CE - 010315000202302548001SENTENCIA20230620162336

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jesús Marín Ruiz contra el Tribunal Administrativo de Santander.

La presente providencia t iene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderada 1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 30 de

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Folio 2 del documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Folio 2 del documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

marzo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identific ado con el número único de radicación 680013333001202100073-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los Oficios núms. S2018/ARPRE -1.10 del 15 de marzo de 2018 y S -2019-009776 /ARPRE-GRUPE1.10 del 07 de marzo de 2019, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago del incremento de la prima de actividad del 15% al 45%.

4. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia de primera instancia del 2 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 30 de marzo de

2023, resolvió:

sentencia de primera instancia del 2 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 30 de marzo de

2023, resolvió:

“[…] Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 2 de mayo de 2022, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL el Decreto 2070 del 25 de julio de 2003, conforme a las consideraciones esgrimidas en la parte considerativa.

Tercero. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

Cuarto. Sin condena en costas […]”.

5.1 Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

“[…] Cabe señalar que la Prima de Actividad se estableció desde su creación como una prestación a favor de los miembros activos de la Fuerza Pública, para posteriormente convertirse en factor de liquidació n de las asignaciones de retiro acorde con el porcentaje establecido para los años en que el interesado estuvo en servicio activo.

En tal sentido, teniendo en cuenta que el demandante en este caso es ex Agente de Policía Nacional lo primero que debe seña larse, es que el régimen pensional aplicable a los Agentes de Policía Nacional se encuentra supeditado al momento en que se produzca el retiro del servicio, junto con los porcentajes y los factores salariales previstos por la normatividad vigente para ese entonces. […]”.

aplicable a los Agentes de Policía Nacional se encuentra supeditado al momento en que se produzca el retiro del servicio, junto con los porcentajes y los factores salariales previstos por la normatividad vigente para ese entonces. […]”.

[…]

“[…] Posteriormente, se expidió el Decreto 1213 de 199O «Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional», en el cual se encuentra la reglamentación que debe tenerse en cuenta para el cálculo y reconocimiento de la prima de actividad; así como las bases de liquidación que se aplican para las asignaciones de retiro de los Agentes de la Policía Nacional que han sido llamados a calificar servicios o han hecho uso de buen retiro […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en forma posterior, en uso de las facultades concedidas en la Ley 797 de 2003, se expidió el Decreto -Ley 2070 del 25 de julio de 2003 «Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares», en cuyo artículo 23 dispuso que en la asignación de retiro, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia del personal de la Policía Nacional al cual hacía referencia el aludido decreto, se incluiría como partida computable la prima de actividad. En efecto, a través del refer ido decreto, se establecieron normas que introdujeron una reforma al régimen de pensiones de oficiales, suboficiales y agentes tanto de las fuerzas militares como de los miembros de la policía nacional […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, el anterior decreto tuvo una vigencia entre el 25 de julio de 2003 y el 6 de mayo de 2004, fecha en que fue declarado inexequible por la Honorable

[…]”.

[…]

“[…] Sin embargo, el anterior decreto tuvo una vigencia entre el 25 de julio de 2003 y el 6 de mayo de 2004, fecha en que fue declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia C -432 de 2004 con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, con fundamento en que se v ulneraba la reserva de ley prevista en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991.

Como se observa, las anteriores normas claramente hacen una diferenciación entre aquellos agentes de la policía que se retiraron o fueron llamados a calificar servicios antes y durante la entrada en vigencia del Decreto 2070 de 2003, el cual fue declarado inexequible por el Máximo Tribunal a partir del 6 de mayo de 2004, volviéndose a dar aplicación a lo reglamentado en vigencia del Decreto 1213 de 1990.

Así entonces, en principio, es claro que ante la inexequibilidad declarada cobró vigencia los Decretos 1213 de 1990 y 1791 de 2000, conforme a los cuales la prima de actividad en la asignación de retiro para de agentes de policía con tiemp o de servicio con menos de 20 años, sería del 15% […]”.4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

[…]

“[…] Bajo el anterior marco jurisprudencial, en principio podría afirmarse que el demandante en el presente proceso tendría derecho a la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 2070 de 2003, pu es, acorde con las piezas procesales allegadas al

[…]

“[…] Bajo el anterior marco jurisprudencial, en principio podría afirmarse que el demandante en el presente proceso tendría derecho a la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 2070 de 2003, pu es, acorde con las piezas procesales allegadas al plenario existe certeza en que el señor Jesús Marín Ruíz se retiró del servicio de la Policía Nacional por solicitud propia, el día 22 de septiembre de 2003 –fecha en la cual se notificó el retiro del servi cio como se hace constar en la hoja de servicios visible a folio -, esto es, con antelación a la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003, que como se dijo fue dispuesta por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C 432 del 7 de mayo de 2004.

No obstante, considera esta Corporación que el actor no tiene derecho a la aplicación del Decreto 2070 de 2003 con miras a que su asignación de retiro sea reajustada incluyendo el concepto de prima de actividad en el mismo porcentaje percibido en actividad, para lo cual la Sala acoge los argumentos descritos por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C -432 de 2004, y que evidencian con suficiente claridad, la inconstitucional del Decreto 2070 de 2003 por vulnerar la reserva de ley prevista en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política de 1991, al conferir facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular el régimen prestacional especial de los miembros de la Fuerza Pública, contra expresa p rohibición constitucional prevista en el numeral 10 de la misma disposición del texto superior […]”.

[…]

para regular el régimen prestacional especial de los miembros de la Fuerza Pública, contra expresa p rohibición constitucional prevista en el numeral 10 de la misma disposición del texto superior […]”.

[…]

“[…] Para este Tribunal, es evidente que el mentado decreto va en contravía de la Constitución Política, por cuanto, no fue expedido por autoridad competente, como lo concluye la H. Corte Constitucional en la precitada sentencia; existiendo claridad por parte de la Sala que, el juez no está atado a lo ilegal y sus actuaciones no pueden ser contrarias a lo contemplado por la Norma Superior.

En esta línea de pensamiento, considera el Tribunal que el hecho cierto que el Decreto 2070 de 2003 se encontrara en vigencia al momento en que se produjo el retiro del servicio del actor, no conlleva indefectiblemente a que deba ordenarse su aplicación en el pres ente caso a efectos de disponer el reajuste de la asignación de retiro reconocida al demandante, pues la contrariedad evidente con la Carta Política da paso a su inaplicación por inconstitucional […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1.- Solicito al Honorable Magistrado, Del Consejo de Estado, Sección Segunda, dejar sin efecto el Fallo de Segunda Instancia, proferido por el Magistrado IVAN (sic) MAURICIO MENDOZA PEDRAZA, del Tribunal Administrativo de Santander, y por ende acoger los planteamientos y argumentos proferidos por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, como titular la Doctora MAUD AMPARO RUIZ5

ende acoger los planteamientos y argumentos proferidos por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, como titular la Doctora MAUD AMPARO RUIZ5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

ROJAS, quien a su vez entendió perfectamente las jurisprudencas (sic) existentes al respecto.

No está de más pedirle con todo respeto y comedimiento al Honorable Magistrado del Consejo de estado sección Segunda, tener en cuenta el fallo que se anexa, proferido por la Magistrada FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA, donde sienta jurisprudencia en el sentido de que el policial, queda desvinculado del servicio activo, es cuando cesan sus funciones y atribuciones como tal y el retiro no es cuando la Policía Nacional, expide la Resolución de Pensión. […]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander; y iii) vinculó al Juzgado Prim ero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, concediéndoles el término de tres ( 3) días para que rindiera n informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Policía Nacional indicó lo siguiente:

“[…] Una vez precisado lo anterior, es dable precisar al despacho que en la presente

particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Policía Nacional indicó lo siguiente:

“[…] Una vez precisado lo anterior, es dable precisar al despacho que en la presente acción constitucional la parte actora se limita a señalar que las autoridades judiciales conocedoras del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho vulneraron sus derechos fundamentales, consagrados en un derecho adquirido como emolumento laboral dentro de un régimen especial como lo es el incremento, reconocimiento y pago de la prima de a ctividad del 15% al 45%, sin precisar algún vicio o defecto mediante el cual se cometa un yerro valorativo en los argumentos de fondo tenidos en cuenta por el despacho a la hora de adoptar la decisión de revocar el fallo de primera instancia proveniente del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

Por lo señalado anteriormente, el señor agente (R) Jesús Marín Ruiz incumple con los requisitos generales y obligatorios, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia.

Ahora bien, es pertinente reiterar que la tutela no es el mecanismo jurídico válido para desconocer los efectos de la declaratoria del derecho sustancial plasmado en una sentencia definitiva, cuando no esté presente una o varias de las causales anteriormente expuestas, YA QUE ELLO ATENTARÍA CONTRA LA SEGURIDAD JURÍDICA, AL PERVERTIRSE EL PROCESO ORDINARIO Y PERMITIR QUE UN JUEZ AJENO AL DEBATE, MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO INFORMAL Y SUMARIO, ENTRE A COMPARTIR CON EL COMPETENTE LA DE CISIÓN FINAL […]”.6

JUEZ AJENO AL DEBATE, MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO INFORMAL Y SUMARIO, ENTRE A COMPARTIR CON EL COMPETENTE LA DE CISIÓN FINAL

[…]”.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

9. El Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

10. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

11. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumpli ó

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

con el requisito general de la relevancia constitucional.

13. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) m arco normativo del derecho fundamental al debido

temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) m arco normativo del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

14. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Ne ry Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

15. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

16. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

16. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasi ón de la expedición de una

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasi ón de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El crite rio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

20. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C -590 de 2005,

9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.9

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Actor: Jesús Marín Ruíz

proferida por la Cort e Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

21. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 201411, al referirse al requisito general de relevancia constitucional, sostuvo lo

siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como r equisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía

para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como r equisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 12]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumen to para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevan cia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [15].

11 Ut supra página 6. [12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y qu e es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 18]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el

presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”11

[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02548-00

Actor: Jesús Marín Ruíz

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra dec isiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

22. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19.

“[…] La Corte Const