CE - 010315000202304580001SENTENCIA20231005153015

Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

Demandante: MÓNICA PERDOMO OROZCO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Sanción moratoria por pago tardío de cesantías en casos de docentes oficiales. Improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Mónica Perdomo Orozco contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 25 de agosto de 20231, la señora Mónica Perdomo Orozco, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Huila, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, derec ho a la seguridad social, situación más

Orozco, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Huila, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, derec ho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constituc ional de la perpetuatio jurisdictionis , seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical».

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administr ativo del Huila el 20 de junio de 2023, mediante la cual confirmó la providencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva del 13 de diciembre de 2022, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del de recho, iniciado por la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y el departamento de l Huila, con radicado n.° 41001-33-33-002-2022-00177-01.

1 Por medio de la ventanilla virtual, acción identificada con número 7353.Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

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1.2. Pretensiones

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…)

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edific ó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanció n por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Mónica Perdomo Orozco labora al servicio de la Secretaría de

Educación de Neiva.

5. El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó el 5 de agosto de 2021, ante el FOMAG el pago de estas, así como de la sanción por mora.

6. Este último remitió la petición a la Fiduciaria La Previsora S.A. para que le diera respuesta de fondo, sin embargo, no hubo contestación.

FOMAG el pago de estas, así como de la sanción por mora.

6. Este último remitió la petición a la Fiduciaria La Previsora S.A. para que le diera respuesta de fondo, sin embargo, no hubo contestación.

7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el departamento del Huila, con el objeto de que (i) se declarara la nulidad del acto administrativo ficto negativo en mención, (ii) s e reconociera n y pagaran las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020, (iii) se pagara la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación , y (iv) se pagara la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías.

8. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, en sentencia del 13 de diciembre de 2022 , ne gó las pretensiones de la demanda.

2 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

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9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Huila, a través del fallo del

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9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Huila, a través del fallo del 20 de junio de 2023 , confirmó la decisión del a quo, para cual hizo un análisis de la línea jurisprudencial . Estudio que concluyó con a la sentencia del 31 de marzo de 2023, de la Sección Tercera del Consejo de Estado , sobre los mismos supuestos fácticos, que decidió declararla improcedente por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, en los siguientes términos:

No existe un criterio unificado al interior del órgano de cierre de esta jurisdicción y en los casos en los que se ha accedido a la sanción moratoria deprecada corresponde a asuntos con otros supuestos fácticos, pues la Sección Segunda por favorabilidad ha estimado viable beneficiarlos con esa penalidad; la Sección Tercera, ha declarado improcedente el amparo constitucional (por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional) solicitado por aquellos a quienes en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se les han negado las súplicas; y la Sección Quinta, también en acción de tutela, concluyó que los docentes, al ser excluidos por el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, para el reconocimiento de la sanción mor atoria en cita, deben acreditar: (i) haberse vinculado al nivel territorial desde el 31 de diciembre de 1996, y (ii) estar afiliado a un fondo privado de cesantías3.

sanción mor atoria en cita, deben acreditar: (i) haberse vinculado al nivel territorial desde el 31 de diciembre de 1996, y (ii) estar afiliado a un fondo privado de cesantías3.

10. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 18 de julio de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. El apoderado judicial de la tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo de l Huila no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso concreto, dado que ella pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990 ; 91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación generaba la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.

12. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la Constitución y defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo superior , los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

13. Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con e l reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos,

teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen

protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023 proferida dentro de la acción de tutela promovida por María Cristina Díaz Bahena contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Expediente 11001-03-15-000-2023-00518-00.Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

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4 las cesantías».

14. Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de 1990 era aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en consecuencia, tenían el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías anuales.

15. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 204

4 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del

tardía de las cesantías anuales.

15. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 204

4 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-2333000-201300666-01, • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-2331-0002009-0086701. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15000-2018-04617-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15000-2018-03449-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15000-201804679-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del

02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-2333000-201400208-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contenc ioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-2333000-201400132-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-2333000-201400254-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-201400815-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contenci oso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis trativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administr ativo, Sección Segunda. Sentencia del 03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-2333000-20150007501. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati vo, Sección Segunda. Sentencia del

19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati vo, Sección Segunda. Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-2333000-201300756-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-2333-000201900376-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativ o, Sección Segunda. Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-2333-000201900359-01.Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

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5 sentencias proferidas entre los años 2020, 2021 , 2022 y 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los demandantes al aplica r la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y por

Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los demandantes al aplica r la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y por tener en cuenta la condición más favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales.

16. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la sa nción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento fue interpuesta como una tercera instancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

17. La magistrada ponente en auto del 14 de septiembre de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de l Huila, y iii) vinculó, en calidad de terc eros con interés, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , administrado por la Fiduprevisora S.A.; al departamento de l Huila; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Segundo Administrativo del

Circuito Judicial de Neiva.

18. Así mismo, le reconoció la personería para actuar a l abogado Yobany Alberto López, en calidad de apoderado judicial de la señora Mónica Perdomo Orozco.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notif icaciones ordenadas de manera electrónica, se present aron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila

19. El secretario general envió copia digital del expediente de nulidad y

Realizadas las notif icaciones ordenadas de manera electrónica, se present aron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila

19. El secretario general envió copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, sin realizar ninguna consideración adicional.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

20. El juez ponente, de este despacho, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional , porque lo que pretende la accionante es convertir esta acción de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario, máxime cuando l os argumentos planteados son

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-2333000-201500509-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-2333-0002015-9012401.Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

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6 idénticos.

21. Precisó que los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales relacionados por la parte actora, fueron analizados íntegramente en el fallo de primera instancia,

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6 idénticos.

21. Precisó que los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales relacionados por la parte actora, fueron analizados íntegramente en el fallo de primera instancia, en donde se examinaron l as sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa y se identificó que fueron situaciones jurídicas especiales en las que no se enmarca la de la actora.

22. Consideró que la demandante lleva a cabo una interpretación sesgada y parcializada de la jurisprudencia citada y que omitió que en ellas se afirmó que:

a los docentes oficiales no se les aplica la Ley 50 de 1990, para efec tos de las cesantías y sus intereses, como quiera que dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, únicamente a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, que no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990 y que sus prestaciones sociales como las cesantías, son administradas por el FOMAG, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos fondos privados creados por la mencionada ley.

23. Respecto a los fallos, invocados por la actora, proferidos por diferentes Tribunales Administrativos y otros despachos judiciales, señaló que no constituyen precedente judicial.

1.6.3. Fiduprevisora S.A.

24. La coordinadora de tutelas de la entidad, en calidad de vocera y

Tribunales Administrativos y otros despachos judiciales, señaló que no constituyen precedente judicial.

1.6.3. Fiduprevisora S.A.

24. La coordinadora de tutelas de la entidad, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pidió ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretension es de la demandante y solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir con las causales genéricas y específicas de procedibilidad. Además, señaló que la accionante hizo una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG.

25. Agregó que por disposición del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesant ías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales , y los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, pues están presupuestados y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.

26. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que castiga la leyDemandante: Mónica Perdomo Orozco

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

26. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que castiga la leyDemandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes, se descarta algún tipo de sanción.

27. Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la d emanda que resultó desfavorable para la accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. En este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1.6.4. Gobernación del Huila

28. El apoderado del departamento solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, pues lo que busca la accionante es dejar sin efectos la providencia referida para que se profiera una nueva y así obtener el pago de la sanción por mora, lo que constituye una pretensión de carácter económico, que a su vez se deprende de una discusión de orden legal propia del proceso ordinario, que ya cuenta con sentencia ejecutoriada.

29. Hizo un recuento de los hechos e indicó que a aquellos docentes vinculados a partir del 1.° de enero de 1990 las cesantías se reconocerán anualmente y sus intereses serán consignados en la cuenta individual que para el efecto tiene el FOMAG para cada docente, y no prevé de forma concreta un plazo o fecha fija conforme lo expresa n las disposiciones contenidas en el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma que está prevista para empleados privados, sin que pueda hacerse una aplicación mixta de la misma.

1.6.5. Ministerio de Educación Nacional

30. El jefe de la oficina asesora jurídic a del Ministerio de Educación Nacional, luego de hacer un análisis de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial pidió que se declarara improcedente porque no se cumplían los requisitos generales de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional, ni se habían

luego de hacer un análisis de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial pidió que se declarara improcedente porque no se cumplían los requisitos generales de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional, ni se habían afectado derechos fundamentales con las sentencias cuestionadas.

31. Destacó que no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia; y que se trata de una controversia de naturaleza estrictamente económica.Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

32. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda pr esentada por la señora Mónica Perdomo Orozco , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5 .° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Solicitud de desvinculación

33. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante, sin embargo, esta petición será negada,

2.2. Solicitud de desvinculación

33. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante, sin embargo, esta petición será negada, en tanto, la vinculaci ón al proceso se realiz ó en calidad de tercer a5, y no como la entidad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia constitucional?

35. De ser positiva la respue sta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo

siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de l Huila vulneró los derechos fundamentales al «al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicac ión e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical» de la señora Mónica Perdomo Orozco , con ocasión de la sentencia del 20 de junio de 2023 que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías?

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

5 Al haber conformado el extremo pasivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el

moratoria por el pago tardío de las cesantías?

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

5 Al haber conformado el extremo pasivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue proferida la providencia cuestionada mediante este mecanismo constitucional.Demandante: Mónica Perdomo Orozco Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00

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9 (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su procedencia8.

38. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los sigui entes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y efic aces para la protección del derecho que

1. subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y efic aces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

39. Por el contrario, cumplidos e sos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

40. Igualmente, se debe resaltar que es ta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia”