CE - 010315000202302224001SENTENCIADENIEGA20230601144716

Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02224-00

Demandantes: ELVIRA MARROQUÍN Y OTROS

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del

precedente. Caducidad. Deniega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la S ala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, las señoras Elvira

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, las señoras Elvira Marroquín, Jakeline Ortega Marroquín y Edith Marroquí n1, por conducto de apoderado jud icial, presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto con los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.

Lo anterior, con ocasión de la providencia de 10 de octubre de 2022 proferida por la mencionada autoridad judicial, por medio de la cual revocó la sentencia

1 Nombres tomados como aparecen en las firmas de los poderes conferidos en el presente trámite.Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 11 de diciembre de 2019 dictada por el Tribunal Admin istrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada de oficio la caducidad; esto dentro del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada

parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada de oficio la caducidad; esto dentro del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) . Proceso que se identificó con el número 25000-23-36-000-2017-01405-00/01 (67.965).

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“1. TUTELAR los derechos fundamental es al debido proceso, a la igualdad, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia y a la vulneración del principio de confianza legítima, violados a través de la sentencia de fecha 10 de octubre de 2022, proferida por la Sección Tercera -Subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa adelantado contra la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -ARMADA NACIONAL, bajo el radicado número 25000233600020170140501 (67965).

2. Como consecuencia de la decisión de amparo, decretar la n ulidad y/o dejar sin efectos la sentencia de fecha 10 de octubre de 2022 proferida por la Sección Tercera-Subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa adelantado contra la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSAARMADA NACIONAL, bajo el radicado número 25000233600020170140501

(67965).

3. Ordenar al Sección Tercera-Subsección A del Consejo de Estado, que en el perentorio término de ocho (8) días, profiera la sentencia de reemplazo, atendiendo las previsiones contendidas en esta acción tu telar y las

3. Ordenar al Sección Tercera-Subsección A del Consejo de Estado, que en el perentorio término de ocho (8) días, profiera la sentencia de reemplazo, atendiendo las previsiones contendidas en esta acción tu telar y las recomendaciones que el Honorable CONSEJO DE ESTADO tenga a bien hacer.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte accionante sostuvo que el 17 de junio 2007, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, en instantes en que se movilizaba de la finca hacia el caserío “Mayoyoque” con la intención de comprar víveres para el hogar , el señor Luis Carlos Ortega Sánchez murió como consecuencia de impactos de arma de fuego perpetrados por miembros de la Armada Nacional.

Refirió que e l 27 de abril de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 11 Judicial II Administrativa de Bogotá D. C. con lo que quedó agotado el requisito de procedibilidad. Informó que la solicitud de presupuesto no fue rechazada por caducidad del medio de control.

Mencionó que, la demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio deDemandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Defensa Nacional, Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) fue

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Defensa Nacional, Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) fue radicada el 28 de julio de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , siendo admitida mediante auto del 18 de octubre de la misma anualidad. Adujo que el proceso se identificó con el radicado 25000-23-36-000-2017-01405-00.

Refirió que, el aludido despacho m ediante sentencia del 11 de diciembre de 20192 declaró la responsabilidad de dicha entidad por la muerte violenta del señor Luis Carlos Ortega Sánchez, condenándola al pago de perjuicios. Para tal efecto, en dicha providencia se indicó que la demandada no contestó la demanda, razón por la que se presumirían como ciertos los hechos invocados por la actora, según el artículo 97 del Código General del Proceso.

Manifestó que en dicho proveído se explicó que las pruebas obrantes en el expediente daban cuenta de que la víctima directa falleció el 17 de junio de 2007, junto con otras 2 personas, como consecuencia de impactos de arma de fuego realizados por miembros de la Armada Nacional de la República de Colombia, sin que para tal fin se hubiese presentado combat e alguno, sino una actuación violatoria de los derechos humanos frente a una persona sin relación alguna con grupos al margen de la ley, que se dedicaba al trabajo del campo “raspando coca” y frente a la cual no se probó que hubiese activado el arma

actuación violatoria de los derechos humanos frente a una persona sin relación alguna con grupos al margen de la ley, que se dedicaba al trabajo del campo “raspando coca” y frente a la cual no se probó que hubiese activado el arma que supuestamente se le encontró, de lo cual, en todo caso, no fue diligenciada acta alguna.

Indicó que, en la decisión fueron reconocidos 100 SMMLV por perjuicios morales para cada una de las demandantes, monto que también fue reconocido en favor de la sucesión del señor Luis Carlos Ortega Sánchez, en atención a los momentos de angustia y zozobra que vivió “previo a su ejecución”.

Expuso que ambas partes apelaron la decisión de primera instancia y que, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con providencia del 10 de octubre de 2022 la revocó para, en su lugar, declarar probada de manera oficiosa la excepción de caducidad del medio de control con sustento en la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020.

Precisó que dicha de cisión fue notificada el 2 de noviembre de 2022 y que, entre sus motivaciones se indicó que desde el 18 de junio de 2007, la familia de la víctima directa tuvo noticia del hecho causante del daño y, por ende, desde ese momento estaba en la posibilidad de f ormular las pretensiones pertinentes en sede de reparación directa contra la Armada Nacional de la República de Colombia, lo que debía hacer en un término de 2 años - numeral 8 del artículo 136 Decreto 01 de 1984-, sin que se presentaran argumentos e incluso pruebas sobre alguna situación particular que le hubiese impedido demandar en tiempo.

Colombia, lo que debía hacer en un término de 2 años - numeral 8 del artículo 136 Decreto 01 de 1984-, sin que se presentaran argumentos e incluso pruebas sobre alguna situación particular que le hubiese impedido demandar en tiempo.

2 Notificada por correo electrónico del 19 de diciembre de 2019.Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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3. Sustento de la vulneración

La parte actora s ostuvo que, con la providencia demandada se incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Afirmó que, la relevancia constitucional obedece a la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado al proferir la sentencia de segunda instancia.

Indicó que l a sentencia dictada por el Consejo de Estad o declaró de manera oficiosa la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa con sustento en la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020, la cual es posterior a la radicación de la demanda.

Mencionó que, h asta antes del 29 de enero de 2020, la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado establecía que en aquellos casos de delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos no opera ba el fenómeno jurídico de la caducidad.

consolidada del Consejo de Estado establecía que en aquellos casos de delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos no opera ba el fenómeno jurídico de la caducidad.

Agregó que, para la fecha en que fue radicada la demanda de reparación directa estaba vigente la sentencia de unificación SU 659 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, que s ostuvo que “frente a conductas constitutivas de violaciones a los derechos humanos, no debe aplicarse e l término del artículo 136, numeral 8 de la C.C.A., en cumplimiento de los compromisos internacionales.”

Adujo que, la regla jurisprudencial que debió ser aplicada es la de que no opera el término de caducidad del medio de control de reparación directa po r hechos que constituyen la violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Resaltó que, el efecto que causa la decisión judicial cuestionada es la de obligar a los demandantes a acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Sistema Universal a alegar la violación de los Derechos Humanos que el Estado colombiano se ha comprometido a respetar y a no vulnerar, situación que resulta desproporcionada para las víctimas de tales violaciones.

Manifestó q ue, en atención a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano convencional autorizado para la interpretación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos , la cual está incorporada en nuestro derecho interno por haber sido ratific ada por el estado colombiano, sus decisiones sobre la interpretación del referido instrumento internacional resultan de obligatorio cumplimiento.

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos , la cual está incorporada en nuestro derecho interno por haber sido ratific ada por el estado colombiano, sus decisiones sobre la interpretación del referido instrumento internacional resultan de obligatorio cumplimiento.

Adujo que, c ambiar las reglas judiciales que inspiran la propuesta de un litigioDemandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por hechos que constituyen violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, c onstituye una conducta que “revictimiza a los demandantes y a la vez desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en Sentencia de Fon do, Reparaciones y Costas del 29 de noviembre de 2018, proferida en el caso Órdenes Guerra y otros vs Chile, se estableció que en tratándose de reparaciones por graves violaciones a los Derechos Humanos no opera la prescripción de las acciones reparatorias.”

Afirmó que, la sentencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020 no se adecúa a la interpretación que sobre la prescripción y caducidad de las acciones reparatorias en casos de lesa humanidad y violación de derechos humanos que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra vs Chile, raz ón por la cual, solicitó que se “deje sin

acciones reparatorias en casos de lesa humanidad y violación de derechos humanos que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra vs Chile, raz ón por la cual, solicitó que se “deje sin efectos dicha providencia de unificación en lo relacionado con hechos constitutivos de lesa humanidad”.

Concluyó que, la se ntencia de unificación jurisprudencial del 29 de enero de 2020 no puede ser aplicada a casos que fueron iniciados con a ntelación a su expedición, pues hacerlo, v ulnera los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima, como también los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los actos de lesa humanidad por ellos sufridos.

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de l 4 de mayo de 2023 se admitió la sol icitud de tutela y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

A su vez, se dispuso la vinculación como terceros con interés de los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del ministro de Defensa Nacional y del comandante de la Armada Nacional de la República de Colombia (ARC).

Asimismo, se ordenó la publicación en la página web del Consejo de Estado un aviso sobre la existencia de esta acción, para conocimiento de eventuales interesados.

5. Contestación

5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

aviso sobre la existencia de esta acción, para conocimiento de eventuales interesados.

5. Contestación

5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Sostuvo que, la sentencia objeto de reparo constitucional no vulneró derecho fundamental alguno, e n tanto fue el resultado de la aplicación de la normativa vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos -artículo 136 del Decreto 01Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 1984-, en concordancia con el criterio de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de E stado y del 13 de agosto de la misma anualidad de la Corte Constitucional -SU-312 de 2020-.

Señaló que, l a Corte Constitucional, en sede de tutela, ya se ha pronunciado frente a casos como el sub lite, en los que se alega la vulneración de derechos constitucionales por la aplicación del criterio de unificación adoptado en 2020 y, según el cual la pretensión de reparación directa es susceptible de caducidad, incluso en eventos de lesa humanidad, escenario en el que se ha negado el amparo solicitado.

Adujo que, e n efecto, en sentencia T -210 de 2022, en un asunto de tutela promovido con ocasión de un fallo en el que se declaró la caducidad por daños

amparo solicitado.

Adujo que, e n efecto, en sentencia T -210 de 2022, en un asunto de tutela promovido con ocasión de un fallo en el que se declaró la caducidad por daños derivados de una conducta de lesa humanidad, se concluyó que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitu cional en las providencias que dictaron en enero y agosto de 2020, respectivamente, habían dejado sentada su posición frente al tema, sin que para tal fin resultaran oponibles los pronunciamientos expedidos con anterioridad en un sentido distinto 3, pues a partir de la adopción del criterio de unificación ese era el vinculante y, por ende, era el precedente constitucional vigente.

Reiteró que , la sentencia de la subsección no es constitutiva de vulneración alguna, sino que se edificó en la normativa y juri sprudencia aplicable al caso concreto, en concordancia con el análisis de las situaciones particulares de los actores, sin que se hubiese advertido alguna que permitiera inaplicar las reglas de caducidad de la reparación directa, de ahí que lo procedente f uera concluir que la demanda se presentó de manera extemporánea.

5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

Pese a su notificación, guardó silencio.

5.3. Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional de la República d e Colombia

Guardó silencio, a pesar de su notificación.

3 De manera concreta, la Corte sostuvo: “Así, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de

Guardó silencio, a pesar de su notificación.

3 De manera concreta, la Corte sostuvo: “Así, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU -312 de 2020 de la Corte Constitucional son los precedentes vinculantes en relación con el término de caducidad de las acciones de reparación directa relacionadas con delitos de le sa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Por el contrario, las decisiones citadas por los accionantes no son precedentes aplicables al presente caso, en tanto fueron dictadas con anterioridad a la sentencia de unificación jurisprudencial y, adicionalm ente, no expresan un criterio jurisprudencial unificado en la materia”.Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política , 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de

Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si con la decisión demandada se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, al revocar la sentencia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa que promo vió en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional de la República de Colombia (ARC) para, en su lugar, declarar probada de manera oficiosa la excepción de caducidad , por incurrir en el defecto por desconocimiento del precedente.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos : i ) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalment e, de encontrarse superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales,

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radi cal y se admita, como se hace en esta

4 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”6.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de

presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”6.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún der echo fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la proced encia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 7 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la

se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulne rados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la

6 Ibidem. 7 Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la Corte Constitucional.Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para

decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que s on propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de requisitos generales

4.1. Relevancia constitucional

Este requisito se encuentra cumplido, en consonancia con la postura fijada po r la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para s uperar el requisito de la relevancia constitucional, son los siguientes:

1. Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. No involucrar un debate eminentemente legal,

1. No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

1. Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Para la Sala el asunto reviste de relevancia constitucional , puesto que la parte actora cuestiona la providencia con la cual se revocó la sentencia del 11 de diciembre de 2019, por medio de la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar probada de manera

diciembre de 2019, por medio de la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar probada de manera oficiosa la excepción de caducidad y, en tal sentido, considera que se afectaron sus garantías constitucionales por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Esto, porque la autoridad judicial accionada aplicó de manera indebida la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 que prevé como regla que cuando se ejerce el medio de control de reparación directa por los daños sufridos con ocasión de los deli tos de lesa humanidad, también se debe hacer exigible el término para demandar establecido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.Demandantes: Elvira Marroquín y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02224-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El presente asunto, se trata de una cuestión de carácter ius fundamental en la medida en que no solo se invoca la protección de sus garantías superiores, sino que el caso involucra el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, dado que el juez de segunda instancia descartó el estudio de la responsabilidad del Estado, al declarar probada l a excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

Adicionalmente, los accionantes explicaron de manera suficiente la tensión

justicia, dado que el juez de segunda instancia descartó el estudio de la responsabilidad del Estado, al declarar probada l a excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

Adicionalmente, los accionantes explicaron de manera suficiente la tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial del derecho de acceso a la administración de justicia, al exponer que la autoridad judicial accionada aplicó de manera indebida el precedente judicial que habilita el estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos en que se cuestiona la responsabilidad del Estado.

Siendo así, el debate jurídico planteado por los tutelantes sobrepasa la mera discusión legal, no comporta un interés netamente jurídico y se cumple con la carga argumentativa que soporta la lesión de los derechos fundamentales con ocasión de la providencia judicial q ue rechazó el medio de control de que se trata.

4.2. Tutela contra providencia de la misma naturaleza

Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia de segunda instancia censurada - que es sobre la c ual procede el análisis correspondiente -, se profirió en el trámite de un proceso de reparación directa.

4.3. Inmediatez

Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, puest