CE - 010315000202304115011SENTENCIA20231123160543

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04115-01

Demandantes: ISRAEL BALLESTEROS CAMACHO Y OTRO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –– error judicial – falta de relevancia constitucionalviolación al principio de igualdad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el señor Israel Ballesteros Camacho y otro contra la sentencia del 4 de septiembre 2023 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción.

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 28 de julio de 2023, los señores Israel Ballesteros Camacho y Jairo Delgado Mora, actuando por medio de apoderado judicial, interpusieron acción

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 28 de julio de 2023, los señores Israel Ballesteros Camacho y Jairo Delgado Mora, actuando por medio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , con el fin de que sea n amparados sus derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. La parte accionante consideró vulnerada s dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 8 de octubre de 2021, por medio de la cual se confirmó la providencia del 22 de septiembre de 2010 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 25000-23-31-000-2007-00143-01, instaurado contra la Nación , Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial] y Congreso de la República.

3. Con base en lo anterior, solicit aron el amparo de su s derechos fundamentales y como consecuencia pidió:Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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2 8.2. ORDENAR la revocatoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado

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2 8.2. ORDENAR la revocatoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en fecha ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 8.3. ORDENAR el estudio de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en fecha ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021), con el fin de determinar la indemnización por la negación del Acceso a la Justicia para reclamar los derechos laborales de los ACCIONANTES.

8.4. ORDENAR la aplicación de los derechos en el sentido que se ordenen las medidas restaurativas para que los accionantes puedan acceder a la justicia ordinaria Laboral a realizar la reclamación de sus derechos laborales, es decir pueda presentar demanda en contra de la Embajada del Líbano.1

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 13 de abril de 2005, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Israel Ballesteros Camacho y otros en contra de la Embajada de Irán, al considerar que carecía de jurisdicción en virtud de la inmunidad prevista en la Convención de Viena de 1961, sobre relaciones diplomáticas.

5. El 16 de marzo de 2007, Israel Ballesteros Camacho y otros 2 formularon demanda

carecía de jurisdicción en virtud de la inmunidad prevista en la Convención de Viena de 1961, sobre relaciones diplomáticas.

5. El 16 de marzo de 2007, Israel Ballesteros Camacho y otros 2 formularon demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación , Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República y Rama Judicial, para que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos a raíz de la imposibilidad de demandar el pago de sus prestaciones sociales a la Embajada de la República Islámica de Irán en Colombia. Los demandantes alegan haber sufrido un daño especial por el hecho del legislador.

6. Así, solicitaron el reconocimiento y pago de perjuicios morales y de «las prestaciones sociales que les adeuda la Embajada de Irán y que no pudieron reclamarse ante los jueces de la República».

7. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que en 1985 se vincularon laboralmente con la Misión Diplomática de la República Islámica de Irán y el 31 de julio de 2003 le enviaron una carta al embajador para solicitarle el pago de sus prestaciones sociales. El 22 de agosto de 2003, la embajada terminó los contratos de trabajo y les pagaron unas sumas de dinero que no correspondían a todas las prestaciones a las que tenían derecho. Explicaron que, el 13 de abril de 2005, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano la demanda interpuesta por los demandantes, con fundamento en la Ley 6 de 1972 que concede inmunidad de jurisdicción a las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Alegaron

Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano la demanda interpuesta por los demandantes, con fundamento en la Ley 6 de 1972 que concede inmunidad de jurisdicción a las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Alegaron

1 Transcripción literal con posibles errores ortográficos. 2 Jairo Delgado Mora y Rosalba Mora.Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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3 responsabilidad del Estado por aprobar una ley que no les permitió reclamar sus acreencias laborales y de seguridad social.

8. El 22 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B negó las pretensiones porque la Convención de Viena de 1961, incorporada al derecho interno por la Ley 6 de 1972, no establec ió la inmunidad de jurisdicción en materia laboral, como lo afirmaron los demandantes.

9. Adujo que, la negativa de acceso a la administración de justicia de los demandantes no correspondía a un hecho del legislador sino a un error judicial. Sostuvo que, era deber de los demandantes interponer los recursos de ley contra la decisión que rechazó su demanda, para que no se configurara la culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

10. La parte demandante apeló la anterior decisión, ante el Consejo de Estado,

rechazó su demanda, para que no se configurara la culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

10. La parte demandante apeló la anterior decisión, ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que por medio de proveído del 8 de octubre de 2021 –notificado por edicto del 17 de junio de 2022 –, resolvió, entre otras cosas, confirmar el fallo de primera instancia.

11. El ad quem dividió el estudio en dos partes, a saber:

-Responsabilidad del Estado por la inmunidad de jurisdicción de agentes diplomáticos:

12. Esgrimió que la Convención de Viena de 1961 no establece de forma expresa inmunidad de jurisdicción para asuntos laborales. Esto, toda vez que el artículo 31 de la Ley 6 de 1972, aprobatoria del tratado, señala que el agente diplomático gozará de inmunidad solamente respecto de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado receptor.

13. Explicó que, por lo anterior, los casos en los que se pretend ía la responsabilidad del Estado por no haber podido acceder a la administración de justicia para la solución de controversias laborales contra agentes o misiones diplomáticas , no p odían analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad por el hecho del legislador. Por el contrario, estos casos debían abordarse desde la perspectiva de la responsabilidad del juez, pues la imposibilidad de acceder a la administración de justicia para decidir estos conflictos no fue dispuesta por la ley, sino que derivó de un criterio jurisprudencial que adoptó la Corte Suprema de Justicia.

del juez, pues la imposibilidad de acceder a la administración de justicia para decidir estos conflictos no fue dispuesta por la ley, sino que derivó de un criterio jurisprudencial que adoptó la Corte Suprema de Justicia.

14. Adujo que lo anterior, resultaba suficiente para negar las pretensiones de la demanda, «por falta de prueba de los elementos de la responsabilidad expuestos por la parte actora, ya que alegó que el daño provino del hecho de legislador.»Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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4 -El error jurisdiccional en la Ley 270 de 1996

15. En primer lugar, indicó que el error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que en el artículo 65 establece que quien haya sido víctima de un error de esta naturaleza podrá demandar al Estado la reparación de sus perjuicios.

16. Explicó que, en el ámbito del derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, tal y como quedó luego del condicionamiento de la Corte Constitucional, no procede el error judicial de las altas cortes. Sin embargo, el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada por la Ley 16 de 1972, dispone que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en

Constitucional, no procede el error judicial de las altas cortes. Sin embargo, el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada por la Ley 16 de 1972, dispone que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial y el artículo 63 ordena la reparación de las consecuencias, de una medida o situación que haya configurado una vulneración de un derecho y al pago de una indemnización justa a la parte lesionada.

17. Concluyó que el demandante no cumplió con uno de los requisitos para la procedencia del estudio del error jurisdiccional, pues no interpuso el recurso de reposición contra el auto que rechazó la demanda, providencia que negó el acceso a la administración de justicia a los demandantes, y en tal sentido, «no puede estudiarse de fondo con miras a determinar si incurrió en error judicial, según lo previsto en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996. Por ello, la decisión de primera instancia será confirmada.»

18. El 22 de junio de 2022 la parte actora solicitó aclaración y adición de la sentencia.

Requirió que se aclarara: (i) por qué no se aplicó el título de imputación de daño especial frente al criterio de interpretación de un órgano judicial de cierre; ii) cu ál fue la actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria o violatoria del debido proceso que ocasionó el supuesto error judicial ; iii) por qué se aplicaron criterios contenidos en decisiones del Consejo de Estado de 2019 a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2005; y v) cu ál fue el fundamento, naturaleza y características de la inaplicación de una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Además

decisiones del Consejo de Estado de 2019 a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2005; y v) cu ál fue el fundamento, naturaleza y características de la inaplicación de una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Además solicitó la adición de la sentencia para que se incluyeran los requisitos de procedencia de la inaplicación de una sentencia de constitucionalidad.

19. Así, mediante providencia del 19 de octubre de 2022, notificada por estado del 28 de febrero de 2023 , la autoridad judicial accionada negó la s referidas solicitudes al considerar que la parte demandante con la aclaración pretendía que se modificara la sentencia, «propósito que es ajeno a la aclaración y en la sentencia n o se evidencian conceptos o frases que ofrezcan motivos de dudas, contenidos en la parte resolutiva o que influyan en esta».

20. Indicó que igualmente, con la adición se pretendía controvertir la decisión, «propósito ajeno a la adición de providencias, pues no es un medio de impugnación de la sentencia y no se omitieron puntos que debían ser resueltos.»Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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1.3. Fundamentos de la vulneración

21. La parte tutelante alegó que se le vulneró el derecho a la igualdad porque se

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1.3. Fundamentos de la vulneración

21. La parte tutelante alegó que se le vulneró el derecho a la igualdad porque se reconoció el daño reclamado como «pérdida de oportunidad», mientras que en otro proceso se hizo a título de «afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados». En efecto, planteó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de noviembre de 2021 (radicado 25000 -23-26-000-2004-02458-01), concluyó que el daño antijurídico consistía en impedir el derecho constitucional de acced er a la justicia para reclamar unas prestaciones de carácter laboral, que debía «ser resarcido bajo la tipología de perjuicios denominada afectación a bienes constitucional y convencionalmente amparados

(…)».

22. Agregó que «la teoría acogida por el Consejo de Estado en el fallo citado no es novedosa.

En Sentencia del 25 de agosto de 1998 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con expediente IJ -001, la Sala entró a resolver un recurso de apelación en un proceso de reparación directa instaurado por (…) las consecuencias deducidas de la aplicación de la inmunidad jurisdiccional que confiere la ley 6a de 1972.»

23. Afirmó que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil y Agraria, a través de auto del 8 de marzo de 1993 (radicación 4284), «permite la entrada de la teoría

23. Afirmó que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil y Agraria, a través de auto del 8 de marzo de 1993 (radicación 4284), «permite la entrada de la teoría de que el Estado responda patrimonialmente por daños causados a habitantes colombianos por haberles concedido la inmunidad jurisdiccional(…)»

24. Dijo que esa tesis fue acogida en salvamento de voto presentado por el magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, en el auto del 8 de agosto de 1996, radicado 9151, de la

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

25. Concluyó:

el precedente judicial que debe ser aplicado a la presente situación no viola ningún derecho fundamental, por el contrario, es un precedente con posterioridad a la sentencia que ha encontrado el equilibrio de las cargas para el afectado, que le permite acceder a la justicia como una medida restaurativa, que conlleva a que el ciudadano en efecto considere que la justicia si existe, el caso que hoy se discute es de las mismas proporciones, es decir, que contiene los mismos hechos.

También nos encontramos que estamos frente a la misma corporación es decir el Consejo de Estado, y no se está pidiendo un cambio de aplicación de doctrina para desfavorecer a una parte y favorecer a otra, se pide que la justicia vaya más allá que además del reconocimiento económico que se puede obtener con ocasión de esos daños causados por el no acceso a la justicia, se solicita que se adicione una medida restaurativa que va muy acorde al cumplimento d ellos fines del estado social de derecho.Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro

esos daños causados por el no acceso a la justicia, se solicita que se adicione una medida restaurativa que va muy acorde al cumplimento d ellos fines del estado social de derecho.Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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26. De otra parte, sostuvo que al considerarse que no se cumplían los requisitos de procedencia para el estudio del error judicial porque no se interpuso el recurso de reposición contra el auto que rechazó la demanda ordinaria laboral -promovida contra la Embajada de la República Islámica de Irán en Colombia para obtener el pago de las prestaciones sociales-, la autoridad judicial accionada desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, lo que conllevó la «negación de la justicia de negar un derecho fundamental al acceso a la justicia(…)»

27. Añadió que el Consejo de Estado debió efectuar un «estudio minucioso del derecho sustancial en este caso» y, en ese sentido, tener en cuenta que el recurso de reposición es facultativo y que no se contaba con otro medio de impugnación para que se revisara la decisión contra el auto que rechazó la demanda.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

28. Mediante auto del 1 de agosto 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Subsección C de la Sección Tercera

1.4.1. Auto admisorio

28. Mediante auto del 1 de agosto 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como autoridad judicial demandada.

29. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Rama Judicial y Congreso de la República.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

30. Sostuvo que «las consideraciones esgrimidas en la providencia del 8 de octubre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado».

1.5.2. Congreso de la República

31. Solicitó que su desvinculación de la presente actuación, tras considerar que no puede atribuírsele la vulneración de los derechos fundamentales de la parte tutelante.

Lo anterior, bajo el argumento de que su competencia se circunscribe a adelantar procesos legislativos y control político, entre otros, pero no se encuentra facultado para adelantar procesos judiciales, porque ello compete a la Rama Judicial.

1.5.3. Rama JudicialDemandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

1.5.3. Rama JudicialDemandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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32. Se opuso al amparo solicitado, porque la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de los tutelantes y que la decisión judicial cuestionada se dictó «en ejercicio de la autonomía judicial y allí se consignaron en forma razonada cada uno de los argumentos jurídicos a lugar, por lo que mal puede predicarse arbitrariedad en la decisión aquí controvertida».

33. Con todo, afirmó que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario, toda vez que los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales.

1.5.4. Ministerio de Relaciones Exteriores

34. Explicó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, debido a que no tiene participación o injerencia en el trámite y definición de los procesos judiciales.

35. De otra parte, mencionó que la decisión de negar las pretensiones en el proceso de reparación directa «obedeció a un error en la fundamentación de lo pretendido» y a que no se agotaron los recursos de ley dentro del proceso ordinario laboral; que «no puede pretender el accionante que a través de esta acción de tutela, se cree una tercera instancia

de reparación directa «obedeció a un error en la fundamentación de lo pretendido» y a que no se agotaron los recursos de ley dentro del proceso ordinario laboral; que «no puede pretender el accionante que a través de esta acción de tutela, se cree una tercera instancia para el estudio nuevamente de la demanda, pues en este caso se estaría realizando un uso desproporcionado de la acción constitucional y vulnerando la au tonomía de los jueces de conocimiento…».

36. Indicó que la parte tutelante pretende obtener una decisión favorable para su caso, pero «no argumenta jurídica y fácticamente que la decisión tomada por el juez de conocimiento del proceso contencioso sea caprichosa y/o arbitraria».

1.6. Sentencia de primera instancia

37. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante sentencia del 4 de septiembre 2023 declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito de relevancia constitucional.

38. Lo anterior, toda vez que la parte actora simplemente se encontraba inconforme con la decisión que, respecto del error judicial adoptó la judicatura demandada, y que, en consecuencia, pretendía que el juez constitucional realizara un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso de reparación directa , es decir que, en últimas, solo busca acceder a una instancia adicional.

1.7. Impugnación

39. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2023 la parte actora impugnó el fallo de primera instancia y manifestó que su caso s í reviste relevancia constitucional, ya que con la tutela se pide la preservación de los derechosDemandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro

el fallo de primera instancia y manifestó que su caso s í reviste relevancia constitucional, ya que con la tutela se pide la preservación de los derechosDemandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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8 fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia porque no se respetó el precedente sentado por las altas cortes.

40. Así, reiteró todos los argumentos expuestos en el escrito inicial y solicitó revocar el fallo de tutela proferido y en su lugar, sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez de tutela para preservar o restituir la integridad de los derechos fundamentales, de manera definitiva y como amparo transitorio, se acceda a las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

41. El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación interpuesta por el señor Israel Ballesteros Camacho y otro contra la sentencia del 4 de septiembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción , de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

42. Se tiene que el Congreso de la Republica y el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

43. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciones se hicieron debido a que fueron las entidades demandadas e hicieron parte de dicho proceso, y en tal sentido, su comparecencia al presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste.

2.3. Auto de mejor proveer

44. Mediante providencia del 26 de octubre de 2023 se dispuso la notificación como terceros con interés al el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, como autoridad de primera instancia y a la señora Rosalba Mora, quien también fungió como integrante de la parte demandante en el proceso de reparación directa.

2.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

45. Adujo que , los actores argumentaron que se les vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia por no cumplir con la formalidad de presentar el recurso de reposición en contra del auto que rechazó de plano la demanda,Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

el recurso de reposición en contra del auto que rechazó de plano la demanda,Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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9 consideración que contraría lo dispuesto en el artículo 95, numeral 7º de la Constitución Política que consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, además del deber de todo abogado de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, dispuesto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

46. Explicó que la sentencia del 22 de septiembre de 2010 no habría vulnerado derecho a la igualdad y el derecho al acceso a la justicia consagrados en los artículos 13 y 29, razón por la cual, respetuosamente solicitó denegar el amparo solicitado por la parte actora.

2.3.2. Apoderado de los actores

47. Arguyó que lamentablemente la señora Rosalba Mora falleció hace unos años, para lo cual adjuntó el acta de defensión. En tal sentido, la actuación en su nombre la debían ejercer sus sucesores procesales, quienes son los señores: Luis Fernando Ballesteros Mora, Uriel Elias Mora, Patricia Ballesteros Mora e Isabel Mora, así como Israel Ballesteros Camacho, quien fue su cónyuge y actuaba dentro del proceso.

48. Adujo que dichas personas le otorgaron poderes para representarlos en este

Israel Ballesteros Camacho, quien fue su cónyuge y actuaba dentro del proceso.

48. Adujo que dichas personas le otorgaron poderes para representarlos en este trámite tutelar, los cuales adjuntó.

49. Explicó que teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de la notificación por conducta concluyente plasmada en el artículo 301 del Código General del Proceso, sus poderdantes se encontraban enterados de la existencia y las actuaciones surtidas en el presente proceso.

2.4. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Hay lugar a revocar, modificar o confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 4 de septiembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A?

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

51. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia debido a la sentencia del 8 de octubre de 2021, que confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se incurrió en error judicial?Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

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52. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

53. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5

54. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del ampar