CE - 010315000202302444001SENTENCIA20231013084041

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02444-00

Accionante: SEGUNDO SERAFÍN PARRA MEDINA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente judicial / medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la consignación de las cesantías docente s / incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Segundo Serafín Parra Medina, quien actúa por intermedio de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia del 14 de abril de 2023 proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con

apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia del 14 de abril de 2023 proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 15001-33-33-008-2022-00110-01.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

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I. ANTECEDENTES

El accionante invoca la protección de lo s derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente judicial con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El señor Segundo Serafín Parra Medina fue vinculado como docente en el departamento de Boyacá después de 1990 hasta la fecha, por lo que su régimen de cesantías era anualizado.

1.2. No obstante, el 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Mag isterio – FOMAG el auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.

1.3. Por lo anterior, el 27 de julio de 2021 el accionante formuló petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción

auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.

1.3. Por lo anterior, el 27 de julio de 2021 el accionante formuló petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que fue negada mediante Resolución n.° BOY2021ER032848 del 28 de agosto de 2021.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el accionante demandó el acto administrativo en mención, proceso que por reparto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2022 resolvió negar las súplicas de la demanda.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

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1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 14 de abril de 2023, al considerar que no le es aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1 993 a los docentes oficiales, porque se rigen por la disposición normativa prevista en la Ley 91 de 1989 que no contempló

2023, al considerar que no le es aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1 993 a los docentes oficiales, porque se rigen por la disposición normativa prevista en la Ley 91 de 1989 que no contempló la sanción por no consignación de cesantías en una cuenta individual antes del 14 de febrero del año correspondiente.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, dado que, no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo fondo.

Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente contenido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías anuales.

Además, argumenta que la providencia en cuestión desconoció 26 sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a lasACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

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Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 14/04/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220011001, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).

4. TRÁMITE PROCESAL

4.1. Mediante auto del 15 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá como accionado, al FOMAG y al Ministerio de Educación Nacional como tercero interesado en las resultas del proceso.

4.2. Posteriormente, el 22 de junio de 2023, la Subsección profirió sentencia de primera instancia.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4.3. Dicha decisión fue impugnada y el recurso concedido a través de auto del 25 de julio de 2023, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.

4.4. La mencionada Subsección, mediante providencia del 22 de agosto de 2023 declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisión de la demanda, inclusive, por considerar indispensable vincular, como tercero con interés, al departamento de Boyacá.

4.5. En cumplimiento de lo anterior, el magistrado sustanciador profirió el auto del 6 de septiembre de 2023 mediante el cual admitió nuevamente la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá como accionado y a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y al departamento de Boyacá como terceros interesados en las resultas del proceso.

5. INFORMES

5.1. La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG, solicitó ser desvinculada del presente proceso por falta de legitimidad en la causa por pasiva.

Por otra parte, señaló que por disposición del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 p odían administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías.

1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 p odían administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías.

No obstante, indicó que el FOMAG era una entidad creada por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja, por lo que la totalidad de recursos constituían un patrimonio autónomo administrado a través deACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia un esquema fiduciario en donde los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Por otra parte, sostuvo que las circunstancias fácticas relacionadas en la sentencia SU 098 de 2018 no corresponden a las mismas en que se fundamentaron la demanda que resultó desfavorable a las pretensiones del accionante, puesto que en el asunto bajo estudio no se cuestionó la afiliación inoportuna al FOMAG que ocasionó el retardo en la consignación del auxilio de cesantías.

5.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de l ponente de la decisión cuestionada, sostuvo que no incurrió en defecto sustantivo, en tanto no es dable aplicar lo previsto en el artículo 99 de

5.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de l ponente de la decisión cuestionada, sostuvo que no incurrió en defecto sustantivo, en tanto no es dable aplicar lo previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, porque los docentes son beneficiarios de un régimen especial.

Señaló que tampoco desconoc ió el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado ni de la Corte Constitucional, pues, por el contrario, aplicó las consideraciones previstas en la sentencia SU-573 de 2019.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional , a través del jefe de la oficina jurídic a de la entidad, solicitó ser desvinculada del presente proceso, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.

5.4. El departamento de Boyacá, mediante apoderado judicial, solicitó desestimar las pretensiones, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora en la demanda de tutela.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

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Al respecto, señaló que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a los docentes oficiales afiliados al F omag, porque tienen un régimen especial en materia de

Al respecto, señaló que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a los docentes oficiales afiliados al F omag, porque tienen un régimen especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción.

Por ot ro lado, indicó que l a sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional es un criterio que no resulta vinculante en el presente asunto, porque no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se debatió en el proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decr eto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en ca sos concretos y excepcionales.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

las autoridades públicas, o de los particulares en ca sos concretos y excepcionales.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

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2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 14 de abril de 2023 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías del accionante, incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundam entales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta

concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tute la una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de

mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tute la una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedarACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedarACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto s ustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulnerac ión como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece

generaron la vulnerac ión como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.1.3. Se observa igual mente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se profirió el 14 de abril de 2023 y la acción de tutela se presentó el 11 de mayo de 2023.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3.1.4. Finalmente, el asunto por resolver es de m arcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.

Por otra parte, es necesario señalar que, de conformidad con lo anteriormente expuesto la Sala de Subsección estima pertinente conocer de fondo, a pesar de que en providencias 3 que guardaron similitud fáctica y jurídica con el caso aquí estudiado se rechazó por improcedente la solicitud de amparo.

3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 4, el defecto

improcedente la solicitud de amparo.

3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 4, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dic ta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicaci ón, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes , que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o

3 Ver entre otras providencias: 11001-03-15-000-2023-00786-00 y 11001-03-15-000-2023-01044-00. 4 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 5 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

5 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición»6.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la deci sión «(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra de bidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución»7.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,

excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución»7.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente8.

3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 9. En ese sent ido, el precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de

manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 9. En ese sent ido, el precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho11.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que gu ían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”13.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien

9 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808

de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 10 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 11 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 12 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 13 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02444 -00

Accionante : Segundo Serafín Parra Medina

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia sean estos verticales u horizontales 14, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras

el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se prote ge el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial15.

3. El caso concreto

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la providencia del 14 de abril de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías a la demandante, bajo las siguientes consideraciones:

« (…) « 91. La Sala recuerda que la impugnación del actor se basó en que conforme la sentencia SU-098 proferida po r la Corte Constitucional, los docentes afiliados al FOMAG tienen derecho a la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, pese a que la financiación del derecho a las cesantías se realice por medio del Sistema General de Participaciones.

92. Así las cosas, del recuento normativo hecho en precedencia, se puede concluir que los educadores al servicio de la docencia oficial son afiliados forzosos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual es una cuenta especial de la Nación, c on independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de E