CE - 010315000202304317001SENTENCIASENTENCIA20231019145716

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección “B”

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

Demandante: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “B”

Tema: Tutela contra providencia judicial – Ampara los derechos fundamentales del actor.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor Germán López Guerrero, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1.º del numeral 2.º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Germán López Guerrero, en nombre propio, radicó acción de tutela el 11 de agosto de 2023, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y al mínimo vital.

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con ocasión del auto de 27 de marzo de 2023, por medio del cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” no accedió a la solicitud de inaplicación de la sanción, la cual se le impuso al señor López Guerrero.

Lo anterior, en el marco del incidente de desacato identificado con el radicado número 25000 -23-41-000-2016-02293-00, interpuesto por el señor Oscar Iván Orjuela Coca contra el actor, en su calidad de director de Sanidad del Ejército Nacional, el cual desempeñó durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 a 16 de enero de 2019.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pidió:

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pidió:

PRIMERA: Tutelar los DERECHOS a la IGUALDAD, BUEN NOMBRE, HONRA, MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “B”., por negación de inaplicación de sanciones judiciales, en el marco de la acción de tutela bajo radicado No. 25000234100020160229300, con orden de tutela cumplida.

SEGUNDA: En consecuencia, solicito que el CONSEJO DE ESTADO ordené al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERASUBSECCIÓN “B”., dejar sin efecto el auto de veintisiete (27) de marzo de 2023, donde se negó la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato y se ordene proferir decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud de levantamiento de la sanción de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente en la sentencia SU -034 de 2018 asimismo, que ese despacho informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de la ejecución de cobro, para que estas den por terminado el proceso de cobro coactivo que actualmente se adelanta en mi contra.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

actualmente se adelanta en mi contra.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. El señor López Guerrero ocupó el cargo de director de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacion al, en adelante Dirección de Sanidad, para el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 y el 16 de enero de 2019.

Expresó que, durante su gestión, existió un alza inesperada de acciones de tutela contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, lo que desbordó la capacidad de respuesta administrativa de la Institución, de modo que durante los tres años de su gestión se elevaron 684 incidentes de desacato por los cuales fue sancionado en los diferentes despachos judiciales a nivel nacional, y se adelantaron 417 cobros coactivos en su contra.

Para el mes de diciembre de 2018, el tutelante culminó su gestión como director de Sanidad del Ejército Nacional, dejando en estado de solicitud de inaplicación de sanción 267 incidentes y 114 peticiones de terminación de cobro coactivo.

Con ocasión de estos últimos trámites, le fue embargado un bien inmueble y un bien mueble, por lo que tuvo que celebrar 20 acuerdos de pago para mitigar el impacto negativo contra su patrimonio.

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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1.3.2. Como hechos concretos objeto de reparo, informó que el 30 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” amparó los derechos fundamentales del señor Oscar Iván Orjuela Coca, y en consecuencia ordenó:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, al debido proceso y a la seguridad social invocados por el señor OSCAR IVÁN ORJUELA COCA, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al señor director de Sanidad del Ejército Nacional que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, imparta las órdenes necesarias y adelante las gestiones admi nistrativas pertinentes para que el accionante sea valorado por la Junta Médico Laboral, lo cual no podrá superar el término de un (1) mes.

1.3.3. El 2 de mayo de 2017, la autoridad judicial accionada le impuso sanción por desacato al señor Germán López Guerrero, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR que el Director de Sanidad del Ejército Nacional señor Germán López Guerrero incurrió en desacato al fallo de tutela proferido por esta Corporación el 30 de noviembre de 2016, en los términos allí establecidos.

PRIMERO: DECLARAR que el Director de Sanidad del Ejército Nacional señor Germán López Guerrero incurrió en desacato al fallo de tutela proferido por esta Corporación el 30 de noviembre de 2016, en los términos allí establecidos.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR al Director de Sanidad del Ejército Nacional, señor German López Guerrero , que proceda a dar CUMPLIMIENTO INMEDIATO, a la orden proferida en la sentencia de tutela de fecha 30 de noviembre de 2016.

TERCERO: SANCIONAR al Director de Sanidad del Ejército Nacional, señor German López Guerrero, identificado con la C.C 79.468.794, con MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, quien deberá consignar de su propio peculio dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en el Banco Agrario de Colombia, cuenta número 300 -700-000030-4 por concepto multas y cauciones efectivas, a favor del Consejo Seccional de la Judicatura. De no cancelarse oportunamente la multa, se procederá a su cobro.

1.3.4. La anterior decisión se confirmó en grado jurisdiccional de consulta por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 22 de junio de 2017, y por medio de providencia de 24 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” «se dispuso a obedecer y cumplir lo resuelto por el H. Consejo de Estado y continuar con la verificación del cumplimiento de la orden impartida en sentencia del 30 de noviembre de 2016».

lo resuelto por el H. Consejo de Estado y continuar con la verificación del cumplimiento de la orden impartida en sentencia del 30 de noviembre de 2016».

1.3.5. De modo que, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional presentó solicitud de inaplicación de la sanción e inejecución del cobro ante la autoridad judicial accionada, la cual, a través de auto de 9 de marzo de 2020 resolvió estarse a loRadicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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resuelto en las providencias de 2 de mayo y 2 de junio de 2017, en las que se impuso la sanción de multa objeto de reproche y se confirmó dicha decisión.

1.3.6. El 29 de mayo de 2020, la Dirección de Sanidad presentó una solicitud de reconsideración del auto de 9 de marzo de 2020, no obstante, la judicatura accionada el 23 de octubre de 2020 negó la solicitud de inaplicación de la sanción.

1.3.7. Ahora bien, meses más tarde, l a Dirección de Sanidad rindió informe de cumplimiento de la orden de amparo, y a través de auto de 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” decretó que «en ese momento la autoridad probó haber adelantado gestiones

cumplimiento de la orden de amparo, y a través de auto de 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” decretó que «en ese momento la autoridad probó haber adelantado gestiones suficientes para el acatamiento de la orden de tutela de 30 de noviembre de 2016».

1.3.8. Como resultado de lo anterior, la Dirección de Sanidad le solicitó al tribunal que le diera aplicación a la providencia de 30 de septiembre de 2021 «que declaró el cumplimiento de la orden de tutela, y en su lugar se aclarara que no versa sanción contra el señor Germán López Guerrero».

1.3.9. De ahí que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” en auto de 12 de abril de 2022 «negó la solicitud elevada por la parte accionada, reiterándole que el cumplimiento de la sentencia de tutela de 30 de noviembre de 2016 no implica que la sanción que le fue impuesta por desacato al señor Germán López Guerrero, director de Sanidad del Ejército Nacional, pierda validez, sino por el contrario esta se encuentra en firme.

1.3.10. Por consiguiente, el 9 de noviembre de 2022, la Dirección de Sanidad insistió en que le inaplicara la sanción al señor Germán López Guerrero, sin embargo, en auto de 14 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” «se estuvo a lo resuelto en providencias de 9 de marzo de 2020 y de 12 de abril de 2022 , y requirió a la Dirección de Sanidad del Ejército

Primera, Subsección “B” «se estuvo a lo resuelto en providencias de 9 de marzo de 2020 y de 12 de abril de 2022 , y requirió a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que evite reiterar en asuntos que ya fueron resueltos anteriormente».

1.3.11. En consecuencia, el 28 de febrero de 2023, la Dirección de Sanidad presentó otra vez inaplicación de la sanción, y en providencia de 27 de marzo de 2023, la judicatura accionada indicó que «la reiteración de la solicitud consistente en la inaplicación de la sanción de quien en su momento fue Director de Sanidad del Ejército Nacional, resulta en un desgaste absurdo e innecesario del aparato judicial al buscar retrotraer asuntos de los cuales ya existe un pronunciamiento que se encuentra en firme y ejecutoriado, esto es, que hizo tránsito a cosa juzgada».

Expuso que al señor German López Guerrero en calidad de director de Sanidad se le garantizó el derecho de defensa y debido proceso dentro del trámite incidental y fue en ocasión a ello que la Sala advirtió que no cumplió con las órdenes de tutela ni demostró, en su debida oportunidad, la imposibilidad fáctica y jurídica para acatarRadicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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el fallo, razón por la cual, se adoptaron las medidas sancionatorias señaladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

En ese entendido, precisó que «en tanto en el auto interlocutorio de 14 de febrero de 2023, esta Corporación resolvió estarse a lo resuelto en providencias de 9 de marzo de 2020 y de 12 de abril de 2022, que resolvieron las solicitudes de inaplicación de la sanción, se rechazará po r improcedente la petición [de inaplicación de la sanción] reiterada de la Dirección de Sanidad, pues la misma ya se resolvió».

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “ B” incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en materia de inaplicación de sanciones judiciales impuestas dentro del trámite incidental, aun cuando se encuentren confirmadas en el grado jurisdiccional de consulta.

Expuso que el criterio preponderante de las providencias proferidas por la Corte Constitucional2, está dirigido a levantar las sanciones judiciales una vez se evidencia el cumplimiento del fallo de tutela, a pesar de que se encuentren confirmadas y ejecutoriadas en sede de consulta.

Adujo que su petición no es un caso aislado, sino una problemática constante que viven los servidores públicos que tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a

confirmadas y ejecutoriadas en sede de consulta.

Adujo que su petición no es un caso aislado, sino una problemática constante que viven los servidores públicos que tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los fallos de tutela. En efecto, las autoridades no adv irtieron las limitaciones estructurales y financieras de las entidades que generan un sinnúmero de sanciones por el hecho de no cumplir las órdenes impartidas en los términos establecidos en las decisiones judiciales.

Resaltó que estas sanciones no afectan directamente las finanzas de la entidad que se representa, sino su propio peculio, carga que financieramente muchas veces es difícil de solventar, porque desborda su capacidad económica. Sobre todo, cuando no se encuentra ocupando el cargo que le fue confiado como director de Sanidad, para la época comprendida entre diciembre de 2015 a diciembre 2018.

2 Providencias mencionadas por el actor en el escrito de tutela: «T-00213-2012, Auto 22/11/18, T171/09, T -695/14, Auto 10/03/21, Auto 7/04/2021, T -2616/15, T -01763/12, Auto9/11/20, Auto29/01/19, T-389/17, Auto8/04/20, Auto 202/13, T -00292/14, Auto 27/06/18, T - 00096/15, Auto

16/07/18, T-00407/15, Auto 13/11/18, T -01621/15, Auto 06/05/19, T-00106/16, Auto 9/08/18, SU424 /16, T - 3301/16, Auto 22/04/2021, T -00095/17, Auto 13/11/18, T -157/17, Auto 14/02/2020, T2199/17, Auto 26/04/2021».Radicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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1.5. Admisión de la demanda

Con auto de 22 de agosto de 2023, el magistrado ponente de la presente decisión admitió la acción de tutela y dispuso tener como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.

Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al señor Oscar Iván Orjuela Coca [incidentante en el marco del desacato], y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad [entidad a la cual estuvo vinculado el tutelante], para que si lo consideraban del caso intervinieran en el presente trámite tutelar.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó el siguiente informe:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó el siguiente informe:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”

Por medio de escrito enviado el 24 de agosto de 2023, al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad accionada sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez.

Frente al punto, expuso que desde que se profirió el fallo de tutela el 30 de noviembre de 2016 hasta la fecha en que fue proferida la decisión en sede de consulta el 22 de junio de 2017 pasaron casi seis (6) meses sin que se demostrara alguna gestión por parte del sancionado que acreditara el cumplimiento al fallo de tutela, pues to que solo hasta el 5 de febrero de 2020; esto es, casi tres años después de que se impuso la sanción, ingresaron al despacho solicitudes de inaplicación de la sanción por parte del accionante por haber cumplido.

Precisó que «casi tres años después de que se impusiera la sanción, es que el accionante despliega las acciones correspondientes para dar cumplimiento al fallo de tutela y solicita la inaplicación de la sanción cuando esta quedó en firme y debidamente ejecutoriada, por ende, no era procedente que esta Corporación se pronunciara nuevamente sobre esta».

Resaltó que en varias ocasiones resolvió la solicitud de inaplicación de la sanción tanto así que, en providencia de 14 de febrero de 2023, explicó sobre la imposibilidad de emitir un nuevo pronunciamiento al respecto, y «resolvió estarse a

tanto así que, en providencia de 14 de febrero de 2023, explicó sobre la imposibilidad de emitir un nuevo pronunciamiento al respecto, y «resolvió estarse a lo resuelto en los Autos No. 2020-03-009 AT de 9 de marzo de 2020 y 2022-08-166 AT de 12 de abril de 2022 . Razón por la cual, ante la insistencia de la inaplicación de la sanción por parte del accionante, mediante auto de 27 de marzo de 2023 (objeto de controversia) se rechazó la solicitud, reiterando que no es posibleRadicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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retrotraer asuntos en lo que existe un pronunciamiento que se encuentra en firme y ejecutoriado y que hace tránsito a cosa juzgada».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Germán López Guerrero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se lesionaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y al mínimo vital del señor Germán López Guerrero con el auto de 27 de marzo de 2023, a través del cual la autoridad judicial accionada denegó su solicitud de levantamiento de la sanción por desacato impuesta en el marco del proceso identificado con el radicado número 25000-2341-000-2016-02293-00.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) la procedencia de la tutela contra decisiones que se dictan en el trámite incidental de desacato, (iii) el estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad adjetiva, y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “ DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Radicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y

analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato6

Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente manera:

[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre

[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada […]7.

6 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-0315-000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 7 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.

Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de atender la orden judicial.

En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva […]»8 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva, en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente del agente.

La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

necesario que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente del agente.

La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada como un remedio procesal ant e la desidia o negligencia del interesado […]9.

El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe verificar de manera rigurosa.

Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que, de advertirse una conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar a la imposición de sanciones10.

8 Sentencia T-763 de 1998. 9 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011. 10 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T -939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la

la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y laRadicado: 11001-03-15-000-2023-04317-00

Demandante: Germán López Guerrero

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección “B”

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Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra limitado a establecer:

1. Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,

1. si se respetó el debido proceso de las partes y,

1. si la sanción