importancia destacar que es inentendible como el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, expide una sentencia de tutela sin estudiar siquiera sumariamente los requisitos para su procedibilidad, pues durante su trámite, el señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, nunca logró acreditar al menos de manera sucinta, la configuración de un perjuicio actual e inminente que permita al juez de tutela tomar alguna medida excepcional y especialí sima, si se tiene en cuenta que dicho perjuicio se genera en la medida que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente y que el daño o menoscabo de la persona sea de gran intensidad, que conduzca a que las medidas que se requieren para conjura r dicho perjuicio sean tan urgentes y debido a la impostergabilidad de su protección.

Según lo acreditado en el expediente, el señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, no demostró ni siquiera bajo el grado de inferencia razonable, la vulneración a su

Según lo acreditado en el expediente, el señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, no demostró ni siquiera bajo el grado de inferencia razonable, la vulneración a su derecho a la seguridad social, pues exclusivamente se limitó a solicitar el pago de sus aportes al sistema de seguridad social durante períodos significativamente antiguos, sin siquiera acreditar los motivos por los cuales debió solicitarlos por vía de tutela y no a través de la justicia ordinaria laboral, constituido por mandato de la5

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ley, como el debi do trámite para solicitar el reconocimiento y pago de derechos y prestaciones económicas de carácter pensionales, lo que relega a la acción de amparo como mecanismo subsidiario y residual, que en ningún caso podrá reemplazar o sustituir al Juez Natural, da do que únicamente cuando el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo tra nsitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente; circunstancia que en el presente caso no ocurrió, dado que el Tribunal de facto, profirió una decisión definitiva de reconocimiento y pago, extralimitándose abiertamente en sus funciones de juez de tutela, ante un tramite que ineludiblemente era de connotación ordinaria, incurriendo así en una vía de hecho, la cual vulnera abiertamente el derecho fundamental al debido proceso de la UNIVERSIDAD

AUTONOMA DEL CARIBE […]”.

[…]

era de connotación ordinaria, incurriendo así en una vía de hecho, la cual vulnera abiertamente el derecho fundamental al debido proceso de la UNIVERSIDAD

AUTONOMA DEL CARIBE […]”.

[…]

“[…] Es indiscutible que en el presente caso, el Tribunal accionado no valoró que el señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, no agotó todos y cada uno de los mecanismos de defensa judicial a su alcance como era debido, teniendo a su disposición la jurisdicción ordinaria laboral para el reclamo de sus derechos económicos […]”.

[…]

“[…] el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, mediante su desproporcionada sentencia de fecha 13 de abril del año 2022, SI desconoció el principio de inmediatez, da do que transcurrió aproximadamente 28 AÑOS, para que el señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, acudiera a la acción constitucional para buscar el amparo de sus derechos fundamentales […]”.

[…]

“[…] el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, durante el trámite tutelar que conllevó al traste con la decisión hoy cuestionada, no brindó las garantías de credibilidad y seguridad jurídica, pues como se dijo anteriormente asoció una posible vulneración al derecho de petición, con el derecho a la seguridad social, sin ir más allá de las circunstancias originadas dentro del caso particular, lo que vulnera indefectiblemente el derecho fundamental al debido proceso, a la defensa y a la debida administración de justicia, pues sin te ner la competencia, el acervo probatorio necesario y con menosprecio

originadas dentro del caso particular, lo que vulnera indefectiblemente el derecho fundamental al debido proceso, a la defensa y a la debida administración de justicia, pues sin te ner la competencia, el acervo probatorio necesario y con menosprecio total de las circunstancias de FUERZA MAYOR impeditivas, restrictivas y prohibitivas en las que se encuentra la UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE, de pagar obligaciones causadas antes del 5 de marzo del año 2018 […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la6

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Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a Jaime de Jesús Sojo López, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la procedencia de la tutela para controvertir fallos de tutela, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que resulta improcedente, al considerar que conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de

“[…] Sobre la procedencia de la tutela para controvertir fallos de tutela, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que resulta improcedente, al considerar que conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de 1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y corr egidos por la Corte Constitucional en sede de revisión.

Sin embargo, ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

En el caso concreto la acción de tutela se torna improcedente habida cuenta que no se estructura ninguno de los presupuestos reseñados precedentemente.

La acción de tutela no puede convertirse en una instancia más de las que el legislador ha establecido, pues ello desnaturaliza el fin que persigue […]”.

10. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Igualmente señaló que “[…] En el caso concreto la acción de tutela se torna

10. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Igualmente señaló que “[…] En el caso concreto la acción de tutela se torna improcedente habida cuenta que no se estructura ninguno de los presupuestos reseñados precedentemente. La acción de tutela no puede convertirse en una instancia más de las que el legislador ha establecido, pues ello desnaturaliza el fin que persigue […]”.

11. Jaime de Jesús Sojo López rindió informe en los siguientes términos:

“[…] El ente educativo Universidad Autónoma del Caribe manifiesta que, no se acredito (sic) perjuicio irremediable bajo este argumento me permito esto no es cierto,7

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ya que por mi edad de 61 años pertenezco al grupo población de la tercera edad por ende reviste el carácter especial cobra relevancia es así que la jurisprudencia de las altas cortes lo han manifestado en nutrida jurisprudencia […]”.

[…]

“[…] El ente educativo Universidad Autónoma del Caribe afirma que no se acredito (sic) vulneración al derecho de la seguridad social con este argumento se pretende inducir al error al funcionario judicial cuando es palmario dicha trasgresión, es un hecho probado la vinculación laboral, con el ente educativo Universidad A utónoma del Caribe, de lo cual se ha acreditado con las constancias laborales certificadas para la época, en que se sustenta esta reclamación, y que dichas constancias laborales han sido reconocidas por el ente educativo Universidad Autónoma del Caribe […]”.

del Caribe, de lo cual se ha acreditado con las constancias laborales certificadas para la época, en que se sustenta esta reclamación, y que dichas constancias laborales han sido reconocidas por el ente educativo Universidad Autónoma del Caribe […]”.

[…]

“[…] La edad que ostento de 61 es un principal, máxime si estos procesos laborales son dispendiosos, el afiliado o beneficiario no puede soportar la mora en el traslado de los aportes al sistema ni la inacción de Colpensiones o las administradoras de fondos de pensiones, Cuando los medios ordinarios se tornen inane el juez Constitucional podrá flexibilizar el contenido exegético de las normas procedimentales y amparar los derechos fundamentales trasgredidos (sic) […]”.

[…]

“[…] En cuanto al requisito de inmediatez al ente educativo Universidad Autónoma del Caribe que trascurrieron (sic) 28 años, no es de recibo esta argumentación dado el principio de buena fe, en el sentido que los trabajadores esperamos de nuestros empleadores diligencia honestidad y credibilidad en los asuntos internos en cuantos a su responsabilidades y obligaciones de realizar los aportes correspondientes siendo que estos son descontados mes a mes por nomina (sic), la buena fe, que debe orientar los procedimientos al inter ior de las entidades, con el objeto de construir relaciones basadas en la confianza, que permitan la materialización de las expectativas del ciudadano, más aún si estas surgen bajo un marco de legalidad […]”.

12. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla allegó copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 080013333015202300011-01.

12. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla allegó copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 080013333015202300011-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''8

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Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decre to núm. 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se qu iso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de

sumario, con ello no se qu iso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[8]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

legitimación en la causa por pasiva.

7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

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19. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que fue parte demandada en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 080013333015202300011-01, es decir que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Administradora

Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Problema jurídico

22. En el caso sub examine , el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la

Problema jurídico

22. En el caso sub examine , el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, co ncretamente si se cumplió con el requisito general de que no se trate de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias j udiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.11

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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamenta