CE - 010315000202304555001SENTENCIA20231002120420

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04555-00

Actor: María Elsa Torres Rivera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04555-00

Demandante: MARÍA ELSA TORRES RIVERA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA -SALA CUARTA

DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicia l. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de o btener el r econocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora María Elsa Torres Rivera , quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de

apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisd ictionis”, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 18 de julio de 2023, proferida en el medio de control de nulidad y r establecimiento del derecho pro movido contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y e l municipio de Neiva , cuya pre tensión se orientaba a acceder a reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que se vinculó “con posterioridad al 1° de e nero de 1990 ” como docente del municipio de Neiva, y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías corresp ondientes al año 2020, por lo que el 9 de marzo de 2021 presentó una petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y Fiduprevisora S.A., con el fin de que se materializara el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin obtener respuesta alguna.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimient o del derecho, presentó demanda contra la Nación, Minist erio de Educación Nacional,

el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin obtener respuesta alguna.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimient o del derecho, presentó demanda contra la Nación, Minist erio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y al municipio de Neiva , para que se anulara el acto ficto negativo y cancelara la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Indicó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva en sentencia de 30 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04555-00

Actor: María Elsa Torres Rivera

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Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión in terpuso recurso de apelación, en el que señaló un a bundante número de sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo del Huila en fallo de 18 de julio de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó po r re ferirse a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Secc ión Segunda, Subsección “B”, en el

sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Secc ión Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración del defecto sustantivo , violación di recta de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, fijado en la s sentencias de unificación SU-098 de 2018 1 , SU-332 de 2019 2 y SU-041 de 2020 3 , y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de 20199, 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 2020 12, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de 202218,28 de abril de 2022 19, 920 y 19 de mayo de 202221, 1 de julio de 2022 22,

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-2014002542016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979– 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 20 21, Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segun da, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (26602020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04555-00

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22 de agosto d e 2 02223, 22 de septiembre de 2022 24, 19 25 y 26 26 de enero de 2023 y 17 de abril de 2023.

Por último, se refir ió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Huila.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL

tienen para el Tribunal Administrativo del Huila.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el dí a 7/18/2023, en el expediente rad. No. 41001333300520220007601, transgredió los derec hos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLI CACIÓN E INT ERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECE DENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la le y y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera un a nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sen tencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante

anterior y se profiera un a nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sen tencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocim iento y pa go de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia de 18 d e julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

5. Trámite procesal

Por auto de 29 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y o rdenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial demandada, así como a l Juzgado Qu into Admin istrativo del Circuito de Neiva, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A. y al municipio de Neiva – Secretaría de Educación, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 91159 a 91166 todos de 31 de agosto de 2023 27 , con el fin de notificar a las partes.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (44702021) , C.P. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sección Segu nda, sentencia del 2 3 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (08712020), C.P. Rafael Francisco Gómez. 27 La parte accionante, la autoridad judicial dema ndada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo elect rónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, admin01hla@notificacionesrj.gov.co; sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co sgtadminhla@notificacionesrj.gov.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, adm05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,Radicado: 11001-03-15-000-2023-04555-00

Actor: María Elsa Torres Rivera

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6. Oposición

El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila , solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que en la sentencia cuestionada se analizaron los argumentos de l recurso de apelación y se confirmó la decisión de primera ins tancia con fundamento en que l as sentencias las que h izo referencia, muc has de l as cuales reitera e n el escrito de tutela, no constituyen precedente judicial vinculante para proferir la decisión porque resu elven casos con un patrón fáctico diferente.

El Juez Q uinto Administrativo de l Circuito de Neiva remitió el link habil itado para consultar el expediente No 41001333300520220007600, sin e fectuar algún pronunciamiento sobre la acción de tutela.

La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A . como vocera y administradora del FOMAG pidió que se declarara improc edente la so licitud de amparo por no cumplir con las causales generales y específicos de proceden cia de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

El jefe de la o ficina ase sora jurídica del municipio de Neiva pidió que se declarara improcedente la acción de tutela. Argument ó que la sentencia cuestionada ya resolvió sobre los argumentos de la demandante y que volver a realizar el estudio vulneraría el principio de estabilidad jurídica.

declarara improcedente la acción de tutela. Argument ó que la sentencia cuestionada ya resolvió sobre los argumentos de la demandante y que volver a realizar el estudio vulneraría el principio de estabilidad jurídica.

Agregó que las sentencias invocadas por la actora no son aplicables al caso porque las circunstancias fácticas y jurídicas son diferentes.

El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previ sto en l os artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de E stado es c ompetente para decidir el asun to objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al debido proces o, seguridad s ocial, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilid ad laboral, a la segu ridad jurídi ca y la “ perpetuatio jurisdictionis ”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente j udicial y vi olación directa de la Constitución.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto se limita a reiterar que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.

prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co, notificaciones@alcaldianeiva.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04555-00

Actor: María Elsa Torres Rivera

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Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la auto nomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”28.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asun to presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de p or medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucion al que conlleva la improcedencia de la tutela.

que se encuentre de p or medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucion al que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra d ecisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotació n, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 31, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y raz onable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contr a

constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contr a providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con la s razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permi ta a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia ac usada. Por más informal que

28 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 29 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 30 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 31

30 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 31 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04555-00

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sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición d e aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Huila con la sentencia de 18 de julio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los

La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Huila con la sentencia de 18 de julio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis”, al su puestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constituc ión, conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción de tutela.

De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo , la Sala advierte que coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulida d y restablecimiento del derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señ ora María Elsa Torres Rivera insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

Así, se observa que en el recurso de apelación inte rpuesto por la parte actora contra la sentencia del 30 de septiembre de 2022 , dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de l Circuito de Neiva (resumido en la providencia de segunda instancia), se lee lo siguiente:

“Inconforme, la demandante interpuso e l recurso de ap elación; argumentando que el a quo no tuvo en cuenta que “… el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es de aplicación únicamente para los fondos de cesantías privados, teniendo en cuenta que en reiterada y amplia jurisprudencia se extendió a l os servidores públicos, incluyendo docentes

únicamente para los fondos de cesantías privados, teniendo en cuenta que en reiterada y amplia jurisprudencia se extendió a l os servidores públicos, incluyendo docentes oficiales, por ende, la sanción moratoria cesa con la respectiva consignación de las cesantías al respectivo fondo Prestacional del Magisterio FOMAG”.

Luego de transcribir las sentencias a las que se refirió en la demanda, estima que tiene derecho a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del pago de la consignación tardía de sus cesantías, y a la indemnización derivada del pago extemporáneo; teniendo en c uenta el pronunciamiento del H. Consejo de Estado del 6 de agosto de 2020 y la sentencia de la H. Corte Constitucional del 17 de octubre de

2018. Finalmente, aclara que la demanda no está encaminada a debatir la inexistencia de cuentas individuales p ara cada docente, porque “la manera en que la Fiduprevisora SA administra los recursos del FOMAG nada tiene que ver con la NO CONSIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS CESANTIAS AL FOMAG POR PARTE DE LA

DEMANDADA EL 15 DE FEBRERO DE 2021”.

Por su parte, en la acción de tutela la señora María Elsa Torres Rivera reitera los argumentos expuest os en el recurs o de a pelación referentes a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia SU -098 de 2018 proferida por la Corte Consti tucional y a las sentencias del Consej o de Estado que acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró un listado similar de los fallos que, a su juicio, resultaban vinculantes para proferir la decisión

2018 proferida por la Corte Consti tucional y a las sentencias del Consej o de Estado que acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró un listado similar de los fallos que, a su juicio, resultaban vinculantes para proferir la decisión cuestionada.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04555-00

Actor: María Elsa Torres Rivera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

No obstante, esa discusión fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila en sentencia de 18 de julio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

“b.- En el segundo cargo, la actora se refiere a las sentencias proferidas por el H. Consejo de Estado y por la H. Corte Constitucion al, y estima que las mismas deben ser acogidas. F rente a dicho cargo, es pertinente destacar que las mencionadas providencias no constituyen un precedente unificador de carácter vinculante, de conformidad con los artículos 10, 102 y 270 del CPACA. Ello es tan evidente, que el mismo Tribunal Co nstitucional en la citada sentencia SU -098 de 2018, precisó que “… no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo …”.

de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo …”.

c.- En el recurso de alzada también se afirma que el a quo desconoció el preceden te de unificación fijado en la sent encia del H. Consejo de Estado CE -SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020. Sin embargo, es del caso recordar que en esa decisión se analizó “… el momento a partir del cual se contabiliza el término de prescripción par a reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1 990, por la no consignación de cesantías anualizadas”; pero brilla por su ausencia un pronunciamiento relacionado con la aplicación de la mencionada sanción al sector docente.

d.- En lo tocante con los lineam ientos de unificación de la H. Cort e Constitucional consignados en la sentencia SU -098 de 2018; que en opinión de la impugnante se deben acoger en su integridad (en aplicación del principio de favorabilidad); en recientes pronunciamientos la Sala19 prec isó que por las siguientes razones esa decisión no se puede aplicar a la sanción moratoria que reclama el personal docente: i).- De acuerdo con el precedente constitucional “El principio de favorabilidad en sentido estricto est á relacionado con la aplicación de fuentes formales de derecho. Est o es, aquel escenario en el que un operador jurídico pueda elegir entre dos o más normas vigentes que regulan una misma situación fáctica. Así, el funcionario debe optar por la disposición que favorezca al trabajador en mayor medida”20.

Descendiendo al s ub lite, no estamos en presencia de dos normas que regulen la

vigentes que regulan una misma situación fáctica. Así, el funcionario debe optar por la disposición que favorezca al trabajador en mayor medida”20.

Descendiendo al s ub lite, no estamos en presencia de dos normas que regulen la misma situación; como quiera que la Ley 50 de 1990 estableció una sanción mo ratoria a favor de los trabajadores particulares y luego la Ley 344 de 1996 la exte ndió a los servidores públic