CE - 010315000202302201001SENTENCIA20230608153531

Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02201-00 Demandante: MARÍA ISABEL DÍAZ SOTO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN 4 Temas: Tutela contra providencia judicial – Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en casos de docentes oficiales – Improcedencia por falta de relevancia constitucional SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora María Isabel Díaz Soto, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4. I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Con escrito presentado el 2 de mayo de 20231, la señora María Isabel Díaz Soto, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales “(…) al debido proceso, a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical (…)”. 2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4, el 12 de abril de 2023, mediante la cual confirmó la

desconocimiento de precedente judicial vertical (…)”. 2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4, el 12 de abril de 2023, mediante la cual confirmó la providencia dictada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja del 12 de diciembre de 2022, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por la actora contra la Nación – Ministerio de 1 Por medio de la ventanilla virtual, acción identificada con número 6944.Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá, identificado con el radicado N. º 15001-33-33-008-2022-00021-00/01. 1.2. Pretensiones 3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: (…) Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)2. 1.3. Hechos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: 4. La señora María Isabel Díaz Soto labora con la entidad territorial certificada de educación del departamento de Boyacá. 5. El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó ante el Fomag el pago de estas, así como de la sanción por mora. 6. Por medio del acto administrativo BOY2021EE027305 del 25 de agosto de 2021, fue negado el reconocimiento y pago de la sanción por mora y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías. 7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –

negado el reconocimiento y pago de la sanción por mora y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías. 7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y el Departamento de Boyacá, con el objeto de que (i) se declarara la nulidad del acto administrativo en mención, (ii) se reconociera y pagara las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020, (iii) se pagara la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, y (iv) se pagara la indemnización que prevé la Ley 52 2 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías. 8. En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja, en sentencia del 12 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, tras argumentar que el régimen que regula las cesantías a favor de los docentes oficiales es especial por cuanto no contempla un plazo máximo para pagar la prestación ni sanciones por su incumplimiento, como si lo hace la Ley 50 de 1990. 9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del fallo del 12 de abril de 2023, confirmó la decisión del a quo, al considerar que: (…) desde la perspectiva del principio de legalidad de las faltas y sanciones, los supuestos de hecho de las penalidades que reclama la demanda son incompatibles con los procedimientos presupuestales que prevé la legislación para la financiación y pago de las cesantías y sus intereses. Esto, sin mencionar que los docentes no poseen cuentas individuales dentro del Fomag y, por ende, la administración de los recursos a su interior no sigue los mismos parámetros que rigen a los fondos privados de cesantías. 10. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 17 de abril de 2023. 1.4. Fundamentos de la vulneración 11. El apoderado judicial de la tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso concreto, dado que ella pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación generaba la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico. 12. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la Constitución y

91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación generaba la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico. 12. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la Constitución y defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo superior, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en todo momento. 13. Agregó que, la interpretación y aplicación de normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento “por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías”. 14. Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de 1990 era aplicable a los docentes adscritos al Fomag y, en consecuencia, tenían el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías anuales. 15. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció 203 3 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-2333000-201300666-01, • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-2331-00020090086701. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-0315000-201803499-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-2333000-201400208-01. • Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-2333000-201400132-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 27.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-2333000-20150044502 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-2333000-201401127-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-2340000-201700134-01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 0080001-2333-000201500075-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-2333000-201300756-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 09.05.22. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 080001-2340-000201700795-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-2333-000201900376-01.Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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sentencias proferidas entre los años 2020, 2021 y 2022 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los demandantes al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y por tener en cuenta la condición más favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales. 16. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento fue interpuesta como una tercera instancia. 1.5. Trámite de la acción de tutela 17. La magistrada ponente mediante auto del 4 de mayo de 2023 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4. 18. Así mismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado del proceso al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al departamento de Boyacá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por tratarse del juez de primera instancia, el extremo pasivo y el tercero interviniente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado N.º 15001-33-33-008-2022-00021-00/01. 19. Por último, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto López, en calidad de apoderado judicial de la señora Díaz Soto. 1.6. Intervenciones Realizadas las notificaciones ordenadas de

19. Por último, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto López, en calidad de apoderado judicial de la señora Díaz Soto. 1.6. Intervenciones Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes contestaciones: 1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá 20. Por medio de correo electrónico remitido el 19 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión censurada expuso que con la sentencia SU-573 de 2019, la • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-2333000-201500509-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-2333-0002015-9012401.Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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Corte Constitucional varió la posición que fijó en la sentencia SU-098 de 2018 (la cual es el sustento principal de la parte actora), en el sentido de señalar que carecen de relevancia constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales. 21. Igualmente, advirtió que diferentes Secciones del Consejo de Estado habían acogido tal criterio, como por ejemplo la Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia del 23 de marzo de 2023. 22. Así las cosas, puso de presente que el caso en cuestión se adecuaba a los parámetros decididos en las providencias mencionadas, ya que: - El asunto versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías. - Dichos conceptos laborales no tienen una relación directa con un derecho fundamental. En este sentido, el tribunal expresamente analizó y desestimó el argumento relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral. - En ningún momento la parte actora afirma que esté en entredicho su mínimo vital, máxime cuando mantiene una relación legal y reglamentaria de la que se deriva una remuneración habitual y periódica. - La accionante redunda en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción administrativa, pues esgrimió razonamientos similares a los planteados en la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias. - El fallo

atacado resolvió todos los cargos de la apelación de manera amplia y razonada. Además, expuso expresamente los motivos que impedían aplicar la posición que fijó la sentencia SU-098 de 2018, debido a que sus supuestos fácticos no eran similares. - La sentencia cuestionada también adelantó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo frente al marco jurídico aplicable a la docente respecto de sus cesantías anualizadas, de acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios para la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente, competencias y dinámica presupuestal. 23. Adicionalmente, afirmó que la accionante buscaba acceder a una tercera instancia por medio de la presente acción de tutela, por lo que solicitó que se declarara la improcedencia o en su defecto, fueran negadas las pretensiones. 1.6.2. Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja 24. A través de documento allegado el 19 de mayo del presente año, la juez relatóDemandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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lo sucedido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e indicó que se dio trámite legal y se agotó el debido proceso al interior de este. 25. Por otro lado, adujo que la accionante no había argumentado la vulneración de sus derechos fundamentales en el escrito tutelar, sino que se centró en exponer su inconformidad con la sentencia de segunda instancia, por lo cual, resultaba improcedente al no ser esta una tercera instancia destinada a reabrir debates ya concluidos. 26. Aunado a ello, señaló que “(…) no se cumplió con el requisito de haberse agotado los medios extraordinarios de defensa y no se explicó que con la acción de tutela se pretenda evitar un perjuicio irremediable”. 27. Además, sobre la relevancia constitucional advirtió que en el fallo del tribunal se explicaron claramente las razones por las cuales tal requisito no se encontraba acreditado en el caso de la señora Díaz Soto, “(…) pues de un lado, la Corte Constitucional modificó el criterio de la sentencia SU-098 de 2018, en que se fundó la demanda ordinaria, con la sentencia SU-573 de 2019 y de otro, consideró que no es procedente analizar la regulación del docente bajo los principios de favorabilidad e igualdad, atendiendo el carácter económico de la discusión”. 1.6.3. Fiduprevisora S.A. 28. Mediante escrito enviado el 23 de mayo de 2023, la coordinadora de tutelas de la entidad, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mencionó que, en el Fomag no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, pues están presupuestados y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia. 29. Por ende, no podría configurarse la

del Magisterio mencionó que, en el Fomag no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, pues están presupuestados y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia. 29. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del Fomag, ya que lo que castiga la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del Fomag, se descarta algún tipo de sanción. 30. Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resulto desfavorable para la accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. En este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar unaDemandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado. 31. En consecuencia, indicó que la acción constitucional resultaba improcedente, toda vez que las autoridades judiciales del proceso ordinario actuaron conforme a la normativa y jurisprudencia establecida. Por lo cual, manifestó que no era dable afirmar que se hubiera presentado una transgresión a las garantías fundamentales de la actora. 32. Adicionalmente, solicitó que se declarara la improcedencia y fuera desvinculada por no estar legitimado en la causa por pasiva. 1.6.4. Gobernación de Boyacá 33. En memorial remitido el 25 de mayo del año en curso, la apoderada del departamento mencionó en primer lugar que, hasta la fecha el órgano de cierre de lo contencioso administrativo no había proferido sentencia de unificación que zanjara el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir si los docentes oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como al pago de indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de conformidad con la Ley 52 de 1975. 34. Seguido de ello, solicitó que las pretensiones de la demanda de tutela fueran desestimadas, al no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante. 35. Señaló que, la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag,

en razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción, máxime cuando el trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero de 2021 y en medio de físico el día 5 siguiente y así mismo, los recursos se empezaron a aprovisionar desde el mes de enero de 2021. 36. Por otro lado, respecto de la sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, explicó que en ella se resolvió una acción de tutela de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al Fomag, y que solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme la Ley 50 de 1990. En sede judicial ordinaria se accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado consideraron que era inaplicable la Ley 50 de 1990 al docente demandante. En consecuencia, puso de presente que el criterio expuesto en esta no resultaba vinculante para el caso presente, pues no guardaba identidad fáctica ni jurídica.Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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37. En cuanto a los requisitos de procedencia de la acción de tutela mencionó que “(…) no puede siquiera considerarse la posibilidad que el Consejo de Estado en sede de tutela, emita un nuevo pronunciamiento de fondo sobre los hechos debatidos”, al no contener una clara y marcada importancia constitucional, además de haber garantizado el debido proceso a todos los intervinientes y haber dictado una decisión soportada en situaciones fácticas y jurídicas probadas al interior del proceso. 1.6.5. María Isabel Díaz Soto 38. De forma posterior, el apoderado judicial de la parte actora remitió documento contentivo de argumentos respecto de las contestaciones allegadas por los demás vinculados. 39. Adujo que, si bien debía respetarse la autonomía e independencia judicial, existía una necesidad de pronunciamiento en sede de tutela debido a la voluminosa y reiterativa posición jurisprudencial de las altas cortes. Además de reiteró los argumentos expuestos en el escrito tutelar. 40. Pese a que el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron notificados en debida forma, guardaron silencio4. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia 41. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la señora María Isabel Díaz Soto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. 42. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4, por tanto, debe aplicarse el numeral 5º de la última norma referida. 2.2. Solicitud de

por el Decreto 333 de 2021. 42. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4, por tanto, debe aplicarse el numeral 5º de la última norma referida. 2.2. Solicitud de desvinculación 43. La Fiduprevisora S.A. actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó la desvinculación por, a su juicio, carecer de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, esta petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso se 4 Índice 8 de SAMAI.Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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realizó en calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite. 2.3. Problema jurídico 44. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: • ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial? 45. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente: • ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 vulneró los derechos fundamentales al “(…) debido proceso, a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical (…)” de la señora María Isabel Díaz Soto, con ocasión de la sentencia del 12 de abril de 2023 que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías? 46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) estudio del caso concreto. 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial 47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su procedencia7. 48. Así pues, esta Sección de manera

unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su procedencia7. 48. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: María Isabel Díaz Soto Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 4 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02201-00

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