CE - 010315000202304354001SENTENCIA20231018164752

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

Demandante: JAVIER ANDRÉS ESTRADA MEJÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisit os ge nerales / DEFECTO FÁCTICO – Se configura en este caso, por indebida valoración probatoria.

La Sala d ecide la acción de tutela instaurada por el señor Javier Andrés Estrada Mejía contra el Tribunal Administrativo de Caldas, el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales y la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 15 de agosto de la presente anualidad 1, el señor Javier Andrés Estrada Mejía , por intermedio de apoderado j udicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales y la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Adm inistrativos, por cons iderar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proces o y d e acceso a la

Administrativo de Caldas, el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales y la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Adm inistrativos, por cons iderar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proces o y d e acceso a la administración de jus ticia, con ocasión de l as providencias dictadas el 27 de febrero de 2022 y el 5 de mayo de 202 3, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radic ado 17001-33-33-003-2022-00307-00/01. Formuló la siguiente pretensión (se transcribe textualmente):

1 Se advierte que, el 13 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

Demandante: Javier Andrés Estrada Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otros Sentencia de tutela de primera instancia

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Que se dejen sin efecto el auto del 05 de mayo del año 2023 en donde se decidió confirmar la decisión adoptada por el Juzgados Tercero Administrativo del Circuito y el auto del 27 de febrero del año 2023 emitid o por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito, actos que desconocieron el derecho al debido proceso y acces o a la administración de justicia del señor Andrés Estrada.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Javier Andrés Estrada Mejía presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el M unicipio de Manizales para que se

De la solicitud de tutela la Sala extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Javier Andrés Estrada Mejía presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el M unicipio de Manizales para que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución 028-2020 del 22 de febrero de 2021 expedida p or el Inspector Tercero de la Secretaría de Movilidad de Manizales, por medio de la cua l se le declaró contraventor, s e le i mpuso una multa de 1 440 salarios mínimos diarios y se ordenó la cancelación de la licencia de conducci ón, dentro de la «investigación administrativa por presunta vulneración de las normas de tránsito».

• Resolución 018-2021 del 15 de marzo de 2021 , que resolvió el recur so de reposición la decisión anterior.

• Resolución 15 del 8 de febrero de 2022 , p or medio de la c ual se resolvi ó negativamente el recurso de apela ción y, en consecuencia , se confirmaron las anteriores decisiones.

El Juzgado Tercero Administrativo de Manizales , al que correspondió el asunto, en auto del 28 de noviembre de 2022, inadmitió la demanda para que, entre otros aspectos, la parte demandante aportara «la constancia o acta de conciliación proferida por la Procuraduría Judicial Administrativa, dado que en e l expediente solo reposa la admisión de dicho trámite, pe ro no el acta de conciliación cele brada ante el ministerio público.»

En relación con dicha exigencia, l a part e actora aportó la c onstancia de

solo reposa la admisión de dicho trámite, pe ro no el acta de conciliación cele brada ante el ministerio público.»

En relación con dicha exigencia, l a part e actora aportó la c onstancia de agotamiento de la conciliación fechada del 29 de julio de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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Mediante auto del 27 de febrero de 2022, el Juzgado resolvió «declarar de oficio la excepción de cad ucidad» y, en consecuencia , declaró terminado el proceso porque consideró que, a pesar de que la radicación de la conciliación suspendió el término de caducidad, la parte actora presentó la demanda «superados los 4 meses» de que trata el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Inconforme con la decisión, el demandante interpu so recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Caldas la confirmó, en providencia del 5 de mayo de 2023.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora alegó que las autoridades jud iciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, toda vez que omitie ron valorar integralmente las pruebas aportadas en la corrección de la demanda, concretamente , la consta ncia de no conciliación expedida el 29 de julio de 2023 por la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos, y «notificada» (entregada) el 16 de septiembre de 2022.

conciliación expedida el 29 de julio de 2023 por la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos, y «notificada» (entregada) el 16 de septiembre de 2022.

Expuso que las constancias y actas de conciliación expedidas por el Ministerio Público son «actos administrativos» que deben ser notificados al interesado y, en su c aso, a pesar de que la c onstancia tiene fecha del 29 de julio de 2023, el procurador judicial «guardó silencio» hasta el 16 de septiembre de 2022, fecha en la que le solicitó las respectivas constancias.

Explicó que la solicitud de conciliación fue r adicada el 17 de junio de 2022 , la fecha de la audiencia estaba fijada para el 26 de ju lio de 2022 , pero la convocada no asistió, y el p rocurador le concedió el término de tres d ías para justificar la instancia, so pen a de expedir la constancia de no conciliación; sin embarg o, la constancia de no com parecencia solo le fue «notificada» (entregada) el 16 de septiembre de 2022.

Insistió en que, aun cuando en la constancia d e no acuerdo quedó consignado el 29 de ju lio de 2022 como fecha de expedición, la parte demandante «no tuvo acceso a ell a si no hasta el día dieciséis (16) de septiembre de ese mismo año », día en que fue radicada la demanda, y antes de q ue se vencieran los tres meses de suspensión a los que se refiere el Decreto 1069 de 2015.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

Demandante: Javier Andrés Estrada Mejía

de suspensión a los que se refiere el Decreto 1069 de 2015.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

Demandante: Javier Andrés Estrada Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otros Sentencia de tutela de primera instancia

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2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 16 de agosto de 2023, se inadmiti ó la demanda de t utela par a que el abogada aportara el poder en la f orma señal ada en las disposiciones normativas aplicables; cumplido lo anterior, en providencia del 1° de septiembre de 2023, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó que se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Admini strativo de Caldas, al jue z tercero administrativo de Manizales y al procurador 29 ju dicial II para asunt os administrativos de Manizales, en calidad de parte demandada . También se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El juez tercero administrativo de Manizales manifestó que la acción de tutela era improcedente, dado q ue «no se ha vulnerado derecho constitucional alguno a la pa rte demandante», en la medida en que el proceso se desarrolló «bajo las garantías procesales», y en él se consideró que la constancia no acuerdo era suficiente para presentar la demanda en forma oportuna.

2.2. El Tribunal Administrativo de Caldas y la Procuraduría 29 Judicial II par a Asuntos Administrativos guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinar á si la solicitud de amparo cumple los requisitos

Asuntos Administrativos guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinar á si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se abordará el estudio de fondo del asunto, con el fin de estab lecer si se configuró el defecto fáctico atribuido a las providencias dictadas, en su orden, el 27 de febrero de 2022 y el 5 de mayo de 2023 por el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de nulidad y restablecimiento de l derecho con radicado 17001-33-33-003-2022-00307-00/01.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la providencia de segunda instancia fue dictada el 5 de mayo de 2023, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 15 de agosto siguiente, esto es, dentro de losRadicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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seis meses siguientes a la expedición de la decisión. Este término resulta razonable, sin que sea necesario constatar la fecha de su notificaci ón.

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Del agotami ento de los mecanis mos de defensa judicial: este requisito está

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Del agotami ento de los mecanis mos de defensa judicial: este requisito está acreditado, dado que se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario.

2.1.4 De la relevancia constit ucional: la cu estión que aquí se discute sí ti ene relevancia constitucional, toda vez que la pa rte actora alegó que la s autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , derechos tradicionalmente r elevantes en la inst itución d e la acción de tutela y e n el marco de los procesos judiciales. Además, el escrito de tutela cumple con la carga de ide ntificar y sustentar la causal específica de procedibilidad d e defecto fáctico, sin que tal discusión comporte el uso del mecanismo de am paro constitucional c omo un a instan cia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En armonía con lo anterior, la parte demandante explicó suficientemente por qué considera que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en defecto fáctico al omitir valorar integra lmente de las pruebas sobre el trámite de la conciliación extrajudicial, circunstancia que habría motivado la declaratoria de caducidad y el consecuente rechazo de la demanda.

Aun cuando el asunto fue abordado por los jueces naturales, la Sa la encuentra que existen argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad de la s decisiones enjuiciadas y el alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia ; por consiguiente, se justifica el

que existen argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad de la s decisiones enjuiciadas y el alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia ; por consiguiente, se justifica el análisis de fondo del juez de tutela , ante la posible limitación injustificada del derecho de acceso a la administración de jus ticia.

No se trata , pues, de un asunto d e simple legalidad o de discrepancia interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que ha bilita la intervención del juez constitucional porque, valga insistir, existe una duda sobre la potencial afectación de derechos c onstitucionales que se habría desbordado en el juicio de los jueces ordinarios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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De esta manera, y al tenor de lo reiterado p or la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimie nto del derecho o un medio para resolver desacuerdo s de aspectos meramente legales o económicos, se está frente a un supuesto que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determi nar el alcance de un derecho fundamental» y se justifi ca en la medida de una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

3. Análisis del caso concreto

Las autoridades judiciales accionados declararon la caducid ad de la demanda de

fundamental» y se justifi ca en la medida de una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

3. Análisis del caso concreto

Las autoridades judiciales accionados declararon la caducid ad de la demanda de nulidad y restableci miento del derecho presentada por el s eñor Javier Andr és Estrada Mejía, porque consideraron que esta fue radicada después de que se venció la oportunidad prevista para tal fin ( 4 meses) , descontando el tiempo de suspensión, en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial.

La Sala observa que la demanda de nulidad y restable cimiento del derech o persigue que se declare la nulidad de las Resoluciones 028-2020 del 22 de febrero de 2021, 018 -2021 del 15 de marzo de 2021 y 15 de l 8 d e febr ero de 2022, las cuales, en su orden , (i) impusieron una sanción al señor Estrada Mejía — cancelación de la lic encia d e conducción y mu lta— bajo el supuesto de que conducía un vehículo bajo los efectos de l alcohol, (ii) resolvieron lo s recursos de reposición y (iii) el de apelación.

El acto administrativo que resolvió el recurso de apelación (Resolución 15 del 8 de febrero de 20 22) fue notificado el 17 de febrero de 2022, por ende, el término de caducidad correría entre el 18 de febr ero y el 18 de junio de 2022; sin embargo, el 17 de junio de 2022 , dos días antes de que se configurara la ca ducidad, fue radicada la solicitud de conc iliación extrajudicial, lo que significa que el término se

17 de junio de 2022 , dos días antes de que se configurara la ca ducidad, fue radicada la solicitud de conc iliación extrajudicial, lo que significa que el término se suspendió desde ese mismo momento.

El Tribunal accionado estimó que la suspe nsión se produjo hasta el 29 de julio de 2022, fe cha en la cual se expidió la constan cia de agotamiento del t rámite de conciliación, y dado que «cuando se radicó la solicitud de conciliación, restaba 1 día del término de caducidad, por lo tanto, el terminó reiniciaba el 30 de julio de 2022 y culminaba ese mis mo día. Como esta última fecha corresponde a un sá bado y laRadicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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siguiente a un domingo, se extendió la caducidad hasta el próximo dí a hábil, esto es, hasta el 1º de agosto de 2022. Sin embargo, la demanda se presentó el 16 de septiembre de 2022 , esto es, sup erados los 4 meses que establece el numeral 2º, lite ral d ) del artículo 164 del CPACA».

El demandante adujo que, si bien la constancia de no conciliac ión data del 29 de julio de 2022, le fue notifi cada apenas el 16 de septiembre de 2022 y, en esa medida, fue en esta ú ltima fecha y no en la que r efieren las accionadas que se reanudó el cómputo del plazo para presentar la demanda oportunamente.

Este argumento no fue acogido por el Tribunal , dado que , según lo dijo en la

medida, fue en esta ú ltima fecha y no en la que r efieren las accionadas que se reanudó el cómputo del plazo para presentar la demanda oportunamente.

Este argumento no fue acogido por el Tribunal , dado que , según lo dijo en la providencia r eprochada, «la suspensión de términos finaliza en el mom ento en el que se presenta alguno de los supuestos que pone fin al trámite de la conciliación -lo primero que ocurra - y, en t odo caso, el evento refer ido al lapso de tres meses hace alusión al tiempo máximo para intentar la audiencia de conciliación, lo qu e presupone la falta de celebración de la misma o la imposibilidad de culminarla; y no es este el caso, pues se itera, la audiencia se llevó a cabo y fue concluida».

En criterio de la Sala, s í se configu ra el defecto fáctico alegado, e inclus o sustantivo, por dos razones principales. En primer lugar, las autoridades judiciales accionadas interpretaron de manera aislada e irrazonable las pruebas del trámite de la conciliación, especialmente aquellas relacionadas con la existencia del acta de conciliación y su entrega al señor Estrada Mejía.

En segundo lugar, porque se desatend ió el alcance de la disposición que se refiere a los eventos y circunstancias que permiten entender agotada la conciliación extrajudicial, así como la f orma en q ue la parte puede acr editar ese requisito cuando presenta la demanda.

Nótese que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, el conciliador debe expedir la constancia al interesado en los siguientes eventos:

requisito cuando presenta la demanda.

Nótese que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, el conciliador debe expedir la constancia al interesado en los siguientes eventos:

1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.

2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas pr esentadas po r la inasistencia si las hubiere.

3. Cuando se presente una solicitud p ara la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad conRadicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.

Así mismo, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 —análogo al artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, compilado en el D ecreto Único Reglam entario 106 9 de 2015, establece que se sus pende el término de caducidad desde la presentación de la solicitud y hasta —lo primero que ocurra—:

a) Que se logre acuerdo conciliatorio b) Que se haya registrado el acta de conciliación, en los ca sos a que haya lugar c) Que se exp idan las c onstancias en los eventos se ñalados en el citado artículo 2 d) Que se venza el término de tres meses desde que se radique la solicitud sin lograr la celebración de la audiencia.

lugar c) Que se exp idan las c onstancias en los eventos se ñalados en el citado artículo 2 d) Que se venza el término de tres meses desde que se radique la solicitud sin lograr la celebración de la audiencia.

En el caso objeto de tutela, no hubo acuerdo conciliatorio, ni el Ministerio Público determinó que el asunto no era susceptible de conciliación, sino que la audiencia estaba programada para el 26 de jul io de 2 022, pero la entidad convoc ada no compareció. De suerte que el plazo de la suspensión se rige por el supuesto d e la expedición de la constancia por falta de compar ecencia de una de las partes , por lo cual el procurador judicial concedió a la convocada el término de tres (3 ) días para justificar la inasistencia.

Ello debido a que, como lo s eñala el numeral 6 del artículo 9 del Decreto 1716 de 2009, si no es posible la celebración del acuerdo «el agente del Ministerio Público expedirá constancia en la que s e indique la fecha de presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, la identificación de l convocante y convocado, la expresión sucinta del objeto de la so licitud de conciliación y la imposibilidad de acuerdo », amén de que el numeral 7 otorga la posibilidad al ausente de justificar l as razones de su in asistencia «dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia».

Para la Sala no es acertada ni válida la afirmación del Tribunal de que como la audiencia se realizaría el 26 de julio de 20 22, con ese solo hecho «el demandante

siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia».

Para la Sala no es acertada ni válida la afirmación del Tribunal de que como la audiencia se realizaría el 26 de julio de 20 22, con ese solo hecho «el demandante quedaba facultado para presentar la demanda desde ese momento, porque se había cumplido una de las condiciones, [consistente en que ] no se logró acuerdoRadicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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conciliatorio.» En consideración a que ese análisis lo real iza a partir del contenido de la constancia fechada del 29 de julio de 2022, que es la qu e precisamente alega el demandante que le fue «notificada» (entregada) el 16 de septiembre de 2022.

La sola audiencia e incluso la firma del acta o constancia, según corresponda, sin la entrega a la parte interesada, impide al demandante acreditar el cumplimiento del requisito de proced ibilidad, pues no e s suficiente con afirmar en la demanda que la audiencia fue fallid a y que se cumplió con el requisito. Se debe aportar la prueba del hech o, a la que, se gún los documentos de l proceso , sólo se tuvo acceso el 16 de septiembre de 202 2.

Sostiene el Tribunal en la providencia enjuiciada que «el acta de la au diencia del 26 de julio d e 2022 , suscrita por el Procurador 29 Judicial II para Asuntos Administrativos, reúne las características de la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, toda vez que su expedición obedeció a la celebración de

26 de julio d e 2022 , suscrita por el Procurador 29 Judicial II para Asuntos Administrativos, reúne las características de la constancia de que trata el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, toda vez que su expedición obedeció a la celebración de la audiencia de conciliaci ón en la que no se logró acuerdo y, además, contiene la fecha de presentación de la solicitud, la fecha en la qu e se cele bró la audiencia y el asunto objeto de concil iación», sin embargo, en el expediente no consta que el acta d el 26 d e jul io de 2022 se hubiese exp edido con la s características señaladas, ni obra prueba de que hu biese sido entregada al demandante. Lo que existe es la constancia de no conciliació n del 29 de julio de 2012, sobre la cual se discutía el momento en que fue puesta a disposición del interesado.

Es más, el Tribunal previo a resolver el recurso de apelación, mediante auto del 14 de abril de 2023 dispuso oficiar a l procurador 29 judicial ii para asuntos administrativos, a fin de que «remita copia del Acta de la audiencia de conciliación prejudicial realizada el 26 de julio de 2022 en el trámite Radicación 693 de 17 de junio de 2022, Convocante: Javier Estrada Mejía C onvocados: Municipio de Manizales – Secretaría de Movilidad; ii) infor me cuándo fue expedida la Constancia de no conciliación ; iii) la fecha en que ésta fue remitida o comunicada a la parte convocante; iv) informe si fue necesaria o no la devolución de lo s documentos aportados con la petición de concili ación y en caso afirm ativo, iv) en qué fecha se realizó».

a la parte convocante; iv) informe si fue necesaria o no la devolución de lo s documentos aportados con la petición de concili ación y en caso afirm ativo, iv) en qué fecha se realizó».

La respuesta de la Procuraduría Judicial no abarcó todos los p untos solicitados por el Tribunal , sino que se limitó a señalar que adjuntaba «el correo enviado a laRadicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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parte convocan te a través del c ual se le allegó la constancia de la audiencia de conciliación extrajudicial con radicado interno 693 -2022», indicó q ue la «constancia se expidió el 29 de julio de 2022 » y que «se remitió al apoderado de la parte convocante el 16 de septiembre de 2022 ». Pese a ello, el Tribunal concluyó que existía un act a del 26 de julio de 20 22, que reunía los requisitos de las constancias de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2021 , y rechazó la demanda sin prueba de e sa afirmación, ni de otr a que d iera certeza de que el señor Estrada Mejía obtuvo dicho documento con anterioridad al 16 de septiembre de 2022.

A juzgar por la información del expediente ordinario, la Sala insiste en que ningún documento hace referencia o da cuenta de un acta del 26 de julio de 2022, como alude el Tribunal, ni que fue enviada a la parte demandante an tes de que l a solicitara en septiembre de 2022 . De lo que sí existe prueba es de que la

documento hace referencia o da cuenta de un acta del 26 de julio de 2022, como alude el Tribunal, ni que fue enviada a la parte demandante an tes de que l a solicitara en septiembre de 2022 . De lo que sí existe prueba es de que la constancia expedida el 29 de julio de 2022, pero re mitida al interesado apenas el 16 de septiembre de 2022, como puede verse en las siguientes imágenes:

• Respuesta de la Procuraduría Judicial al Tribunal.

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• Solicitud de la constancia por parte del convocante y respuesta del

Ministerio Público.

En las siguientes imágenes se observa que la sustanciadora de la Procuraduría 29 Judicial II remitió la constancia al procurador judicial el 8 de septiembre de 202 2 a las 10:31 a.m. y este la devolvió firmada a la servidora adscrita a su Despacho ese mismo día, a las 2:08 p.m.:

Imagen 2

Imagen 3Radicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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A continuación, puede apreciarse que ante la solicitud elevada por el convocante el 16 de septiembre de 2022 , a las 08:03 a.m., le fue entregada la constancia de conciliación por la citada dependencia, el mismo 16 de sep tiembre d e 2022, a las

el 16 de septiembre de 2022 , a las 08:03 a.m., le fue entregada la constancia de conciliación por la citada dependencia, el mismo 16 de sep tiembre d e 2022, a las 2:16 p.m., justo como el Ministerio Público le dio respuesta al Tribunal:

Imagen 4

Imagen 5

Carece de sentido , entonces, que el Tribunal sostenga que es suficiente con expedir el acta o constancia , si la parte no obtiene ningu no de esos documentos que permita acredita r ant e el juez que agotó en debida f orma e l requ isito deRadicación: 11001-03-15-000-2023-04354-00

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procedibilidad. Esa p remisa olvida que sin la entre ga del acta a la parte no se puede prob ar la e xistencia del hecho (la no c onciliación), y descono ce que el artículo 22 de la Ley 640 de 2021 sujeta la suspensión hasta tanto se expida la constancia, lo cual no pued e entenderse como la mera suscripción del documento por el agente del Ministerio Público, sino que ello requiere de la respectiva entrega del acta a la parte, a menos que, según lo ha explicado esta misma Subsección en sede ordinaria, la parte actora hubiese tenido ac ceso a un act a o documento equivalente que cumplan con las condiciones de la constancia de que se agotó el requisito de procedibilidad.

En efecto, en las sentencias del 22 de noviembre de 2021 (exp. 64827) y el 30 de

equivalente que cumplan con las condiciones de la constancia de que se agotó el requisito de procedibilidad.

En efecto, en las sentencias del 22 de noviembre de 2021 (exp. 64827) y el 30 de agosto de 2022 (exp. 482 24), proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que fueron c itadas, a su vez, por el Tribunal para sustentar la decisión objeto de tutela, corresponden a situaciones diferentes en los que a la parte demandante se le entregó por lo menos el acta de no conciliación o un documento equivalente, y esa fue la razón por la que en aquellas oportunidades la Sal a señaló que no era necesario que existiera prueba de la entrega de la constancia o certificación para que pudiera presentar la demanda.

Como este caso es diferente, el Tribunal no podía extrap olar dichas consideraciones para afirmar, sin prueba alguna, que existía un acta del 26 de julio de 2022 o que el demandante podía presentar la demanda por el solo hecho de conocer la inasistencia de la convocada, puesto que no es la manifestación de la parte la que determina el cumplimento del requisito de procedibilidad, sino el documento expedido por la autoridad competente con la prueba de su entrega al interesado.

Así las cosas, la Sala amparará los derechos funda mentales al d ebido proceso y de acceso a la administración de justicia, dejará sin efectos el auto del 5 de mayo de 2023 y ordenará al Tri