CE - 010315000202302431001SENTENCIA20230608171852

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia, iii) mínimo vital, iv) igualdad y v) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Chocó.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio , present ó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Chocó, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 13 de octubre de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 2 de

Administrativo del Chocó, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 13 de octubre de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 2 de octubre de 2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 270012333000201400212-01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínim o vital, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 28 de mayo de 2014 expedido por la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba; ii) que la Universidad incumplió su obligación legal de liquidar y pagar las cesantías causadas en el año 2011, así como las demás acreencias laborales desde el 1.º de julio de 2011 y hasta el 31 de julio de 2012; y

liquidar y pagar las cesantías causadas en el año 2011, así como las demás acreencias laborales desde el 1.º de julio de 2011 y hasta el 31 de julio de 2012; y iii) que la entidad demandada “[…] incurrió en la mora de que tratan las Leyes 244 de 1995, 1071 de 2006 y 50 de 1990 y el Decreto 019 de 2012, por la tardanza en el pago de las cesantías causadas en el año 2011, y d e las demás acreencias laborales desde el 1.º de julio de 2011 hasta el 31 de julio de 2012 […]”.

4. El actor a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba a reconocer, liq uidar y pagar a su favor, la sanción moratoria causada ante la no cancelación de las cesantías del año 2011; los intereses moratorios; la sanción moratoria por la no transferencia de las cesantías al fondo nacional del ahorro; y la sanción moratoria a título de perjuicio material por el no pago de salarios y acreencias laborales de los años 2011 y 2012.

5. El Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia de primera instancia el 2 de octubre de 2020, negando las pretensiones de la demanda.

6. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 13 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

“[…] Primero: Confirmar la sentencia proferida el 2 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Julián Ismaín Palacios Copete contra la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Segundo: Cond enar en costas a la parte demandante por lo brevemente expuesto […]”.

7. Consideró que:

“[…] Con las consideraciones expuestas, es evidente que la sanción moratoria consagrada en las normas cuya aplicación pretende el demandante (Leyes 50 de 1990, 244 de 1995 y 1071 de 2006), no son aplicables a la demora en que incurra la administración, con ocasión del pago de cesantías, salarios y otras prestaciones sociales ordenadas por sentencia judicial, no sólo porque los referidos cánones no lo contemplan, sino porque el cumplimiento de las sentencias judiciales, tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen.

Observa la Sala que el señor Julián Ismaín Palacios Copete afirmó dentro de su recurso de apelación que las acreencias laborales surgidas con ocasión del retiro del servicio, y reconocidas por la Corte Constitucional, en la sentencia T -154 del 2 de marzo de 2012 fueron canceladas en su totalidad por la Universidad Tecnológica del Chocó, el 6 de febrero de 2015, por lo que a la fecha no existe condena que se

marzo de 2012 fueron canceladas en su totalidad por la Universidad Tecnológica del Chocó, el 6 de febrero de 2015, por lo que a la fecha no existe condena que se encuentre pendiente de ser satisfecha por la entidad demandada.

En punto a la aplicación de los artículos 65 y 408 del Código Sustantivo del Trabajo, para esta Subsección es claro que el demandante no se encuentra en los supuestos previstos en las mencionadas normas, por cuanto no solo no ha finalizado su vínculo laboral con la entidad cuestionada, sino que tampoco acreditó encontrarse amparado por fuero sindical, de modo que mal puede pretender reclamar sus derechos al amparo de dichos cánones.

Por último, no se encuentra demostrada dentro del plenario la causación de perjuicios materiales y morales en los términos aludidos por el libelista, y en todo caso, el daño a él causado por virtud del retiro del servicio fue resarcido con el cumplimiento de la condena prevista en la sentencia de tutela.

En ese orden de ideas, no siendo posible acceder a la sanción moratoria peticionada por el demanda nte, por cuanto la misma no procede frente al pago de condenas surgidas con ocasión de sentencias judiciales, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia que negó las suplicas de la demanda, pero por los términos aquí expuestos […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: DECLÁRESE judicialmente, que las corporaciones judiciales4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: DECLÁRESE judicialmente, que las corporaciones judiciales4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

accionadas incurrieron en un claro desconocimiento del precedente judicial de unificación, “SU-098 DEL 2018, SU-332 DEL 2019, de los precedentes erga omnes C-892 DEL 2009 y, de los precedentes interpares, SENTENCIA DE 1 DE

SEPTIEMBRE DE 2015, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN. EXP. 11001-03-15-000-200500461-00

(S), M.P. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO Y, SENTENCIA DE 6 DE MAYO DE 2015 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C,.EXP. 05001 -2331-000-2000-03701-01 (29.084), M.P. OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ…(E) y, en un defecto fáctico con la expedición de los fallos (sentencia sin número del trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022) de la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE LO CONTEN CIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, M.P Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, notificada personalmente, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2022 dentro de la radicación 2014 -212-01) y (sentencia de segunda

ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, M.P Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, notificada personalmente, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2022 dentro de la radicación 2014 -212-01) y (sentencia de segunda instancia N° 216 del dos (2) de octu bre de dos mil veinte (2020) del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ, M.P Dra. NORMA MORENO MOSQUERA dentro de la radicación 2014-212-00).

SEGUNDA: DECLÁRESE judicialmente, que UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA (UTCH), entidad administrativa vinculada tras tener interés directamente en el proceso, incurrió igualmente en un claro desconocimiento del precedente judicial de unificación, “SU-098 DEL 2018, SU-332

DEL 2019, de los precedentes erga omnes C -892 DEL 2009 y, de los precedentes interpares, SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SALA PLENA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN.

EXP. 11001-03-15-000-2005-00461-00 (S), M.P. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO Y, SENTENCIA DE 6 DE MAYO DE 2015 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C,.EXP. 05001 -2331000-2000-03701-01 (29.084), M.P. OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ (E), en un defecto fáctico y, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto con la

000-2000-03701-01 (29.084), M.P. OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ (E), en un defecto fáctico y, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto con la expedición del acto administrativo “sin numeración, expedido el 28 de mayo 2014 por la UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCÓ -DIEGO LUIS CÓRDOBA, proveído administrativo que se identifica con las siguientes características; elaboró y proyectó, Ana Marcela Arboleda Córdoba, revisó, Boris Emilio Mena Bechara, suscribe, Eduardo Antonio García Vega, notificado con entrega personal a su destinatario al día siguiente de su expedición”, mediant e el cual se me negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de mis cesantías anualizadas y demás acreencias laborales distintas a las cesantías.

TERCERA: TUTÉLESE los derechos fundamentales del suscrito, JULIAN ISMAIN

PALACIOS COPETE a: DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL Y MOVIL,

FAVORABILIDAD Y/O CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, IGUALDAD ANTE LA

LEY, INDISCUTIBILIDAD E IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS

LABORALES, LA PROPIEDAD PRIVADA, ACCESO REAL, MATERIAL Y EFECTIVO A LA JUSTICIA, C ONFIANZA LEGÍTIMA Y SEGURIDAD JURÍDICA, todos en conexidad con el derecho a UNA VIDA DIGNA y, en tal virtud:

CUARTA: ORDÉNESE a las corporaciones judiciales reconvenidas dejar sin efecto totalmente las (sentencia sin número del trece (13) de octubre de do s mil veintidós

CUARTA: ORDÉNESE a las corporaciones judiciales reconvenidas dejar sin efecto totalmente las (sentencia sin número del trece (13) de octubre de do s mil veintidós (2022) de la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, M.P Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, notificada personalmente, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2022 dentro de la radicac ión 2014-212-01) y (sentencia N° 216 del dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020) del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ, M.P Dra. NORMA MORENO MOSQUERA dentro de la radicación 2014 -212-00) para en su lugar proferir la que en derecho corresponda con estricto apego a los lineamientos y precedente judicial en la materia5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

objeto de controversia.

QUINTA: Ordénese actualizar la condena por concepto de sanción moratoria a que hubiere lugar con corte al día de hoy y, con base a los cálculos actuariales previsto en el artículo 16 de la ley 446 de 19981 y, los incisos finales de los artículos 2832 y 2843 del CGP.

SEXTA: Ordénese Que la orden impartida por el Honorable Magistrado, sea de inmediato cumplimiento […]”.

9. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección Segunda

2843 del CGP.

SEXTA: Ordénese Que la orden impartida por el Honorable Magistrado, sea de inmediato cumplimiento […]”.

9. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto fáctico , en un ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ; y en un iii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Chocó; y iii) vinculó a la Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

11. El Tribunal Administrativo del Chocó afirmó que:

“[…] Honorable Consejero, si bien es cierto que la pretensión sobre la sanción moratoria fue negada, esto no ocurrió por las razones que alega el accionante, pues en las consideraciones de la sentencia atacada, claramente se expuso que no era procedente condenar a la entidad demandada, por cuanto el legislador previó que los trabajadores que se rigen por la Ley 50 de 1990, tienen derecho al reconocimiento y pago de una sanción moratoria, por la consignación tardía de sus

procedente condenar a la entidad demandada, por cuanto el legislador previó que los trabajadores que se rigen por la Ley 50 de 1990, tienen derecho al reconocimiento y pago de una sanción moratoria, por la consignación tardía de sus cesantías, pero para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, la consignación tardía de las cesantías da lugar al cobro de intereses moratorios a favor de dicho fondo, como es el caso del accionante.

Para tomar la decisión cuya nulidad solicita el actor, la Sala hizo un análisis minucioso de las pruebas obrantes en el proceso, la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, de suerte que en manera alguna se ha incurrido en error o defecto fáctico al resolver las pretensiones de la demanda y mucho menos se han vulnerado los derechos fundamentales cuya protección invoca la parte accionante, pues las actuaciones en el proceso referido, se realizaron conforme a las reglas procesales y sustanciales propias vigentes al momento de adoptar la decisión, tanto así, que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó, fue confirmada por la6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Sección Segunda, Subsección A del H. Consejo de Estado, en providencia del 13 de octubre de 2022 […]”.

12. La Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba afirmó que:

“[…] A la fecha no se ha trasgredido derechos fundamentales del tutelante, los honorables magistrados han sido garantes de los derechos fundamentales del señor PALACIOS COPETE, además co mo se relaciona en la presente contestación, la

“[…] A la fecha no se ha trasgredido derechos fundamentales del tutelante, los honorables magistrados han sido garantes de los derechos fundamentales del señor PALACIOS COPETE, además co mo se relaciona en la presente contestación, la pretensión es la de crear una instancia adicional a las ya surtidas, para evitar el pago de las costas procesales ordenadas, además de la omisión de información y de relación de varias pruebas aportadas en el proceso.

Los fallos proferidos por los honorables cuerpos colegiados, están en el marco de la legalidad, garantía de derechos fundamentales, veracidad, aplicación y observancia de la norma […]”.

13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto d e la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a

destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como meca nismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ; v) mar co normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad ; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital ; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena2, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el fu turo determine la ley y la propia doctrina judicial.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

19. Esta Sección adoptó3 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20054, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

C-590 de 8 de junio de 20054, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplim iento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido

presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 4 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

23. El criterio e xpuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Con stitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

por la Corte Con stitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20147, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 7 Ut supra página 6. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00

Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su de cisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para

explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos

contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al j uez natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la

del recurso justifique una decisi