CE - 010315000202302568001SENTENCIA20230621142004

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: ELIANA PARRA BUENDÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el actor busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Eliana Parra Buendía contra la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 16 de mayo de la presente anualidad1, la señora Eliana Parra Buendía, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus derec hos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica. Formuló las siguientes pretensiones:

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTR ATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 18 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 41001-33-33-41001333300520220015201-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE

AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

1 Se advierte que, el 17 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en l a jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en l a jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Es tado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000-20130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 6 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

7 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGASRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

9 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 40001-23-40000-20170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 15 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 15 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 16 080001-23-33000-20150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 17 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA 18 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 20 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 21 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 22 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTERRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Eliana Parra Buendía labora como docente al servicio del departamento

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1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Eliana Parra Buendía labora como docente al servicio del departamento del Huila, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 desde 2004 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 22 de julio de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental del Huila y al FOMAG el reconocimiento y el pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses causadas a 31 de diciembre de 2020, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991 ; sin embargo, la petición fue denegada por ambas entidades.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Eliana Parra Buendía demandó al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y al Departamento del Huila, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto derivado del silencio frente a la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 31 de octubre de 2022 , negó las suplicas de la demanda , por considerar que la señora Eliana Parra Buendía se encontraba afiliada al FOMAG y, por tanto, tenía un régimen

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 31 de octubre de 2022 , negó las suplicas de la demanda , por considerar que la señora Eliana Parra Buendía se encontraba afiliada al FOMAG y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora. Explicó que la Ley 344 de 1996 excluyó a los docentes de dicho beneficio , al prever que cuentan con un régimen especial para el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, esto es, la Ley 91 de 1989.

Adujo que la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 098 de 2018 no tiene identidad fáctica con el asunto en cuestión y que, además, las decisiones judiciales del Consejo de Estado citadas en la solicitud de amparo no son de unificación.

2 En adelante FOMAG.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Asimismo, aclaró que la «sanción e indemnización reclamadas resulta incompatible en virtud del principio de inescindibilidad normativa por cuanto en el régimen especial no sexista obligación de consignación anual de cesantías por las entidades territoriales al Fomag, sino un reporte de las mismas y sus intereses en las f echas definidas anualmente según la Ley 91 de 1989 y específicamente el Acuerdo 34 de 1998».

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que, si bien los docentes tienen un régimen especial, lo cierto es que la

1998».

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que, si bien los docentes tienen un régimen especial, lo cierto es que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado establecieron que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Puntualmente, citó la sentencia emitida el 8 de octubre de 2020 por el Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 11001-03-06-000-2020-0015800.

Sostuvo que la Corte Constitucional, mediante la SU 098 de 2018, estableció que como el «plazo legal» para la consignación de las cesantías no está en la Ley 91 de 1989, se debe aplicar lo establecido en la Ley 50 de 1990, esto es, antes del 15 de febrero de cada año.

Agregó que los docentes, al ser catalogados como empleados públicos, gozan de los mismos derechos que tiene cualquier otro empleado estatal, como por ejemplo, el de percibir el auxilio de cesantías, que garantiza la «subsistencia ante el desempleo y de acceso de educación y vivienda”.

También reiteró que , aunque los docentes oficiales tienen el régimen e special, lo cierto es que dicha condición no sustrae a los nominadores de la obligación de «consignar los recursos de las cesantías en el Fomag», en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 . Sobre todo cuando dicha normativa fue expedida un año después de la Ley 91 de 1989 y cuando esta última no fijaba plazo alguno.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 18 de abril de 2023,

después de la Ley 91 de 1989 y cuando esta última no fijaba plazo alguno.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 18 de abril de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del Departamento del Huila y se encontraba cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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De igual modo, determinó que en el Consejo de Estado no existe una posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanc ión moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente , pues resaltó que la Sección Segunda ha estimado viable beneficiarlos con esa penalidad y, por el contrario, la Sección Tercera, en sede de tutela, ha declarado improcedente la solicitud de amparo en casos similares al sub lite por incumplir con el requisito de relevancia constitucional.

De igual manera, mencionó que el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en

las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas leyes. Pero insistió en que dicho régimen no cobija al sector docente, ya que es aplicable en el nivel territorial a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

Que, de hecho, la Corte Constitucional en la SU-098 de 2018 manifestó al respecto que «no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3 º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción contencioso administrativo».

Reiteró que, si bien la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-0021202, concluyó que era viable aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes , en lo relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria en virtud del principio de favorabilidad, lo cierto es que , entre otras, no hay unificación en el tema a tratar, pues se han proferido fallos de tutela con similares circunstancias en el Consejo de Estado, con diferentes posiciones. Que, de hecho, en la sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional manifestó que «no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3 º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En

la Corte Constitucional manifestó que «no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3 º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción contencioso administrativo».

Finalmente, señaló que no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, toda vez que no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado oRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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que se presenten antinomias legales. Por el contrario, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los servidores públicos territoriales con excepción de los educadores.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tut ela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018, así como en 22 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destac an la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba

julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanció n moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante sostuvo que el ad quem no argumentó con claridad por qué se alejó del precedente consagrado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, en esos casos debe aplicarse la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconocióRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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la sanción moratoria por la consignación tardía de las ce santías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 19 de mayo de 2023 , el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Huila, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y al gobernador del Departamento del Huila. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad

Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la accionante realiz ó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG, pues en el caso de la señora Eliana Parra Buendía, esta reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la aus encia de cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada actuó conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. Una de las magistradas de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, señaló que, si bien el escrito de tutela dio a entender que la sentencia en cuestión incurrió en un «desconocimiento a la normatividad », lo cierto es que brilla por su ausencia la explicación de los defectos en que incurrió laRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

cierto es que brilla por su ausencia la explicación de los defectos en que incurrió laRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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decisión en cuestión, de conformidad con los requisitos específicos consagrados en la sentencia C-590 de 2005. Por tanto, solicitó que se declarara su improcedencia.

2.4. La Secretaría de Educación de l Departamento del Huila solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, toda vez que la accionante tenía otro medio judicial idóneo, esto es, el recurso extraordinario de revisión; sin embargo, no lo agotó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-005-2022-0152-01.

2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.

2.6. En memorial del 1º de junio de 2023, la accionante indicó que la jurisprudencia de las altas cortes, especialmente la del Consejo de Estado, ha determinado que sí es aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al régimen especial docente , por lo que solicitó que la decisión que se vaya a proferir sea consecuente con esos pronunciamientos y se acompase a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia

legítima.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 18 de abril de 2023, por el Tribunal Administrativo del Huila, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-006-2022-00152-01, incurrió en los defectos endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Eliana Parra Buendía.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, paraRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, ad ucir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 18 de abril 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 31 de octubre de 2022, por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.

2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 31 de octubre de 2022, por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Eliana Parra Buendía carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente seRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02568-00

Demandante: Eliana Parra Buendía Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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direcciona a un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los ante