CE - 010315000202304496001SENTENCIA20231002101257

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: YANETH KARINA PALOMINO CALDER ÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora Yaneth Karina Palomino Calderón contra el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 d e 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Yaneth Karina Palomino Calderón , mediante apoderado, interpuso acción

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Yaneth Karina Palomino Calderón , mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de dudad en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia , principio constitucional de la perpetuatio jurisdicti onis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6 de junio de 2023, en el expediente rad. 41001333300520220025801, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRE TACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTI CAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra v ulnerando los derechos

de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra v ulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el te ma edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…).”Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes: La señora Yaneth Karina Palomino Calderón labora como docente en la planta de personal del municipio de Neiva desde el 1° de enero de 1990. La demandante mencionó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020 por parte de Ministerio de Educación Nacional al Fo ndo de Prestaciones Sociales del

personal del municipio de Neiva desde el 1° de enero de 1990. La demandante mencionó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020 por parte de Ministerio de Educación Nacional al Fo ndo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) en el término legal establecido, esto es, a más tardar el 15 de febrero del 2021.

El 13 de enero de 202 2, la señora Palomino Calderón le solicitó al Ministerio de Educación el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido en la Ley 50 de 1990, resuelta de manera negativa . Por lo anterior, la demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociale s del Magisterio , el municipio de Neiva y de la Secretaría de Educación, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías . El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, en sentencia del 30 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que en el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989 la secretaría de educación no tiene la obligación jurídica de realizar la consignación de las cesantías al Fomag y, en el caso de la Fiduprevisora como vocera de ese fondo , le corresponde el pago de las cesantías parciales o

de realizar la consignación de las cesantías al Fomag y, en el caso de la Fiduprevisora como vocera de ese fondo , le corresponde el pago de las cesantías parciales o definitivas que sol icite la parte interesada cuando sean exigibles, por motivos de educación y vivienda o por retiro del servicio. En consecuencia, indicó que, al no existir dentro del régimen especial docente dicha obligación de consignación anual de las cesantías, no tie nen derecho al reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975. Conforme con lo expuesto , concluyó que , tanto la sanción como la indemnización reclamada, resultaban incompatible s en virtud del principio de inescindibilidad normativa ya que en el régimen especial no existe la obligación de consignación anual de cesantías por las entidades territoriales al Fomag, sino un reporte de estas y sus intereses en las fechas definidas anualmente según la Ley 91 de 1989 y específicamente el Acuerdo 34 de 1998. La demandante apeló la mencionada decisión con fundamento en que, si bien los docentes tienen un régimen especial, esa circunstancia no los excluye de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, más aún cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado “ha restablecido sus derechos prestacionales, equiparándolos “a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos” y concediéndoles

Constitucional, como del Consejo de Estado “ha restablecido sus derechos prestacionales, equiparándolos “a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos” y concediéndoles por favorabilidad derechos laborales con fundamento en el régimen general” , en general, insistióRadicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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en que no se exige la mora por el reconocimiento tardío de las cesantías, de que trata las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; sino por el retardo en la consignación anual de estos dineros al Fondo. Obligación que fue atribuida a La Na ción – Ministerio de Educación por la Ley 715 de 2001. El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 6 de junio de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que que en el régimen prestacional docente no se contempló sanción m oratoria por la consignación extemporánea del auxilio de las cesantías o por el pago retardado de sus intereses, de manera que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la actora, quien se encuent ra cubierta por el sistema anualizado de

auxilio de las cesantías o por el pago retardado de sus intereses, de manera que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la actora, quien se encuent ra cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe norma jurídica que así lo contemple. Con todo, precisó que el pago de los intereses a las cesantías de los docentes se encuentra regulado en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y en el artículo 4 del Acuerdo 39 de 1998 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo del Huila, con la decisión de segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial , con fundamento en las razones que se pasan a señalar.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues , a su juicio , la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 1 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de dic iembre de 1996. Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los

moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU -098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 2, 24 de enero de

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por vir tud del Decreto 1252 de 2000. 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-20130066601 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

4

01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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20193, 2 de diciembre de 2019 4, 10 de junio de 2020 5, 22 de octubre de 2020 6, 12 de noviembre de 20207, 17 de junio de 20218, 4 de noviembre de 20219, 25 de noviembre de 202110, 11 de noviembre de 202111, 20 de enero de 202212, 3 de marzo de 202213, 28 de abril de 2022 14, 9 de mayo de 2022 15, 19 de mayo de 2022 16, 1 de julio de 202217, 22 de agosto de 2022 18, 22 de septiembre de 2022 19, 19 de enero de 2023 20 y 26 de enero de 2023 21.

Adujo que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto de tutela, ni sobre ellas hubo ningún tipo de pronunciamiento al interior del proceso ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990

ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001 -23-3100020090086701 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000 2014 0017301 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33000-20140020801(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01

(4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sent encia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001 -23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002 -2021), C.P. Sandra Lis eth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-2333-000-20170093101 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-20150007501 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-20150007501 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-20170079501 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-20190035901 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-20190037601 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-20120021202 (4470-2021), C.P. William Hernández Gómez. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Trámite previo Mediante auto del 28 de agosto de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del Huila y al titular del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, a la Nación –Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - y al Municipio de Neiva, como terceros interesados y publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia, así

Neiva, a la Nación –Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - y al Municipio de Neiva, como terceros interesados y publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia, así como la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Huila allegó informe en el que indicó que la parte demandante no hizo referencia a los defectos en que incurrió la decisión, sino que, centró los argumentos en que la providencia no se ajusta a los postulados de ley, señaló que, podría entenderse que el defecto al que alude la accionante es el desconocimiento de normas, sin embargo, sostuvo que esa circunstancia torna improcedente la acción de tutela porque el alegato se trata de la reiteración de las normas en que sustentó las pretensiones del proceso ordinario .

Solicitó negar el amparo solicitado, porque no se vulneró algún derecho fundamental e insistió en que no se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva remitió el expediente, pero no se pronunció sobre los hechos objeto de tutela.

6. Intervenciones

La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación, por no estar legitimados en la causa por pasiva.

El Departamento del Huila solicitó negar por improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que , con la decisión del Tribunal Administrativo del Huila en la

en la causa por pasiva.

El Departamento del Huila solicitó negar por improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que , con la decisión del Tribunal Administrativo del Huila en la sentencia del 6 de junio de 2023, no se vulneraron derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nom bre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

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Acción de tutela contra providencias judiciales

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela c omo mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administ rativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcio nal22, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 23 y específicas 24 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Palomino Calderón cuestiona la sentencia del 6 de junio de 2023, mediante la que el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la sentencia del 30 de septiembre de 2022, por medio de la cual el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda, porque no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la actora, quien se encuentra cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los

1990 a la actora, quien se encuentra cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicia l, en relación con la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En ese orden, corresponde a esta Sala de decisión determinar si en el presente caso se cumple con los requisitos gen erales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, el de relevancia constitucional y, solo en caso afirmativo, procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados en la acción de tutela.

22 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 23 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan

23 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se tr ate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulne ración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 24 La configuración de una causal especial de procedibili dad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04496-00

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yaneth Karina Palomino Calderón

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o

Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de maner a clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejar on de plantearse o proponerse ante el juez natural.

proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejar on de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales