CE - 010315000202302193001SENTENCIA20230621121055

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: JUAN CARLOS CORREA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTROS

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se acredit ó el requisito general de relevancia con stitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda d e tutela carece de la carga argumentativa mínima que le permita a la Sala estudiar de fondo las pro videncias enjuiciadas.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Corre a contra el Tribunal Administrativo de Casanare , el Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopa l, la Direcci ón Ejecutiv a de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 2 de mayo de la presente anualidad1, el señor Jua n Carlos Correa interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanar e, el Juzgado Administrativo de Descon gestión de Yopa l, la Direcci ón Ejecutiv a de Administración Judicial y la Fiscalía General de la N ación, por considerar

acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanar e, el Juzgado Administrativo de Descon gestión de Yopa l, la Direcci ón Ejecutiv a de Administración Judicial y la Fiscalía General de la N ación, por considerar vulnerados su s derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia , a la digni dad humana y a la reparaci ón integ ral, con ocasión de las sentencias proferidas el 19 de mayo de 2020 y el 24 de n oviembre de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 85001-33-33-000-20161 Se advierte que , el 31 de mayo de 202 3, el expediente ing resó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

2 00270-00/01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1.- Declarar que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL vulneraron mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, reparación integral y todos aquellos que resulten probados en el proceso, como consecuencia de emi tir sentencias de pri mera instancia por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal de fecha 19 de mayo del año 2020, confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia de fecha 24 de noviembre del año 2022, en la que negaron las pretensiones de la demanda.

Yopal de fecha 19 de mayo del año 2020, confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare en sentencia de fecha 24 de noviembre del año 2022, en la que negaron las pretensiones de la demanda.

2.- Como consecuencia de lo anterior, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE que en el improrrogable término de 48 horas, emita una nueva decisión de segunda instancia en la que se revise la decisión adoptada con el fin de acceder a las pretensiones de la demanda.

1.2. Hechos

De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Juan Carlos Correa y otros2 instauraron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, para que fueran declaradas responsables de los perjuicios derivados de la privación de la libertad que aquel soportó entre el 24 de diciembre de 2012 y el 26 de febrero de 2015.

La demanda ordinaria se fundamentó en que, el 23 de diciembre de 2012, el señor Luis Eliécer Correa Pérez, sobrino del demanda nte, dio muerte al s eñor Luis Alberto Sierra Munévar; sin embargo, por encontrarse en el lugar de los hechos, el aquí accionan te fue capt urado el 24 d e diciembre de 2012 , se le imputaron los cargos de homic idio en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas d e fuego, razón por la cual se le impuso medida de aseguramiento y quedó vinculado al proceso penal.

En el proceso penal, el señor Luis Eliécer Correa Pérez hizo un preacuerdo con la

fuego, razón por la cual se le impuso medida de aseguramiento y quedó vinculado al proceso penal.

En el proceso penal, el señor Luis Eliécer Correa Pérez hizo un preacuerdo con la Fiscalía, en el que de manera libre y voluntaria aceptó ser el único responsable del delito de homicidio y fue condenado a la pena de 256 meses y 120 días.

2 Alex Sander Correa Yepes, Rosa Amelia Correa Pérez, Lina Marcela Correa Pérez, Edinson Alberto Osorio Correa, Sandra del Socorro Correa Pérez, Liliana Mar ía Correa Pérez, Beatriz Eugenia Correa Pérez, Luisa Fernanda Correa Pérez y Mariana Correa Pérez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

3 La investigación penal continuó contra Juan Carlos Correa hasta que, el 25 de febrero de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circu ito de Y opal dictó sentencia absolutoria que fue apelada por la Fiscalía, no obstante, el recurso se declaró desierto por falta de sustentación.

El Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal, mediante sentencia del 19 de mayo de 2020 , negó las pretensiones de la demanda por considerar que se configuró la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del 24 noviembre de 20 22, la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora sostuvo que las autoridades jud iciales accionadas incur rieron en

Administrativo de Casanare, en providencia del 24 noviembre de 20 22, la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora sostuvo que las autoridades jud iciales accionadas incur rieron en los siguientes defectos:

1.3.1. Sustantivo, toda ve z que la decisión del Trib unal s e suste ntó en la sentencia de unificación proferida el 15 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado, la cual quedó sin valor por orden de un fallo de tutela dictado el 15 de noviembre de 2019 por la misma Corporación.

1.3.2. Defecto fáctico, por indebida valoración probatoria.

1.3.3. Descon ocimiento del precedente contenido en la sentencia S U-072 de 2018, en la que la Corte Constitucional unificó la interpretación sobre los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

1.3.4. Violación directa de la Constitución, dado que la privación de la libertad por más de dos años afectó el derecho a la libertad del demandante.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 5 de mayo de 2023, el Des pacho sustanciador admitió la solicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a las autoridades accionadasRadicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

4 y terceros con interés. Asimismo, se orde nó notificar a la Agencia Naci onal de Defensa Jurídica del Estado.

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

4 y terceros con interés. Asimismo, se orde nó notificar a la Agencia Naci onal de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La Secretaría del Tri bunal Administrativo de Casanare remitió el exp ediente digitalizado del proceso de reparación directa con la advertencia de que se incluía la contestación de la tutela realizada por la magi strada ponente; sin embargo, en los archivos no se halló el mencionado documento.

2.2. La Rama Judicial señaló que la demanda de tutela no cump le con las causales específicas de procedencia, puesto que no se argument ó ni acredi tó la existencia de un defecto sustantivo para justificar la acción constitucional, y que, por el co ntrario, la s providencias se aju staron plenamente a la s disposiciones normativas y a las pruebas aportadas.

Sostuvo que l o pretendido por la part e actora era retomar el debate jurídico y provocar una instancia adicional del proceso ordinario, por lo cual debía declararse improcedente la acción de tutela.

2.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque (i) no cumple el requisito de subsidiariedad, dado que no se argumentó por qué , a pesar de la exist encia de otr os mecanismos judiciales —sin especific ar cuáles —, no los utili zó; (i i) por falta de sustentación de las causales específicas de procedibilidad, y (iii) porque se pretende «retrotraer actuaciones procesales».

—sin especific ar cuáles —, no los utili zó; (i i) por falta de sustentación de las causales específicas de procedibilidad, y (iii) porque se pretende «retrotraer actuaciones procesales».

De otra parte, expuso que tampoco se acreditaron los defectos fáctico y sustantivo alegados, ni la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Por último, adujo que la providencia contiene suficientes elementos de juicio para soportar sus conclusiones y que, en todo caso, se basó en los parámetros señalados en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala de terminará si se cumplen los requisitos generales de la acción de tutela c ontra providencia s judiciales. De acreditarse, se abordará elRadicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

5 estudio de fondo, con el fin de establecer si las sentencias dictadas, en su orden , el 19 de may o d e 2020 y el 24 de noviembre de 202 2, por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare incurrieron en los defectos invocados por el señor Juan Carlos Correa y si, en consecuencia, se vulneraron sus derechos fundamentales.

2. Análisis del caso

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

Casanare incurrieron en los defectos invocados por el señor Juan Carlos Correa y si, en consecuencia, se vulneraron sus derechos fundamentales.

2. Análisis del caso

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda ins tancia fue proferida el 24 de noviembre de 202 2, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 1º de mayo del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del proceso ordinario, sin que las inconfor midades enunciadas en la tutela encuadren en algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.

2.1.4. De la relevancia con stitucional: la Sa la co nsidera n ecesario referirse brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

El cumplimiento d el requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y q ue se identifiquen los defectos contra la pr ovidencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una ca rga argumentativa mínima y (ii) que n o se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se a justa al precedente 3 reiterado de la Corte

argumentativa mínima y (ii) que n o se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se a justa al precedente 3 reiterado de la Corte Constitucional que, de man era consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni e n el escenario para discutir aspectos de mer a legalidad, de índole

3 Sobre este asp ecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

6 patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpreta ción propios de cada especialidad.

La tutela s ólo se justifica en a quellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y raz onadas de qu e se h a desbordado el alcance de un derecho fundamental.

• Análisis de la relevancia en el caso concreto

La parte acto ra afi rmó que l as sentencias dictadas en el proceso de reparación

desbordado el alcance de un derecho fundamental.

• Análisis de la relevancia en el caso concreto

La parte acto ra afi rmó que l as sentencias dictadas en el proceso de reparación directa que promovió con oc asión de la privación de la libe rtad que soportó —y que calificó de injusta—, adolecen de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del p recedente y violación directa de la Constitución; sin embargo, al revisar la calificación expuesta en la demanda , se concluye que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por insuficiente carga argumentativa.

En la demanda de tutela no existen razones de orden constitucional que justifiquen la intervención del juez de tutela, pues el actor se limitó a mencionar algunos de los defectos establecidos por la jurisprudencia constitucional, en lugar de exponer cargos directos y contundentes dirigidos a cont rovertir la tesis sobre la c ual descansó la desestim ación de las pretensiones, esto es, la inexistencia del daño antijurídico, debido a que la privación de la libertad estuvo precedida de un análisis de ci rcunstancias q ue permitían inferir de manera raz onada la participación del señor Juan Carlos Correa en los hechos.

Bajo ese entendido , el Tribunal sos tuvo que la medida restricción de la libertad estuvo suficientemente justificada y cumplió con los requisitos para su adecuación en raz ón de los bienes jurídicos tutelados (la vida y la seguridad pública) y la necesidad de proteger a la comunidad y garantizar la com parecencia del imputado. Así concluyó la providencia cuestionada:

en raz ón de los bienes jurídicos tutelados (la vida y la seguridad pública) y la necesidad de proteger a la comunidad y garantizar la com parecencia del imputado. Así concluyó la providencia cuestionada:

[S]e colige que la privación de la libertad de Jua n Carlos Correa Pérez no constituye un daño antijurídico y por lo tanto no es indemniza ble, por cuan toRadicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

7 la captura se hi zo efectiva, con fundamento en los elementos de prueba aportados válidamente en su momento por la Fiscalía siendo vinculado formalmente a la investigación penal en la audiencia de formulación de imputación, actuación que estuvo ajustada a derecho. Se indica que según el sistema penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004, en la etapa preliminar, el ente investigador debe presentar los elementos materiales probatorios y evidencia física de los cuales el juez infiera razon adamente que el sindicado estuvo involucrado en los hechos delictivos y no ahondar en la responsabilidad del procesado. De igual manera, se observa que la medida restrictiva de la libertad se presentó conforme a lo dispuesto en los artículos 308 y 313 del Código de Pro cedimiento Penal, dado que estaban en presencia de una investigación por homicidio y porte ilegal de armas tipos penales respecto del cual procede la reclusión intramural.

En ese orden de ideas, la solicitud e imposición de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad proferida debe catalogarse como legal,

penales respecto del cual procede la reclusión intramural.

En ese orden de ideas, la solicitud e imposición de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad proferida debe catalogarse como legal, razonable y proporcional, porque quedó acreditado que al momento de la captura existían elementos de juicio sensatos y suficientes para inferir que era presunto autor y/o partícipe del delito i mputado. En tal sentido, la Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, por cuanto para el momento de imposición de la medida se efectuó el análisis de los presupuestos indicados determinando que estos se cumplieron, lo cual no pierde val idez al haber se emitido sentencia absolutoria, pues se reitera que tal decisión no convierte en ilegal o irregular la medida de aseguramiento adoptada al inicio de la investigación, advirtiendo que tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, la sentencia absolutoria no constituye una indemnización automática.

Así pues, el aserto del Tribunal Administrativo de Casanare no ha sido atacado en forma directa y ni siquiera de manera indirecta, dado que no explica cómo la tesis del juez de segundo grad o desconoció el precedente constitucional, cuáles fueron las pruebas omitidas, indebidamente valoradas o los elementos de convicción que contrarían el argumento de la sentencia. El reparo del demandante es una simple afirmación genérica de que se aplicó un prece dente dejado sin efectos, se desconocieron las pruebas, cuando la sentencia tiene una robusta fundamentación jurisprudencial de l os elementos de la responsabilidad patrimonial por p rivación injusta de la libertad; y nada se afirma en la tutela para descartar esas premisas.

desconocieron las pruebas, cuando la sentencia tiene una robusta fundamentación jurisprudencial de l os elementos de la responsabilidad patrimonial por p rivación injusta de la libertad; y nada se afirma en la tutela para descartar esas premisas.

De hecho, no es cierto , como se afirma en la demanda de tutela , que el Tribunal aplicó la sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado el 15 de agosto de 2018 y que fue dejada sin efectos en el fallo de tutela de 2019. Todo lo contrario, en l a motivación de la providencia se precisa el dev enir de dichas decisiones, para sostener el deber que le asiste al juez de examinar la existencia o no de cu lpa exclusiva de la v íctima y valorar la legalidad de la medida d e aseguramiento. Además, se invocan otras dec isiones del Consejo de Est ado en las que, a su vez, se cita la sente ncia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

Observemos: Radicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

8 En relación con la privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado profirió sentencia de uni ficación el 15 de ag osto de 2018, estableciendo que, el título de imputación se estudi ará de acuerdo al caso en concreto, para lo cual se debe analizar i) la existencia del daño; ii) la legalidad de la medida, iii) la configuración del daño especial, cuando la medida se encuentre ajustada a derecho, iv) quién es el llamado a responder patri monialmente, v) la

cual se debe analizar i) la existencia del daño; ii) la legalidad de la medida, iii) la configuración del daño especial, cuando la medida se encuentre ajustada a derecho, iv) quién es el llamado a responder patri monialmente, v) la existencia de la causal exonerativa por culpa de la víctima, que debe ser estudiada aún de oficio y, en caso de no acreditarse, vi) determinar los perjuicios y su reparación.42

No obstante, la mencionada providencia de unificación se dej ó sin efectos a través del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado el 15 de noviembre de 20193, en el cual se amparó el derecho fundamental al debido proceso de los tutelantes, ordenando proferir un fallo de reemplazo, en el cual se valore la cu lpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia de la accionante.

(…)

Con fundamento en lo anterior, para analizar el eximente de culpa exclusiva de la vícti ma, se debe efectuar el estudio sin vulnerar la presunción de inocencia, en el evento de que el demandante dentro del proceso de responsabilidad hubiese sido absuelto en la investigación penal.

Ahora bien, en posterior pronunciamiento, el órgano de cierre explicó:

“La Cor te Constitucional, mediante la sentencia C -037 de 1996, analizó la constitucionalidad de, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación

Administración de Justicia y señaló que en los casos de privación injusta de la libertad se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos. (…) De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el c arácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se d eba determinar en cada caso si existía o no mérito par a proferir decisión en tal sentido . En la misma línea, esa corporación, en la sentencia SU -072 de 2018 , señaló que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C -037 de 1996 - establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, el juez será quien, en cada caso, deberá realizar un análisis para determ inar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada. (…) el hecho de que una persona resulte privada de la libertad en el marco de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se deb e determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.”5 (Negrilla fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, se c oncluye que en aquellos eventos en los que se pretende atribuir responsabilidad al Estado por privación de la libertad,

antijurídico imputable a la administración.”5 (Negrilla fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, se c oncluye que en aquellos eventos en los que se pretende atribuir responsabilidad al Estado por privación de la libertad, se debe analizar en cada caso, si la medida privativa de la libertad es legal,

4 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, radicado No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46947), consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, demandante: Martha Lucía Ríos Cortés y otros, demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación 5 Cita original de la providen cia: Consejo de Estado, Sección Terce ra, Subsección A; sent encia de 20 de febrero de 2020, Rad. No.: 68001 -23-31-000-2009-00327-01(49038), consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (e); actor: Jorge Leonardo Hernández Triana y otros; Demandado: Fiscalía General de la Nación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

9 razonable y proporcional, determinando si existía o no mé rito para proferir dicha decisión o, por el contrario, la misma resulta inadecuada e injusta.

Luego de constatar las razones y conclusiones del Tribunal, es insuficiente con que se afirme que la autoridad judicial accionada incurrió en una serie de defectos, sin concretar ni argumentar en el caso concreto cómo se configuró cada uno de

Luego de constatar las razones y conclusiones del Tribunal, es insuficiente con que se afirme que la autoridad judicial accionada incurrió en una serie de defectos, sin concretar ni argumentar en el caso concreto cómo se configuró cada uno de ellos al punto de res tarle valor y vigo r a la prov idencia conf utada; y en cambio afirmar aspectos que no corresponden a la realidad de la providencia.

Si lo que ocurre es que la decisión de la autoridad judicial accionada verdaderamente se consid era incorrecta y violatoria de los derechos fundamentales del demandante, entonces la parte debió plantear, sin ambages, sus reparos, identificar los defectos, sustentarlos de manera suficiente y relacionar pruebas q ue así lo acrediten. En cambio, la solicitud de amparo tiene unos elementos inidóneos para superar la carga argumentativa como elemento propio de la relevancia constitucional.

Esta Sala ha sostenido de manera consistente que el escrito de tutela no puede limitarse a identificar de manera escueta que se vulneran lo s derechos fundamentales de la parte ; es necesario que se señalen las causales específicas de procedencia de la tutela c ontra providencias judiciales y se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un disc ernimiento y, por supuest o, que se aterrice al caso concreto. Com o se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha f ijado la Corte Constitucio nal ex isten fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales6, con mayor razón si lo que se cu estiona es la decisión de un órgano de cierre.

La tutela contra providencia judicial está revestida de rigor en atención a los

judiciales6, con mayor razón si lo que se cu estiona es la decisión de un órgano de cierre.

La tutela contra providencia judicial está revestida de rigor en atención a los elementos y principios que entran en tensión cuando se interpon e d icho instrumento, como son los principios del juez natural, la seguridad jurídica, la cosa juzgada y el respeto por las decisiones judiciales. Por tanto, si no se presentaron verdaderos argumentos contra la providencia objeto de tutela , a la Sala le estaba vedado hacer un estudio de fondo, en una suerte de control oficioso, ante el silencio de la parte en la presentación de elementos sólidos para derruir la providencia.

6 Consejo d e Estado, Sección Cuart a, sentencia del 29 de abril de 2015, expedien te No. 201500380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02193-00

Demandante: Juan Carlos Correa Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otros Sentencia de tutela de primera instancia

10 Entonces, como la acción de tutela no cumple el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga argumentativa, se declarará improcedente.

En mérito de lo ex puesto, el Consejo de Esta do, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar imp rocedente la acción de tut ela presentada por el señor Juan Carlos Correa, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar imp rocedente la acción de tut ela presentada por el señor Juan Carlos Correa, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. De no ser im pugnada la presente providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Esta provid encia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firma da electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR qu e aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.