CE - 010315000202304316001SENTENCIASENTENCIA20231011180952

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante FABIÁN ANDRÉS AGUILAR GUZMÁN

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA PRIMERA DE DECISIÓN Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y por violación directa de la constitución . Reajuste de subsidio familiar Decreto 1794 de 2000. Soldado profesional. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada po r el señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán, quien actúa a través de apoderada judicial, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 11 de agosto de 20231, el señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán interpuso acción de tutela contra e l Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido

El 11 de agosto de 20231, el señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán interpuso acción de tutela contra e l Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2: “1. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso y garantía de la confianza legítima en el sistema de justicia del señor FABIAN

ANDRES AGUILAR GUZMAN.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo Del Caquetá, proferir nueva sentencia dentro del expediente No. 18001-33-33-001-202000406-01 y en su lugar proceda a preferir fallo aplicando los efectos ex tu nc de la sentencia que declaro la nulidad del decreto 3770 de 2009, concediendo el derecho al Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de 2000.”

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Samai. índice 2. Fecha de radicación de la tutela a través del aplicativo de tutelas en línea de la Rama Judicial. 2 Samai. índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

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Judicial. 2 Samai. índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. El señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán ingresó a las Fuerzas Militares de Colombia en el año 2007, como soldado profesional. 2.2. El 2 de enero de 2014 , el accionante declaró unión marital de hecho con la señora Viviana Alexandra Castillo Muñoz. Motivo por el cual, le fue reconocido el subsidio familiar establecido en el Decreto 1161 de 2014 , el cual le fue asignado en un total del 23%, correspondiendo el 20% por la unión marital y el 3% por su hija. 2.3. El 31 de julio de 2018, el señor Aguilar Guzmán presentó solicitud de reliquidación del subsidio familiar ante el Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, toda vez que, consideró deb ía aplicársele lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. En respuesta a la anterior solicitud, el demand ado profirió el Oficio N ro. 20183111965071: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 11 de octubre de 2018, mediante el cual, negó la reliquidación del subsidio familiar solicitado por el señor Aguilar Guzmán. 2.4. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el seño r Fabián Andrés Aguilar Guzmán demandó a la Nación ,

familiar solicitado por el señor Aguilar Guzmán. 2.4. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el seño r Fabián Andrés Aguilar Guzmán demandó a la Nación , Ministerio de Defensa , Ej ército Nacional, pretendiendo la nulidad del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativ o negativo configurado en relación con la petición fechada el 31 de julio de 2018 y el acto administrativo contenido en el Oficio N ro. 20183111965071: MDN -CGFMCOEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 11 de octubre de 2018 . A título de restablecimiento del d erecho, pidió el reconocimiento y pago del reajuste salarial junto con las prestaciones de ley, a partir del 1° de diciembre de 2007 , incluyendo el retroactivo del subsidio familiar, el cual debía ser liquidado de conformidad con el Decreto 1794 de 2000. 2.5. El medio de control fue conocido en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia bajo el radicado Nro. 18001-33-33-001-2020-0040600, que, mediante sentencia el 26 de agosto de 2022 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante. Como fundamento de su decisión, señaló que, respecto del reajuste salarial del 20%, el requisito para devengar un salario mínimo incrementado en un 60%, era haber contado con la calidad de soldado voluntario, y posteriormente haber si do escalafonado como soldado profesional, situación que no se cumplió en el caso del señor Fabián Andrés dado que ingresó a la institución

60%, era haber contado con la calidad de soldado voluntario, y posteriormente haber si do escalafonado como soldado profesional, situación que no se cumplió en el caso del señor Fabián Andrés dado que ingresó a la institución el 19 de noviembre de 2007 en calidad de soldado profesional. A su vez, señaló que frente al reajuste del subsidio f amiliar, no fue posible realizar el estudio del caso, dado que el proceso carecía de material probatorio que indicara la fecha en la cual el demandante consolidó la unión marital de hecho, pues la sola manifestación en la demanda no era suficiente para tenerla por cierta. 2.6. La anterior decisión que fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, que en sentencia del 24Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de marzo de 2023 la confirmó3, al considerar que del material probatorio obrante en el expediente no era posible tener certeza de la fecha de constitución de la unión marital de hecho, aspecto relevante para definir si al demandante le asistía el derecho que invocaba desde sede administrativa, por lo que, no se cumplió con el deber de pr obar los supuestos de hecho, de conformidad con el artículo 167 del CGP.

3. Fundamentos de la acción El señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán consideró que en el caso en estudio se cumplen con todos los requisitos generales para la procedencia de la acción d e

conformidad con el artículo 167 del CGP.

3. Fundamentos de la acción El señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán consideró que en el caso en estudio se cumplen con todos los requisitos generales para la procedencia de la acción d e tutela contra providencia judicial, y precisó que la sentencia del 24 de marzo de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 18001-33-33001-2020-00406-00/01, incurrió en defecto fáctico y por violación directa de la constitución. Los argumentos del accionante se exponen a continuación. 3.1. Defecto por violación directa de la Constitución. Precisó que el Tribunal vulneró sus derechos a la igualdad , al debido proceso y el principio de confianza legitima en el sistema de justicia , pues se le reconoció el subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1161 de 2014, en un monto del 23%, sin embargo afirmó que el reconocimiento tuvo lugar el 2 de enero de 2014, momento en el cual debía aplicarse el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en razón al efecto ex tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado , que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009. 3.2. Defecto fáctico. Señaló que se incurrió en este defecto en una dimensión negativa, dado que el Tribunal omitió valorar algunos documentos, concluyendo en la sentencia cuestionada que del material probatorio obrante

3.2. Defecto fáctico. Señaló que se incurrió en este defecto en una dimensión negativa, dado que el Tribunal omitió valorar algunos documentos, concluyendo en la sentencia cuestionada que del material probatorio obrante en el expediente no se advertía el nombre de la compañera permanente, ni la fecha de constitución de la unión marital de hecho, supuestos que debían ser probados por el demandante , y que eran relevantes para determinar el reconocimiento del derecho. Al respecto, el accionante indicó que, en el expediente obra el extracto de la Hoja de Vida en el que se advierte que el 2 de enero de 2014 declaró la unión marital de hecho con la señora Viviana Alexandra Castillo Muñoz , y que mediante la orden administrativa de personal Nro. 1350 del 15 de marzo de 2017, con novedad fiscal del 30 de junio de 2016, se le reconoció el subsidio familiar en un 20%. Adicionó, que en la sentencia cuestionada se trascribió apartes del Oficio Nro. 38, por medio del cual el Ejército Nacional dio respuesta a una petición en donde se mencionaba que al señor Aguilar Guzmán se le reconoció el 23% del subsidio familiar discriminado así: “[…] 20% corresponde a la unión marital de hecho con la señora VIVIANA ALEXANDRA CASTILLO MUÑOZ mediante Orden Administrativo de Personal No. 1350 del 15 de marzo de 2017, con novedad fiscal 30 junio de 2016. ” “3% a la menor hija ANA ISABEL AGUILAR MONTIEL mediante Orden Administrativa de Personal No. 1527 del 30 de mayo de 2015, con novedad fiscal 31 de marzo de 2015 […]”, documentos

menor hija ANA ISABEL AGUILAR MONTIEL mediante Orden Administrativa de Personal No. 1527 del 30 de mayo de 2015, con novedad fiscal 31 de marzo de 2015 […]”, documentos

3 Se precisa que la información que obra en los numerales 9 y 10 de los hechos planteados en el escrito de tutela no corresponden al proceso de referencia, por lo que puede corresponder a un error de transcripción.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co públicos que no fueron tachados de falsos y de los cuales se presume su autenticidad. Finalmente indi có que el Tribunal erró al no dar por probad a la fech a de constitución de la unión marital de hecho que obraba en la ficha bibliográfica – folio 38-, documento que resulta ser determinante, pues ese fue el argumento del Tribunal para no estudiar la aplicación de los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 17 de agosto de 20234, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a las partes, vincular como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al Juzgado Primero Administrativo de Florencia y se reconoció como apoderada a la señora Elizabeth Moreno Angarita. 4.2. Posteriormente en providencia del 7 de septiembre de 2023 , el despacho

de Defensa, Ejército Nacional y al Juzgado Primero Administrativo de Florencia y se reconoció como apoderada a la señora Elizabeth Moreno Angarita. 4.2. Posteriormente en providencia del 7 de septiembre de 2023 , el despacho ponente dispuso notificar al Tribunal Administrativo del Caquetá , dado que el correo electrónico enviado inicialmente se remitió de forma errada a la Oficina de Soporte Técnico del Tribunal Administrativo de Florencia, razón por la cual se consideró que el despacho no había rendido informe. 4.3. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia5, realizó un breve recuento del trámite que surtió el expediente Nro. 18001 -33-33-001-2020-00406-00/01 en primera y segunda instancia. Se ñaló que todas las decisiones que se adoptaron en el proceso fueron sustentadas en la jurisprudencia aplicable al caso y en las pruebas que obraban en el expediente, por lo que, consideró que no existía vulneración alguna de derechos fundamentales. A su vez, adjuntó el enla ce y copia de los documentos, para consultar el expediente ordinario. 4.4. La Nación, Ministerio de Defensa , Ejercito Nacional y el Tribunal Administrativo del Caquetá , Sala Primera de Decisión , a pesar de ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 6, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportun a y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 6, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportun a y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

4 Samai, índice 4. 5 Samai. índice 8. 6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuan do se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.

Así lo ha reconocido la Corte Constituc ional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 7 y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales

Así lo ha reconocido la Corte Constituc ional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 7 y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 9 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuesto s, y por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si esta acción cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad.

En caso de superar dicho análisis , se determinará si al proferir la sentencia de 24 de marzo de 2023, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado Nro. 18001-33-33-001-2020-00406-00/01, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, incurrió en defecto fáctico , por ausencia de valoración de algunos documentos obrantes en el expediente.

18001-33-33-001-2020-00406-00/01, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, incurrió en defecto fáctico , por ausencia de valoración de algunos documentos obrantes en el expediente. De considerar que se incurrió efectivamente en el defecto mencionado, se procederá a analizar la incidencia de tal valoración probatoria en la decisión de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , para determinar la existencia de la posible vulneración de derechos fundamentales.

7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pro ferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii ) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo

defecto por violación directa de la Constitución. 9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso N ro. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

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4. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional Lo primero es indicar que en el caso concreto se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esto porque

(i) la solicitud de amparo se presentó en un término razonable, dado que fue radicada el 11 de agosto de 2023 y la sentencia que se acusa se notificó e l 14 de abril de 202310; (ii) en el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y de los defectos de los que la parte actora considera que adolece la providencia; (iii) contra la sentencia acusada no procede recurso ordinario o extraordinario que permita la protección de los derechos que se estiman desconocidos; (iv) el caso comporta relevancia constitucional, porque se aduce la vulneración de derechos fundamentales que tienen como presunta causa una providencia judicial de segunda instancia, en relación con las premisas fácticas en las que la autoridad judicial

comporta relevancia constitucional, porque se aduce la vulneración de derechos fundamentales que tienen como presunta causa una providencia judicial de segunda instancia, en relación con las premisas fácticas en las que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión. Y si bien en ambas instancias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se negaron las pretensiones de la parte actora, se advierte que las razones que le asistieron al juez de primer grado difieren de las del Tribunal de segunda instancia, motivo por el cual no se advierte una reiteración de argumentos ; y (v) finalmente, se advierte que la providencia cuestionada no corresponde a una decisión dictada en trámite de tutela.

5. Defecto fáctico y análisis del caso 5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el caso concreto11.

La jurisprudencia constitucional ha indicado que , la acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter “ estrictamente excepcional”12 a fin de proteger los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial, así como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. En consecuencia, es pacífico concluir que los jueces de tutela no tienen competencia para

proteger los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial, así como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. En consecuencia, es pacífico concluir que los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Dicho esto, es dable declarar que el estudio de la acción de tutela adquiere especial connotación y se torna más riguroso frente al defecto fáctico, pues es pacífico13 que el juicio de valoración probatoria desplegado por el juez natural de la causa está prevalido de un amplio margen de discrecionalidad propio del sistema de libre valoración acogido en el Código General del Proceso14.

10 Samai, índice 13. Constancia de ejecutoria. Expediente Nro. 18001-33-33-001-2020-00406-01. 11 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998. 12 Sentencia SU215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo. 13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU129 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez (párr. 56); sentencia SU132 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-117 de 2013 M.P. (acápite 3.4) 14 Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

14 Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, es decir, no equivale a arbitrariedad o capricho, lo que implica es que corresponde al juez de la causa analizar y establecer si una hipótesis fáctica está o no respaldada en las pruebas del proceso. En este ejercicio d e análisis y apreciación debe servirse de las reglas de la sana crítica 15 y la exigencia de necesidad de la prueba y motivación de la decisión. Establecido lo anterior, es útil recordar que el defecto fáctico 16 tiene dos dimensiones: la negativa que se produ ce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso 17; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el qu e se sustenta la decisión18; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo19. La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión20; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen

juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión20; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia21. 5.2. El accionante afirma que el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico porque no valoró dos documentos que, en su concepto, eran relevantes para determinar la procedencia de la aplicación a su caso, del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, dentro del proceso ordinario. Los mencionados documentos son los siguientes : (i) la ficha bibliográfica visible a folio 38, y (ii) la valoración del Oficio Nro. 20183111965071: MDNCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10. 5.3. Sea lo primero indicar que , al presentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el medio de control, el demandante planteó un argumento dirigido a debatir la afirmación realizada por el juzgado , en la cual, la autoridad judicial señaló que no era posible realizar el estudio del caso pues carecía de “material probatorio que nos indique la fecha en la cual el demandante consolido la unión marital de hecho, pues la sola manifestación de la demanda no es suficiente para tener por cierta la fecha”. Esto dado que el juez consideró que no se allegó prueba que acreditara tal condición. Al respecto, el señor Fabián Andrés mencionó que no era cierto que no se hubiera acreditado la fecha de la unión marital de hecho, pues esta información estaba visible en la ficha bibliográfica que se anexó junto con la demanda en

Al respecto, el señor Fabián Andrés mencionó que no era cierto que no se hubiera acreditado la fecha de la unión marital de hecho, pues esta información estaba visible en la ficha bibliográfica que se anexó junto con la demanda en el folio 38 . A ñadió que si bien no contaba con la escritura pública de constitución de la unión marital, la fecha que reposaba en ese documento fue diligenciada por la misma entidad demandada, luego de que él reportara el

15 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994. 16 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002. 17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 20 Ibidem. Óp. Cit. 10 21 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00

Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cambio del estado civil , para lo cual , en su momento allegó ante el Ejército Nacional el documento correspondiente. Frente a tal argumento, el Tribunal Administrativo del Caquetá , Sala Primera de Decisión, en sentencia de segunda instancia , señaló que no necesariamente debía aportarse la escritura públic a de constitución de unión

Nacional el documento correspondiente. Frente a tal argumento, el Tribunal Administrativo del Caquetá , Sala Primera de Decisión, en sentencia de segunda instancia , señaló que no necesariamente debía aportarse la escritura públic a de constitución de unión marital, por cuanto ese aspecto podía establecerse de la información laboral reportada por el Ejército Nacional. Sin embargo, revisada la ficha bibliográfica únicamente aparecía en el ítem de estado civil “ unión marital de hecho ”, sin más información, por lo que se advertía la ausencia de datos como el nombre de la compañera o la fecha de constitución de la unión. Agregó que, tampoco podría acreditarse esa información desde la respuesta contenida en el acto demandado, dada la falta de certeza de la fecha de constitución de la unión marital de hecho. Esto en los siguientes términos: “[…] tampoco podría tenerse por acreditada tal información desde la respuesta contenida en el acto administrativo cuestionado frente a la negativa del subsidio familiar, ya que aunque se señale allí que actualmente tiene reconocida dicha prestación en el e quivalente al 20% por la unión marital de hecho con la señora VIVIANA ALEXANDRA CASTILLO MUÑOZ, según OAP N° 1350 del 15 de marzo de 2.017, con novedad fiscal 30 de junio de 2.016, resulta evidente la falta de certeza de la fecha de constitución de dicha u nión; por lo que no podría accederse a lo pretendido únicamente con la indicación de la fecha referida en la demanda, en tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo que

conformidad con lo establecido en el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo que no ocurre en este proceso. […]” Añadió el Tribunal que no le correspondía al Ejército Nacional probar la fecha de constitución de la unión marital de hecho, pues esta entidad probó lo que le correspondía, en este caso, que el actor devengó el subsidio familiar desde el año 2016, lo que demostraba la existencia de una situación jurídica consolidada, afirmación que le correspondía desestimar a la parte actora. Por lo que, el ad quem consideró innecesario establecer si al señor Aguilar Guzmán le asistía derecho de obtener el reconocimient