CE - 010315000202302853011SENTENCIA20231006155052

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

Demandante: Regina María García Visbal

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-01

Demandante: REGINA MARÍA GARCÍA VISBAL

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BARRANQUILLA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento d el derecho con el fin de que se declarara la existencia de una relación la boral encubierta o subyacente . Defecto fáctico por indebida valoración probatoria no ajustada a los parámetros de la razonabilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta de l Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA) , entidad que actúa por intermedio de su directora regional del Atlántico, contra la sentencia de 29 de junio de 202 3, dictada por la Sección Segunda, Subsección “ A” del

que actúa por intermedio de su directora regional del Atlántico, contra la sentencia de 29 de junio de 202 3, dictada por la Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo de Estado , que accedió a las pretensiones de la acción de tutela en los siguientes términos:

“Primero: Tutelar los derechos al debido proceso y acceso a la administraci ón de justicia invocados por la señora María Regina García Visbal.

Segundo: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 10 de junio de 2022, adicionada el 15 de novie mbre de 2022 dentro del expediente 08001-33-33-006-2019-00161–01.

Tercero: En consecue ncia, se ordena al Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión Oral – Sección B, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presen te providencia, profiera una nueva sentencia valorando las pruebas, conforme a la motivación expresada en la parte motiva.

Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que prestó sus servicios al S ENA como contratista en el cargo de instructora impartiendo formación profesional desde el 21 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2017, es decir, durante 7 años, 11 meses y 10 días.

Afirmó que en ej ercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra esa entidad, con el fin de que se declar ara la

Afirmó que en ej ercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra esa entidad, con el fin de que se declar ara la existencia de una relación laboral encubierta al configurarse un contrato realidad.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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2 Sostuvo que el Juzgado Sexto Admin istrativo del Circuito de Barranquilla en fallo de 14 de diciembre de 2021, accedió parcialmente a las s úplicas de la demanda , por lo qu e declaró la existencia de la relación laboral y condenó al S ENA al reconocimiento y pago por concepto de prest aciones sociales por los per iodos comprendidos entre el 29 de enero de 2016 al 31 de julio de 2017, con la precisión de que entre los años 2009 a 2015 se había configurado la prescripción.

Indicó que las partes formularon recurso de apelación contra la anterior deci sión, los cuales fueron dec ididos por el Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia de 10 de junio de 2022 , en la que se revocó el fallo del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en razón a que de las pruebas allegadas al proceso no se demostraba la exis tencia del elemento subordinación , a lo que agrego que lo que se evidenc iaban era gestiones te ndientes a la coordinación y el cumplimiento del objeto contractual.

allegadas al proceso no se demostraba la exis tencia del elemento subordinación , a lo que agrego que lo que se evidenc iaban era gestiones te ndientes a la coordinación y el cumplimiento del objeto contractual.

Finalmente, manifestó que solicitó la adición de esta última sentencia en razón a que no r esolvió sus argumentos relacionados con la prescripción , la cual fue resuelta por medio de auto de 15 de noviembre de 2022, en el s entido de adicionarla en el entendido de que al haber sido revocada la decisión apelada , no había lugar a pronunciarse sobre algún perio do en el que hubiera operado la prescripción.

2. Fundamentos de la acción

La d emandante presentó acción de tutela en defe nsa de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y trabajo, así como los principios de primacía de la realida d sobre las forma s y buena fe , supuestamente vulne rados por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla, con las sentencias proferidas, en su orden, el 10 de junio de 2022 y 14 de diciembre de 2021, proferidas en el marco del medio de control de nulidad y resta blecimiento del derecho con radi cado No. 08001-33-33-0062019-00161-01.

Aun cuando en el escrito de tutela se incluye como demandado al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla, los argumentos que allí se exponen se circunscriben a la decisión emanada del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, el cual

Administrativo del Circuito de Barranquilla, los argumentos que allí se exponen se circunscriben a la decisión emanada del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, el cual sustentó en que se le dio una valoración probatoria d esacertada a los documentos, testimonios y correos electrónicos que evi denciaban la perm anencia como instructor durante el tiempo de vinculación en el SENA y que demuestran la existencia del elemento de la subordinación.

Agregó que de los correos electrón icos se evidenció que la parte actora debía cumplir con las reglas impuestas por la entidad en cuanto a la asistencia obligatoria a capaci taciones, reuniones, encu entros académicos por fuera de la labor docente , es decir , de forma extracurricular y donde s e le imponían innumerables tareas como a cualquier trabajador ordinario de planta d e la institución sin que pudiera de forma autónoma apartarse a tales instrucciones.

Señaló que los declarantes manifestaron de forma contundente, clara y diáfana que las labores desarrolladas por la actora en calidad de instructora de forma ción en cuanto a fun ciones, obligaciones y tareas asign adas eran de la misma naturaleza, igualdad y jerarquía que las desarrolladas por los funcionarios e instructores de planta, a lo que agregó que en sus decl araciones se indicó que dentro de la estructura organizacional y m isional del S ENA existían unos jefes supervisores denominados coordinadores y un subdirector y director que dentro de la cadena de mando ejercen funciones de jefes inme diatos según el área oRadicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

supervisores denominados coordinadores y un subdirector y director que dentro de la cadena de mando ejercen funciones de jefes inme diatos según el área oRadicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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3 estructura dentro de la institución de ac uerdo a los programas de aprendizaje que se imparte a los aprendices.

Sostuvo que los implementos para el ejercicio de la formación como instructor a eran suministrados por el S ENA, es decir , la plataforma , las guías de estudio, montaje de evaluaciones y notas, así como los talleres eran diseñados y alineados a través de la Dirección Nacional del S ENA como la carga académica, horario, asignación de cursos, salones y sedes , los cuales era n definidos por la referida entidad sin que existiera autonomía ni la posibilidad de que el i nstructor, a su arbitrio, tomara dec isiones por fuera de las exigencias, requerimientos e instrucciones del mencionado establecimiento público.

Mencionó que la autoridad judicial accionada le dio un sentido probatorio diferente a lo que las pruebas refl ejaron en el debate, además que desconoció la declaración de parte rendida por l a accionante donde queda ratificado y reforzado el elemento de la permanencia y la subordinación, sin que la convic ción o formación del tribunal fuera otr a diferente a la que erra damente arribó en la decisión de segunda instancia.

Indicó que no existe prueba de que el SENA hubiera ejercido una labor que

formación del tribunal fuera otr a diferente a la que erra damente arribó en la decisión de segunda instancia.

Indicó que no existe prueba de que el SENA hubiera ejercido una labor que convalidara la legalidad de los contratos de prestación de servicio s del actor , es decir, toda la carga probatoria estuvo a cargo de la parte actora, sobre lo cual la entidad solamente “argumentó que el contrato de prestación de servicio era de naturaleza civil administrativa donde el elemento su bordinación y permanencia que ostentaba el actor fuera desvirtuado por parte del Sena, bajo estas consideraciones resulta injusto y contrario a derecho la decisión adoptada por el tribunal accionado”.

De otr a parte , afirmó que se incurrió en desconocimiento d el precedente judicial, en tanto la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico acudió a la sentencia de 4 de marzo de 2010 , proferida por la Sección S egunda del Consejo de Estado, en la que se desarrolla una postura reevaluada.

Resaltó que si la autoridad ju dicial accionada hubiera aplicado el precedente judicial vigente, “sus conclusiones no estuvieran revestidas del criterio de aparente coordinación que lo enrostra a la vinculació n de la actora con la demandada en cuanto a los co ntratos de prestación de ser vicios que esta suscribiera para tal efecto ya que la jurisprude ncia decant ó y fij ó reglas en cuanto al elemento característico de permanencia y subordinación que envuelve la p revalencia de la realidad sobre las formas en este tipo de contratación”.

Sostuvo que la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, explicó el elemento subordi nación que determina

realidad sobre las formas en este tipo de contratación”.

Sostuvo que la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, explicó el elemento subordi nación que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, toda vez que quien celebra un c ontrato de esta última naturaleza, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales . S in embargo, agregó, en ca so de que se acredite la existencia de un t rabajo subordinado o dependi ente consistente en la actitud por parte de la administración co ntratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la la bor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la pres tación del servicio, se tipi fica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Mencionó que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado recordó que “(i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier moment o, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y s e le imponen reglamentos, la cual debeRadicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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4 mantenerse durante el vínculo; ( ii) le corresponde a la parte actora demostrar la

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4 mantenerse durante el vínculo; ( ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámet ro de comparación con los de más empleados de planta, requisitos neces arios establecidos por la juri sprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de p restación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos ec onómicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servi cios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otor gar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupues tos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión”1.

Expresó que el tribunal accionado en su argumentación realiz ó una ponderación distante de la real idad procesal probatoria in curriendo en evidentes error es protuberantes de hecho y de derecho y, en consecuencia, su deber de administrar justicia no fue aplicado de acuerdo con las reglas de la sana cr ítica al asunto en controversia.

Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada no aplicó las normas que regulan la materia apartándose de su deber de impartir y proveer una recta, pronta y debida justicia, en observancia del mandato constitucional que así lo impone.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante la S eñora REGINA MARIA GARCIA VISBAL sus

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante la S eñora REGINA MARIA GARCIA VISBAL sus derechos fundamentales conculcados como son: Igualdad, Debido Proceso, derecho al trabajo, primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, buena fe, por haber incurrido la parte accionada en sus de cisiones en vía de hecho por Defecto F áctico, Defecto Material o Sustantivo, Defecto Procedimental absoluto, Desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estad o y violación de la Constitución, y todos a quellos que se encuentren en conexidad con los anteriores.

2. Ordenar al HONORABLE TRI BUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO a que proceda en el término perentorio de 48 horas siguientes a la notifi cación del presente fallo de tutela, para que dicten una nueva providencia en los térmi nos y parámetros que disponga esta Honorable Corporación, en el sentido de que acceda a la declara toria y existencia de la relación laboral (contrato realida d – Art. 53 de la C.N.) existente entre las partes dura nte el periodo comprendido del 21 de agosto de 2009 hasta el 31 de Julio de 2017 sin so lución de continuidad salvo las interrupciones habidas entre cada contrato de acuerdo a las pretensiones del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

3. En el evento de que no sea posible dispo ner que se dicte una nueva providencia, que se deje sin efecto las Sentencias proferidas por el Juzgado Sexto (6) Contencioso Administrativo Oral del

3. En el evento de que no sea posible dispo ner que se dicte una nueva providencia, que se deje sin efecto las Sentencias proferidas por el Juzgado Sexto (6) Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal De Lo Contencioso Admini strativo del Atlántico de fecha 14 de Dicie mbre de 2021, 01 de Junio de 2022 y su adición de fecha 15 de Noviembre de 2022 respectivamente, para que en su reemplazo se dicte la providencia que profiera esta Honorable

Corporación.

4. Exhortar a la accionada corporación que en lo sucesivo en casos s imilares se proceda a dictar su providencia en los términos y parámetros que para tal efecto esta Honorable Corporación que se le atribuyen”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 7 de junio de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla remitió link de acceso al expediente digital No. 08001-3333-006-2019-00161-01, qu e contiene las actuaciones del medio de control de nulidad y restablec imiento del derecho que adelantó la señora Regina María García Visbal contra el SENA.

1 Consejo de Est ado, Sección Segunda, Subsección “B”, M.P.: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, radicado No. 81001-23-33-000-2012-00020-01.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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2016, radicado No. 81001-23-33-000-2012-00020-01.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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5. Trámite procesal

Por auto de 1 de junio de 2023, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela , razón por la cual ordenó notificar a la parte demandante y a las autoridades judiciales accionadas, así como al SENA.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico

En escrito de 7 de junio de 2023, el magistrado ponente de la decisión objetada pidió que se declarara la improcedencia de la acción de t utela o, en su defecto, que se nieguen las p retensiones por no cumplir con los requisitos gener ales, a lo que agregó que no se vulneraron los derechos fundamentales a la demandante.

Afirmó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la accionante no e xpone algún reparo en concreto que implique la afectación de un derecho fundamental, toda vez que son aspectos que, en un eventual caso, debieron ser manifestados al juez natural y, en e ste caso, pareciera que la parte accionante pretendiera que el juez co nstitucional se convierta en una instancia adicional.

Indicó que las certificaciones de tiempo de servicio obrantes dentro del proceso

pareciera que la parte accionante pretendiera que el juez co nstitucional se convierta en una instancia adicional.

Indicó que las certificaciones de tiempo de servicio obrantes dentro del proceso ordinario, demostraba n la existencia de dos de los e lementos de la relación laboral. Por un lado, la presta ción personal del servicio, por cuanto efectivamente la demandante fue contratada por el SENA Regional Atlántico como instructora en el área de Asistencia Administrativa, lo cual impl ica que fue quien prestó el servicio. El segundo, que percibió una contraprestación lo que se demostró en que en los contratos se indicaba la suma que recibió la accionante.

Señaló que no se demostró la subordinación, como último elemento de la relación laboral, en tanto de las declaraciones rendidas en e l curso del proceso de nulidad y r establecimiento del d erecho, si bien se pudo concluir que la demandante se desempeñó como instructora en ciertos horarios, ello por sí mismo no era suficiente para que se diera por probado.

Adujo que a un cuando se pretendía probar que la señora Regina María García Visbal recibía por parte d e su coordinador correos electróni cos a través de los cuales se le informaba y citaba a reuniones, de su contenido no se pudo concluir que cumpliera unos horarios fijos en las instituciones educativas don de fungía como instructora, sino que demostraban que ella y los demás instructores debían coordinar con las instituciones educativas los horarios para el cumplimiento de l os contratos administrativos de prestación de servicios.

Resaltó que d e la lectura de los correos e lectrónicos aportados al expediente se

coordinar con las instituciones educativas los horarios para el cumplimiento de l os contratos administrativos de prestación de servicios.

Resaltó que d e la lectura de los correos e lectrónicos aportados al expediente se pudo colegir que los mismos se e nviaban como forma de coordi nación en el cumplimiento de las actividades al interior de la entidad, sin que de allí emerja que se impo nían elementos de un v ínculo legal y reglamentario que determinara la condición de empleado público que se reclamaba.

Sostuvo que en el curso del pro ceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se acreditó la configuración de la subordinación como elemento necesario para la existencia de un vínculo entre la accionante respecto del SENA, por consiguiente, se concluyó que no se configuraba la existencia de una relación laboral simulada.

Por último, manifestó que si bien la accionante ejecutó contratos en el área de Asistencia Administrativa adscrita al SENA Regional Atlántico, en el procesoRadicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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6 ordinario no logró acreditar p robatoriamente la configuración de la totalidad de los elementos con los cuales se demostraría la configuración del contrato realidad.

6.2. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla

En escrito de 7 de junio de 2023, la titular del despacho solicitó que se negaran las

elementos con los cuales se demostraría la configuración del contrato realidad.

6.2. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla

En escrito de 7 de junio de 2023, la titular del despacho solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela , al no evidenciar la vulneración de derechos fundamentales.

Afirmó que en el curso de la primera instanci a se reconoció la existencia de la relación laboral, por lo que se dispuso el pago de los derechos p restacionales derivados de tal v ínculo, a lo que agregó que declaró la prescripción en relación con algunos contratos de prestación de servicios aportados.

Sostuvo que el juzgado encontró probado s los tres elementos que caracterizan la relación laboral, e sto es, la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración, los cuales fueron analizados en la providencia objeto de tutela.

Indicó que la prestación personal del servicio y la subord inación el despacho t uvo como pruebas los contratos de prestación de servicios aportados, así como los testimonios recaudados y demás documentos obrantes dentro del proceso.

Finalmente, señaló q ue lejos de existir alguna vulneración de los derechos fundamentales de la accionante con la providencia cuestionada, lo que se dispuso fue su protección, en la medida en que despacho judicial accedió a las súplicas de la demanda, disponiendo el pago de los derechos q ue en principio le fueron desconocidos la entidad demandada.

6.3. Respuesta del SENA

En escrito de 7 de junio de 2023, la directora de la Regional Atlántico pidió que se

desconocidos la entidad demandada.

6.3. Respuesta del SENA

En escrito de 7 de junio de 2023, la directora de la Regional Atlántico pidió que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que se le brindaron todas las garantías procesales a la accionante en el curso del pro ceso ordinario.

Resaltó que la actuación de la entidad y la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico está n acorde con lo dispuesto por la Ley 446 de 1998 y sus decretos reglamentarios, la Ley 640 de 2001, la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones concordantes.

Para terminar, afirmó que n o se observa vulneración alguna del derecho fundamental de defensa o de acceso a la administración de justicia, pues se ejercieron lo s recurso s pertinent es, teniendo la oportunidad de controvertir la s decisiones judiciales m ediante los recurs os que han sido resueltos en forma pronta y oportuna.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo d e Estado por sentencia de 29 de junio de 2023, i) amparó los derechos fun damentales al debido proces o y de acceso a la administración de justicia, ii) dejó sin efectos la sentencia de 10 de junio de 2022 -adicionada el 15 de noviembre de 2022 -, proferida por el Tribunal Administrativo de l Atlántico y, en consecuencia, iii) ordenó proferir un a nueva decisión dentro de los 20 días siguientes a la notificación del fallo de tutela.

En primer lugar, se refirió a l recurso de apelación presentado por el SENA en el

Administrativo de l Atlántico y, en consecuencia, iii) ordenó proferir un a nueva decisión dentro de los 20 días siguientes a la notificación del fallo de tutela.

En primer lugar, se refirió a l recurso de apelación presentado por el SENA en el proceso ordinario, en el que se sustentó en que no se configuraron los elementos del contrato de trabajo, que la accionante no fue vinculada como “docente”, lo queRadicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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7 equivocadamente lo asimila y/o equivale a “instructor”, que es una precisión importante porque la labor docente lleva implícita la subordinación, mientras que el instructor del SENA es independi ente y no está suj eto a la jerarquía dentro del Ministerio del Trabajo al cual pertenece.

Luego, señaló que el tribunal accionado expresó que “comoquiera que en primera instancia el juzgado estudió si la relación entre la accionante y el Servicio Nacional de Aprendizaje se trataba de una relación legal y reglamentaria o de un vínculo contractual o laboral, y que los motivos de censura aducidos en e l recurso de apelación gu ardan relación con estos argumentos, esta Sala de Decisión concentrará su estudio en establecer si efec tivamente existió o no una relación laboral”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada al dictar la sentencia objetada analizó

apelación gu ardan relación con estos argumentos, esta Sala de Decisión concentrará su estudio en establecer si efec tivamente existió o no una relación laboral”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada al dictar la sentencia objetada analizó los contratos acreditad os en el expediente y los testimonios practicado s en primera instancia, sin expresar valoración alguna sobre ellos . En cuanto a la prestación personal del servicio expresó que se demostró con certificaciones de tiempo de servicio, al igual que la contrapre stación, siendo esta por concepto de honorarios.

Indicó que el Tribunal Adm inistrativo del Atlántico expresó que el elemento subordinación no estaba demostra do, en tanto “de las declaraciones rendidas en el proceso se puede concluir que la demandante cump lía unos horarios como instructora, pero “esto no demuestra por s í solo el elemento de la de la subordinación”.

Resaltó que la sentencia obje tada señaló que los declarantes manifestaron que “recibía por parte de su coordinación correos electrónicos a través de los cuales se les informaba y citaba a reuniones; sin embargo, del contenido de los correos electrónicos no se puede concluir que la demandante cumpliera unos horarios fijos en las instituciones educativas donde fungía como instructora, solo demuestr a que tanto la señora Regina García Visbal debía coordinar con las instituciones educativas los horarios para la prestación del serv icio. La misma accionante en el interrogatorio de parte rendido en el curso de la primera instancia, fue clara al indicar qu e su horario dependía de la “jornada contraria a la que iban los estudiantes en formación del colegio”.

Sostuvo que la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo del

indicar qu e su horario dependía de la “jornada contraria a la que iban los estudiantes en formación del colegio”.

Sostuvo que la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo del Atlántico no estuvo ajustada a los parámetros de razonabilidad decant ados por la Corte Constitucional, pues no valoró íntegramente los testimonios, al no otorgar valor a las declaraciones que ilustraron sobre la manera como la accionante debía desempeñar las labores que cumplía para el SENA. En relación con este elemento concluyó que “las tareas que a ellos se confían mal podrían desarrollarse por fuera de las directrices y lineamientos que trace la entidad que los contrata, por lo que la verificación del cumplimiento de ellas no podría entenderse, en todos los casos, como un indicio inexorable de la existencia de u na relación laboral ”, sin expresar con suficiente claridad, por qué los medios de convicción allegados al expediente, valorados conjuntamente, no acreditan la relación laboral de la señora María Regina García Visbal con la entidad.

En definitiva, manifestó que se acreditó el error fáctico señalado por la parte actora frente a la sentencia de 10 de junio de 2022, adicionada mediante providencia de 15 de noviembre de 2022 expedida por el Tribunal Admi nistrativo del Atlántico, por lo que se relevaba de efectuar el análisis del desconocimiento del precedente judicial alegado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02853-01

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8. Escrito de impugnación

8.1. Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 25 91 de 1991, el SENA impugnó la sentencia de primera instancia y pidió que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, en raz ón a que se le brin daron todas las garantías procesales a la accionante en el curso del proceso ordinario.

Refirió que, en el presente cas o, la accionante ejerció oportu namente su derecho a controvertir ante las instancias judiciales competentes y mediante las acciones establecidas por la ley, los actos administ rativos que consideró objeto de debate judicial, los cuales f ueron en su momento analizados y decididos mediante sentencias oportun