CE - 010315000202302519001SENTENCIA20230616154742

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: HERIBERTO FLÓREZ ORTEGA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas:

REQUSI

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – REQUISITOS

GENERALES DE PROCEDENCIA.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor Heriberto Flórez Ortega contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Segundo Administrativo Oral de San Gil, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Segundo Administrativo Oral de San Gil, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Heriberto Flórez Ortega ejerció acción de tutela en contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Segundo Administrativo Oral de San Gil por considerar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, y al debido proceso. Así como el principio de estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Que sean tutelados los derechos fundamentales al TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y AL DEBIDO PROCESO, del señor HERIBERTO FLOREZ ORTEGA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.101.687.948 expedida en el municipio de Socorro (Santander).

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se disponga lo necesario para que los mencionados derechos fundamentales, sean debidamente protegidos y efectivos a favor de mi mandante.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: El señor Heriberto Flórez Ortega, mediante resolución núm. 14718 del 24 de julio de 2015, fue nombrado en periodo de prueba en el cargo de docente de lengua castellana en la institución educativa Cántabra – Escuela Rural del Pino del municipio de Curití (Santander).Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

2

en la institución educativa Cántabra – Escuela Rural del Pino del municipio de Curití (Santander).Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx El señor Flórez Ortega se posesionó en el cargo el 3 de agosto de 2015, sin embargo, indicó que el día 27 de agosto de 2015 sufrió́ una crisis nerviosa razón por la cual no pudo continuar con sus labores, lo cual informó telefónicamente a la rectora del colegio en esa misma fecha; pero solo hasta el día 10 de septiembre de 2015 la EPS le otorgó cita en la que el médico general determinó remitirlo con psiquiatría. Adujo que, mediante oficio del 14 de septiembre de 2015 , informó sobre el estado de salud a la Secretaría de Educación y solicit ó que el nombramiento fuera dejado en suspenso hasta tanto tuviera parte médico de recuperación. Explicó que, a partir del día 25 de septiembre de 2015 , le fueron concedidas varias incapacidades médicas, así: del 1º de octubre al 8 de octubre de 2015 , del 26 de octubre al 30 de octubre de 2015, del 19 de enero al 17 de febrero de 2016, del 16 de

incapacidades médicas, así: del 1º de octubre al 8 de octubre de 2015 , del 26 de octubre al 30 de octubre de 2015, del 19 de enero al 17 de febrero de 2016, del 16 de febrero al 16 de marzo de 2016 , del 16 de marzo de 2016 al 16 de abril de 2016 , del 17 de abril al 16 de mayo de 2016, del 24 de mayo de 22 de junio de 2016 y del 23 de junio al 22 de julio de 2016. Por lo anterior, la Secretaría de Educación de Santander, mediante Resolución núm. 0000553 del 13 de octubre de 2015 declar ó la vacancia del cargo que desempeñaba el actor. Luego, a través de Resolución núm. 0001395 del 4 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación del departamento de Santander declaró insubsistente al señor Flórez Ortega en el cargo que venía desempeñando como docente del nivel de básica primaria de la Institución Educativa Cántabra Manchadores, Sede Escuela Rural el Pino del municipio de Curití, Santander. El actor indicó que finalmente el 24 de mayo de 2016 fue calificado por medicina laboral con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 61 % situación que en todo caso era de conocimiento del departamento de Santander. Inconforme con lo anterior, el señor Flórez Ortega ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento de Santander, en el que solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente y como consecuencia de esto se ordene su reintegro al cargo que ocupaba, así como el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir.

que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente y como consecuencia de esto se ordene su reintegro al cargo que ocupaba, así como el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir. El Juzgado Segundo Administrativo Oral de San Gil , en sentencia del 20 de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que el acto administrativo demandado estaba debidamente motivado, en el hecho de que desde el 27 de agosto de 2015 abandon ó el cargo de docente, sin allegar dentro del término establecido por la ley justificación alguna a su superior, en este caso, a la Rectora de la institución educativa en la que laboraba. Resaltó que, al presentarse este abandono de cargo en el término estipulado como periodo de prueba para el ingreso a la carrera docente, se entiende que este al no superar esta etapa del ingreso a la carrera administrativa no pudo ser inscrito al escalafón docente y por ende no ostenta derechos de carrera de conformida d con el estatuto de profesionalización docente, Decreto 1278 de 2002. Dicha providencia fue apelada por el actor basado en que es una persona que padece el diagnóstico médico de esquizofrenia paranoide y que dicha enfermedad le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 61 %.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través

www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 5 de diciembre de 2022, confirmó la decisión recurrida al considerar que no es cierto que la s ituación laboral del demandante se definiera hasta el 24 de mayo de 2016, cuando fue calificado por medicina laboral. Que la situación laboral relacionada con el abandono del cargo por más de tres días sin justificación alguna se definió el 4 de diciembre de 2015, cuando la Secretaría de Educación de Santander declaro insubsistente el nombramiento del demandante, precisamente por ese no asistir al lugar de trabajo y, por tanto, la entidad no estaba obligada a esperar que se hiciera l a calificación de pérdida de capacidad . Explicó que el abandono de cargo por parte del actor no estuvo cobijado por una justa causa, toda vez que, solo acudió́ al médico general el 22 de septiembre de 2015, quien le otorgó una incapacidad inicial por tres (3) días a partir de esa fecha. No se evidencia que el 27 de agosto de 2015 se hubiese adelantado personalmente alguna solicitud del permiso, ni que se hubiese informado el motivo de su ausencia.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte demandante, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fático por indebida valoración del material probatorio.

Indicó que la Resolución núm. 001395 del 4 de diciembre de 2015 que declar ó insubsistente el nombramiento desconoció que se encontraba en situación de

defecto fático por indebida valoración del material probatorio.

Indicó que la Resolución núm. 001395 del 4 de diciembre de 2015 que declar ó insubsistente el nombramiento desconoció que se encontraba en situación de debilidad manifiesta, además, que el acto administrativo no le fue notificado en debida forma lo que no le permitió hacer uso de los recursos procedentes.

Afirmó que , con la de svinculación, se vulneró el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues para desvincularlo debía mediar autorización previa del Ministerio de Trabajo para tal fin, y al no existir queda claro que el despido se torna injusto y arbitrario y, además, viola el derecho a la estabilidad laboral reforzada.

Insistió en el hecho de que no existió abandono de cargo, pues lo cierto es que existen razones válidas que justifican la ausencia en su cargo, como es su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que finalmente le ocasionó una pérdida de capacidad laboral de 61 %, y de lo cual el departamento de Santander tuvo siempre conocimiento.

Adujo que conforme a lo establecido en la T148 de 2012 el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 impide que una persona discapacitada sea despedida o su contrato terminado, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo que verifique que el despido o la terminación del contrato no responde a la limitación.

Que si el despido se da sin la autorización de rigor el empleador debe pagar al trabajador una indemnización equivalente a 180 días de salario.

Finalmente, señaló que las sentencias cuestionadas no tuvieron en cuenta la especial

Que si el despido se da sin la autorización de rigor el empleador debe pagar al trabajador una indemnización equivalente a 180 días de salario.

Finalmente, señaló que las sentencias cuestionadas no tuvieron en cuenta la especial situación que padecía, pues se reitera que, al ser una enfermedad mental, no resulta razonable -en lo absoluto - que se le exigiera un comportamiento normal en la tramitación de la justifica ción su ausencia como lo podría hacer cualquier trabajador que tuviese una enfermedad diferente a una enfermedad de carácter mental.

4. Trámite previo Mediante auto del 17 de mayo de 2023 , se admitió la acción de tutela , se ordenóRadicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx notificar a las partes y al Departamento de Santander, como tercero interesado como tercero interesado en el resultado del p roceso a quie n se le remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio y por su parte el Juzgado Segundo Administrativo Oral de San Gil remitió el expediente y no se pronunció respecto a la solicitud de amparo.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio y por su parte el Juzgado Segundo Administrativo Oral de San Gil remitió el expediente y no se pronunció respecto a la solicitud de amparo.

6. Intervenciones

La Secretaría de Educación Departamental de Santander solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva dado que no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada por el demandante, en consecuencia no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela, pues l os conflictos alegados en la presente solicitud de amparo , se circunscriben a las actuaciones de un d espacho judicial, razón por la que es claro que no tiene injerencia en la decisión que se tome al respecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los d erechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

5

efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Heriberto Flórez Ortega pretende que se deje sin efecto la providencia del 24 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que confirmó la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral de San Gil mediante la que se le negó la nulidad del acto que lo declaró insubsistente, el reintegro al cargo que ocupaba y el reconocimiento y pago de los emolumentos dejados de percibir.

Al respecto, la Sala destaca que es necesario determinar si el presente asunto se cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos general es, descenderá con el estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

el estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucion al1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discuti r asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un asunto goce de relevancia constitucional deb en verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordina rios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal é sta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que e stablece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundame ntales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto, como se verá, la parte demandante insiste en los argumentos propuestos en el proceso ordinario.

En el caso concreto, la Sala advierte que el señor Heriberto Flórez Ortega propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y

argumentos propuestos en el proceso ordinario.

En el caso concreto, la Sala advierte que el señor Heriberto Flórez Ortega propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanto contra el departamento de Santander.

Si b ien, el demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron derechos fundamentales invocados e incurrieron en defecto fáctico y sustantivo , lo cierto es que, en últimas, lo que pretende el demandante es que se reabra el debate surtido en el proceso con radicado 2016-00336-01, el cual concluyó que no había lugar a acceder a las pretensiones del medio de control.

La Sala observa que el señor Heriberto Flórez Ortega demandó al departamento de Santander, con el objeto de que se declarara nulo el acto administrativo que terminó su nombramiento y lo declaró insubsistente, en consecuencia, se ordenara su reintegro y el reconocimiento y pago de l os emolumentos dejados de percibir, dado que a su juicio la entidad demandada no tuvo en cue nta que debido a condición de salud que tuvo como consecuencia el diagnóstico de pérdida de capacidad laboral del 61 % gozaba de estabilidad laboral reforzada.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02519-00

Demandante: Heriberto Flórez Ortega

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través

www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx La demanda del medio de control estuvo fundamentada en que “Es importante señalar Señor Juez, que además de las normas constitucionales de carácter laboral, a mi representado le ha sido violado el debido proceso y el derecho al defensa preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Lo anteri or en consideración a que la Resolución N° 001395 del cuatro (04) de Diciembre del año dos mil quince (2015) que declara insubsistente a mi representado, se expidió cuando el señor HERIBERTO FLOREZ ORTEGA se encontraba en situación de debilidad manifiesta, gozando de esta manera del estatus de estabilidad laboral reforzada. Aunado a lo anterior, dicho acto administrativo a través del cual se declara insubsistente a mi mandante, no le fue notificado personalmente ni de ninguna otra forma, pues el señor HERIBERTO FLOREZ ORTEGA solo vino a tener conocimiento de la Resolución N° 001395 del cuatro (04) de Diciembre de dos mil quince (2015), a través de una respuesta emitida por el líder del grupo de talento humano de la SECRETARÍA DE EDUCACION DE SANTANDER, razón por la cual a mi representado se le privó de hacer uso de los recursos procedentes y de esta manera, ejercer su legítimo derecho a la defensa. Ahora bien, en lo que respecta a la violación de normas de carácter legal, en el caso que nos ocupa se tiene plenamente demostrado que con la expedición de la Resolución N° 001395 del

Ahora bien, en lo que respecta a la violación de normas de carácter legal, en el caso que nos ocupa se tiene plenamente demostrado que con la expedición de la Resolución N° 001395 del cuatro (04) de Diciembre del año dos mil quince (2015) se vulneró el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues al proceder EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER a desvincular a mi mandante sin qu e mediara autorización previa del ministerio de trabajo para tal fin, se evidencia con toda claridad que el despido se torna injusto y arbitrario y además, viola el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Es importante que se tenga en cuenta para decidir, que la ausencia del señor HERIBERTO FLOREZ ORTEGA en el cargo para el que fue nombrado, obedeció a las graves afecciones de salud que venía soportando y que actualmente padece, hecho este que se encuentra debidamente documentado con la historia clínica que se anexa a la presente, y las incapacidades que se hicieron llegar a la Secretaría de Educación de Santander, así como con el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral del sesenta y uno por ciento (61%) emitido por la Dra. MYRIAM SUSANA DURAN CORREDOR.” A partir de lo anterior, la Sala advierte que el señor Heriberto Flórez Ortega propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde es demandante. Si bien la parte demandante alega que las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto fáctico y sustantivo en la medida en que se desconoció que en su caso debía soli citarse permiso para poderlo declarar

derecho donde es demandante. Si bien la parte demandante alega que las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto fáctico y sustantivo en la medida en que se desconoció que en su caso debía soli citarse permiso para poderlo declarar insubsistente en el cargo que ocupaba, lo cierto es que, e n últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre la legalidad del acto que dio por terminado su nombramiento y lo declaró insubsistente en el entendido de que a su juicio no se tuvo en cuenta de que goza ba de estabilidad laboral reforza da por su pérdida de capacidad laboral.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del medio de control (resumido en la providencia de segunda instancia), el actor sostuvo lo siguiente:

«El apoderado de la parte demandante señala que, en el presente caso se tiene como antecedente que el demandante es una persona que padece el diagnóstico médico de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, y que dicha enfermedad le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del sesenta y uno por ciento (61%) según el dictamen de pérdida de capacidad laboral de fecha veinticuatro (24) de Mayo del año dos mil dieciséis (2016) que obra en el expediente.

Expone que en virtud de lo anterior, se obser va con extrañeza que el juzgador de primera instancia obvió la situación atrás señalada y se limitó a revisar la motivación de la resolución que declaró insubsistente por abandono de cargo al demandante en el cargo que venía desempeñando, como si se tratar a del análisis del proceder de una persona que

atrás señalada y se limitó a revisar la motivación de la resolución que declaró insubsistente por abandono de cargo al demandante en el cargo que venía dese