CE - 010315000202302229001SENTENCIAFALLO20230615152502

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de junio dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02229-00

Demandante: SUMEDIX S.A.S EN LIQUIDACIÓN

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

PRIMERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Camilo Eduardo Méndez Guzmán, en calidad de representante legal de la entidad SUMEDIX S.A.S en liquidación, interpuso acción de tutela el 2 de mayo de 2023, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

1. El señor Camilo Eduardo Méndez Guzmán, en calidad de representante legal de la entidad SUMEDIX S.A.S en liquidación, interpuso acción de tutela el 2 de mayo de 2023, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y la Secretaría de la Sección Primera de esa corporación.

2. Con la solicitud de amparo pretende que se proteja su derecho fundamental de petición, que considera vulnerado por falta de una respuesta clara, precisa, de fondo y congruente por parte de las autoridades accionadas a la solicitud remitida el pasado 24 de marzo de 20232 dentro de la acción popular con radicado N.º 25000-23-41-0002017-00885-00/04.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2 Radicada al correo rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición consagrado en la

Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “A que remita a SUMEDIX SAS EN

Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “A que remita a SUMEDIX SAS EN LIQUIDACIÓN los documentos solicitados en el derecho de petición del 24 de marzo de 2023.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. Mediante Resolución 0973 de 1994 la Superintendencia Nacional de Salud autorizó a CAFESALUD EPS S.A (hoy en liquidación) , como entidad promotora del régimen contributivo en los términos de la Ley 100 de 1993.

6. El 29 de mayo de 2015, la empresa SUMEDIX S.A.S (en liquidación), en desarrollo de su objeto social, celebró con CAFESALUD EPS los contratos N.º DCNCF-0951-2015 y DCN -853-2015, que tenían por objeto el suministro a todos los afiliados adscritos a la citada EPS, de los insumos ofertados a efectos de garantizar el Plan Obligatorio de Salud (en adelante POS).

7. El 5 de abril de 2018 , la sociedad PRES TNEWCO S.A.S. en liquidación suscribió contrato de cesión de crédito con SUME DIX S.A.S. El objeto del mismo consistió en que la primera -PRESTNEWCOen calidad de cesionaria, asumiera la totalidad de las obligaciones y derechos que derivan del crédito, y pagara la suma de

$5.809.024.637.00.

8. La parte actora afirm ó que a la fecha se encuentran impagadas cuatro cuotas del aludido contrato, motivo por el cual, promoverá las acciones legales pertinentes en

$5.809.024.637.00.

8. La parte actora afirm ó que a la fecha se encuentran impagadas cuatro cuotas del aludido contrato, motivo por el cual, promoverá las acciones legales pertinentes en contra de la sociedad PRESTNEWCO S.A.S.

9. A la par, el representante legal de la entidad accionante indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A adelantó una acción popular que culminó con sentencia el 10 de abril de 2019 , en la que fungió como demandante Jorge Enrique Robledo y otro, contra la Nación – Ministerio de Salud –

Superintendencia Nacional de Salud.

10. En virtud de ello, el día 24 de marzo de 2023 radicó un derecho de petición ante la autoridad judicial referida, en el que solicitó:

1. En atención a lo previsto en el numeral 6 del artículo 86 del CGP, y para efectos de que obre como pruebas trasladadas, de consuno con lo dispuesto en el artículo 175 ibidem, solicito muy comedidamente, los siguientes documentos, los cuales se encuentran insertos en el expediente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "A", radicado bajo el No 25000 -23-24-000-2017-00885-Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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3 00; Demandante: JORGE ENRIQUE ROBLEDO Y OTRO contra LA NACIÓNMINISTERIO DE SALUD - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y otros,

dictándose sentencia el día 10 de abril de 2019:

1.1 Copia digital del Reglamento de venta en su versión final -REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS DE CAFESALUD EPS S.A Y DE LAS ACCIONES DE ESTUDIOS INVERSIONES MEDICAS S.A.

1.2 Copia digital del contrato de asociación en la modalid ad de consorcio presentada

por "CLINICA MIOCARDIO SAS, SERVICIO AÉREO MEDICALIZADO Y

FUNDAMENTAL S.A.S, CLÍNICA MEDILASER S.A, ORGANIZACIÓN CLINICA

GENERAL DEL NORTE, CORPORACIÓN NUESTRA IPS, PROCARDIO SERVICIOS

MÉDICOS INTEGRALES LTDA, MEDPLUS MEDICINA PR EPAGADA S.A,

FUNDACIÓN ESENSA, FUNDACIÓN SAINT, CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGÍA

SA, COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD, SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL SAN JOSÉ, FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ, denominá ndose consorcio Hospitales y Clínicas Prestadoras de Salud de Colombia. CONSORCIO PRESTASALUDcomo las ofertas previas y la final para la adquisición de las acciones

de las sociedades NEWCOS Y/O CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

Hospitales y Clínicas Prestadoras de Salud de Colombia. CONSORCIO PRESTASALUDcomo las ofertas previas y la final para la adquisición de las acciones

de las sociedades NEWCOS Y/O CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

EPS SA ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS SA ESIMED SA

1.3 COPIA DIGITAL Informe de valoración de CAFESALUD EPS SA elaborado

LAZARD y POSSEHERRERA&RUIZ.

1.4 Copia digital del audio del testimonio de la señora NATALIA RAMIREZ

CARRIZOSA.

1.5 Copia digital del concepto rendido por la Delegada Para la Supervisión de Riesgos de la Superintendencia Nacional de Salud, datado 13 de junio de 2017.

1.6 Copia de la comunicación enviada por el Presidente de CAFESALUD EPS S.A, a la Superintendencia Nacional de Salud radicada bajo el NURC-1-20171056005, de fecha 5 de julio de 2017. (Sic a toda la cita).

11. A criterio de la parte actora , la autoridad judicial no ha otorgado una respuesta en los términos de ley, pese a que el término para tal efecto ha vencido.

1.4. Fundamentos de la solicitud

12. A juicio de l a sociedad SUMEDIX S.A.S. , las autoridades accionadas transgredieron su derecho fundamental de petición por cuanto , a la fecha de presentación de esta acción constitucional no se han pronunciado de fondo, de manera clara, completa y detallada sobre su petición.

1.5. Trámite de la acción

13. En providencia del 14 de mayo de 2023, el despacho ponente admitió la acción

clara, completa y detallada sobre su petición.

1.5. Trámite de la acción

13. En providencia del 14 de mayo de 2023, el despacho ponente admitió la acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionado s al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y a la Secretaría de la Sección Primera de dicha corporación . Ello, en la medida a que de dichasDemandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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4 autoridades se predica la trasgresión de las garantías constitucionales de la parte actora. A su vez, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

14. Posteriormente, y de conformidad con las intervenciones recibidas, mediante providencia del 25 de mayo de 2023 se ordenó vincular al Consejo de Estado – Secretaría General, Secretaría de la Sección Tercera y al despacho del magistrado

José Roberto Sáchica Méndez.

15. Remitidas las respectivas comunicaciones3, se presentaron las siguientes:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

16. Solicitó negar la solicitud de amparo deprecada por la parte actora. En seguida realizó un recuento del escrito de tutela y de las actuaciones procesales que se

16. Solicitó negar la solicitud de amparo deprecada por la parte actora. En seguida realizó un recuento del escrito de tutela y de las actuaciones procesales que se adelantaron al interior del medio de control de protección de derechos colectivos y precisó que el 25 de noviembre de 2019, la Secretaría de la Sección Primera Subsección A pr ocedió a remitir el expediente a esta corporación, mediante oficio

N°VD19-05026.

17. En ese orden, precisó que el 24 de marzo de 2023 envío la petición al Consejo de Estado, con copia a la persona que radicó la petición, tras encontrar que el expediente se e ncuentra en el alto tribunal, aspecto que se puede verificar en la plataforma SAMAI.

18. Agregó que en el mismo correo le fue informado a la solicitante «tener en cuenta para futuras actuaciones frente al proceso referido: «le informo que s u correo electrónico fue remitido a la sección tercera de la corporación por ser ellos los competentes; por lo cual de ahora en adelante puede dirigir sus memoriales a la dirección de correo ces3secr@consejodeesatdo.gov.co».

19. Por consiguiente, señaló que ni la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , ni el despacho, han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, comoquiera que, al no estar el expediente en la corporación, remitió la petición a la autoridad judicial competente a fin de que se surtiera el trámite correspondiente.

1.6.2. Secretaría General del Consejo de Estado

20. Manifestó que el 24 de marzo de 2023, dicha Secretaría recibió y remitió el

surtiera el trámite correspondiente.

1.6.2. Secretaría General del Consejo de Estado

20. Manifestó que el 24 de marzo de 2023, dicha Secretaría recibió y remitió el

3 Mediante oficios del 9 de mayo de 2023. Cfr.: Índice SAMAI Nro.7.Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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5 escrito del señor Camilo Eduardo Méndez Guzmán, en calidad de representante legal de la entidad SUMEDIX SAS en liquidación, a la Sección Tercera por ser un asunto propio de su competencia, toda vez que el proceso se encuentra en el despacho del magistrado José Roberto Sáchica Méndez.

21. Para corroborar tal situación, adjunto copia del correo electrónico respectivo.

1.6.3. Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado

22. Manifestó que a la fecha cursa el medio de control de los derechos e intereses colectivos radicado N.º 25000234100020170088504 (interno 67084) en el despacho del consejero José Roberto Sáchica Méndez, en el que se conoce el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

23. Agregó que el 1 ° de junio de 2023 se notificó auto, con ponencia de la

apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

23. Agregó que el 1 ° de junio de 2023 se notificó auto, con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, que resolvió el recurso de súpl ica contra la providencia del 27 de septiembre de 2022 que negó una solicitud de pruebas.

24. Señaló que, en efecto, el 24 de marzo de 2023 recibió memoriales de la Secretaría General de la corporación, en los cuales se relaciona derecho de petición suscrito por el señor Camilo Eduardo Méndez Guzmán en nombre y representación de SUMEDIX SAS en liquidación.

25. En consecuencia, señaló que lo registró en la plataforma SAMAI y envío copia del correo al despacho de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, toda vez que en ese momento conocía del recurso de súplica.

26. Adujo que el expediente fue dejado a disposición de dicha secretaría por parte del despacho, desde el 31 de mayo de 2023 . Sin embargo, manifestó que como el expediente cuenta con 57 cuadernos y 22 CD ROM a la fecha no se ha podido remitir la copia digital de las piezas procesas solicitadas, en el entendido que es necesaria la revisión física de los cuadernos y el contenido de los discos compactos porque el proceso no se encuentra digitalizado.

27. Precisó que en cuanto se remitan las copias solicitadas por el peticionario, se informaría a este despacho. Hecho que tuvo lugar el 9 de junio de 2023, por cuanto en esa fecha se allegaron los documentos que darían cuenta de la respuesta

27. Precisó que en cuanto se remitan las copias solicitadas por el peticionario, se informaría a este despacho. Hecho que tuvo lugar el 9 de junio de 2023, por cuanto en esa fecha se allegaron los documentos que darían cuenta de la respuesta proporcionada a la parte actora.

1.6.4 Despacho del magistrado José Roberto Sáchica Méndez

28. Informó que, al consultar la plataforma SAMAI, se adviert ió que «(i) el proceso con número de radicado 2017-00885-04 pasó al despacho de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico, el 23 de febrero de 202 3, para resolver el recurso de súplicaDemandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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6 interpuesto por el señor Aníbal Rodríguez Guerrero -coadyuvante de la parte demandantecontra el auto que negó una solicitud probatoria, (ii) el 24 de marzo de 2023 se registró una solicitud de copias por parte del r ecurrente y ; (iii) la última actuación corresponde al proyecto que se discutió en la sala de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el 19 de mayo del año en curso».

29. Por lo anterior, manifestó que se encuentran en imposibilidad de resolver la solicitud de copias hasta tanto el expediente regrese del despacho de la magistrada

Marta Nubia Velásquez Rico.

29. Por lo anterior, manifestó que se encuentran en imposibilidad de resolver la solicitud de copias hasta tanto el expediente regrese del despacho de la magistrada

Marta Nubia Velásquez Rico.

30. En todo caso, refirió que la petición de copias compete a la Secretaría de la Sección, comoquiera que tiene a su cargo la expedición de copias de piezas procesales, sin necesidad de auto que lo ordene, conforme lo dispone el artículo 114 del CGP.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la sociedad SUMEDIX S.A.S en liquidación . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a resolver en el

caso concreto es el siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y la Secretaría de la Sección Primera de dicha corporación, vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte actora al no dar respuesta en los términos de ley a la solicitud interpuesta el 24 de marzo de 2023?

33. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; iii) la carencia actual de

33. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; iii) la carencia actual de objeto por hecho superado; y (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechosDemandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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7 fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

35. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.

El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamenta l que se dice vulnerado o amenazado.

36. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

37. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante considera

que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

37. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante considera vulnerado su derecho fundamental de petición , pues arguye que las autorid ades demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional, máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para proceder a su protección.

38. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 13 de abril de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se habría configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se observa una tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción4.

2.4. Del derecho de petición

39. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obte ner pronta resolució n»5. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

40. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establ ecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la

algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».6

41. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el

4 Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018. 5 Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014. 6 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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8 artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

42. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.»7

43. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante»8.

44. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que: i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales , como los

Corte Constitucional ha explicado que: i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales , como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las auto ridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pront a comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.

45. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a

7 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013. 8 Ibidem. 9 Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011.Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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9 la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solici tud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca10.

46. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.5. De la carencia actual de objeto

47. La Sala ha explicado en varias ocasiones 11 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

48. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

49. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos:

tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

49. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

50. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201612, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicia l. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se

10 Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000 -23-25-000-2012-00150-01, Actor: Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia. 11 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.

Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

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10 pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.13

51. A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó

sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad

subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita sa