CE - 010315000202303388011SENTENCIAFALLO20231005145106

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho contra acto que dio por terminado nombramiento de registrador prorrogado cada seis mes es / Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en contra de la sentencia proferida el 9 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

La Registraduría Nacional del Estado Civil promovió solicitud de tutel a con el fin de que se amparar an sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 29 de junio de 2018 y el 12 de marzo de 202 1 por el Juzgado Quinto

que se amparar an sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 29 de junio de 2018 y el 12 de marzo de 202 1 por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 13001-33-33-005-2016-00333-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Mediante Resolución 349 del 21 de diciembre de 2010, Marco Antonio Vargas Anillo fue vinculado en provisionalidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cargo de registrador especial 0065 -03, catalogado como de libre nombramiento y remoción.

Por Resolución 56 del 3 de mayo de 2013, fue nombrado por un período de seis meses, y sucesivamente se le renovó su nombramiento por varios períodos más, hasta que, mediante Resolución 098 del 4 de mayo de 2016 se hizo el último nombramiento en la Registraduría Especial de Cartagena.2

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil.

1. Marco Antonio Vargas Anillo formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se prorrogó su nombramiento y se le dio por terminado.

1. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, a través sentencia del 29 de junio de

la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se prorrogó su nombramiento y se le dio por terminado.

1. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, a través sentencia del 29 de junio de 2018 accedió a las pretensiones con el argumento de que el nombramiento del

demandante recayó en un cargo de carrera administrativa especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo cual, debió proveerse por concurso de méritos, porque ante la omisión del legislador en regular la libre remoción, se aplican las reglas establecidas por la Corte Constitucional concernientes a la motivación de un acto de desvinculación de la provisionalidad en medio de la carrera administrativa en el régimen especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil . Decisión contra la cual la parte demandada interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 12 de marzo de 2021 confirmó la decisión del a quo al considerar que se utilizó como excusa la categoría del cargo como de libre nombramiento y remoción para lograr, bajo una apariencia de legalidad, la desvinculación del demandante. A través de providencia del 19 de agosto de 2022, notificada el 11 de mayo de 2023, la corporación negó la solicitud de aclaración y adición presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

1. En relación con esa decisión, la parte actora considera que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

El primero, en tanto el fundamento de sus decisiones fue la Ley 909 de 2004 y no la

demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

El primero, en tanto el fundamento de sus decisiones fue la Ley 909 de 2004 y no la norma especial, esto es, los artículos 61 y siguientes de la Ley 1350 de 2009 , pues el cargo de registrador especial, al ser del nivel directivo, conlleva el ejercicio de responsabilidad directiva y gerencia pública, como lo prevé el artículo 61 de la citada ley, por lo que produce plenos efectos, de ahí que, a su juicio, sea un empleo de libre nombramiento y remoción. Además, se dejaron de aplicar las normas que habilitaban al nominador a separar del cargo al servidor fundado en la naturaleza de sus funciones gerenciales, aunado al vencimiento del periodo para el cual fue nombrado, toda vez que la provisionalidad bajo el régimen especial de esa entidad también es discrecional.

El segundo, por desatender la sentencia SU-003 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se reitera la necesidad de la confianza en los más cercanos colaboradores del superior de la entidad, lo cual es concurrente con lo mencionado en la providencia C230A de 2008, en la que se consideró que la libertad de remoción es garantía de la confianza que el registrador nacional del Estado Civil requiere en sus más cercanos colaboradores.

Citó, además, sentencias en las que se analizaron casos similares, sobre cargos directivos o gerenciales que tenían asignadas funciones de alta responsabilidad, lo cual3

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. implica la necesidad de confianza del nominador, por lo que pueden ser removidos

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. implica la necesidad de confianza del nominador, por lo que pueden ser removidos discrecionalmente1.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] AMPARAR los derechos fundamentales invocados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, objeto de vulneración por parte del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, Bolívar, sentencia de 29 de junio de 2018, y del Tribunal Administrativo de Bolívar, con ocasión a la sentencia dictada en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, rad. 13001 33 33 005 2016-0033-01, por cuanto se configuró el defecto sustantivo y el de desconocimiento del precedente.

Como consecuencia de lo anterior, con todo respeto solicito DEJAR SIN EFECTOS las referidas providencias y se proceda a emitir un nuevo pronunciamien to atendiendo los lineamientos fijados en el marco normativo y jurisprudencial desatendido por las autoridades judiciales accionadas, así como los que disponga la Sala de Decisión que resuelva la presente acción constitucional. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena2 solicitó declarar improcedente la tutela en la medida en que se utilizó como una tercera instancia del proceso ordinario, al pretender reabrir el debate que culminó con las providencias cuestionadas.

Señaló que no vulneró los derechos fundamentales de la entidad tutelante, puesto que

la tutela en la medida en que se utilizó como una tercera instancia del proceso ordinario, al pretender reabrir el debate que culminó con las providencias cuestionadas.

Señaló que no vulneró los derechos fundamentales de la entidad tutelante, puesto que aplicó las reglas de la sana crítica y no desconoció ni ignoró las normas especiales correspondientes a los artículos 61 y siguientes de la Ley 1350 de 2009, sino que acogió la tesis adoptada en la sentencia C-553 de 2010 de la Corte Constitucional.

1.2.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar3 solicitó declarar improcedente el amparo por falta del requisito de relevancia constitucional, en razón a que la controversia planteada en esta sede constitucional está encaminada a reabrir el debate sobre el régimen jurídico aplicable para el cargo de registrador especial. Agregó que la demandante no explicó la forma en que las decisiones judiciales cuestionadas afectaron sus derechos fundamentales, pues replicó los argumentos que expuso a lo largo del proceso judicial ordinario.

1 I) Sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, radicado

1300123310032002010101. Ii) - Sentencia del 10 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, radicado 63001233300020200041800. Iii) - Sentencia del 17 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, radicado 27001233300020160015600. Iv) Sentencia del 5 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, radicado 88001333300120150029201. V) Sentencia del 3 de

Sentencia del 5 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, radicado 88001333300120150029201. V) Sentencia del 3 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, radicado 73001333300120160077500. 2 Ver índice 11 de SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_MEMO2022066(.pdf ) NroActua 11. 3 Ver índice 10 de SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_ANEXO20220661400(.pdf) NroActua 10.4

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sostuvo que no se configura el defecto sustantivo alegado, puesto que en la sentencia C-553 de 2010 se dispuso que los cargos de autoridad administrativa o electoral regulados en la Ley 1350 de 2009 son de libre remoción y no de libre nombramiento, por lo que deben ser provistos exclusivamente por concurso público de méritos, decisión con efectos erga omnes y, por tanto, vinculante para los jueces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 270 de 1996.

Explicó que no se configuró el desconocimiento del precedente alegado, puesto que no se aportaron las sentencias de los tribunales administrativos que supuestamente fueron ignoradas, pero que, en todo caso, no se reseñó ninguna providencia expedida por una alta corte, de ahí que no se pueda predicar la existencia del defecto.

1.2.3. El tercero interesado Marco Antonio Vargas Anillo, se opuso a las pretensiones

alta corte, de ahí que no se pueda predicar la existencia del defecto.

1.2.3. El tercero interesado Marco Antonio Vargas Anillo, se opuso a las pretensiones de la tutela para lo cual argumentó que las providencias cuestionadas no incurrieron en los defectos alegados, puesto que la Corte Constitucional en la sentencia C-553 de 2010 dispuso que los cargos de autoridad administrativa o electoral regulados en el artículo 6 de la Ley 1350 de 2009 son de libre remoción y no de libre nombramiento, por lo que debían ser provistos por concurso de méritos.

Sostuvo, además, que el cargo de registrador especial no es de gerencia pública, por cuanto la Registraduría Nacional del Estado Civil no hace parte de la Rama Ejecutiva y, por tanto, no cuenta con empleos de naturaleza gerencial.

Finalmente, expuso que como el cargo de registrador especial de Cartagena es de carrera administrativa, está cobijado por la estabilidad laboral intermedia, de ahí que el acto de desvinculación debía ser motivado.

1.2.4. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio4.

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , mediante sentencia del 9 de agosto de 2023 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela al considerar que no satisface el requisito de relevancia constitucional, y que lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga.

es una discrepancia de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga.

En relación con el supuesto desconocimiento del precedente de diferentes sentencias proferidas por los tribunales administrativos advirtió que el precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, en

4 Mediante auto del 28 de junio de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 5 Ver índice 17 de SAMAI5

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. virtud de la autonomía judicial, es apenas comprensible que existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos por parte de estos.

1.4. Escrito de impugnación6

La Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, además de mencionar que el asunto tiene relevancia constitucional, por tanto, amerita un estudio de fondo.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la tutela contra

que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferid a por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Cuestión previa.

Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona n las decisiones proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

Por lo anterior y en atención a que la providencia del 29 de junio de 2018, proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Bolívar, desató el recurso a través de providencia del 12 de marzo de 2021, al confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la

6 Ver índice 21 de SAMAI

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la

6 Ver índice 21 de SAMAI 7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001 -03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.6

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros

providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado11 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no

ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 13 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en q ue incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos

10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 11 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tut ela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.7

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.14

Es decir, el operador judicial debe verificar que la tra nsgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿ el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil con ocasión de la sentencia del 12 de marzo de 2021 que confirmó la decisión judicial de primera instancia de acceder a las pretensiones de la demanda , al concluir que la entidad demandada debió motivar el acto de desvinculación y no solo sustentarse en la discrecionalidad, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Pese a que en el presente asunto se mencionan varias vías de hecho, para efectos de una mejor síntesis del asunto, se hará referencia en la que hace mayor énfasis la parte actora, sin perjuicio de que se pueda consultar la amplia jurisprudencia constitucional existente respecto de las restantes con fines académicos.

una mejor síntesis del asunto, se hará referencia en la que hace mayor énfasis la parte actora, sin perjuicio de que se pueda consultar la amplia jurisprudencia constitucional existente respecto de las restantes con fines académicos.

2.5.2. Desconocimiento del precedente.

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad ju rídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio p ara erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las difer entes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.8

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. cuenta como condición de eficacia del principio de iguald ad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil. cuenta como condición de eficacia del principio de iguald ad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modifi cación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.3. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del

2.5.3. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de aut onomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta 16, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que iden tifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii ) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.

desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 20189

Radicado: 13001-23-31-000-2023-03388-01

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desprop orcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales17.

2.5.4. Sobre el caso concreto

La Registraduría Nacional del Estado Civil acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 12 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto confirmó la decisión judicial de primera instancia por considerar que se utilizó como excusa la categoría del cargo como de libre nombramiento y remoción, para lograr, bajo una apariencia de legalidad, la desvinculación del demandante.

Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, en tanto se tuvo como referencia la Ley 909 de 2004 y no la norma especial, esto es, los

decisión judicial incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, en tanto se tuvo como referencia la Ley 909 de 2004 y no la norma especial, esto es, los artículos 61 y siguientes de la Ley 1350 de 2009 , de tal manera, se dejaron de aplicar las normas que habilitaban al nominador a separar del cargo al servidor fundado en la naturaleza de sus funciones gerenciales. Asimismo, se desconocieron las sentencias SU-003 de 2018 y C-230A de 2008 que refieren la necesidad de libertad de remoción como garantía de la confianza que el r egistrador nacional del Estado Civil requiere en sus más cercanos colaboradores.

Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo primero advertir que de la lectura del pronunciamiento acusado es posible avizorar una motivación suficiente y coherente que justifica el sentido de esta. Al respecto, se consideró en la decisión acusada que:

«[…] Conforme a lo sostenido por el A quo, la parte demandada no probó lo atinente a la calidad del empleo, y muy a pesar de ello, omitió la motivación adecuada del respectivo acto de insubsistencia acusado. (…) Hecha esta sinopsis, se debe precisar