CE - 010315000202302155001SENTENCIA20230620154705

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –

Subsección C Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la solicitud de amparo constitucional formulada por la señora María Otilia Rincón Martínez contra el Tri bunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 28 de abril de 2023, la señora María Otilia Rincón Martínez a través de apoderado judicial instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C, con el fin de obtener la protección

apoderado judicial instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 29 de marzo de 2023 , al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Identificado con número de radicado 11001-33-42-052-2022-00183-01.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magis terio y el Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital.

–Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magis terio y el Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital.

2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- La accionante labora con el Distrito de Bogotá “después de 1990” y se encuentra vinculada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) en calidad de docente oficial.

5.- El 17 de septiembre de 2021, la accionante solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá el reconocimiento y desembolso de sus cesantías, así como la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de sus cesantías , y el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud

extemporánea de sus cesantías , y el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una respuesta al respecto.

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora María Otilia Rincón Martínez presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la falta de respuesta a la petición radicada el 17 de septiembre de

2021. Además, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de sus cesantías, y la indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las cesantías, consagrado en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

7.- A través de fallo proferido el 22 de noviembre de 2022 , el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda , por considerar que no es posible el reconocimiento de la sanción moratoria contenida en la ley 50 de 1990 a favor de los docentes, como quiera que si bien los vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 gozan de un régimen de cesantías anualizado,

la ley 50 de 1990 a favor de los docentes, como quiera que si bien los vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 gozan de un régimen de cesantías anualizado, lo cierto es que no tiene n una cuenta individual como lo dispone la norma, p uesto que el FOMAG opera bajo el concepto de unidad de caja. Respecto a la sanción por

3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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el pago tardío de intereses, indicó que la ley 52 de 1975 es una norma dirigida al sector privado, y la liquidación de intereses dispuesta en ella es diferente a la manera que prescribe la ley 91 de 1989. En desacuerdo con lo anterior, la parte demandante apeló la decisión adoptada.

8.- Mediante sentencia de 29 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C confirmó la decisión apelada, por las mismas razones que expuso el A quo. Además de ello sostuvo que no existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al caso de los docentes afiliados al Fomag y, que los pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se

de los docentes afiliados al Fomag y, que los pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante. Respecto a la sanción por el pago tardío de intereses adujo que la Ley 52 de 1975 cobija a las relaciones laborales del sector privado, y los docentes tienen su propio régimen que regula la ma teria, contenido en la Ley 91 de 1989 y en el acuerdo 39 de 1998, los cuales consagran una forma y tiempos diferentes de liquidación de estos intereses para los docentes, sin que se haya demostrado que ese trato diferenciado sea injustificado.

9.- Por lo anterior, concluyó que a la parte actora no le son aplicables las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975.

10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a partir de las r eglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han

por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a partir de las r eglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad , es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

11.- Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las sentencias SU098/2018, SU-332/2019 y SU-041/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los procesos: 76001-23-31-000-200900867-01 (4854-Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2014), 11001 -0315-000-2018-03499-01, 11001 -03-15-000-2018-04617-01, 11001 -

–Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2014), 11001 -0315-000-2018-03499-01, 11001 -03-15-000-2018-04617-01, 1100103-15-000-2018-04679-01, 08001 23 33 0 00 2014 00173 -01 (1688-16), 08001-2333-000-2014-00208-01, 08001 -23-31-000-2014-00254-01(4960-2017), 08001 -2333-000-2014-00132-01, 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), 08001-2333-000-2015-00331-01, 19001 -23-33-000-2015-00445-02(0483-20), 08001 -23-33000-2014-01127-01 (1002 -2021), 40001 -23-40-000-2017-00134-01 (2208 -2020), 080001-23-40-000-2015-90008-01(2387-2020), 080001 -23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016), 080001 -23-33-000-2017-00931-01 (1001 -2021), 080001 -23-33-0002015-00075-01 (2660 -2020), 76001 -23-33-000-2013-00756-01 (2224 -2020),

080001-23-40-000-2017-00795-01 (2659 -2020), 47 -001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), 47 -001-23-33-000-2019-00376-01(4462-2021), 08001 -23-33-0002015-00509-01(2140-2020), 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020), 7600123-31-000-2012-00212-02 (4470 -2021) y 47001 -23-33-000-2018-0231-01 (08712020).

12.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los magistrados de tribunales administrativos, así como jueces administrativos del circuito en diversas decisiones. Para tal fin, trajo a colación 3 providencias proferidas en los procesos 70001-23-33-000-02018-0009700, 15001 -3333-007-2019-00046-01, 76 -001-23-33-000-2013-00734-00 por los Tribunales Administrativos de Sucre, Boyacá y Valle del Cauca, respectivamente; así como diez sentencias de diferentes juzgados administrativos, visibles a folio 105 del escrito de tutela.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.- Mediante auto de 3 de mayo de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, así como vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Distrito Capital de Bogo tá - Secretaría de Educación Distrital y a la

notificar a la autoridad judicial accionada, así como vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Distrito Capital de Bogo tá - Secretaría de Educación Distrital y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros interesados.

14.- Además, se requirió al Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 11001-33-42-052-2022-00183-00/01.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C4

15.- Solicitó que se tenga en cuenta lo indicado en el fallo cuestionado, de cuya lectura se puede advertir que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante.

(ii) Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital5

4 Expediente digital, intervención contenida en 1 folio. 5 Expediente digital, intervención contenida en 4 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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16.- Manifestó que lo que pretende la parte actora es revivir, en sede de tutela, la discusión jurídica respecto de la decisión adoptada por la Sección SegundaSubsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; cuando lo cierto es que este no es el meca nismo idóneo para intentar revivir discusiones jurídicas que ya

discusión jurídica respecto de la decisión adoptada por la Sección SegundaSubsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; cuando lo cierto es que este no es el meca nismo idóneo para intentar revivir discusiones jurídicas que ya fueron resueltas por el juez natural de la causa, máxime cuando la accionante gozó de todas las garantías procesales consagradas en el ordenamiento jurídico. En razón a lo anterior, solicitó que se declarara improcedente el amparo.

(iii) Fiduprevisora6

17.- Indicó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según lo establecido en la Ley 91 de 1989 , por lo que los valores que corresponden a las mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

18.- Por otra parte, adujo que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para la accionante y que hoy reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino que, en este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemni zación por pago inoportuno de los intereses, tema

reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemni zación por pago inoportuno de los intereses, tema frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

19.- Finalmente manifestó que la presente tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda a ducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

20.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, sino tamb ién su desvinculación, en la medida en que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

(iv) Ministerio de Educación Nacional7

6 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios. 7 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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21.- Arguyó que en el caso en concreto no se evidencia violación alguna a los derechos del accionante, en ese sentido se debe declarar la improcedencia de la acción constitucional.

(v) Parte actora8

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21.- Arguyó que en el caso en concreto no se evidencia violación alguna a los derechos del accionante, en ese sentido se debe declarar la improcedencia de la acción constitucional.

(v) Parte actora8

22.- La parte actora allegó un memorial, en el que itera la exi stencia de pronunciamientos previos respecto de la materia y resalta varios de los argumentos expuestos en su escrito de tutela inicial. Citó la sentencia de 18 de julio de 2018 (73001-23-33-000-2014-00580-01), al tiempo de pronunciarse sobre las contestaciones de la demanda presentadas por la autoridad accionada y los terceros vinculados.

23.- Por otra parte, en memorial separado, solicitó tener en cuenta el fallo de tutela radicado 11001-03-15-000-2023-01063-00, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

24.- Sobre las intervenciones realizadas en el presente trámite resulta necesario indicar lo siguiente:

25.- En primer lugar, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por Fiduprevisora, pues es claro que esta entidad, al igual que los demás vinculados participan de manera directa o indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurren en la distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito. En tal sentido, el reproche de la accionante se dirige a las actuaciones adelantadas por ellos.

distintas competencias concurren en la distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito. En tal sentido, el reproche de la accionante se dirige a las actuaciones adelantadas por ellos.

26.- Por otra parte, en virtud del carácter preferente y sumario propio de la acción de tutela, son ajenas a su procedimiento f iguras y etapas procesales típicas de los procesos ordinarios, como la reforma a la demanda o los alegatos de conclusión. En esa medida, a efectos de garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesad os, la Sala sólo se pronunciará sobre lo indicado en el escrito inicial de tutela.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

27.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la proced encia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 9: (i) que la cuestión que se discuta

8 Expediente digital, intervención contenida en 13 folios. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los

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resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmedia tez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de man era razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

28.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional10.

29.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales pa ra dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

30.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 11 y, en ese sentido, evi tar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 12; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales13; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta

10 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 11 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 12 Estos son de competencia exclus iva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la

judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 12 Estos son de competencia exclus iva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado e n la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 13 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales

suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permiteRadicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales14.

31.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia qu e ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales15: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

E. Análisis del caso concreto

32.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acredi tarse, pasará a

circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acredi tarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, incurrió en el defecto o yerro invocado por la accionante y si se justifica la adopción de me didas de protección frente a los mismos.

F. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

33.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos 16: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se debe n expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

34.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al considerar

la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”.

Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al considerar

la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 14 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental ”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. 15 Es de anotar que la jurisp rudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. 16 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-02155-00

Accionante: María Otilia Rincón Martínez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –Subsección C Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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que el caso de la accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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que el caso de la accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo