CE - 010315000202302181001SENTENCIA20230608173016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros1

Demandado: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Alexandra Perdomo Hernández, José Eliecer Garzón Triana, Yiseth Katherine Garzón Perdomo y Larsson Stick Garzón Perdomo, quien actúa en nombre propio y en representación del menor de 18 años de edad YSGH2 contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecede ntes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 José Eliecer Garzón Triana, Yiseth Katherine Garzón Perdomo y Larsson Stick Garzón Perdomo, quien actúa en nombre propio y en representación del menor de 18 años de edad YSGH.

1 José Eliecer Garzón Triana, Yiseth Katherine Garzón Perdomo y Larsson Stick Garzón Perdomo, quien actúa en nombre propio y en representación del menor de 18 años de edad YSGH. 2 Este Despacho adopta como medida de protección del derecho a la intimidad del menor de 18 años de edad relacionado en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales YSGH.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores , obrando por medio de apoderado 3, presentaron acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 5 de octubre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repa ración directa identificado con el núme ro único de radicación 110013336037201 800177-01, se vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Los actores presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsables por los daños

3. Los actores presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia del fallecimiento del señor Yerson Garzón Perdomo , quien se encontraba vinculado a dicha entidad en calidad de soldado profesional, adscrito al Batallón de Combate Terrestre núm. 20 “[…]

Cacique Sugamuxi […]”.

4. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oral del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 3 de septiembre de 20 21, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de se gunda instancia el 5 de octubre de 2022,

resolviendo lo siguiente:

3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_PODERES_27_4_20231(.pdf) Nr oActua 2”. Archivo aportado en forma digital.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

“[…] PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el tres (3) de septiembre dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda […]”.

6. Consideró que:

veintiuno (2021), por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda […]”.

6. Consideró que:

“[…] En este orden se puntualiza que, en preten sión de reparación directa, con independencia del título de imputación aplicable, es carga procesal de la activa, probar el daño y el nexo causal en virtud del cual aquel es imputable a la entidad pública accionada. Carga que avizora en el c aso que ocupa la atención de la Sala, no fue satisfecha, como quiera que de los medios de convicción aducidos al plenario no emerge probado el nexo causal, pu es de la realidad probatoria se constata que: i) la muerte del soldado profesional derivó de su propia determinación de quitarse la vida, y ii) no se demostró que la entidad demandada hubiera inobservado algún tipo de obligación respecto de la víctima directa, derivado de su sintomatología psicológica.

Conforme a lo anterior, y del análisis del material probatorio se infiere que la muerte del soldado profesional Yerson Garzón Perdomo acaeció mientras se encontraba en servicio activo, con su arma de do tación oficial y se trató de un suicidio, y en el descrito panorama, el dañ o no es imputable a la NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA -EJÉRCITO.

6.4.2.1.1. Respecto a la presunta falla del servicio del ente demandado, debido a la no prestación de los servicios médicos que requería la víctima directa con ocasión de su cuadro clínico y la omisión en la restricción en el uso de armas de fuego, asume

no prestación de los servicios médicos que requería la víctima directa con ocasión de su cuadro clínico y la omisión en la restricción en el uso de armas de fuego, asume categórico que revisado el material probatorio, no se encuentra medio de convicción alguno que acredite que el estado psicológico del señor YERSON GARZÓN PERDOMO le impidiera seguir ejerciendo su cargo dentro de la entidad, pues en la historia clínica aportada no se denota que el médico que valoró al soldado profesional hubiere efectuad o alguna recomendación especial en cuanto a una reubicación laboral y/o restricción para el uso de armas de fuego; de manera que la entidad demandada no tenía a su cargo una especial atención sobre la víctima directa.

Conforme a lo anterior, la Sala denota que: i) si bien la víctima directa fue diagnosticada con un episodio maniaco no especif icado, en la atención que se le brindó por los médicos tratantes se consignó que no tenía ideas suicidas, ni eventos depresivos, y ii) no se probó que los profesionales en psicología que brindaron tratamiento al soldado profesional, hubieran entregado especiales recomendaciones para que no le fuera pe rmitido el uso de armas o fuera calificado como persona no apta para cumplir actividades militares y que las mismas hubiesen sido puestas en conocimiento de sus superiores, y a su vez, estos no las hubiesen atendido o dicho de otro modo las hubieran omitido, generando con ello el desenlace ya conocido.

Tampoco se acreditó que su decisión de suicidarse hubiera sido tomada por presiones ejercidas por terceras personas en condiciones que resultaran imputables a la administración. […]”.

[…]

Tampoco se acreditó que su decisión de suicidarse hubiera sido tomada por presiones ejercidas por terceras personas en condiciones que resultaran imputables a la administración. […]”.

[…]

“[…] De forma que no encuentra demostrado, por ausencia de diagnóstico médico que así lo establezca y fundamente probatoriamente conclusión en tal sentido, i) que el no manejo de la sintomatología presentada po r el soldado profesional Garzón4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

Perdomo, fue la causa eficiente que conllevó a que s e quitara la vida, o ii) que su médico tratante hubiese recomendado en alg ún momento que al militar se le restringiera el uso de armas, que debía ser reubic ado laboralmente o que no fuera apto para permanecer en el servicio activo por una tendencia o antecedente suicida.

Así como tampoco encuentra demostrado que la accionada hubiera omitido prestar al soldado la debida atención médica, o sometido a la víctima directa a alguna clase de maltrato o acoso a través de sus superiores, y/o que haya sido inducido a adoptar la determinación de quitarse la vida.

En ese orden de ideas, es de finiquitar, que la sintomatología de “episodio maniaco no especificado”, del soldado profesional , no asumió características que hicieran necesario la convocatoria de la Junta Medico Laboral en los términos del artículo 19 de decreto 1796 del 2000, u o tra medida, cuya no realización comporte para la accionada reproche por falla en el servicio […]”.

La solicitud de tutela

de decreto 1796 del 2000, u o tra medida, cuya no realización comporte para la accionada reproche por falla en el servicio […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se tutelen los derechos fundamentales invocados del debido proceso, igualdad, confianza legítima, buena fe y tutela judicial efectiva, vulnerados a los accionantes Alexandra Perdomo Hernández, José Eliecer Garzón Triana, Yiseth Katherine Garzón Perdomo, Larsson Stick Garzón Perdomo y Yerson Stick Garzón Hincapié, por incurrir en defecto fáctivo (sic).

2. Como consecuencia de lo anterior se declaré (sic) sin valor y efectos jurídicos la providencia del 05 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Adm inistrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “C”, dentro del proceso de reparación directa con radicado 11001333603720180017701.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “C”, que se proceda a proferir una sentencia de reemplazo, teniendo en cuenta para ello, las situaciones advertidas que propendan por la prevalencia de la aplicación irrestricta del principio y derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso por defe cto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, a la confianza legítima en el principio de buena fe, y por consiguiente, se acceda a las pretensiones de la demanda […]”.

8. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la Subsección C de la Sección

del precedente judicial, a la confianza legítima en el principio de buena fe, y por consiguiente, se acceda a las pretensiones de la demanda […]”.

8. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un i) defecto fáctico; y en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ; y iii) vinculó al Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional , en calidad de tercero s con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca señaló que:

“[…] En el descrito panorama, evidencia al verificarse el cumplimiento en el caso en concreto, de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial; que no satisface el requisito genérico de relevancia

“[…] En el descrito panorama, evidencia al verificarse el cumplimiento en el caso en concreto, de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial; que no satisface el requisito genérico de relevancia constitucional, por cuanto no se trata de un conflicto que trascienda las discusiones legales y no asume la indicada categorización por el hecho que se aduzca la trasgresión de derechos fundamentales, sino que es necesario estructurar en contraste con la sentencia judicial contra la que se pretende amparo tutelar, una fundamentación clara y suficiente para la intervención del juez constitucional.

Es así, que los aquí tutelantes, aunque identifican como desconocidos sus derechos constitucionales, no sustenta argumentativamente vulneración que suscitada en sede del juez ordinario, transcienda la órbita de este, y por el contrario pretende que el juez de tutela asuma como una tercera instancia, en solución de sus discrepancias con la providencial judicial, y por vía amparo tutelar obtener su modificación a efecto que le sea favorable. […]”.

[…]

“[…] 2.2. A las anteriores consideraciones de improcedencia, por incumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra sentencia judicial, aúna que en el en el caso concreto, no se configura el desconocimiento del precedente, invocado como causal especifica, como quiera que los accionantes de forma general indican que en la sentencia proferida en segunda instancia en el proceso ordinario se dio un trato diferente en la aplicación del precedente al fijado por jurisprudencia de alta corte, sin justificación alguna, se incurre en una violación al debido proceso, por desconocimiento injustificado del precedente o interpretación jurisprudencial del

se dio un trato diferente en la aplicación del precedente al fijado por jurisprudencia de alta corte, sin justificación alguna, se incurre en una violación al debido proceso, por desconocimiento injustificado del precedente o interpretación jurisprudencial del precedente de manera errónea; sin embargo, no indicó aquellas providencias proferidas por el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que fueron desconocidas, por lo que no resulta posible sostener que se configura en el caso concreto una inobservancia del precedente vertical.

2.3. Tampoco encuentra sustentado la causal especifica de defecto fáctico, como quiera que se sustenta por los tutelantes, en su comprensión de la comunidad probatoria allegada al plenario, en tamiz que aunque difiere de la valoración realizada por la Sala, en modo alguno, evidencia de ésta, contrariedad con el ordenamiento constitucional, advertida la autonomía judicial y proceso intelectivo inmerso en la valoración de la prueba […]”.

[…]6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

“[…] Como se puede observar de la reseña que antecede y que puede verificarse en el expediente, en la sentencia objeto de controversia en sede de tute la, de manera explícita se esbozaron los argumentos legales y jurisprudenciales, advertido que la activa no asumió la carga mínima argumentativa de los defectos planteados en el escrito de tutela, que le era propia y exigible en sede constitucional, consecuentemente habrá de declararse su improcedencia o en su defecto negarse las pretensiones […]”.

en el escrito de tutela, que le era propia y exigible en sede constitucional, consecuentemente habrá de declararse su improcedencia o en su defecto negarse las pretensiones […]”.

11. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sid o violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad7

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprud encial del derecho fundamental a la igualdad , v) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutel a instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia

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estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una maner a de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sa la Plena de la

proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sa la Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida

7 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02181-00

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por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20149, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20149, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 10]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa d la actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la actora tiene la carga de argumentar el por qué su pre tensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[13].

9 Ut supra página 6. [10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [12] “Esta exigencia se deriva del re quisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avala da por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de10

trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de10

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Actores: Alexandra Perdomo Hernández y otros

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión d la actora, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si

suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esencia les son el derecho al juez natural [ 16]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las r eglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se