CE - 010315000202302242001SENTENCIA20230601175955

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando por medio de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala de Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 13 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 130013333004201300313 -02, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.2

ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 130013333004201300313 -02, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, Fundación Ser y Barrios Unidos de Quibdó E.P.S., en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de las lesiones que padeció en su integridad personal por fallas en la prestación del servicio médico.

4. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena profirió sentencia de primera instancia el 10 de julio de 20 19, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de segunda instancia el 13

de diciembre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de julio de 2019, proferida por el Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de Cartagena. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

6. Consideró que:

“[…] Así las cosas, esta Colegiatura no advierte elementos probatorios que sustenten

Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito de Cartagena. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

6. Consideró que:

“[…] Así las cosas, esta Colegiatura no advierte elementos probatorios que sustenten los argumentos expuestos por la parte actora. La demanda se limitó en afirmar de forma genérica que las lesiones producidas al Sr. Julio Barrios Martelo, son consecuencia del p rocedimiento quirúrgico realizado del cual afirma que el consentimiento no fue informado.

Esta sala echa de menos la práctica de una prueba pericial que esclareciera la tesis expuesta por el demandante, lo cual para el caso en concreto hubiera soportado y dado mayor solidez probatoria, por lo que la existencia de este medio de convicción hubiese podido fundamentar la posición esgrimida a través de conclusiones claras, firmes, convincentes, y que no pareciesen improbables sobre el asunto que inspira esta controversia.

(ii) Ahora bien, frente al consentimiento informado, debe advertirse que este derecho surge en la “relación médico -paciente, mediante el cual éste último expresa su voluntad y ejerce por tanto su libertad al aceptar someterse o rechazar un p lan, diagnóstico terapéutico, de investigación” 56, entre otros. Con este acto, se busca proteger el derecho a la autodeterminación del paciente, así como a su dignidad3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

humana, en la medida que le permite al mismo asumir los riesgos consentidos y previamente informados por el médico tratante.

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

humana, en la medida que le permite al mismo asumir los riesgos consentidos y previamente informados por el médico tratante.

Por este motivo, también constituye un deber legal para los profesionales de la salud informar con claridad y suficiencia sobre la “naturaleza del del acto o actos médicos, sus beneficios y riesgos y las alternativas que existan a la propuesta”

57. Inclusive, el artículo 14 de la Ley 23 de 1981 prevé que el consentimiento informado debe prestarse en intervenciones que involucren a menores de edad, personas en estado de inconsciencia o en situación de discapacidad. En estos eventos, el consentimiento deben suscribirlo los padres, tutores o allegados. La única excepción a este acto ocurre cuando se trate de una urgencia que exija la intervención inmediata del galeno […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, sobre el consentimiento , es importante destacar que revisado el expediente, se avizora que el documento correspondiente al mismo, se encuentra firmado por el profesional de salud y el paciente, sin embargo, carece de soporte escrito para que de él se presuma que es ilustrado, idóneo y concreto, previo y en el que se refleje información sobre las consecuencias, secuelas o riesgos del mismo, pues está en blanco el espacio donde corresponde describir los riesgos; no obstante, no se puede predicar a priori que no sea un consentimient o informado puesto que también de forma tácita se pudo haber informado estos riesgos y detalles, razón por la cual habría que estudiar en conjunto con los demás medios de prueba de si este fue informado o no. Aun cuando pudiera haberse constituido una vulneracion en este

también de forma tácita se pudo haber informado estos riesgos y detalles, razón por la cual habría que estudiar en conjunto con los demás medios de prueba de si este fue informado o no. Aun cuando pudiera haberse constituido una vulneracion en este sentido, no es posible establecer la imputabilidad de los daños, pues esta hipotetica conclusion carece de elementos materiales probatorios que la sustente; primero porque no se sabe con exactitud según lo demostrado en el plenario que las lesiones producidas hayan sido estimadas como parte del riesgo del procedimiento quirúrgico practicado y en segunda medida que estas hayan sido causadas producto del procedimiento quirúrgico o su postoperatorio.

Así pues, se puede concluir que al Sr. Julio Cesar Barrios Martelo si se le prestó un adecuado consentimiento informado. Primero, porque obra un documento donde se consigna su firma y, por ende, su autorización para practicar la respectiva intervención quirúrgica60. Si bien, existen espacios en bl anco en dicho documento, también debe advertirse que la operación realizada al paciente había sido previamente planeada y programada.

En efecto, la historia clínica relata que el 9 de marzo de 201161 se le indicó al paciente las patologías que presentaba , a saber, lipoma en cuello, y triángulo posterior derecho que medía 3x2 centímetros. Adicionalmente, se precisaron los exámenes que debía realizarse, sumado a la programación de citas prequirúrgica con anestesia y de cirugía. Luego, el 25 de marzo del mis mo año62, se dio visto bueno para la intervención de resección del lipoma, la cual, fue efectuada

con anestesia y de cirugía. Luego, el 25 de marzo del mis mo año62, se dio visto bueno para la intervención de resección del lipoma, la cual, fue efectuada posteriormente el 7 de abril de abril de 201163, de manera satisfactoria. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el consentimiento informado se entiende prestado tácitamente, dado que, el procedimiento practicado había sido programado con un (1) mes previo a su realización, aproximadamente. Por consiguiente, se entiende que, al promover voluntariamente el acto médico, el demandante conocía de tod os los riesgos, beneficios y alternativas de las que disponía para dar tratamiento a la enfermedad que lo aquejaba para aquella época.

Colorario de lo anterior, expuesto se tiene que no existe soporte idóneo para determinar que el objeto cortopunzante al que refiriere ocasionó la lesión haya sido el bisturí utilizado en la cirugía o algún otro instrumento en virtud que este fue el4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

hecho más próximo que involucró la utilización de un objeto y la rapidez de las lesiones padecidas por lo que podrían correspo nder al procedimiento quirurguico, teniendo en cuenta que eso es otra valoración apreciativa de acuerdo a los hechos narrados por el accionante en el informe forense64 y sobre el cual solo se podría tener como indicio.

Para demostrar el nexo causal entre el daño sufrido por el accionante y la responsabilidad que recae sobre el demandado, no puede ceñirse exclusivamente a

tener como indicio.

Para demostrar el nexo causal entre el daño sufrido por el accionante y la responsabilidad que recae sobre el demandado, no puede ceñirse exclusivamente a un medio probatorio indiciario, pues a buen criterio se aclara que no se trata de una tarifa legal probatoria, los indicios que se relaci onan en el proceso, tales como que se presuma que el objeto cortopunzante (el que ocasiona la lesión) haya sido un instrumento utilizado en la cirugía, que la lesión haya estado contemplado como riesgo dentro del procedimiento quirúrgico en el consentimien to informado al paciente, lo cual le hubiera permitido decidir si acceder o no, y en ultimas no sufrir el daño, los anteriores no son a criterio de esta sala prueba de convicción suficiente que el daño sufrido y probado sea imputable a la demandada, que lo anterior constituya falla en la administración del servicio, o falencia en la atención diligente y científica […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La Sala al revisar el escrito de tutela, evidencia que el actor persigue que se dejen sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 13 de diciembre de 2022.

8. El actor en su escrito de tutela señal ó que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto fáctico.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar; y iii) vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de

acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar; y iii) vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, a la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, a la Fundación Ser y a Barrios Unidos de Quibdó E.P.S., en calidad de tercero s con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fundación Ser señaló que:5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

“[…] Por medio de la Acción de Tutela, la parte actora pretende que se anule la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, al no estar de acuerdo con la decisión tomada por los Magistrados, frente a la interpretación y análisis dado a las pruebas arrimadas al proceso. La autoridad judicial accionada hizo una valoración probatoria ajustada a derecho, a partir de la cual pudo determinar que no se probó el nexo de causalidad entre el daño y la acción endilgada al demandado. De las pruebas aportadas al proceso el A quem, realizó el análisis adecuado y conforme a derecho, que sirvieron de sustento para la decisión que había proferido el A quo, en el sentido de revocar la sentencia que concedió las pretensiones de la demanda. En importante recordar que el respeto al principio de autonomía judicial impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, y desnaturalizaría el

el sentido de revocar la sentencia que concedió las pretensiones de la demanda. En importante recordar que el respeto al principio de autonomía judicial impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016 […]”.

11. El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que:

“[…] En la sentencia cuestionada se concluyó que no había pruebas suficientes para concluir que el daño causado al señor Julio César Barrios Martelo, representada en la incapacidad de 50 días por la ruptura de deltoides derecha, hubiera tenido como causa el procedimiento de “resección de lipoma en región cervical posterior”.

Contrario a lo manifestado por el accionante, en la sentencia cuestionada sí se hizo alusión a las pruebas recaudad as y se hizo la correspondiente valoración de las mismas, de modo que no se configura el alegado defecto fáctico […]”.

12. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, la E.S.E.

Hospital Nuestra Señora del Carmen, y Barrios Unidos de Quibdó E.P.S., guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo nú m. 80 de 12 de marzo de 2019.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, v) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia

determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20053, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inc onformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.

generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una maner a de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sa la Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20146, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[8].

acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[8].

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 6 Ut supra página 6. [7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice re lación con la carga argumentativa d la actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la actora tiene la carga de argumentar el por qué su pre tensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[10].

actora tiene la carga de argumentar el por qué su pre tensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión d la actora, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa

constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al q ue se denomina simplemente debido proceso [12].

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02242-00

Actor: Julio Cesar Barrios Martelo

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 13]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación d e las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de u n caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado14:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘ que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance d e los derechos fundamentales.”15

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la

Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral -, por cuanto se negó e