CE - 010315000202302665011SENTENCIASENTENCIA20231130222347

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02665-01

Demandante: Luis Eduardo Castaño Arboleda y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-02665-01 Demandante LUIS EDUARDO CASTAÑO ARBOLEDA Y OTROS Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico. Desconocimiento del precedente judicial. Flexibilización probatoria para casos de graves violaciones a los derechos humanosejecuciones extrajudiciales. Medio de control de reparación directa. Falla en el servicio. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que resolvió: «PRIMERO: Deniégase el amparo de los derechos fundamentales invocados por los señores Luis Eduardo Castaño Arboleda y Luis Eduardo Castaño Quintero, John Fredy Castaño Quintero, María Cristina Castaño Quintero y Jorge Alexander Castaño Quintero, “y como

Luis Eduardo Castaño Arboleda y Luis Eduardo Castaño Quintero, John Fredy Castaño Quintero, María Cristina Castaño Quintero y Jorge Alexander Castaño Quintero, “y como sucesores de la señora María Olma Quintero Cardona”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.»1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de mayo 20232, mediante apoderado judicial, los señores Luis Eduardo

Castaño Arboleda, Luis Eduardo Castaño Quintero, John Fredy Castaño Quintero, María Cristina Castaño Quintero y Jorge Alexander Castaño Quintero, quienes actúan en su nombre y en calidad de sucesores procesales de la señora María Olma Quintero, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad con ocasión de la sentencia del 13 de julio de 2022 , proferida en el medio de control de reparación directa con radicado Nro. 05001-23-33-000-201300499-01 (60665). En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones3: «5.1. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia vulnerados con la sentencia de fecha 13 de julio de 2022, notificada el 23 de noviembre de ese año, proferida en segunda instancia por la SECCIÓN TERCERA (Subsección C) del CONSEJO DE ESTADO dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 05001 - 23-33-0002013-00499-01 (60.655)

SECCIÓN TERCERA (Subsección C) del CONSEJO DE ESTADO dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 05001 - 23-33-0002013-00499-01 (60.655) adelantado en contra de la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL por la muerte de JOSÉ MAURICIO QUINTERO CARDONA. 5.2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto y/o revocar la sentencia de fecha 13 de julio de 2022 proferida en segunda instancia por la SECCIÓN TERCERA (Subsección C) del CONSEJO DE ESTADO en el proceso indicado, por adolecer de un

1 Página 20 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digital en Samai, índice29. 2 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 1). 3 Páginas 55 y 56 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02665-01

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria y de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal y constitucional. 5.3. Ordenar a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN Cdel CONSEJO DE ESTADO”, profiera una nueva decisión que desate el recurso de apelación formulado por los demandantes en contra de la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones

5.3. Ordenar a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN Cdel CONSEJO DE ESTADO”, profiera una nueva decisión que desate el recurso de apelación formulado por los demandantes en contra de la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, en la q ue: (i) se aprecien las pruebas dejadas de valorar, bajo los postulados de la sana crítica, de manera conjunta y racional en conjunto con todos los elementos que integran el haz probatorio recaudado en el proceso administrativo y; (ii) se acaten las reglas de derecho que el precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo Estado y la Corte Constitucional han trazado para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia y sobre todo a la reparación integral de los daños causados en aquellos casos constitutivos de delitos de lesa humanidad como lo son las “ejecuciones extrajudiciales” que obligan al juez contencioso administrativo a: (i) apreciar en su integridad el material probatorio bajo principios humanistas, lógicos y de sana crítica, (ii) tener en cuenta y por ende valorar con mucho sigilo la prueba indirecta o indiciaria, (iii) liberar a los afectados de la carga procesal de demostrar que la actuación de la fuerza pública fue irregular por su condición o posición de debilidad manifiesta, (iii) imponer al Estado la carga de demostrar la licitud del proceder de sus agentes, y (iv) la imposibilidad de negar la declaratoria de responsabilidad administrativa por la inexistencia de fallo penal o disciplinario de carácter condenatorio o sancionatorio».

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

declaratoria de responsabilidad administrativa por la inexistencia de fallo penal o disciplinario de carácter condenatorio o sancionatorio».

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El joven José Mauricio Quintero Cardona fue abatido por miembros del Ejército Nacional, Batallón de Infantería N.º 42 «Batalla de Bomboná», en desarrollo de un supuesto combate con las antiguas FARC en la vereda El Chagualo del municipio de Anorí (Antioquia).

Según los antecedentes del caso, el 3 de junio de 2007 el segundo comandante del Batallón de Infantería Nro. 42 «Batalla de Bomboná» dejó a disposición del comandante de policía de Anorí un cadáver sin identificación, una subametralladora N.º 011330 calibre 9 mm, un proveedor, ocho cartuchos 9 mm y una vainilla. La identificación del cadáver se logró hasta el 30 de agosto de 2011, por las labores que adelantó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Medellín. 2.2. Con ocasión de estos hechos, María Olma Quintero Cardona y otros interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial y se le condenara al pago de los perjuicios sufridos por las víctimas indirectas , en razón a la alegada ejecución extrajudicial del joven José Mauricio Quintero Cardona. 2.3. El conocimiento del proceso en primera instancia le correspondió a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que, en sentencia

alegada ejecución extrajudicial del joven José Mauricio Quintero Cardona. 2.3. El conocimiento del proceso en primera instancia le correspondió a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que, en sentencia del 31 de agosto de 2017 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante. Como fundamento de su decisión manifestó que en el caso particular la parte demandante no probó la ocurrencia de un patrón de conducta que se acompasara con el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales ; sino que el material probatorio del proceso apoya ba la hipótesis de ocurrencia de los hechos defendida por el Ejército Nacional. 2.4. La decisión fue apelada por la parte demandante quien manifestó que existieron imprecisiones en torno a la hora en la que falleció el señor Quintero Cardona. Además, reprochó que la autoridad de primera instancia avaló el actuar irregular de la policía judicial y fundamentó su determinación solo en elRadicado: 11001-03-15-000-2023-02665-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co patrón de conducta de ejecuciones extrajudiciales registrado por el relator de la Organización de Naciones Unidas. 2.5. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia del 13 de julio de 2022, confirmó la decisión de primera instancia y condenó a la parte demandante al pago de agencias en derecho. Como fundamento de su decisión, dijo que las pruebas del proceso acreditan

sentencia del 13 de julio de 2022, confirmó la decisión de primera instancia y condenó a la parte demandante al pago de agencias en derecho. Como fundamento de su decisión, dijo que las pruebas del proceso acreditan que el joven José Mauricio Quintero Cardona murió durante un enfrentamiento con el Ejército Nacional por heridas de arma de fuego. Además, destacó que no se demostró que su muerte hubiera ocurrido en estado de indefensión. En palabras de la autoridad judicial , «Las pruebas practicadas en este proceso no acreditaron que la muerte de José Mauricio Quintero Cardona fue causada en estado de indefensión o por fuera de un enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y desconocidos. Aunque por estos hechos se iniciaron investigaciones penales y disciplinarias, no se acreditó el resultado de esos procesos. No se probó la atención médica que habría recibido el soldado González Castro por las lesiones que sufrió el 3 de junio de 2007, pues el hospital no encontró historia clínica, no se aportó al expediente el «informativo administrativo por lesiones» y el testimonio del soldado no se practicó porque la parte demandante desistió de la prueba. Tampoco se acreditó que la muerte de Quintero Cardona fue planeada y ejecutada por la fuerza pública con la intención de presentarlo como resultado en combate.» De otra parte, en la sentencia también se declaró fundado el impedimento que presentó el magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien fue separado del conocimiento del caso particular. 2.6. La notificación de la providencia se surtió en estado electrónico del 25 de noviembre de 2022.

3. Fundamentos de la acción En relación con el requisito general de relevancia constitucional, los accionantes

conocimiento del caso particular. 2.6. La notificación de la providencia se surtió en estado electrónico del 25 de noviembre de 2022.

3. Fundamentos de la acción En relación con el requisito general de relevancia constitucional, los accionantes indicaron que se discute la afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia con ocasión a la emisión de la sentencia de s egunda instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa en un caso relacionado con graves violaciones a los derechos humanos. Advirtieron que la providencia judicial adolece de errores en sus fundamentos jurídicos y fácticos que tienen incidencia en el sentido de la decisión.

Los accionantes consideran que, al proferir la sentencia del 13 de julio de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sobre flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los DD HH y al DIH y, en defecto fáctico por la indebida valoración de los medios de convicción que sugerían la ocurrencia de una ejecución extrajudicial atribuible a los agentes del Ejército Nacional. 3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional y contencioso Los accionantes precisaron que los hechos que sustentan la demanda de reparación directa se desarrollaron en el marco de delitos que se califican como graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Dijo que la Corte Constitucional estableció reglas de decisión que deben considerarse en el análisis de casos en los que se persiga la declaración de responsabilidad extra contractual del Estado, como: «(i) apreciar en su

Humanitario. Dijo que la Corte Constitucional estableció reglas de decisión que deben considerarse en el análisis de casos en los que se persiga la declaración de responsabilidad extra contractual del Estado, como: «(i) apreciar en su integridad el material probatorio bajo principios humanistas, lógicos y de sana crítica, (ii) tener en cuenta y por ende valorar con mucho sigilo la prueba indirecta o indiciaria, (iii) liberar de la carga procesal en materia probatoria a los afectados por su condición o posición de debilidad manifiesta, (iv) imponer al Estado la carga de demostrar la licitud del proceder de sus agentes, y (v) la imposibilidad de negar la declaratoria de responsabilidad administrativa por la inexistencia de fallo penal o disciplinario de carácter condenatorio o sancionatorio»Radicado: 11001-03-15-000-2023-02665-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recordaron que el precedente constitucional y contencioso invocado está conformado, entre otras, por las siguientes providencias: (i) Sentencia del 26 de octubre de 2011, emitida dentro del proceso nro. 05001233100019930188601 ( 18850), con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo. Dijo que, en esta ocasión, la Corporación impuso al juez de lo contencioso administrativo la carga de apreciar la prueba indiciaria en los eventos en que se discute la responsabilidad del Est ado en hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. (ii) Sentencia del 5 de abril de 2013, dictada en el proceso nro.

eventos en que se discute la responsabilidad del Est ado en hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. (ii) Sentencia del 5 de abril de 2013, dictada en el proceso nro. 19001233100019990021701 ( 29484), con ponencia de la Dra. Stella Conto Díaz del Castillo. Destacó la similitud fáctica entre este caso y el que en la actualidad se analiza. Además, sentencia del 28 de agosto de 2014 resaltó las reglas de decisión que se establecieron en esa providencia frente al análisis de estos casos. Así se exige que el estudio se surta al amparo del principio de equidad, que se dé prevalencia a la prueba indiciaria y la necesidad de disminuir el estándar de prueba para decidir la eventual condena al Estado. (iii) Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida en el proceso nro. 050012325000199901063-01 ( 32988), con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero. Destacaron el mandato de flexibilización probatoria para los casos de graves violaciones de derecho s humanos, dada la condición de dificultad probatoria de las víctimas y la importancia de la prueba indiciaria. (iv) Sentencia SU035 de 2018, en la que la Corte Constitucional indicó que en casos de ejecuciones extrajudiciales es difícil obtener prueba directa por las circunstancias que rodean los hechos, por lo que la prueba indiciaria adquiere especial importancia y utilidad. (v) Sentencia SU060 de 2021, en la que el Tribunal Constitucional retomó la tesis de flexibilización de los estándares probatorios en casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y destacó la prevalencia de la prueba indiciaria en

(v) Sentencia SU060 de 2021, en la que el Tribunal Constitucional retomó la tesis de flexibilización de los estándares probatorios en casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y destacó la prevalencia de la prueba indiciaria en casos que presentan especial dificultad probatoria para los demandantes. La parte actora estima que la autoridad judicial contravino el precedente pacífico del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos, máxime cuando se trata de un evento en el que es razonable inferir que el hecho dañoso tuvo origen en las denominadas ejecuciones extrajudiciales. Los hechos acreditados en el proceso de reparación directa encajan en la descripción fáctica que sobre este tipo de hechos ha registrado la Sección Tercera del Consejo de Estado. Al respecto, destacó las siguientes particularidades del caso objeto de análisis: «(…) la víctima no pertenecía a grupos delincuenciales o al margen de la ley, no era terrorista; no tenía antecedentes penales; el ciudadano fallecido residía en un lugar distante a aquel en que fue abatido y no existía ningún arraigo de él con el sitio de su muerte ; la escena de los hechos donde se produjo la muerte violenta no fue acordonada ni protegida por la fuerza pública, y fue manipulada, como quiera que se sustrajo el cuerpo del lugar y se llevó a la cabecera municipal, circunstancia que les favoreció para manejar a su arbitrio todo; el cadáver presentaba (según el protocolo de necropsia) siete orificios de entrada de proyectil de arma de fuego (…) todos los disparos los recibió por la espalda, obviamente en condiciones de

presentaba (según el protocolo de necropsia) siete orificios de entrada de proyectil de arma de fuego (…) todos los disparos los recibió por la espalda, obviamente en condiciones de inferioridad de la víctima lo que permite concluir adicionalmente la inexistencia de un enfrentamiento armado; un arma ubicada en la escena como justificante en su uso de una legítima defensa alegada por los militares, se observa insuficiente frente a u na sola vainilla recuperada al lado del cadáver, con lo que el enfrentamiento relacionado por más de cinco minutos se cae de su propio peso; se carece de prueba de residuo de disparo que fuera practicada al cadáver; en tanto que tampoco se ordenó inspeccionar el arma supuestamente incautada; no se demostró que el arma ubicada en la escena hubiera sido disparada recientemente; no se encontraron huellas dactilares sobre dicho artefacto; el suboficial que tenía a su car go el grupo indicó que había disparado su arma, en tanto que dos de sus subordinados también; no obstante, ninguno aceptó haber dado muerte al ciudadano.»Radicado: 11001-03-15-000-2023-02665-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En concretó indic aron que el precedente judicial se desconoció con fundamento en las siguientes razones: (i) la accionada radicó en los accionantes la carga de probar la ilicitud de los actos de la fuerza pública; (ii) la decisión se fundamentó en el resultado de investigaciones penales que

fundamento en las siguientes razones: (i) la accionada radicó en los accionantes la carga de probar la ilicitud de los actos de la fuerza pública; (ii) la decisión se fundamentó en el resultado de investigaciones penales que estuvieron mal enrutadas; (iii) no se apreció en integridad el material probatorio aportado al proceso; y (iv) no se valoró la prueba indiciaria que sugería que la víctima directa no murió en un combate sino que se trató de una ejecución extra judicial atribuible a los agentes del Estado3.2. Defecto fáctico por omisión e indebida valoración del material probatorio La parte accionante acusa que la accionada se limitó a realizar una simple relación de los medios de prueba, pero no los valoró según las exigencias del artículo 176 del Código General del Proceso y la jurisprudencia constitucional y contenciosa relativa a la prueba indiciaria en casos de ejecuciones extrajudiciales. En la acción de tutela se acusa que el juez de segunda instancia en el proceso de reparación directa sub examine dejó de valorar los siguientes medios de convicción: (i) Orden de Operaciones Espartaco. En consideración de la parte accionante esta documental permitía inferir que la muerte del señor José Mauricio Quintero Cardona tuvo origen en una ejecución extra judicial. Esto comoquiera que da cuenta de que el comandante del pelotón Cobre 3 violó el pr ocedimiento legal que le imponía en los casos de levantamiento e inspección a cadáver, coordinar tal actividad con el S -2, para que este grupo a su vez coordinara con las autoridades competentes la ejecución de dicha tarea judicial. Además, no se tomó registro fotográfico del cadáver en el lugar de los hechos y no hubo ningún

tal actividad con el S -2, para que este grupo a su vez coordinara con las autoridades competentes la ejecución de dicha tarea judicial. Además, no se tomó registro fotográfico del cadáver en el lugar de los hechos y no hubo ningún informe sobre la munición empleada en el supuesto enfrentamiento. (ii) De las imprecisiones en la narración de los hechos por parte de los agentes del Ejército que participaron en el supuesto combate. Ad virtieron los accionantes que existen inconsistencias y contradicciones en el relato de los hechos que hicieron los agentes del Estado al ser comparado entre ellos y con otras pruebas del proceso. a) En cuanto a la hora de la muerte. Los agentes del Ejército indicaron que el combate fue a las 5:35 a. m., pero el protocolo de necropsia no respalda tal teoría, pues según su contenido ello habría ocurrido a las 3 a. m. de ese día o antes. b) Aunque manifestaron que al momento de los hechos no había amanecido, el clima era lluvioso y la zona boscosa, uno de los suboficiales que iba atrás del grupo manifestó que vio el número de subversivos a los que se enfrentaban, el tipo de armas y su vestimenta. c) Tres soldados del batallón aceptaron haber disparado sus armas, pero ninguno admitió haber causado la muerte del ciudadano abatido ni haber activado granadas de fragmentación. d) «El soldado profesional Iván Darío González Castro, según su declaración bajo juramento y las entrevistas que entregaron los militares al servidor de policía judicial y en los informes de éste, resultó herido en el mencionado combate, por lo que tuvo que s er trasladado al hospital San Juan de Dios de Anorí para su atención; sin embargo, en dicho centro

las entrevistas que entregaron los militares al servidor de policía judicial y en los informes de éste, resultó herido en el mencionado combate, por lo que tuvo que s er trasladado al hospital San Juan de Dios de Anorí para su atención; sin embargo, en dicho centro hospitalario indicaron (…) que el día 3 de junio de 2007 este soldado no fue atendido allí.» e) Tampoco existe acuerdo entre las declaraciones de los soldados acerca de la duración del supuesto combate. (iii) Protocolo de necropsia. El ciudadano abatido recibió la mayoría de los impactos de bala por la espalda , por lo que no le asistió razón a la autoridad judicial accionada cuando indicó que solo uno de los disparos que recibió el señor José Mauricio Quintero Cardona marcó una trayectoria de atrás hacia adelante.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02665-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) La víctima directa no tenía antecedentes judiciales ni se probó que perteneciera a la guerrilla de las FARC. Asimismo, la forma como estaba vestido no se acompasa con la indumentaria de los guerrilleros.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 7 de mayo de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta, por conducto de apoderado judicial, por lo señores Luis Eduardo Castaño Arboleda y Luis Eduardo Castaño

Quintero, John Fredy Castaño Quintero, María Cristina Castaño Quintero y

admitió la acción de tutela interpuesta, por conducto de apoderado judicial, por lo señores Luis Eduardo Castaño Arboleda y Luis Eduardo Castaño Quintero, John Fredy Castaño Quintero, María Cristina Castaño Quintero y Jorge Alexander Castaño Quintero contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Además, vinculó, en calidad de terceros con interés a al Tribunal Administrativo de Antioquia , a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a la señora María Edilia Cardona Atehortúa dada su calidad de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 05001-2333-000-2013-00499-01 (60655). 4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , a través del ponente de la decisión, manifestó que la motivación de la sentencia del 13 de julio de 2022 , es suficiente para explicar la improcedencia del amparo constitucional. 4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia , por conducto del magistrado ponente de la sentencia ordinaria de primera instancia, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela debido a que la sentencia emitida por esa Corporación obedeció al marco jurídico aplicable al caso y a la valoración razonable de los medios de prueba. Como fundamento de su solicitud, retomó la ratio de la sentencia del 31 de agosto de 2017. 4.4. El Ministerio de Defensa Nacional , por conducto de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda. Explicó que el alegato por defecto fáctico se fundamenta en un desacuerdo

4.4. El Ministerio de Defensa Nacional , por conducto de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda. Explicó que el alegato por defecto fáctico se fundamenta en un desacuerdo con la valoración de las pruebas que hicieron las autoridades de instancia, pero no evidencia un real yerro susceptible de análisis por el juez de tutela. Expuso que los jueces naturales de la causa procedieron con la valoración razonable de los medios de convicción de manera individual y en conjunto y que el hecho de que ese análisis no favoreciera las pretensiones de la parte demandante no era suficiente para erigir un error en la sentencia. Precisó que a los demandantes les corresponde asumir las consecuencias de no cumplir con la carga de la prueba. Sobre la muerte cuya indemnización se pretendía indicó que se dio en el contexto de un conflicto armado interno en el cual los agentes del Ejército tienen la posibilidad de activar sus armas en caso de ataque en ejercicio de su derecho a la legitima defensa. Agregó que el proceso penal que se inició por estos hechos aún no ha concluido, por lo que no es apropiado que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se declare la comisión de un delito de lesa humanidad, dado que comprometería la responsabili dad de la entidad y la personal de los miembros de la institución, quienes gozan de la presunción de inocencia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02665-01

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5. Providencia impugnada En sentencia del 13 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por los accionantes.

De una parte, porque estimó que la fundamentación del defecto fáctico busca ba retomar el debate probatorio que tuvo lugar en el proceso ordinario. Precisó que la accionada apreció y valoró los medios de prueba en ejercicio de su autonomía e independencia y concluyó que no se probó el hecho dañoso. De otro lado, dijo que la tesis de flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los DD HH no puede entenderse en el sentido de liberar a la demandante de la carga de acreditar los hechos de la demanda. Además, en la acción de tutela no se indicaron las razones por las que considera que la sentencia acusada viola el precedente citado ni la forma como, a su juicio, debía construirse la prueba indiciaria.

6. Impugnación La parte demandante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia Precisó que n o debe confundirse la relación de las pruebas del proceso en la sentencia con su valoración razonable. Los medios de convicción no fueron estudiados bajo las reglas de la sana cr ítica ni al amparo de l precedente Constitucional para los casos en los que se discute la posible materialización de una ejecución extrajudicial.

En el escrito de tutela se expusieron en detalle los medios de prueba omitidos e indebidamente valorados y por qué la información que de ellos derivaba resultaba

Constitucional para los casos en los que se discute la posible materialización de una ejecución extrajudicial. En el escrito de tutela se expusieron en detalle los medios de prueba omitidos e indebidamente valorados y por qué la información que de ellos derivaba resultaba importante para estructurar la tesis de responsabilidad del Estado por la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Aunque se reconoce la importancia de los principios de independencia y autonomía en la labor de administrar justicia, estos no pueden entenderse de manera absoluta al punto de sacrificar los derechos fundamentales de los usuarios del servicio de justicia. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que en los casos en que se busca la condena del Estado con ocasión de una ejecución extrajudicial, el juez debe atemperar su rigor y flexibilizar los estándares de prueba en aplicación de las reglas de la experiencia, dada la reconocida y aceptada dificultad probatoria en la que se encuentran las víctimas en estos eventos. El análisis del juez de tutela de primera instancia en relación con el cargo de desconocimiento del precedente judicial fue general y poco argumentado. El a quo no abordó el quid del asunto y era que la autoridad judicial accionada no hizo referencia alguna a las reglas de decisión desarrolladas para la valoració