CE - 010315000202303743011SENTENCIA20231130144741

Demandantes: WXYZ y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-03743-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-03743-01

Demandantes: WXYZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito enviado por correo electrónico el 10 de julio de 2022 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores WXYZ y otros1, actuando a

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito enviado por correo electrónico el 10 de julio de 2022 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores WXYZ y otros1, actuando a través de apoderado judicial, ejerci eron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la integridad personal.

La actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del auto proferido por la autoridad demandada el 30 de noviembre de 2022, mediante el cual confirmó la decisión dictada por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 10013336-031-2022-00126-00/01 presentado por los actores contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, la Policía

1 En sentencia de primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado anonimizó a los actores debido a que algunos de ellos hacen parte del programa de protección a testigos en virtud de investigaciones que adelantan las autoridades del Estado por la desaparición y muerte del señor Carlos Alberto Barreto Ruiz. Por tanto, estimó que su mención en la providencia podría vulnerar su derecho a la intimidad, integridad y seguridad personal. De conformidad con ello, esta sala de decisión tampoco hará referencia a los nombres de los tutelantes.Demandante: WXYZ y otros

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

derecho a la intimidad, integridad y seguridad personal. De conformidad con ello, esta sala de decisión tampoco hará referencia a los nombres de los tutelantes.Demandante: WXYZ y otros

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Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

1.2. Pretensión

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Con fundamento en los hechos que sustenta la acción de tutela y los elementos de derecho, en concordancia con el conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como el derecho a un recurso judicial efectivo. Ruego su Señoría, aplicar los principios de interpretación favorable en derechos Humanos para revocar la decisión de segunda instancia promovido el día 30 de noviembre de 2022, notifi cada el día 11 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Magistrado

Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO, Expediente N° 2022-000126-01, y en

su efecto:

1. Realizar el respectivo control de convencionalidad y constitucionalidad y TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, (artículo 13 CP y 24

su efecto:

1. Realizar el respectivo control de convencionalidad y constitucionalidad y TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, (artículo 13 CP y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - CADH, al debido proceso y recurso judicial efectivo, artículos, 29 y 229 CP, garantía y protección judicial, artículos, 8 y 25 de la Convención, la Verdad, la Justicia, y la Reparación.

2. Revocar el Auto de Segunda Instancia del día 30 de noviembre de 2022, notificada el día 11 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca - Magistrado Ponente: FERNANDO IREGUI CAMELO, Expediente N° 2022-000126-01.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ADMITIR la demanda interpuesta por el señor WXYZ y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional y otros.

4. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro del término de que trata el decreto 2591 de 1991, expida una nueva decisión de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas, en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa, sin perjuicio del control de legalidad de los demás requisitos.

5. Se guarde debida reserva de la información y documentos, ya que compromete la vida y seguridad de los demandantes y sus familias.».2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

compromete la vida y seguridad de los demandantes y sus familias.».2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 29 de enero de 2009 , el señor Carlos Alberto Barreto Ruiz se dirigía hacia el Corregimiento de Bruselas del municipio de Pitalito (Huila) y fue detenido por miembros de la Policía Nacional , quienes le «ordenaron […] que descendiera del vehículo para practicarle una requisa ». En dicho momento llegaron al lugar 3 personas en un automóvil «quienes, de común acuerdo con la Policía, [lo] obligaron a abordar el vehículo».

2 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: WXYZ y otros

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El señor Barreto Ruíz «fue dirigido a las instalaciones del Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”», lugar en el que habría sido «torturado y desaparecido de manera forzada».

El 11 de febrero de 2009, fue encontrado sin vida el cuerpo del señor Barreto Ruiz, en la vereda Vega Grande del municipio de Orapa (Huila), en inmediaciones del río Magdalena. Aquel presentaba signos de tortura y avanzado estado de descomposición.

en la vereda Vega Grande del municipio de Orapa (Huila), en inmediaciones del río Magdalena. Aquel presentaba signos de tortura y avanzado estado de descomposición.

Una de las actoras radicó denuncia por la desaparición forzada y muerte del señor Barreto Ruiz . Por estos hechos, actualmente se adelantan 3 investigaciones penales ante distintas autoridades judiciales.

El 17 de diciembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (de ahora en adelante, JEP) profirió una resolución por medio de la cual asumió el conocimiento de la solicitud presentada por un agente de la Policía Nacional por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, tortura y homicidio agravado, de los cuales fue víctima el señor Barreto Ruiz. Este proceso se encuentra en la etapa de instrucción.

El 3 de mayo de 2022, los demandantes interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara responsables por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los delitos perpetuados contra el señor Barreto Ruiz.

Mediante auto del 22 de julio de 2022, el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda al encontrar configurado el fenómeno procesal de la caducidad del medio de control. Como fundamento de su decisión, expuso que en aplicación del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cómputo de caducidad en los casos de desaparición forzada se debe contabilizar

expuso que en aplicación del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cómputo de caducidad en los casos de desaparición forzada se debe contabilizar desde el momento de la aparición del cuerpo sin vida de la víctima de la víctima. Argumentó que, en el caso en particular, esto habría ocurrido el 1 1 de febrero de 2009 y, por tanto, el término oportuno de interposición de la demanda feneció el 11 de febrero de 2011.

Inconformes con ello, los actores presentaron recurso de apelación. Arguyeron que el daño antijurídico se configuró el 17 de diciembre de 2019 con la resolución de la JEP, debido a que fue en ese momento cuando un agente de la fuerza pública decidió someterse a dicha jurisdicción por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada de los cuales fue víctima el señor Barreto Ruiz. Agregaron que, antes de ello, no se tenía certeza sobre la autoría del ilícito.Demandante: WXYZ y otros

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Sostuvieron que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la caducidad en los casos de desaparición forzada puede contabilizarse desde el momento en que aparezca la víctima o a partir del fallo penal definitivo. De

de 2011, la caducidad en los casos de desaparición forzada puede contabilizarse desde el momento en que aparezca la víctima o a partir del fallo penal definitivo. De tal forma, solicitaron que se aplicara la opción más favorable para los actores y, por tanto, se tomara en consideración que no había operado la caducidad, puesto que el proceso penal sigue en curso.

Adujeron que, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, el daño derivado de una desaparición forzada no está cobijado por el fenómeno de la caducidad de la demanda. Por tanto, añadi eron que en el asunto debían prevalecer los principios pro actione y pro homine . Pusieron de presente que en tales situaciones, las víctimas indirectas suelen ser objeto de intimidaciones que afectan la interposición oportuna de las acciones judiciales.

A través de providencia del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C confirmó la decisión de primera instancia. Precisó que , en el caso estudiado, el cómputo de la caducidad debía analizarse de acuerdo con el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 , lo contemplado por la jurisprudencia en relación con la caducidad y le sentencia de unificación del 29 de enero de 20203, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y mediante la cual se establecieron reglas para el cómputo de este fenómeno procesal en las situaciones que involucran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Consideró que era necesario aplicar un criterio más flexible para el análisis de la caducidad, dado que los demandantes desconocieron durante un período de tiempo

fenómeno procesal en las situaciones que involucran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Consideró que era necesario aplicar un criterio más flexible para el análisis de la caducidad, dado que los demandantes desconocieron durante un período de tiempo la participación de los agentes del Estado en el crimen impetrado. Por tanto, tomó como pauta para la contabilización del término el 16 de diciembre de 2018, fecha en la que se acusó a un agente estatal como autor de tales hechos y en la que se tuvo como víctimas a los accionantes en el proceso penal.

Argumentó que, a partir de dicha fecha, se podía establecer probatoriamente que los afectados conocían o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado en los hechos que rodearon la muerte del señor Barreto Ruiz y pudieron advertir la posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial.

A su vez, afirmó que si se admitiera como fecha de inicio del cómputo de caducidad la de la resolución de la JEP, esto es, del 17 de diciembre de 2019, se tendría que tomar la misma decisión. Esto, pues el 8 de junio de 2021, la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial y, en esta fecha, habían transcurrido 1 año, 5 meses y 22 días. El término de caducidad se habría reanudado el 29 de julio de 2021, fecha de la constancia de no acuerdo y, dado que la demanda fue presentada

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 2 9.01.20. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente: 85001-33-33-002-2014-00144-01

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 2 9.01.20. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).Demandante: WXYZ y otros

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el 3 de mayo de 2022, era necesario concluir que aún bajo dicho estudio, no se cumplía con el tiempo requerido para radicar el medio de control.

La sentencia cuestionada se notificó por estado electrónico el 11 de enero de 2023.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al confirmar el auto proferido por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, vulneró sus garantías constitucionales por los argumentos que a continuación se exponen.

Precisó que el término de caducidad de la acción para el delito de desaparición forzada cuenta con las dos siguientes posibilidades, de conformidad con el numeral 2, literal i, inciso 2.º del artículo 1644 de la Ley 1437 del 2011: desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

Alegó que, en el caso en particular, los jueces de instancia contaron el término de

víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

Alegó que, en el caso en particular, los jueces de instancia contaron el término de caducidad desde el momento en que apareció la víctima, esto es, el 11 de febrero de 2009 y, en tal sentido, concluyeron que el tiempo con el que se contaba feneció el 11 de febrero de 2011. Sostuvo que, sin embargo, se debió llevar a cabo el estudio de la caducidad desde el escenario más favorable , esto es, empezar la contabilización del término desde la ejecutoria de la sentencia final y, de tal forma, concluir que este fenómeno procesal no ha operado, dado que aún no se ha dictado el respectivo fallo.

Puso de presente que, de conformidad con la norma en cita , se podía computar la caducidad desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho generador del daño; señaló que, a pesar de que conocieron los hechos de desaparición forzada y homicidio, no tenían certeza de la participación del Estado en tal caso y, por tanto, el término no podía contarse desde el 2009.

En este orden de ideas, indicó que desde el momento en que hicieron parte del proceso que cursa ante la JEP advirtieron que agentes estatales participaron en los delitos perpetrados contra el señor Barreto Ruiz . P or tanto, a su juicio, el daño alegado se configuró el 17 de diciembre de 2019, pues fue en esta fecha en la que se profirió la resolución por medio de la cual se asumió el conocimiento de la petición presentada por un agente de la Policía Nacional por medio de la cual solicitó someterse a tal jurisdicción por tales hechos.

se profirió la resolución por medio de la cual se asumió el conocimiento de la petición presentada por un agente de la Policía Nacional por medio de la cual solicitó someterse a tal jurisdicción por tales hechos.

4 «Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición».Demandante: WXYZ y otros

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Manifestó que solo cuando una de las víctimas indirectas fue reconocida como tal ante la JEP, tuvieron conocimiento de la participación del Estado en los hechos de desaparición forzada y homicidio estudiados. Por tanto, sostuvo que no existía ninguna otra prueba que le permitiera contar con dicha certeza.

Enfatizó que varios de los demandantes fueron víctimas de amenazas «y se les previno de dejar la región, si no, correrían la misma suerte de la víctima directa». Anexaron algunos documentos que acreditaban que este desplazamiento tuvo lugar en el 2009, a diferentes partes del país, posterior a los hechos de desaparición y

previno de dejar la región, si no, correrían la misma suerte de la víctima directa». Anexaron algunos documentos que acreditaban que este desplazamiento tuvo lugar en el 2009, a diferentes partes del país, posterior a los hechos de desaparición y homicidio del cual fue víctima el señor Barreto Ruiz. Agregó que estas personas pasaron a vivir en distintas regiones del país, después de residir en el departamento del Huila. Al respecto, manifestó:

En sana lógica, nadie que estime huir para proteger su vida está en la posibilidad de acudir a la jurisdicción, previo el otorgamiento de poderes, recolección de información, verificación de los actores y otras cuestiones, más cuando está probado que lo qu e hicieron los agentes del Estado fue ocultar la verdad con el uso de la fuerza con la comisión de delitos de lesa humanidad.

De forma subsidiaria, señaló que el fenómeno de la caducidad no debió aplicarse al caso en particular debido a que el daño ocasionado está relacionado con crímenes de lesa humanidad. Sostuvo que, en consecuencia, la autoridad judicial accionada desconoció el Pacto de San José de Costa Rica y el sistema convencional de derechos humanos, lo que a su vez implicaba un incumplimiento con su deber de surtir el debido control de convencionalidad de la norma de caducidad en el caso en particular y, de tal forma, hacer prevalecer los principios pro homine y pro actione y, por tanto, admitir la demanda del medio de control de reparación directa.

1.5. Admisión de la demanda

La magistrada ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 3 de

por tanto, admitir la demanda del medio de control de reparación directa.

1.5. Admisión de la demanda

La magistrada ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 3 de agosto de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés al Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá y a la señora María Salazar.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C

La autoridad judicial demandada reiteró los argumentos expuestos en el auto cuestionado y que, a su juicio, sustentaron el cómputo de la caducidad desde el 16 de diciembre de 2018. Agregó que no es posible acoger la tesis propuesta por la parte tutelante, según la cual, la contabilización del respec tivo término inicia solo con la ejecutoria del fallo penal pues esto implicaría condicionar al resultado delDemandante: WXYZ y otros

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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proceso penal «el límite de tiempo para obtener la satisfacción del derecho a la reparación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo desconociendo por completo el mandato del legislador plasmado en el artículo 164 del CPACA».

proceso penal «el límite de tiempo para obtener la satisfacción del derecho a la reparación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo desconociendo por completo el mandato del legislador plasmado en el artículo 164 del CPACA».

1.6.2. Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá

El tercero vinculado aportó el expediente del medio de control de reparación directa y se abstuvo de pronunciarse en relación con la controversia constitucional estudiada.

A pesar de haber sido debidamente notificad a, la señora María Salazar guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo proferido el 28 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al no encontrar superado el requisito de relevancia constitucional.

Precisó que la parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto en el proceso de reparación directa, los cuales ya fueron debidamente estudiados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Expuso detalladamente los motivos que fundamentaron la decisión cuestionada mediante esta acción constitucional y sostuvo que los cargos formulados por los tutelantes ya fueron resueltos mediante una aplicación flexible de la figura de la caducidad en la que el juez dio prevalencia a los principios pro actione y pro homine.

Consideró que en el auto del 30 de noviembre de 2022, la demandada acogió un criterio más flexible para la contabilización del término de caducidad, dadas las características del caso en particular y agregó que estos argumentos no fueron

Consideró que en el auto del 30 de noviembre de 2022, la demandada acogió un criterio más flexible para la contabilización del término de caducidad, dadas las características del caso en particular y agregó que estos argumentos no fueron controvertidos por los tutelantes. Señaló que en el escrito de tutela no se expusieron nuevas razones de inconformidad derivadas de la providencia judicial que confirmó la caducidad de la acción ni se alegó que, en este auto, persistía una tesis arbitraria o caprichosa en relación con el plazo razonable de interposición de la demanda.

La sentencia de primera instancia fue notificada por correo electrónico el 4 de octubre de 2023.

1.8. Impugnación

Mediante memorial remitido el 9 de octubre de 2023, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda.Demandante: WXYZ y otros

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Destacó que para el juez de primera instancia «no tuvo ninguna relevancia la aplicación de las reglas de caducidad» y que, a pesar de que estas se encuentran establecidas en la ley, no fueron tenidas en cuenta para el caso en concreto. De tal forma, expuso que no se valoraron los argumentos desarrollados en la tutela y sobre los cuales insistió en el escrito de impugnación.

establecidas en la ley, no fueron tenidas en cuenta para el caso en concreto. De tal forma, expuso que no se valoraron los argumentos desarrollados en la tutela y sobre los cuales insistió en el escrito de impugnación.

Indicó que de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el término de caducidad para los delitos de lesa humanidad se contabiliza «desde que aparece el cuerpo» o «desde la sentencia del proceso penal». Añadió que, a pesar de que el cuerpo de la víctima apareció en el 2009, hasta la fecha no se ha proferido fallo en el trámite penal.

Señaló que la relevancia constitucional del asunto radica en la aplicación de la regla de caducidad «que dejaría sin justicia y sin reparación a muchas de las familias de las 6402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia» lo cual, a su vez, contradice «los tratados internacionales de derechos humanos y la posición de la ONU sobre el tema en Colombia». De tal forma, i nsistió en que ello implicaba un desconocimiento del sistema convencional de derechos humanos.

Al respecto, sostuvo que «la administración de justicia privilegia la formalidad sobre lo sustancial sin tener en cuenta las consideraciones de las víctimas» y afirmó que:

No sería necesario acudir a la aplicación de las normas internacionales si los operadores de justicia en Colombia no limitaran los derechos de las víctimas a obtener el resarcimiento de todo orden, derivado de las arbitrariedades que ha cometido el Estado con las mencionadas ejecuciones extrajudiciales. Lo que no se entiende es que no se evidencia una razón lógica y fundamental (aparte del

obtener el resarcimiento de todo orden, derivado de las arbitrariedades que ha cometido el Estado con las mencionadas ejecuciones extrajudiciales. Lo que no se entiende es que no se evidencia una razón lógica y fundamental (aparte del acatamiento del precedente judicial indebidamente aplicado en la regla de caducidad), por la cual no se le otorgue a lo s jueces penales o a la JEP la posibilidad de proferir decisiones en relación con los casos de desaparición forzada y que ello se enmarque dentro de las reglas del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, es decir, la negación del acceso a la justicia.

Puso de presente que el Tribunal Administrativo de Santander la condenó en costas «desconociéndose de plano la vigencia y favorabilidad de la Ley 2028 de 2021, cuando de ninguna forma se evidencia falta de fundamento para demandar o temeridad en los hechos de la demanda».

Alegó que el ordenamiento jurídico establece una regla especial para la contabilización del término de caducidad en los casos de reparación directa derivados del delito de desaparición forzada, el cual fue cumplido por los demandantes a quienes, a su juicio, se les impide el acceso a la administración de justicia ante una limitada interpretación de la norma. A su vez, manifestó lo siguiente:

Bien sea que se aplique dicho término de manera directa (como están obligados los jueces) o bien sea que a través de la excepción de inconstitucionalidad o de la excepción de inconvencionalidad se haga, la relevancia radica en la claraDemandante: WXYZ y otros

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Subsección C

la excepción de inconvencionalidad se haga, la relevancia radica en la claraDemandante: WXYZ y otros

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violación de los derechos fundamentales de las víctimas –que sigue vigentey que la administración judicial debe cesar.

Reiteró que el caso cuenta con relevancia constitucional pues la ley ha establecido un término desconocido por la autoridad judicial demandada , lo cual quebranta la confianza legítima de la parte actora. Agregó que este desconocimiento de la norma aplicable al asunto en cuestión implica una vulneración de tales disposiciones legales y de los convenios internacionales vigente.

1.7. Manifestación de impedimento del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez

Mediante escrito enviado el 15 de noviembre de 2023, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el artículo 56, numeral 1º del Código de Procedimiento Penal.

Expuso que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró el extremo pasivo en el medio de reparación directa en el que se dictó la decisión demandada. Aseguró que, en consecuencia, se encuentra inmerso en dicha causal que establece:

de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró el extremo pasivo en el medio de reparación directa en el que se dictó la decisión demandada. Aseguró que, en consecuencia, se encuentra inmerso en dicha causal que establece:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.

1.8. Auto que declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez

Mediante auto del 30 de noviembre de 2023, los magistrados Luis Alberto Álvarez Pérez y Pedro Pablo Vanegas Gil y el conjuez Humberto Sierra Porto declararon infundado el impedimento manifestado por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, pues se consideró que no se configuraba la causal invocada. Lo anterior, toda vez que no se evidenció un interés directo o indirecto de la cónyuge del magistrado Barreto Suárez que pueda inferir en el sentido de la decisión.

En ese sentido, se consideró que la existencia de un vínculo contractual ent