CE - 010315000202304155001SENTENCIA20231026154319

Demandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04155-00

Demandante: GABRIELA ROMERO VARGAS

Demandado: COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL, SECCIONAL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la señora Gabriela Romero Vargas contra la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito presentado el 1° de ag osto de 2023 , la señora Gabriela Romero Vargas, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima, con el fin de que sean amparados sus derecho s fundamentales «al debido proceso, defensa, celeridad, y

Vargas, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima, con el fin de que sean amparados sus derecho s fundamentales «al debido proceso, defensa, celeridad, y acceso a una efectiva administración de justicia».

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la providencia del 21 de febrero de 2023, mediante la cual la Comisión de Disciplina Jud icial, Seccional Tolima desestimó la queja presentada por la actora contra el abogado Eduardo Andrés Su árez Perdomo, por presuntas irregularidades en el ejercicio profesional. Lo anterior, en el marco del proceso disciplinario con radicado 73001-25-02-002-2023-00116-00.

3. Como consecuencia de la anterior decisión, solicitó:

(…) que la Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima, revoque su providencia del día 21 de febrero de 2023, y en consecuencia disponga la apertura de la investigación disc iplinaria contra el abogado EDUARDO ANDRES SUÁREZ PERDOMO, con fundamento en el material probatorio que acompaña la queja porque sus conductas acá reprochadas conculcan los principios social y democrático del Estado de Derecho, como del debido proceso, defensa, eficacia y acceso a la administración de justicia.Demandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 15 de febrero de 2023 la señora Gabriela Romero Vargas inició acción disciplinaria contra el abogado Eduardo Andrés Suárez Perdomo , por presuntas irregularidades en el ejercicio profesional.

5. Mediante providencia del 21 de febrero de 2023 Comisión de Disci plina Judicial, Seccional Tolima dispuso: i) desestimar de plano la queda presentada contra el abogado Eduardo Andrés Suarez Perdomo, ii) indicar que contra dicha decisión no procedía recurso alguno y iii) ordenó el archivo de las diligencias.

6. Como fundamento de su decisión adujo que, conforme los hechos expuestos en la queja se denunciaba el comportamiento del señor Eduardo Andrés Suárez Perdomo como arrendatario de una bodega de propiedad de la quejosa, en este sentido, el vínculo negocial y/o contrac tual que unía a la quejosa y al profesional del derecho denunciado correspondía a la celebración de un contrato de arrendamiento y no a la contratación de servicios profesionales de abogado.

7. Igualmente, precisó que, pese a que en la queja se mencionaba que el abogado denunciado habría redactado el contrato de arrendamiento celebrado por las partes, al respecto se tiene que no se acreditaba en la queja que dicho el señor

7. Igualmente, precisó que, pese a que en la queja se mencionaba que el abogado denunciado habría redactado el contrato de arrendamiento celebrado por las partes, al respecto se tiene que no se acreditaba en la queja que dicho el señor Suarez Perdomo hubiese sido contratado como profesional del derecho para la redacción y/o elaboración del mentado documento.

8. Concluyó que no toda denuncia o queja imponía por si sola la obligación de iniciar la acción disciplinaria y dar apertura a proceso.

1.3. Fundamentos de la solicitud

9. El actor indicó que la autoridad accionada incurrió en los siguientes defectos:

10. Defecto fáctico: Debido a que la Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima en su providencia del 21 de febrero de 2023 no valoró las pruebas allegadas en su contexto sistemático, olvidó que las circun stancias de modo, tiempo y lugar en que acaecieron los hechos. Adujo que, incluso a pesar de los abusos de la empresa arrendataria que representa el abogado denunciado, aun goza del arriendo de la bodega, «ahora con el beneplácito de la justicia disciplina ria, objetivo que logró el abogado denunciado aplicando sus conocimientos de abogado, que le permitieron utilizar una Empres a en nombre y NI T inexistentes o falsos, para impedirle a la quejosa que le demande en proceso ejecutivo en procura de los cánones de arrendamiento dejados de cancelar desde noviembre de 2022 hasta la fecha».

11. Defecto sustantivo: Porque la Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima al expedir la providencia atacada , no aplicó ni respetó los lineamientosDemandante: Gabriela Romero Vargas

11. Defecto sustantivo: Porque la Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima al expedir la providencia atacada , no aplicó ni respetó los lineamientosDemandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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3 establecidos en lo s artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1123 de 2007, as í como los artículos 2 ,4, 29, 229 de la Constitución Política, 8 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

12. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: Ya que la comisión accionada consideró que el denunciado solo era factible y susceptible de investigación disciplinaria si hubiere suscrito contrato de prestación de servicios profesionales entre la quejosa y el denunciado, lo cual no es cierto a la luz del artículo 19 de la Ley 112 3 de 2007 1 «porque el espectro del ejercicio privado de la abogacía es mucho más amplio conforme lo contempla la misma norma y la Constitución Política en el Estado Social y democrático de Derecho ya explicado en jurisprudencia de la Corte Constitucional anteriormente ya en comento en el acápite de hechos».

13. De lo anterior concluyó que, no es cierto que la quejosa haya denunciado al señor Eduardo Andrés Suarez Perdomo por hechos relativos al contrato de arrendamiento de una bodega, porque revisado el co ntrato está probado que

13. De lo anterior concluyó que, no es cierto que la quejosa haya denunciado al señor Eduardo Andrés Suarez Perdomo por hechos relativos al contrato de arrendamiento de una bodega, porque revisado el co ntrato está probado que actuó en su calidad de representante legal de la Empresa Reciclar Plus con NIT. 901098495-3, No obstante, la citada empresa resultó inexistente o falsa.

14. Así, estimo que el referido abogado sí aplicó sus conocimientos porque cumplió una misión dentro del derecho privado, que fue la consecución del arrendamiento de una bodega, «para lo cual aplicó en el contrato de arrendamiento, el nombre y NIT de una Empresa inexistente o falsa y así hasta la fecha ha logrado impedir el acceso a la administración de justicia civil ordinaria para que la quejosa pueda demandarle en proceso ejecutivo de c obro coactivo, toda vez que la e mpresa no existe o es falsa en su nombre y NIT utilizados en el contrato de arrendamiento».

1.4. Trámite de la acción de tutela

15. Mediante auto del 4 de agosto de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, así como a la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima , como autoridad judicial accionada. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico, al señor Eduardo Andrés Suárez Perdomo, sujeto frente al cual se desestimó la queja presentada.

16. Luego de surtido el debate en torno al proyecto de sentencia en la Sala de Decisión realizada el 19 de octu bre de 2023, no se logró obtener el quórum

16. Luego de surtido el debate en torno al proyecto de sentencia en la Sala de Decisión realizada el 19 de octu bre de 2023, no se logró obtener el quórum reglamentario para ser aprobada tal decisión, razón por la cual, mediante auto de la misma fecha se solicitó a la Secretaría General de esta Corporación el sorteo de dos conjueces. Sin embargo, con la posesión del nuevo magistrado la

1 Artículo 19. Destinatarios. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional. Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacion adas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier título.Demandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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4 composición de la Sala cambió, por lo tanto, no se hacen necesarios dichos nombramientos.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias

4 composición de la Sala cambió, por lo tanto, no se hacen necesarios dichos nombramientos.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente, solo se presentó la siguiente contestación:

1.5.1. Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima

17. Solicitó negar las pretensiones de la demanda toda vez que cumplió con todos los requisitos legales establecidos para efectos de valorar una queja y de terminar la procedencia de iniciar una acción disciplinaria en contra de un determinado profesional del derecho, «debiéndose precisar que el estudio de la queja implicó la valoración conjunta de las manifestaciones expuestas por la quejosa y de los documentos aportados»

18. Adujo que tampoco se vulneró el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, toda vez que atendió la queja interpuesta por la ahora accionante y se pronunció en torno a esta, expresando claramente las razones de hecho y d e derecho por las que se consideró que los hechos expuestos carecían de relevancia disciplinaria y no justificaban legalmente el ejercicio de una acción en esta materia, «pues como se indicó en su momento y se reitera ahora, las conductas reprochadas al ab ogado denunciado, aunque fueron desplegadas por él no fueron desplegadas en el desempeño de su profesión de abogado».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. S i se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. S i se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se dirige contra la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima y por ello el reparto del mecanismo de protección constitucional debería hacerse en primera instancia, a los Tribunales Superiores d e Distrito Judicial. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 6 2 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

20. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ningun a manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de

2 Las acciones de tut ela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.Demandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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5 reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su fa lta de competencia . Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del a sunto en sede de instancia. (Negrita y subrayado fuera del texto).

21. Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.

22. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó la señora Romero Vargas.

2.2. Problema jurídico

23. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

23. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

24. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente:

¿La Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima vulneró los derechos fundamentales «al debido proceso, defensa, celeridad, y acceso a una efectiva administración de justicia » con ocasión de la providencia del 21 de febrero de 2023, mediante la cual la Comisión de Disciplina Judicial, Seccional Tolima desestimó la queja presentada por la actora contra el abogado Eduardo Andrés Su árez Perdomo , pues no era relevante desde el punto de vista disciplinario?

25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicialDemandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

27. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

28. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la sol icitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

29. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términ os, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional6

30. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y

3 Consejo de Estado, Sala Plen a de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo, Sección

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -0315-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-0002019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23. 10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-0466400; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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7 extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que

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7 extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

31. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

32. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

33. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones anotadas.

34. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe real izar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Esto, desde la perspectiva del núcleo esencial de l as garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Esto, desde la perspectiva del núcleo esencial de l as garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

35. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos.

36. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

37. En la sentencia SU -215 de 2022 8, el alto tribu nal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutel a-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de

8 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisi ón judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con esteDemandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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38. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembr e de 2022 9 modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

39. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó qu e el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en

concreto se refieren a:

estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a: i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordina rios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

40. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha incurrido en uno de los defectos.

41. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera

41. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada de aquella10.

postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicat iva rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 10 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.Demandante: Gabriela Romero Vargas Demandado: Comisión de Disciplina Judicial Seccional del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2023-04155-00

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42. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la procedibilidad de la acción de tutela, existe un d eber de sustentar en términos jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el

tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la procedibilidad de la acción de tutela, existe un d eber de sustentar en términos jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio ex plican la configuración de una causal especifica de procedencia.

2.5. Caso concreto

43. Sea lo primero poner de presente que la señora Gabriela Romero Vargas, quien fungió como quejosa, tiene legitimación en la causa para instaurar la presente acción de tutela toda vez que le asiste un interés directo en la resulta del proceso, pues la decisión reprochada , mediante la cual se desestimó de plano la queja presentada, afecta directamente sus derechos fundamentales , pues no podría continuar con el proceso disciplinario en contra del abogado Eduardo

Andrés Suárez Perdomo.

44. Se tiene que, e n el caso objeto de estudio, la acción de tutela presentada por la señora Romero Vargas no satisface el requisito de la relevancia constitucional, ya que solo se planteó un deb