CE - 010315000202304379001SENTENCIA20231013135059

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04379-00

Demandante: Diana Alejandra González Diosa y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04379-00

Demandante: DIANA ALEJANDRA GONZÁLEZ DIOSA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho . Control judicial de a ctas de J unta Médico Laboral y de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Diana Alejandra González Diosa y Henry Piñeros Echeverry, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores, Daniela Duque González y Henry Piñeros González contra el Tribunal Administrativo de Boyacá́.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de agosto de 20231, en ejercicio de la acción de tutela la señora Diana Alejandra González Diosa y otros pidieron la protección de los derechos fundamentales al

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de agosto de 20231, en ejercicio de la acción de tutela la señora Diana Alejandra González Diosa y otros pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 25 de mayo de 2023 , dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que señaló que las actas de la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía eran actos de trámite no sujetos a control judicial y denegó la s pretensiones de nulidad del Acta de Junta de Evaluación y Clasificación de Suboficiales Personal del Nivel Ejecutivo Agentes de la Policía Nacional No. 001 ADEIJU – GRUAS del 27 de febrero de 2018 y de la Resolución No. 01834 de 19 de abril de 2018 que, respectivamente, no recomendaron el ascenso y dispusieron el retiró del servicio de Diana Alejandra González Diosa, por disminución de la capacidad psicofísica.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Proteger los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, REUBICACI ÓN LABORAL de la señora DIANA ALEJANDRA GONZ ÁLEZ

DIOSA.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia emitida por El Tribunal

REFORZADA, REUBICACI ÓN LABORAL de la señora DIANA ALEJANDRA GONZ ÁLEZ

DIOSA.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia emitida por El Tribunal Administrativo de Boyacá́, sala de decisión 2, de fecha 25 de mayo de 2023, expediente 150013333003-2018-00122-01.

TERCERO: Ordenar el reconocimiento de lo decidido por e l Juzgado Tercero Administrativo de Tunja, mediante sentencia de fecha 15 de abril de 2021, expediente 150013333003-2018-0012201.

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3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes

3.1 Actuación Administrativa

El 14 de enero de 2008, la señora Diana Alejandra González Diosa ingresó a la Policía Nacional como alumna del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y el 29 de agosto de 2008, pasó a ser Técnico Profesional en Servicios en el grado de Patrullera.

A lo largo de la carrera policial, la señora Diana Alejandra González Diosa obtuvo 37 felicitaciones, 5 condecoraciones, no tuvo sanciones ni suspensiones.

El 19 de julio de 2016 , la señora González Diosa fue valorada por psiquiatría con

felicitaciones, 5 condecoraciones, no tuvo sanciones ni suspensiones.

El 19 de julio de 2016 , la señora González Diosa fue valorada por psiquiatría con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, y se recomendó medicación.

El 4 de agosto de 2016 asistió nuevamente a consulta por psiquiatría con cambio de medicación.

El 1º, 15 de septiembre, 2 de diciembre de 2016, 18 de enero de 2017, la actora asistió a consultas de control con psiquiatría de las que se advierte que continuaba en tratamiento y con medicación, sin embargo, se observó mejoría general.

Entre el 23 de enero y el 21 de abril de 2017, la señora Diana Alejandra González Diosa adelantó curso de ascenso al grado de subintendente.

El 13 de julio de 2017 , el jefe del Área de Medicina Laboral de la Policía Naci onal informó a la actora que se encontraba aplazada para ascender de grado debido a los antecedentes médico-laborales por lo que recomendó acercarse al grupo médico laboral.

El 26 de julio de 2017, el médico psiquiatra del Área de Medicina Laboral de la Policía Nacional rindió concepto en el que señaló que la demandante tenía un pronóstico favorable que podía no dejar secuelas y recomendó controles mensuales.

El 1° de agosto de 2017, la médica de salud ocupacional del Área de Medicina Laboral de la Policía Nacional rindió concepto en el que indicó que la señora González Diosa se podía desempeñar en actividades administrativas de acuerdo a las necesidades de

El 1° de agosto de 2017, la médica de salud ocupacional del Área de Medicina Laboral de la Policía Nacional rindió concepto en el que indicó que la señora González Diosa se podía desempeñar en actividades administrativas de acuerdo a las necesidades de la Institución y que también podía realizar actividades de tipo operativo.

El 8 de agosto de 2017, a la señora Diana Alejandra González Diosa le fue practicada junta médico laboral y le fue asignada una disminución de capacidad laboral del 10,50 % clasificada como de origen común y declarada como no apta para el serv icio sin posibilidad de reubicación . Para el efecto , la junta médica dijo haber considerado conceptos de psiquiatría y salud ocupacional . Todo lo anterior consta en el Acta JML No. 6730.

El 29 de agosto y el 2 de octubre de 2017, Diana Alejandra González Diosa puso en conocimiento del director general de la Policía Nacional y de la Procuraduría Regional, respectivamente, una presunta situación de acoso laboral.

El 24 de octubre de 2017, Diana Alejandra asistió a control con psiquiatría y el médico tratante advirtió ausencia de sintomatología y ordenó control en 3 meses con posible alta. El 17 de enero de 2018, a la señora González Diosa le fue practicado Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que ratificó de manera integral la decisión de la Junta Médico Laboral. Esa decisión fue notificada a la interesada el 28 de enero de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04379-00

Demandante: Diana Alejandra González Diosa y otros

2018.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04379-00

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El 22 de enero de 2018, Diana Alejandra asistió a control por psiquiatría en donde fue señalado que era una paciente sin medicamentos, con evolución estable y asintomática y fue dada de alta por psiquiatría.

Mediante el Acta No. 001 ADEHU – GRUAS de 27 de febrero de 2018, la Junta de Evaluación y Clasificación de Suboficiales Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes propuso no ascender a la demandante por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 21, numeral 4, del Decreto Ley 1791 de 2000.

A través de Resolución No. 01834 de l 19 de abril de 2018, el director general de la Policía Nacional dispuso el retiro de Diana Alejandra González Diosa por la causal de disminución de la capacidad psicofísica y difirió los efectos hasta la fecha de cumplimiento de seis meses de edad del nasciturus porque para esa fecha la demandante se encontraba embarazada.

3.2 . Actuación Judicial

La señora Diana Alejandra Gonz ález Diosa y Henry Pi ñeros Echeverry, en nombre propio y en representación de sus hijos menores, Daniela Duque Gonz ález y Henry Piñeros González, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el objeto de obtener la

propio y en representación de sus hijos menores, Daniela Duque Gonz ález y Henry Piñeros González, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el objeto de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Acta de Junta M édico Laboral de Policía No. 6730 de 8 de agosto de 2017, (ii) Acta del Tribunal M édico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML 18-3-014 MDNSG-TML-41.1 de 17 de enero de 2018, (iii) Acta de Junta de Evaluaci ón y Clasificaci ón de Suboficiales Personal del Nivel Ejecutivo Agentes de la Polic ía Nacional No. 001 ADEIJU – GRUAS del 27 de febrero de 2018 y, (iv) Resolución No. 01834 de 19 de abril de 2018, expedida por el director general de la Policía Nacional, por medio de la cual se retiró́ a Diana Alejandra González Diosa por disminución de la capacidad psicofísica.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad demandada a reintegrarl a al servicio activo de la Policía Nacional y realizar el correspondiente ascenso, así como al pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones laborales dejó de percibir, y el reconocimiento e indemnización por los perjuicios morales causados.

La demanda se adelantó bajo el radicado 15001-33-33-003-2018-00122-00 y correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Tunja , que, por sentencia del 15

perjuicios morales causados.

La demanda se adelantó bajo el radicado 15001-33-33-003-2018-00122-00 y correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Tunja , que, por sentencia del 15 de abril de 2021, accedió parcialmente las pretensiones. Expuso que la Junta Médico Laboral de la Policía y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía no observaron que el concepto del psiquiatra tratante no estaba cerrado ni había definido secuelas permane ntes, que esa situación dejaba sin soporte los demás actos demandados. Ordenó el reintegro de Diana Alejandra González Diosa sin solución de continuidad y el pago de salarios y prestaciones dejados de recibir desde el retiro hasta su reincorporación, previo descuento de la indemnización pagada por pérdida de la capacidad laboral. Y agregó que se denegarían las demás pretensiones porque el ascenso de la patrullera qued ó suspendido por la calificación de no aptitud. Que, por lo tanto, para su obtención se debía seguir el trámite faltante y señaló que no se probaron los perjuicios morales reclamados.

Inconforme con la decisión, las partes apelaron y el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 25 de mayo de 2023 (notificada el 30 de mayo de 2023), la revocó porque las evaluaciones de la capacidad sicofísica que son realizadas por la Junta Médico Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía de las Fuerzas Militares o de Policía, corresponden a decisiones prepar atorias o de trámite de las que se puede derivar el retiro del servicio del uniformado o un

Junta Médico Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía de las Fuerzas Militares o de Policía, corresponden a decisiones prepar atorias o de trámite de las que se puede derivar el retiro del servicio del uniformado o un reconocimiento prestacional . Q ue son esas las decisiones que ponen fin al procedimiento administrativo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04379-00

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Que, por lo tanto, sólo era viable estudiar la legalidad del Acta de Junta de Evaluación y Clasificaci ón de Suboficiales Personal del Nivel Ejecutivo Agentes de la Polic ía Nacional No. 001 ADEIJU – GRUAS del 27 de febrero de 2018 y de la Resolución No. 01834 de 19 de abril de 2018 que, respectivamente, no recomendaron el ascenso y dispusieron el retiró del servicio de Diana Alejandra Gonz ález Diosa por disminución de la capacidad psicofísica.

Siendo así, consideró que esos actos no se encontraban inmersos en ninguna causal de nulidad, básicamente porque la no aptitud psicofísica era una causal legal que impedía el ascenso y permitía el retiro del servicio.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, l a parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante manifestó

De manera preliminar, l a parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante manifestó que la providencia cuestionada incurrió:

En desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en providencias del 16 de agosto de 20072, 28 de abril de 20113, 20 de marzo de 2014 4, 11 de marzo de 2016 5 y 27 de abril de 2017 6, que , según dice , con fundamento e n el artículo 14 del Decreto 1796 de 2000 , señalaron que las Actas proferidas por el Tribunal Médico Laboral que determinan el porcentaje de disminución de la capacidad laboral son actos definitivos porque, a partir de éstos, el demandante podría, entre otras cosas, ser reubicado laboralmente o lograr el reconocimiento de la indemnización o pensión.

En defecto sustantivo, porque el tribunal demandado en el proceso ordinario no tuvo en cuenta que, mediante sentencia C-381 de 2005 , la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible el artículo 55, numeral 3 del Decreto Ley 1791 de 2000 que prevé el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica , en el entendido de que solo procede cuando existe concepto no favorable para reubicación y recordó que la Corte Constitucional ha construido toda una línea sobre la reubicación laboral de los trabajadores con afectaciones de salud.

Que, además, desconoció que el marco norm ativo aplicable para la evaluaci ón de la capacidad psicofísica, disminución, determinación del origen y método de asignación

laboral de los trabajadores con afectaciones de salud.

Que, además, desconoció que el marco norm ativo aplicable para la evaluaci ón de la capacidad psicofísica, disminución, determinación del origen y método de asignación de porcentaje de pérdida de capacidad del personal de la Fuerza Pública es el previsto en los Decretos 1836 de 1979, 094 de 1989 y 1796 de 2000 y resaltó que el juzgado de primera instancia de manera acertada había estudiado la legalidad de las actas de la junta médico laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. En defecto fáctico porque realizó una indebida valoración probatoria y desconoció el concepto de la médica de salud ocupacional del Área de Medicina Laboral de la Policía Nacional que señaló que la señora González Diosa se podía desempeñar en actividades administrativas e , incluso, también podía realizar actividades de tipo operativo. Que esa situación invalidaba la totalidad de los actos demandados y hacía procedente la reubicación.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 16 de agosto de 2007, Exp. 25000-23-25-000-2003-0445001(1836-05), C.P. Alfonso Vargas Rincón. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2011, Exp. 11001-03-15-0002011-00244-00(AC), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2014, Exp. 08001-23-31-0002011-00244-00(AC), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2014, Exp. 08001-23-31-0002004-02106-01(0319-13), C.P. Bertha Lucía Ramírez Páez. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2016, Exp. 05001-23-31-0002003-01739-01(1634-13), C.P. William Hernández Gómez. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub sección B, sentencia del 27 de abril de 2017, Exp. 76001-23-33-0002015-00230-01(1613-16), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04379-00

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Que también desconoció que el proceso de autorización de la Junta Médica estaba viciado porque al momento de practicarla no existía concepto médico definitivo por parte del especialista en psiquiatría ni había secuelas definidas.

5. Trámite

Por auto del 23 de agosto de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la demanda y dispuso la notificación, en calidad de demandados, de los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá. Además, en calidad de terceros, dispuso la notificación de la jueza tercera adm inistrativa de Tunja, el ministro de defensa Nacional, el director

dispuso la notificación, en calidad de demandados, de los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá. Además, en calidad de terceros, dispuso la notificación de la jueza tercera adm inistrativa de Tunja, el ministro de defensa Nacional, el director general de la Policía Nacional y el Tribunal Médico laboral de Revisión Militar y de Policía.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas mediante correos electrónicos del 28 de agosto de 20237.

6. Intervenciones

El magistrado Tribunal Administrativo de Boyacá , ponente de la decisión cuestionada, pidió que se denegara la solicitud de amparo y señaló que el problema jurídico se circunscribió a determinar si el Acta de la Junta de Evaluación y Clasificación de Suboficiales Personal del Nivel Ejecutivo Agentes de la Policía Nacional No. 001 ADEIJU – GRUAS del 27 de febrero de 2018, y la Resolución No. 01834 del 19 de abril de 2018, expedida por el Director General de la Policía Nacional, se encontraban viciados de nulidad por alguna de las causales invocadas en la demanda, y que fue, a partir de ahí, que adoptó la decisión del 25 de mayo de 2023.

Que denegó las pretensiones porque la demandante había sido declarada no apta para el servicio sin posibilidad de reubicación , de modo que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto 1791 de 200 para el ascenso y el artículo 55, numeral 3 preveía la disminución de capacidad psicofísica como una causal válida de retiro del servicio.

La jueza tercera administrativa de Tunja solicitó que se declarara improcedente la

numeral 3 preveía la disminución de capacidad psicofísica como una causal válida de retiro del servicio.

La jueza tercera administrativa de Tunja solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque no cumplió con el requisito de subsidiariedad respecto de esa autoridad judicial.

La asesora del Área Jurídica de la Policía Nacional pidió que se declara ra improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito general de subsidiariedad. Expuso que la parte demandante contaba con el recurso extraordinario de revisión . Agregó que, en todo caso, tampoco se advertía la posible configuración de un perjuicio irremediable.

Dijo que quien determinó la no aptitud para el servicio e imposibilidad de reubicación fue el Tribunal Médico laboral de Revisión Militar y de Policía y que, siendo así , los actos de no ascenso y retiro del servicio encajaron en causales legales sin que la demandante hubiera cumplido con la carga de la prueba para desvirtuar la legalidad.

El Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal Médico laboral de Revisión Militar y de Policía no se pronunciaron pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la parte actora para que se deje sin efectos la sentencia del 25 de mayo de 2023, dictada

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7 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04379-00

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por el Tribunal Administrativo de Boyacá , que señaló que las actas de calificación psicofísica eran actos de trámite no sujetos a control judicial y denegó las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que no recomendaron el ascenso y dispusieron el retir ó del servicio de Diana Alejandra González Diosa por disminución de la capacidad psicofísica.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, porque el tribunal demandado no tuvo en cuenta e l artículo 22 del Decreto 1796 de 200 0 y desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el control judicial de las actas de la junta médico laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Por lo tanto, se dejará sin efectos la sentencia cuestionada y se ordenará al tribunal demandado que dicte una decisión de reemplazo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales 8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos 9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Diana Alejandra González Diosa y Henry Piñeros Echeverry, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores, Daniela Duque González y Henry Piñeros González, cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

La relevancia constitucional se encuentra acreditada , toda vez en el proceso ordinario la parte actora cuestionó las actas de la Junta Médico Laboral y del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que le asignaron una disminución de la capacidad para trabajar del 10,50 % y la declararon no reubicable ni apta para el servicio y con fundamento en las cuales le fue denegado el ascenso de grado y posteriormente retirada del servicio, entre otras cosas, porque consideró que esas calificaciones eran contrarias a los conceptos rendidos por los especialistas en

servicio y con fundamento en las cuales le fue denegado el ascenso de grado y posteriormente retirada del servicio, entre otras cosas, porque consideró que esas calificaciones eran contrarias a los conceptos rendidos por los especialistas en psiquiatría y salud ocupacional en los que se debieron fundar.

Sin embargo, en la sentencia del 25 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá se abstuvo de estudiar la legalidad de las actas de la Junta Médico Laboral y del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía porque se trataba de actos de trámite y denegó las demás preten siones de la demanda, precisamente fundado en la no aptitud de la demandante para el servicio que establecieron las actas de calificación de capacidad laboral.

8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identif icación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04379-00

Demandante: Diana Alejandra González Diosa y otros

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Demandante: Diana Alejandra González Diosa y otros

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Para la Sala, se trata de un asunto con evidente relevancia constitucional, pues está directamente relacionada con los derechos fundamentales a l debido proceso y de acceso a la administración de justicia . Por lo tanto, la Sala debe determinar , por lo menos, si el Tribunal Administrativo de Boyacá, al señalar que las actas de la junta médico laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía eran actos de trámite no demandables incurrió en defecto sustantivo, fáctico o desconocimiento del precedente y si esa situación impidió o no a la parte demandante obtener una decisión sobre la legalidad de los actos cuestionados.

La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque la sentencia del 25 de mayo de 2023, dictada por el tribunal demandado fue notificada el 30 de mayo de 2023 a las partes a través de correo electrónico . Por lo tanto, fue efectivamente notificada el 1º de junio de 2023. Siend o así, entre esa fecha y la presentación de la tutela (1 6 de agosto de 2023) ha transcurrido 2 meses y 14 días , término que no supera el plazo de seis meses establecido por la Sala Plena de esta Corporación10.

La demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que promovió el medio de control procedente para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado. Además, en el proceso de reparación directa fue agotado

Corporación10.

La demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que promovió el medio de control procedente para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado. Además, en el proceso de reparación directa fue agotado el recurso de apelación en contra la decisión de primera instancia.

Tampoco era viable que la señora González Diosa presentara recurso extraordinario de revisión en contra la sentencia del 9 de febrero de 2023 porque los argumentos aquí expuestos (desconocimiento del precedente, sustantivo y fáctico) no encajan en ninguna de las causales de que trata el artículo 25011 del CPACA.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene, en suma, de la imposibilidad de controvertir las actas de la junta médico laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y la indebida valoración de las pruebas que demostraban la nulidad de esos actos y, en consecuencia, del acto de no ascenso y de retiro.

3.1.Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora cuestiona la decisión de segunda instancia adoptada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Análisis del caso concreto

La Sala empieza por precisar que la parte actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de (i) las Actas de la

4. Análisis del caso concreto

La Sala empieza por precisar que la parte actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de (i) las Actas de la

10 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobra do después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violenc ia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir