CE - 010315000202304467001SENTENCIAFALLO20231005151657

Demandante: José David González Henao

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Rad: 11001-03-15-000-2023-04467-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04467-00

Demandante: JOSÉ DAVID GONZÁLEZ HENAO

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición – carencia actual de objeto – ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela presentada por el señor José David González Henao contra el Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El extremo accionante interpuso acción de tutela contra la autoridad referenciada en procura de la salvaguarda de su derecho fundamental de petición1.

2. El peticionario consideró vulnerada su garantía superior debido a la omisión de la entidad demandada en responder la petición del 27 de julio de 2023. En dicha solicitud, el demandante requirió al Consejo Superior de la Judicatura para que

2. El peticionario consideró vulnerada su garantía superior debido a la omisión de la entidad demandada en responder la petición del 27 de julio de 2023. En dicha solicitud, el demandante requirió al Consejo Superior de la Judicatura para que eliminara del sistema de consulta de procesos nacional unificada los datos del proceso identificado con el radicado 05001600020720070299501, del cual fue parte, por encontrarse precluido y archivado.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el actor solicitó:

PRIMERO: Se ampare el derecho fundamental de petición y cualquier otro del mismo rango que se determine como violado.

1 El escrito fue radicado el 7 de junio de 2023 ante el buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado.Demandante: José David González Henao

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SEGUNDO: Se ordene a la parte accionada que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia, responda el derecho de petición de manera clara, de fondo, y TERCERO: Se ordene al accionado que, una vez producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita a su Des pacho, copia de la respuesta al derecho de petición, so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por Sentencia de tutela. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

petición, so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por Sentencia de tutela. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia2:

4. La parte actora presentó derecho de petición el 27 de julio de 2023 ante el Consejo Superior de la Judicatura a la cual le fue asignado el radicado número

EXTCSJ23-5357.

5. En ella s olicitó que se eliminaran los datos del proceso identificado con el radicado 05001600020720070299501 del sistema de consulta nacional unificada de procesos, comoquiera que el mismo fue precluido y archivado. De forma subsidiaria, solicitó el ocultamiento de su información personal.

6. Refirió que, a la fecha de interposición de la presente solicitud de amparo constitucional no había recibido respuesta a su petición.

1.4. Fundamentos de la solicitud

7. La accionante consideró que la entidad demandada vulneró su derecho fundamental de petición, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud radicada el 27 de julio de 2023.

1.5. Trámite de la acción de tutela

8. Mediante auto del 25 de agosto de 2023, el magistrado ponente de esta providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura como entidad accionada.

9. Con posterioridad, en providencia del 12 de septiembre de 2023 se ordenó la vinculación del Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí.

1.6. Intervenciones

9. Con posterioridad, en providencia del 12 de septiembre de 2023 se ordenó la vinculación del Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí.

1.6. Intervenciones

10. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes

informes:

2 Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de convicción que obran en el expediente.Demandante: José David González Henao

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1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

11. La autoridad judicial accionada refirió que recibió la petición el 27 de julio de 2023, por lo que procedió a darle traslado de la misma al Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí el 28 de agosto de 2023. Aspecto que fue puesto de presente al peticionario mediante comunicación CDJO23-1099 de la misma fecha.

12. Fundamentó dicho traslado en el hecho de que la información publicada en la consulta de procesos nacional unificada es un reflejo de lo incluido directamente por los despachos judiciales. Señaló que el sistema es un registro de actuaciones judiciales que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración de justicia y de ninguna manera constituye antecedentes penales y/o disciplinarios.

13. Insistió en que el ocultamiento o modificación de la información corresponde

judiciales que tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la consulta de los usuarios de la administración de justicia y de ninguna manera constituye antecedentes penales y/o disciplinarios.

13. Insistió en que el ocultamiento o modificación de la información corresponde exclusivamente a los despachos y corporaciones judiciales.

1.6.2. Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí

14. El titular del despacho judicial informó que el 28 de agosto de 2023 recibió el derecho de petición por parte del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del

Consejo Superior de la Judicatura.

15. Mencionó que el 18 de septiembre de 2023 dio respuesta a la petición presentada por el accionante, en el sentido de negar la solicitud de eliminación de datos personales del sistema de consulta nacional unificada de procesos y acceder a la de ocultamiento de la información; y que aquella fue remitida al corre o electrónico suministrado por el accionante.

16. Recalcó que se encontraba dentro de los términos legales para dar respuesta comoquiera que recibió la solicitud el 28 de agosto de 2023. En consecuencia, solicitó que se negara la acción de tutela comoquiera que no es atribuible a dicho despacho judicial la demora en el trámite en el que incurrió el Consejo Superior de la Judicatura.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

17. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor José David González Henao . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley

2.1. Competencia

17. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor José David González Henao . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.Demandante: José David González Henao

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2.2. Legitimación en la causa

18. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

19. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor José David González Henao se encuentra legitimado en la causa por activa, porque radicó la petición del 27 de julio de 2023, mediante la cual solicitó la eliminación de los datos del proceso identificado con el radicado 05001600020720070299501 y de no ser posible, el ocultamiento de su información penal.

20. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura se

eliminación de los datos del proceso identificado con el radicado 05001600020720070299501 y de no ser posible, el ocultamiento de su información penal.

20. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra legitimado en la causa por pasiva, en atención a que de él se desprende la falta de respuesta a la petición realizada por la tutelante.

2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión

21. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho fundamental de petición del señor José David González Henao al no resolver de fondo la petición por él presentada el 27 de julio 2023?

2.4. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) carencia actual de objeto (iv) análisis del caso concreto respecto al Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí.

2.5. Naturaleza de la acción de tutela

22. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

23. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción

derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

23. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.Demandante: José David González Henao

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2.6. Derecho de petición

24. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución»3. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

25. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «[e]l núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no

núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»4.

26. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del plazo será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

27. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»5.

no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»5.

28. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante»6.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004. 4 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015. 5 Sentencia T-149 de 2013. 6 Ibídem.Demandante: José David González Henao

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29. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras

de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada7.

30. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición

la Corte Constitucional ha explicado que:

1. es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los

informar sobre la remisión a la entidad encargada7.

30. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición

la Corte Constitucional ha explicado que:

1. es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial c omprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo8.

31. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

32. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de

fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

32. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejer ce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.7. De la carencia actual de objeto

33. La Sala ha explicado en varias ocasiones 9 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

7 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 2011. 9 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017 -00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.Demandante: José David González Henao

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34. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el

34. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efec tividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

35. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

36. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T -481 del 2016 10, señaló

que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias qu e dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue espec ialmente previsto para esta acción.11

37. A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T -494 de 1993 se

tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue espec ialmente previsto para esta acción.11

37. A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T -494 de 1993 se

destacó sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examineque se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la «carencia actual de objeto » para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente12 (Negrita propia del texto).

10 Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016. 11 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual

el acaecimiento de una “situación sobreviniente12 (Negrita propia del texto).

10 Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016. 11 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”». 12 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».Demandante: José David González Henao

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38. Con ba se en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el t rámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales13.

39. En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras

[hecho superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad

[hecho superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela par a lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)»14.

40. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los der echos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

41. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, duran te el trámite de revisión ante ese Tribunal15.

42. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la

destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte

Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, 16 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la

13 Corte Constitucional, sentencia T-038 del 2019. 14 Corte Constitucional, sentencia T-481 de 2016. 15 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016. 16 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máximaDemandante: José David González Henao

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Rad: 11001-03-15-000-2023-04467-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda . Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para co ndenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones

acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para co ndenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.17 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado18-19 (Subrayado fuera de texto).

2.8. Análisis del caso concreto

43. El accionante consideró vulnerado su derecho fundamental de petición. Esto, debido a que a la fecha no se le ha dado contestación de fondo a la solicitud por él presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura

44. Al respecto, la Sala encuentra acreditado que el 27 de julio de 2023, el accionante radicó ante el Consejo Superior de la Judicatura la siguiente petición:

PRIMERO: Sírvase eliminar los datos del proceso identificado con radicado 05001600020720070299501, por encontrarse precluido y archivado.

SEGUNDO: De no ser posible lo anterior, privatizar la información del mismo, en aras que no represente una alerta en el sistema Sarlaft.

TERCERO: Eliminar mis datos personales existentes dentro del proceso con radicado 05001600020720070299501. (sic a toda la cita)

45. En ese orden de ideas, la Sala estudiará las actuaciones de cada una de las corporaciones que conocieron de la solicitud, para determinar si vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte actora.

2.8.1. Estudio sobre la vulneración del derecho fundamental de petición del

corporaciones que conocieron de la solicitud, para determinar si vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte actora.

2.8.1. Estudio sobre la vulneración del derecho fundamental de petición del Consejo Superior de la Judicatura

46. Se tiene que dicha entidad expidió el oficio CDJO23-1099 del 28 de agosto de 2023 en el cual le puso de presente al señor José David González Henao , el traslado de su solicitud a la autoridad judicial que tuvo a cargo el conocimiento del proceso 05001600020720070299501. Ello en atención a que la información publicada en la página web de la Rama Judicial, es un reflejo de la información reportada por los despachos.

jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita». 17 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009». 18 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09». 19 Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010.Demandante: José David González Henao

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura Rad: 11001-03-15-000-2023-04467-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

47. La anterior respuesta fue enviada el 28 de agosto de 2023 por parte d el Consejo Superior Judicatura - Cendoj al señor José David González Henao al correo

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47. La anterior respuesta fue enviada el 28 de agosto de 2023 por parte d el Consejo Superior Judicatura - Cendoj al señor José David González Henao al correo por él suministrado en la petición y trasladada al Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí en la misma fecha, tal como se evidencia en la siguiente captura de

pantalla conforme obra a continuación: