CE - 010315000202302863011SENTENCIA20231012120818

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 29 de junio de 202 3 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1.La actora, obrando mediante apoderad o, present ó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena , porque, a su juicio, al proferir los autos de 20 de octubre de 2022 y 4 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio2

Tribunal Administrativo del Magdalena , porque, a su juicio, al proferir los autos de 20 de octubre de 2022 y 4 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 47-001-3333-003-2019-00006-01, vulner ó sus derechos fundamentales indicados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que , el 31 de enero de 2019, “[…] el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta admitió la demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. contra

la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS […]”.

4. Expresó que “[…] el día 22 de agosto de 2019, cumplido el trámite procesal pertinente, el Juzgado Tercero ordenó integrar al contradictorio a la señora YENIS ESTHER BELLON CHACON, usuaria del servicio de energía beneficiada con el silencio administrativo positivo previamente reconocido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esto bajo el entendido de que la investigación administrativa tuvo su génesis en la petición presentada por ésta […]”.

silencio administrativo positivo previamente reconocido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esto bajo el entendido de que la investigación administrativa tuvo su génesis en la petición presentada por ésta […]”.

5. Manifestó que “[…] la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición en contra de la decisión anteriormente mencionada, manifestando que, en síntesis, bajo ninguna circunstancia la demanda presentada bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho persigue la afectación del silencio administrativo positivo reconocido a favor de la usuaria YENIS ESTHER

BELLON CHACON […]”.

6. Adujo que “[…] El 21 de noviembre de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta con base al precedente vertical establecido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, resolvió no reponer el auto de fecha de 22 de agosto de 2018, por lo cual encuentra necesario integrar a la usuaria ESTHER BELLON

CHACON […]”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

7. Agregó que “[…] El 19 de abril de 2021, el Despacho ordenó el emplazamiento de la señora YENIS ESTHER BELLO CHACON, para efectos de ser notificada del auto admisorio de la demanda, conforme lo indica el artículo 108 del CGP, realizándose el registro correspondiente sin que la misma concurriera al proceso

[…]”.

8. Afirmó que “[…] El 05 de mayo de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo de

realizándose el registro correspondiente sin que la misma concurriera al proceso […]”.

8. Afirmó que “[…] El 05 de mayo de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, acogiendo la nueva de postura del Tribunal Administrativo del Magdalena -relativa a la necesidad de vincular al beneficiario del silencio administrativo positivo en este tipo de procesos donde únic amente se discute la legalidad de la sanción -, ordenó dejar sin efecto el auto de fecha 22 de agosto de 2019 por medio del cual se requirió integrar al contradictorio a la usuaria […]”.

9. Manifestó que “[…] El 07 de julio de 2022 el Juzgado Tercero Admin istrativo de Santa Marta, con el fin de imprimirle el impulso procesal que corresponda, resolvió a través de auto anunciar que se procederá a dictar sentencia anticipada como quiera que no existen pruebas por practicar, tal como así lo autoriza el artículo 182

A del CPACA […]”.

10. Afirmó que “[…] El 29 de agosto de 2022 la mencionada Corporación Judicial profirió sentencia anticipada negando las suplicas de la demanda […]”.

11. Señaló que “[…] El día 12 de septiembre de 2022 la parte accionante presentó recurso de apelación debidamente sustentado ante la decisión tomada por el Juzgado Tercero administrativo de Santa Marta. A lo anterior, el Despacho concedió a través de auto de 15 de septiembre de 2022 en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por ELECTRICARIBE S.A. E.S […]”.

12. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió el auto de 20 de octubre de

2022, por medio del cual resolvió lo siguiente:

apelación interpuesto por ELECTRICARIBE S.A. E.S […]”.

12. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió el auto de 20 de octubre de

2022, por medio del cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARESE la nulidad de la sentencia calenda veintinueve (29) de agosto d el dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo […]”.4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

13. El actor interpuso recurso de reposición contra el auto de 20 de octubre de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

14. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió el auto de 4 de mayo de 2023,

por medio del cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NO REPONER el auto de calenda veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022), por medio del cual esta Agencia Judicial dispuso declarar la nulidad de la sentencia calen da veintinueve (29) de agosto del dos mil veintidós (2022) proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, al considerarse que en el asunto sub examine se hacía necesario la vinculación de la señora YENIS ESTHER BELLO CHACON, de conformidad con la parte motiva de la presente

proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, al considerarse que en el asunto sub examine se hacía necesario la vinculación de la señora YENIS ESTHER BELLO CHACON, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría désele cabal cumplimiento a la ordenación impartida en el proveído de calenda veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022), de conformidad con la parte motiva de la presente providencia […]”.

15. El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró que:

“[…] Pues bien, advierte el Despacho que el mandatario judicial de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, manifiesta que interpone recurso de reposición en contra del proveído de calenda veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022), por medio del cual esta Agencia Judicial dispuso declarar la nulidad de la sentencia de calenda veintinueve (29) de agosto del dos mil veintidós (20 22) proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, al considerarse que en el asunto sub examine se hacía necesario la vinculación de la señora YENIS ESTHER BELLO CHACON, como quiera que podría resultar afectado con las resultas del proceso […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, esta Agencia Judicial procederá a desatar el recurso de reposición incoado por el mandatario judicial la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN en contra de la providencia fechada veinte (20) de octubre del año dos mil veintidós (2022), en el sentido de no reponer dicha decisión, como

E.S.P. EN LIQUIDACIÓN en contra de la providencia fechada veinte (20) de octubre del año dos mil veintidós (2022), en el sentido de no reponer dicha decisión, como quiera que tal como se señaló en la decisión interlocutoria, este Despacho estima que deben adoptarse las medidas pertinentes para corregir la indebida integración del contradictorio, habida cuenta de que, aun cuando dentro del sub iuris se persigue la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales el extremo accionado resolvió imponer sanción en la modalidad multa, al reconocerse en dichos actos administrativos los efectos del silencio administrativo positivo en favor de la señora YENIS ESTHER BELLO CHACON emerge con claridad para este operador judicial que, de resultar avante tales pretensiones, se estarían afectando la situación jurídica consolidada respecto de este último, en lo atinente a los efectos del silencio administrativo positivo, conforme se colige de la parte resolutiva de los plurimentados actos administrativos; de tal guisa que, el particular si tiene la condición de litisconsorte necesario en relación al presente asunto.

En efecto, ante la eventualidad hipotética de accederse a la declaración de nulidad de los actos enjuiciados, conllevaría también el que quedara sin efecto jurídico5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

alguno la actuación administrativa o de hecho consolidada en favo r de la predicha señora YENIS ESTHER BELLO CHACON. Siendo ello así, surge indubitable la

alguno la actuación administrativa o de hecho consolidada en favo r de la predicha señora YENIS ESTHER BELLO CHACON. Siendo ello así, surge indubitable la inferencia que les asiste un legítimo interés en defender la legalidad de los actos encausados. Amén de lo anterior, se recuerda que corresponde al Juez conductor del proceso inclusive desde la etapa primigenia de admisión de la demanda, disponer la notificación del libelo genitor a aquellos sujetos que conforme a la demanda o las actuaciones enjuiciadas, le asista interés en las resultas del proceso y, de haberse superado la etapa de admisibilidad de la demanda, se deberá acudir a lo previsto en el artículo 61 del C.G.P., tal como se procedió en el proveído objeto del presente recurso de reposición.

Así las cosas, se itera, se procederá a emitir decisión en el sentido de no reponer la decisión adoptada en providencia de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022), tal como en efecto se hará constar más adelante […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

16. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Que, a través del presente mecanismo constitucional, se declare que las providencias de fecha 20 de octubre de 2022, y del 04 de mayo de 2023 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, incurrieron en violación evidente a la Constitución Política.

2. Que se tutelen los Derechos Fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y al acceso a la administración de justicia establecidos en el artículo

evidente a la Constitución Política.

2. Que se tutelen los Derechos Fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y al acceso a la administración de justicia establecidos en el artículo 29 y 229 de la Constitución Política, respectivamente, en cabeza de la accionante, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, al declarar la nulidad la sentencia de primera instancia de fecha 29 de agosto de 2022 proferida

por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la accionada a dejar sin efectos las anteriores providencias y tener por sustentado el recurso de apelación presentado por el accionante en contra de la sentencia en cuestión […]”.

17. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en un defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas.

Actuación

18. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 2 de junio de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii ) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena ; y iv) vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

19. Encontrándose el expediente de la referencia para resolver la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 29 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Despacho sustanciador en sede de segunda instancia, profirió el auto de 23 de agosto de 2023, por medio del cual se adoptó una medida de saneamiento, consistente en “[…] VINCULAR a Yenis Esther Bello Chacón y, en consecuencia, REMITIRLE copia de la solicitud de tutela, del auto admisorio, de la sentencia proferida, en primera instancia, y de esta providencia, para que, si a bien lo tiene, se pronuncie sobre el particular, contando para ello con un término de tres (3) días a partir de la notificación de esta providencia

[…]”.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

20. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

21. El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró que:

“[…] Pues bien, en primer lugar debo señalar que disiento totalmente de los planteamientos formulados por la parte accionante, toda vez que, resultan absolutamente desproporcionados y carentes de sustento fáctico y legal alguno, teniendo en consideración que las decisiones adoptadas en las referidas

planteamientos formulados por la parte accionante, toda vez que, resultan absolutamente desproporcionados y carentes de sustento fáctico y legal alguno, teniendo en consideración que las decisiones adoptadas en las referidas providencias de calendas veinte (20) de octubre de la dos mil veintidós (2022) y cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se fundaron en el análisis concienzudo y riguroso de todos los elementos fácticos y probatorios del proceso radicado con el número 47 -001-3333-003-2019-00006-01, en cotejo con las normas aplicables al caso, determinándose la necesidad insoslayable de integrar el contradictorio con la

señora YENIS ESTHER BELLO CHACÓN.

En concordancia con lo indicado en el párrafo que antecede, advierte el infrascripto que el extremo accionante pretende emplear el mecanismo constitucional de marras como un instrumento alterno o paralelo para resolver asuntos litigiosos que deben ventilarse dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho que suscita la interposición del sub lite, pretendiendo que el Juez Constitucional adopte decisiones que son propias del Juez natural, cuando es este el ultimo quien tiene la competencia para determinar las actuaciones a seguir al interior del proceso, situación en virtud de la cual se avizora la improcedencia de la acción tutelar de marras […]”.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

22. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta remitió el

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

22. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta remitió el expediente digital del proceso ordinario.

23. Yenis Esther Bello Chacón guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

24. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 29 de junio

de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la tutela presentada por Electricaribe S. A.

E. S. P. en liquidación […]”.

25. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Al respecto, si bien el defecto sustantivo, que parte de la aplicación, inaplicación o interpretación errada de una norma, es una de las falencias que pueden esgrimirse en la tutela contra providencia judicial, se debe tener en cuenta que no debe convertirse en una vía para que el juez constitucional imponga su criterio jurídico sobre el de los falladores de instancia.

En ese sentido, se tiene que, para Electricaribe, la intervención de la quejosa en el proceso ordinario no es necesaria porque no se están demandando los efectos del reconocimiento del silencio administrativo de l que es beneficiaria, sino únicamente la multa que le impuso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al punto de que en la demanda se solicitó la nulidad parcial de los actos administrativos al delimitar la pretensión al respectivo numera l de la parte resolutiva de aquellos.

Domiciliarios, al punto de que en la demanda se solicitó la nulidad parcial de los actos administrativos al delimitar la pretensión al respectivo numera l de la parte resolutiva de aquellos.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena consideró que la controversia de ese proceso gira en torno a establecer si Electricaribe notificó de forma oportuna o no la respuesta a una petición de la actora , hecho que es la base tanto de la sanción como del acto ficto presunto positivo, en ese sentido, al margen de lo consignado en el petitum de la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que allí se resuelva puede afectar los efectos del silencio administrativo del que es beneficiaria la señora Bello Chacón.

Nótese que, en ese escenario, esta tutela carece de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la existencia de un interés directo de un particular en lo que se decida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es un asunto que entra en la órbita de la autonomía judicial.

En efecto, al margen de si la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena es acertada o no, lo cierto es que emitió una motivación para la misma, puntualmente, la accionada explicó que lo discutido en el proceso ordinario es el cumplimiento de los términos de la empresa para resolver una petición, por lo que, de encontrarse que la sociedad demandante sí actuó oportunamente, entonces no solo sería nula la sanción impuesta, sino que «desaparecía también8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

los efectos jurídicos del silencio administrativo positivo ya reconocido» a favor de la señora Bello Chacón.

Así las cosas, el debate traído a esta vía constitucional, es un desacuerdo sobre lo que puede significar un interés directo que justifique la vinculación de un tercero; no obstante, no se observa una línea argumentativa que lleve a pensar que la postura de la entidad accionada es irracional o arbitraria, es decir, se trata de un debate sobre el criterio jurídico del magistrado ponente de los autos atacados, aspecto en el que le está vedado entrometerse al juez de tutela.

Se resalta que el fundamento de Electricaribe es que en sus pretensiones nunca se atacaron los efectos del acto ficto presunto positivo. Sin embargo, no argumentó en contra de que, a pesar de ello, puedan existir consecuencias adicionales adversas a la que josa, en atención a que tanto la multa como el silencio administrativo positivo comparten el mismo sustento fáctico (notificación extemporánea de la respuesta a una petición).

En ese sentido, ahondar en la discusión planteada por la accionante implicaría reabrir una controversia que ya fue zanjada en el proceso ordinario, donde el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió los argumentos del actor y confirmó su decisión con el auto de 4 de mayo de 2023 […]”.

La impugnación

26. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de

confirmó su decisión con el auto de 4 de mayo de 2023 […]”.

La impugnación

26. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de

Estado. En ese orden de ideas, expresó que1:

“[…] Resulta oportuno indicar lo esgrimido por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, cuando sobre el partic ular en la ratio decidendi señaló que “Nótese que, en ese escenario, esta tutela carece de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la existencia de un interés directo de un particular en lo que se decida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es un asunto que entra en la órbita de la autonomía judicial”.

Al respecto, contrario a lo dicho por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y sin que se entienda que la parte accionante se encuentra inmiscuyéndose dentro de la órbita de la autonomía, consideramos que el presente asunto sí es de relevancia constitucional, en razón a que se trata de una cuestión que trasciende el ámbito de mera legalidad y posee indiscutiblemente relevancia constitucion al, en la medida en que se persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso y contradicción (art. 29 C.P.), como también, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), en relació n con la actuación judicial del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, al declarar la nulidad de la sentencia del 29 de agosto de 2022, proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, al considerar indispensable en el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, al declarar la nulidad de la sentencia del 29 de agosto de 2022, proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, al considerar indispensable en el desarrollo del proceso nulidad y restablecimiento del derecho ese despacho la vinculación al plenario a la señora YENIS ESTHER BELLO CHACON, esto, por considerar aplicable el artículo 61 del Código General del Proceso, apreciación que no compartimos y en consecuencia nos aparta mos del criterio esgrimido por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado […]”.

1 Transcripción literal del texto de la impugnación.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

[…]

“[…] Dicho esto, lo que se busca en la acción de tutela impetrada contra las providencias proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L MAGDALENA es que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, por ser de relevancia constitucional, pues como es evidente la acción de tutela dirigida contra las decisiones judiciales proferidas por la mencionada corporación judicial por transgredir de manera clara derechos fundamentales del accionante, tiene una marcada importancia constitucional, razón por la cual lo que ahora es materia de impugnación es justamente para que el superior revise la decisión proferida por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al no amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción

impugnación es justamente para que el superior revise la decisión proferida por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado al no amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción (art. 29 C.P.), como también, al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), y en tal sentido acudimos al superior de instancia para que le de el trámite a esta impugnación, revise la inconsistencia y el error en que incurrió la Sección Quinta, pues es palmario que el operador constitucional de tutela no apreciara la evidente transgresión a los mencionados derechos fundamentales en que había incurrido el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, de manera que lo que se busca ahora con la impugnación es que se revise y se resuelva por el superior jerárquico, en desarrollo de la doble instancia, lo decidido por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el entendido que los hechos materia de la tutela trascienden la esfera legal.

Coherente con lo anterior, debemos indicar que en el caso sub examine, es evidente que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dio una aplicación incorrecta a lo contemplado por el artículo 61 del C.G.P., al exigir imperiosamente la comparecencia a la Litis de la señora Bello Chancón en calidad de litisconsorte necesario, cuand o su presencia para el caso en comento no es necesaria, pues como se señaló a lo largo del escrito de tutela, lo que se persigue en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es que la autoridad contencioso administrativa declare la nulidad de la sanción impuesta por la

necesaria, pues como se señaló a lo largo del escrito de tutela, lo que se persigue en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es que la autoridad contencioso administrativa declare la nulidad de la sanción impuesta por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAIROS y NO el derecho adquirido por la usuario YENIS ESTHER BELLO CHACÓN, esto es, el silencio administrativo positivo en virtud de la petición presentada en su momento a la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. por la mencionada usuaria. En suma, en el marco del respeto por la autonomía judicial se aprecia sin esfuerzo alguno que la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINSITARTIVO DEL MAGDALENA dentro del medio de control de nulidad y resta blecimiento del derecho fue el desconocimiento de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, habida cuenta de su errónea interpretación o aplicación de la norma (Art. 61 C.G.P.), hace incurrir al Tribunal en el defecto sustant ivo, sin embargo tal yerro no fue apreciado inexplicablemente por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado […]”.

[…]

“[…] Frente a lo decidido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el sentido de indicar que: (i) “Así las cosas, el debate traído a esta vía constitucional, es un desacuerdo sobre lo que puede significar un interés directo que justifique la vinculación de un tercero; no obstante, no se observa una línea argumentativa que lleva pensar que la postura de la entidad accionada es irracional o arbitraria, es

desacuerdo sobre lo que puede significar un interés directo que justifique la vinculación de un tercero; no obstante, no se observa una línea argumentativa que lleva pensar que la postura de la entidad accionada es irracional o arbitraria, es decir, se trata de un debate sobre el criterio jurídico del magistrado ponente de los autos atacados, aspecto en el que le está vedado entrometerse al juez de tutela”. (ii) “Se resalta que el fundamento de Electricaribe es que sus pretensiones nunca se atacaron los efectos del acto ficto presunto positivo. Sin embargo, no argumentó10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02863-01

Actora: Electricaribe S. A. E. S. P. en liquidación

en contra de que, a pesar de ello, puede existir consecuencias adicionales adversas a la quejosa, en atención a que tanto la multa como el silencio administrativo positivo comparten el mismo sustento fáctico (notificación extemporánea de la respuesta a una petición)”, (iii) “Adicionalmente, aunque la sociedad mencionó algunos autos proferidos por otras magistradas del Tribuna l Administrativo del Magdalena, en las que presuntamente esos despachos si acogen sus argumentos, lo cierto es que más allá de enunciarlas sucintamente, no se desarrollo una argumentación que permita a la Sala ahondar en un estudio relativo a la vulneración al derecho a la igualdad”, debemos indicar lo siguiente:

Consideramos que estas afirmaciones de la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es contraria a los presupuestos facticos que se evidencian en el proceso de t utela, y todo lo se encuentra

Consideramos que estas afirmaciones de la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es contraria a los presupuestos facticos que se evidencian en el proceso de t utela, y todo lo se encuentra debidamente demostrado a lo largo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde intervino en segunda instancia de manera equivocada el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, al incurrir en defecto sustantivo al fundamentar su decisión en una norma inaplicable al caso concreto. Esto se indica por cuanto, si bien el artículo 61 del CGP contempla la figura jurídica del litisconsorcio necesario esta corporación judicial la aplicó de manera errónea para resolver la litis dentro del medio de control de nulidad y establecimiento de derecho, y en tal sentido al manifestar el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA en el proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho que es indispensable la vincu