CE - 010315000202303726001SENTENCIAFALLO20231005154414

Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2023-03726-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación No: 11001-03-15-000-2023-03726-00

Demandante: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incidente de desacato.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En atención a que la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo Oñate fue derrotada en sala de 10 de agosto de 2023, p rocede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución P olítica, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Germán Lóp ez Guerrero, quien actúa en nombre propio, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a l buen nombre y al mínimo vital y móvil.

Lo anterior, tras considerarlos vulnerados con la expedición d el auto de 17 de abril de 2023, a través del cual se denegó su solicitud de levantamiento de la sanción por desacato impuesta al tutelante, en el marco de la acción de tutela 25000-23-41-000-2014-00958-00.

Pidió que se deje sin efectos dicha providencia y se ordene a la accionada emitir una nueva decisión de reemplazo, en la que se resuelva sobre la petición antes referenciada, de acuerdo al precedente vinculante contenido en la sentencia SU034 de 2018.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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2. Hechos

El accionante narr ó los siguientes hechos que , a juicio de la Sala, resultan

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2. Hechos

El accionante narr ó los siguientes hechos que , a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

El señor Germán López Guerrero fue nombra do como director de Sanidad del Ejército Nacional por el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 y el 16 de enero de 2019.

Durante su gestión, existió un alza inesperada de acciones de tutela contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacion al, lo que desbordó la capacidad de respuesta administrativa de la Institución , de modo que durante los tres años de su gestión se elevaron 684 incidentes de desacato por los cuales fue sancionado en los diferentes despachos judiciales a nivel nacional , y se adelantaron 417 cobros coactivos en su contra.

Para el mes de diciembre de 2018, el tutelante culminó su gestión como director de Sanidad del Ejército Nacional, dejando en estado de solicitud de inaplicación de sanción 267 incidentes y 114 peticiones d e terminación de cobro coactivo . Con ocasión de estos últimos trámites, le fue embargado un bien inmueble y un bien mueble, por lo que tuvo que celebrar 20 acuerdos de pago para mitigar el impacto negativo contra su patrimonio.

Como hechos concretos objeto de reparo, informó que el 20 de junio de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, profirió fallo de tutela a favor del señor Dairon Felipe Mosquera dentro del expediente 25000 -23-41-000-2014-00958-00, en el cual ord enó a director de

profirió fallo de tutela a favor del señor Dairon Felipe Mosquera dentro del expediente 25000 -23-41-000-2014-00958-00, en el cual ord enó a director de Sanidad del Ejército Nacional que reanudara la prestación de los servicios de salud requeridos por el mencionado.

El 3 de septiembre de 2018, dicha Corporación le impuso sanción por desacato, por incumplimiento del fallo antes referenciado, la cual fue confirmada por vía de consulta el 4 de octubre de 2018, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

El 6 de septiembre de 2019, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional presentó solicitud de inaplicación de la sanción e inejecución del cobro ante la autoridad judicial accionada, la cual, a través de auto de 22 de octubre de ese mismo año resolvió estarse a lo resuelto en las providencias de 3 de septiembre y 4 de octubre de 2018, en las que se impuso la sanción de mult a objeto de reproche y se confirmó dicha decisión en grado de consulta.

El 6 de julio de 2020, la misma dirección pidió el desarchivo del expediente para que reconsiderara la inaplicación de la sanción, a lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió estarse de nuevo a lo resuelto en el trámite incidental en auto de 26 de octubre de 2020.

En providencia de 17 de abril de 2023, la Corporación Judicial accionada resolvió una última solicitud de inaplicación de la sanción elevada en noviembre de 2022, en el sentido de estarse a lo resuelto en el auto de 26 de octubre de

En providencia de 17 de abril de 2023, la Corporación Judicial accionada resolvió una última solicitud de inaplicación de la sanción elevada en noviembre de 2022, en el sentido de estarse a lo resuelto en el auto de 26 de octubre de 2020.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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3. Sustento de la vulneración

Manifestó que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en materia de inaplicación de sanciones judi ciales impuestas dentro del trámite incidental aun cuando se encuentren confirmadas en el grado jurisdiccional de consulta.

Señaló que el criterio preponderante de las providencias proferidas por la Corte Constitucional1, está dirigido a levantar las sanc iones judiciales una vez se evidencia el cumplimiento del fallo de tutela, a pesar de que se encuentren confirmadas y ejecutoriadas en sede de consulta.

Aseguró que su petición no es un caso aislado, sino una problemática constante que viven los servidore s públicos que tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los fallos de tutela. En efecto, las autoridades judiciales no advierten las limitaciones estructurales y financieras de las entidades que generan un sinnúmero de sanciones por el hecho de no c umplir las órdenes impartidas en los términos establecidos en las decisiones judiciales.

advierten las limitaciones estructurales y financieras de las entidades que generan un sinnúmero de sanciones por el hecho de no c umplir las órdenes impartidas en los términos establecidos en las decisiones judiciales.

Resaltó que estas sanciones no afectan directamente las finanzas de la entidad que se representa, sino su propio peculio, carga que financieramente muchas veces es di fícil de solventar, porque desborda su capacidad económica. Sobre todo, cuando no se encuentra ocupando el cargo que le fue confiado como Director de Sanidad, para la época comprendida entre diciembre de 2015 a diciembre 2018.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto de 13 de julio de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

Adicionalmente, se vinculó como tercer os interesados en las resultas del proceso al señor Dairon Felipe Mosquera Torres, a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional, Dirección de Sanidad.

Mediante auto de 15 de septiembre de 2023 se ordenó el sorteo de conjuez, con sustento en que no se obtuvo la mayoría requerida en sala de 14 del mismo mes y año para proferir el fallo en el expediente de la referencia.

El 20 de septiembre del año en curso, la Secretaría de esta Corporación realizó el respectivo sorteo del conjuez, quedando designado como tal el doctor Jesús Vall de Rutén Ruiz.

El 20 de septiembre del año en curso, la Secretaría de esta Corporación realizó el respectivo sorteo del conjuez, quedando designado como tal el doctor Jesús Vall de Rutén Ruiz.

1 Providencias mencionadas por el actor en el escrito de tutela: T -00213-2012, Auto 22/11/18, T171/09, T-695/14, Auto 10/03/21, Auto 7/04/2021, T-2616/15, T-01763/12, Auto9/11/20, Auto 29/01/19, T -389/17, Auto8/04/20, Auto 202/13, T -00292/14, Auto 27/06/18, T - 00096/15, Auto 16/07/18, T-00407/15, Auto 13/11/18, T -01621/15, Auto 06/05/19, T-00106/16, Auto 9/08/18, SU - 424 /16, T3301/16, Auto 22/04/2021, T -00095/17, Auto 13/11/18, T -157/17, Auto 14/02/2020, T2199/17, Auto 26/04/2021.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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5. Argumentos de defensa

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través del magistrado ponente de la decisión objeto de tutela, hizo un

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5. Argumentos de defensa

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través del magistrado ponente de la decisión objeto de tutela, hizo un recuento sobre las actuaciones que precedieron al incidente de desacato que resultó con la sanción impuesta al actor.

Arguyó que la presente acción no cumple con el requisito de inmediatez, dado que el auto de 17 de abril de 20 23 señaló que debía estarse a lo resuelto en la providencia de 26 de octubre de 2020, y esta a su vez se estuvo a lo resuelto en el proveído de 22 de octubre de 2019, por lo cual la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta por desacato fue resuelta hace tres años y los autos posteriores se limitaron a remitirse a lo decidido en dicho auto.

Las demás entidades y autoridades vinculadas se abstuvieron de contestar la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primer a instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de est a Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se lesionaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y al mínimo vital y móvil del

Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se lesionaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y al mínimo vital y móvil del tutelante, con el auto de 17 de abril de 2023, a través del cual la autoridad judicial accionada denegó su solicitud de levantamiento de la sanción por desacato impuest a en el marco de la acción de tutela 25000 -23-41-000-201400958-00.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) el estudio de los requisitos adjetivos y, iii) el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012) 2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra

2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GE RMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada

Ponente: María Elizabeth García González.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2023-03726-00

Ponente: María Elizabeth García González.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2023-03726-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 providencias judiciales3, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente l a acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de pr ovidencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como exp resamente lo indica la decisión de unificación.

tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como exp resamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 5 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparoprocedencia sustantivay cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Idem. 5 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2023-03726-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones que se dictan en el

“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones que se dictan en el trámite incidental de desacato

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente manera:

Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providenci as proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuant o es claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presen te que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estud io de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada6.

Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en

del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada6.

Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato, lo que está prohibido es que el juez con stitucional ahonde y se pronuncie sobre la decisión que sirvió como base para promover dicho trámite.

Igualmente, en la sentencia SU – 627 de 2015, el Máximo Tribunal Constitucional fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. 4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla

6 Corte Constitucional, sentencia T-482 del 25.07.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2023-03726-00

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 es la de que no procede. 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o s ea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Repúbli ca, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situac ión de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. 4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distingu ir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distingu ir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que sería n afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión. 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”. (Subrayas por fuera del texto)

5. Análisis de los requisitos de procedibilidad

En primer término, se advierte que la presente solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional, de acuerdo con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto , y se consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del proveído cuestionado.

unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto , y se consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del proveído cuestionado.

A su vez, la citada Corporación prec isó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tut ela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal7 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia

7 Sentencia SU 573 de 2019.Demandante: Germán López Guerrero

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, en estos eventos:

1. Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. Cuando involucra un debate eminentemente legal,

este postulado, en estos eventos:

1. Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. Cuando involucra un debate eminentemente legal,

1. Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

1. Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 2019 que “ la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico ” y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden l egal, es decir, las relativas a un derecho de índole económico deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite , comoquiera que “ le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario ”, so pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 20228 modificó su postura en relación con la relevancia constitucio nal frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

En este asunto en particular, la Sala advierte que no se trata de una discusión

propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

En este asunto en particular, la Sala advierte que no se trata de una discusión preponderantemente económica. Por el contrario, se evidencia qu e la solicitud de amparo se concentra en el desconocimiento de unas garantías fundamentales en el trámite de unas solicitudes que presentó el actor ante la autoridad judicial, con miras a que se levantara una sanción impuesta en el marco de un trámite incidental de desacato.

Ni siquiera se está cuestionando la providencia judicial que resolvió el trámite incidental. Por el contrario, el tutelante señala un desconocimiento sistemático de sus derechos fundamentales ante las reiteradas solicitudes que ha presentado ante el Tribunal demandado, sin que este último se pronuncie de fondo, en el sentido de determinar si procede o no el levantamiento de la sanción ante el cumplimiento del fallo.

Nótese que los argumentos que ofrece el accionante en este asunto, se dirigen a demostrar el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional por parte de la autoridad judicial demandada, en lo que concierne a la posibilidad de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 levantar la sanción impuesta por desacato. Luego, la discusión que suscita el señor Lópe z Guerrero en este caso, invoca un análisis constitucional sobre el alcance de la figura del desacato, su régimen y la finalidad de la sanción.

Asimismo, los fundamentos de la demanda de tutela no se concentran simplemente en un debate legal. Por el contr ario, plantea un cuestionamiento sobre la renuencia de la autoridad judicial en resolver las múltiples peticiones que ha presentado el actor sobre la posibilidad de levantar la sanción impuesta en el trámite incidental de desacato. Según lo afirmó en su de manda, la autoridad judicial siempre se ha limitado a atender las solicitudes presentadas, en el sentido de afirmar que ya se había impuesto la sanción y que la misma había sido confirmada en grado jurisdiccional de consulta, por lo que debía atenerse a la providencia que lo resolvió.

En tales condiciones, no se trata de discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natura l, sino actuaciones irregulares en el trámite de unas solicitudes formuladas ante la autoridad judicial que, según él, han sido eludidas por el Tribunal demandado, en desconocimiento del precedente que sobre el particular ha fijado la Corte Constitucional.

actuaciones irregulares en el trámite de unas solicitudes formuladas ante la autorid