CE - 010315000202304610001SENTENCIA20231027150144

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04610-00

Demandante: SAI ALEJANDRO ARCOS PEREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04610-00

Demandante: SAI ALEJANDRO ARCOS PEREZ

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción disciplinaria impuesta a auxiliar de la justicia que tenía bajo su custodia como secuestre un vehículo automotor. Requisito general de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Sai Alejandro Arcos Pérez, por conducto d e apoderad o judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y presunción de inocencia , vulnerados, supuestamente, por las decisiones mediante las cuales fue encontrado disciplinariamente responsable y

amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y presunción de inocencia , vulnerados, supuestamente, por las decisiones mediante las cuales fue encontrado disciplinariamente responsable y sancionado, proferidas en el marco del proceso disciplinario que se adelantó en su contra por las irregularidades acontecidas con un vehículo puesto a su custodia, en calidad de auxiliar de la justicia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que , por las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones como secuestre del vehículo de placas BJW -505, cautelado en el marco del proceso ejecutivo N ° 2010-01663-00, promovido por el Banco de Occidente contra la señora Paola Andrea Hernández Alarcón , el otrora Consejo Superior de la Judicatura , Sala Jurisdiccional Disciplinaria, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, adelantó en su contra el proceso disciplinario (radicado No. 11001110200020160598901), en el que fue sancionado con multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad general por el término de 10 años , tras hallarlo responsable de la comisi ón de la falta gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo.

Afirmó que, en el proceso ejecutivo que originó la controversia, el parqueadero Los Ferrari, qu e tenía la custodia física del vehículo, “ no le avisaron al secuestre ni al juzgado, que entregarían el vehiculó a l a firma JP, no se sabe del tr ámite legal, tampoco

Ferrari, qu e tenía la custodia física del vehículo, “ no le avisaron al secuestre ni al juzgado, que entregarían el vehiculó a l a firma JP, no se sabe del tr ámite legal, tampoco se sabe porqu é escondieron, del secuestre y el juzgado, la entrega o traslado, del vehiculó a la firma JP y fue por esto que indujeron a error al secuestre, quien confiaba que el parqueadero Ferrari, cumpliría con el encargo de custodia física del vehículo”.2

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2 Finalmente, sostuvo que en el proceso ejecutivo en el que actuó como secuestre, mediante memorial de 20 de agosto de 2018 solicitó la regulación de sus honorarios, manifestando que la diligencia de secu estro se realizó en el parqueadero Los Ferrari “ sin saber que el parqueadero Ferrari, permitieron el retiro del vehículo sin contar con el secuestre, ni informar al juzgado, recordemos que el señor SAI ALEJANDRO ARCOS PEREZ, fue relevado de su cargo el 28 de septiembre de 2016 por el juzgado quejoso y no se sabe que día de que mes y año, fue retirado el vehículo”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y la presunción de inocencia,

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y la presunción de inocencia, vulnerados, supuestamente, por las decisiones proferidas en el trámite del proceso disciplinario radicado con el N° 11001110200020160598901, mediante el cual fue encontrado disciplinariamente responsable y sanc ionado, por las irregularidades acontecidas con un vehículo puesto a su custodia en calidad de secuestre , en el proceso ejecutivo N° 2010-01663-00.

A su juicio, “el fallo de la Comisión de Disciplina Judicial está viciado de nulidad” e incurre en defecto fáctico, en tanto , adujo, en el proceso no se solicitaron pruebas de oficio, “como lo establece la norma, con el ánimo de tener un espectro mayor, para el momento de decidir ”, a lo que agregó que careció de apoyo probatorio que le permitiera aplicar el sup uesto legal en el que se sustentó la decisión.

Sostuvo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debió vincular al proceso disciplinario al parqueadero Los F errari, donde se encontraba el vehículo inmovilizado por la autoridad de tránsito , “puesto que el parqueadero Ferrari, nunca explicó en que orden de autoridad judicial motivaron el permiso o la autorización para retirar el vehículo, es decir no explican por qué, el parqueadero Ferrari, quien tenía la custodia física del vehículo, permitieron la salida del mismo”.

Adujo que “ el Fallo, de la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL, está viciado de Nulidad, por cuanto, adolece del llamado, ERROR FACTICO; por violación al debido

custodia física del vehículo, permitieron la salida del mismo”.

Adujo que “ el Fallo, de la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL, está viciado de Nulidad, por cuanto, adolece del llamado, ERROR FACTICO; por violación al debido proceso, lo fundamento jurídicamente, en el artículo 29 constitucional, el debido proceso y con los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y con forme al mandato expreso de las sentencias de control constitucional, STC -11191-2020, STC-4021-2020, STC -9945-2020, STC -1836-2020, AC -7100-2017, C -1194-2008, por configurarse las causales de nu lidad, por violación al debido proceso Articulo 29 de la Constitución Política de Colombia”.

Agregó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al no vincular al parqueadero Los Ferrari para que explicara cuándo se retiró el vehículo y aportara la documentación legal para hizo entrega a un tercero, “es decir a la firma JP, porque ocultaron y desde cuando se lo ocultaron al Juzgado Segundo (2) Civil Municipal de Ejecución, al igual que al señor secuestre, quienes presumían de la buena Fe, por parte del parqueadero Ferrari, es por esto que se violan derechos sustanciales y procesales, al disciplinado, al pasar por alto unas pruebas de oficio, que pueden influir en la decisión del juzgador, favorablemente hacia el disciplinad o, recordemos que el señor SAI ALEJANDRO ARCOS PEREZ, fue relevado de su cargo el 28 de septiembre de 2016 por el juzgado quejoso y no se sabe qué día de que mes y año, fue retirado el vehículo”.

ALEJANDRO ARCOS PEREZ, fue relevado de su cargo el 28 de septiembre de 2016 por el juzgado quejoso y no se sabe qué día de que mes y año, fue retirado el vehículo”.

Para terminar, i ndicó que no existe contrato de cesión de c ustodia del parqueadero Ferrari a la empresa JP, tampoco acta de salida o entrega del vehículo del parqueadero al secuestre, y que su vinculación al proceso es necesaria para que expliquen el hecho “ de haber escondido al secuestre y al juzgado la entrega d el vehiculó a la firma JP, firma que también debería ser vinculada para que3

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3 expliquen, que día, de que mes y que año, retiraron el vehiculó, recordemos que el señor SAI ALEJANDRO ARCOS PEREZ, fue relevado de su cargo el 28 de septiembre de 2016 por el juzgado quejoso y no se sabe qué día de que mes y año, fue retirado el vehículo, al igual que no se sabe quién autorizo”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Con el fin de garantizar y restablecer el derecho funda mental al debido proceso, ruego a usted Honorable Magistrado, declarar sin valor y efecto el auto del 20 de octubre de 2020 (sic), dentro de la causa con número de Radicación

proceso, ruego a usted Honorable Magistrado, declarar sin valor y efecto el auto del 20 de octubre de 2020 (sic), dentro de la causa con número de Radicación 11001110200020160598900, por ser violatorio del Derecho fundamental al Debido proceso, por no decretar pruebas de oficio, al pasar por alto, la necesidad de la vinculación del parqueadero Ferrari y la firma JP, quienes deben demostrar, que día, de que mes y año, se retiró el vehículo, al igual que demostrar la legalidad del mismo acto , puesto que hasta el día de radicación de esta tutela, han ocultado al juzgado y al secuestre, el acto de retiro del vehículo, los dos implicados, que son, el parqueadero los Ferrari y la firma JP.

SEGUNDA: Como consecuencia de esa declaración, le ordene a la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL, que vincule al parqueadero los Ferrari y la firma JP, dentro de la causa con número de Radicación 11001110200020160598900, para que despejen esas dudas al despacho y así poder tener certeza si la falta se cometió en t iempo y modo.

TERCERA: Ordene a la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL, que dentro de la causa identificada con número de Radicación Actual 11001110200020160598900, cumpla con el mandato constitucional y le dé el trámite procesal legal, decretando las pruebas de oficio, en las cuales se vincule al parqueadero los Ferrari y la firma JP, para que así la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL, se pueda pronunciar, frente a todas las pruebas y los descargos del disciplinado, todo dentro de la sana crítica”.

4. Pruebas relevantes

la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL, se pueda pronunciar, frente a todas las pruebas y los descargos del disciplinado, todo dentro de la sana crítica”.

4. Pruebas relevantes

Si bien en la solicitud se anuncia que se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario radicado con el N° 2016-05989-00, el cuaderno de la demanda de tutela no contiene ningún anexo.

5. Trámite procesal

Por auto de 29 de agosto 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la acción de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la autoridad judicial accionada, así como a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Bogotá , al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros con interés en el resultado del trámite constitucional.

De otra parte, en relación con la solicitud de medida provis ional formulada por el actor, consistente en que “ se ordene la suspensión del fallo, por cuanto con esta decisión, se están violando más derechos fundamentales, como lo son el derecho al trabajo, al buen nombre y la honra de la persona ”, no se accedió a la misma, tras considerarse que, de lo manifestado en el escrito de tutela y el material probatorio allegado con la demanda, no se enc ontraba acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que no se observa ba de manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte demandante que amerit ara la intervención

urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que no se observa ba de manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte demandante que amerit ara la intervención necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.4

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4 La Secretaría Gene ral de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nos. 91062 a 91066 de 31 de agosto de 2023, con el fin de notificar a las partes 1 .

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La ponente de la decisión de seg unda instancia proferida en el marco del proceso disciplinario que originó la controversia, en la que se confirmó la declaratoria de responsabilidad subjetiva del actor, rindió informe en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud, por cuanto, sostuvo, no es cierto que en el proceso disciplinario no se hubiese hecho uso del poder discrecional y deber funcional del juez disciplinario de decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación, “luego cierto es que son argumentos novísimos pretender que en sede de esta acción de tutela se cuestioné que no se decretaron pruebas de oficio dado

materia de la investigación, “luego cierto es que son argumentos novísimos pretender que en sede de esta acción de tutela se cuestioné que no se decretaron pruebas de oficio dado que en punto de la subsidiaridad de la tutela, tales argumentos rompen con la referida regla, pues se convierte este escenario, un una nueva instancia de debate judicial y por lo mismo tra[n]sgrede el principio de la autonomía judicial y atenta contra la seguridad jurídica como pilar del Estado Social de Derecho”.

Afirmó que en ninguna de las oportunidades procesales dispuestas para que el disciplinado solicitara el decreto de pruebas, requirió traer a declarar al propietario del establecimiento comercial “Los Ferrari”, “aunado a que erróneamente el apoderado del accionante señala una vulneración del debido proceso de su representado por la ausencia de ‘vinculación’ al proceso disciplinario del mencionado establecimiento de comercio, criterio a todas luces desacertado por cuanto en el proceso disciplinario las partes procesales se limitan al sujeto disciplinable, en este caso, al señor Andrés Alejandro Arcos Pérez, en su calidad de Auxiliar de la Justicia-Secuestre y al delegado del Ministerio Público como lo dispone el artículo 89 de le Ley 734 de 2021”.

Sostuvo que si era interés del encartado disciplinariamente hace r concurrir a determinado testigo al proceso disciplinario, debió solicitarlo al magistrado instructor de primera instancia en la oportunidad procesal que para ello contempla el curso del proceso disciplinario, a efectos de que se decretara la prueba estim ada como necesaria y se ordenara la práctica de la misma.

Adujo que, en ese sentido, la solicitud incumple con el requisito de subsidiaridad, el

proceso disciplinario, a efectos de que se decretara la prueba estim ada como necesaria y se ordenara la práctica de la misma.

Adujo que, en ese sentido, la solicitud incumple con el requisito de subsidiaridad, el cual hace referencia a que el disciplinado ejerza en debida forma la defensa de sus intereses, entre ellas ale gar en oportunidad los criterios que considera como estructuradores de su absolución, elevar de manera oportuna el decreto y la práctica de pruebas con las que pretende demostrar la acaecencia de un hecho que justifique su conducta típica e ilícita sustanc ialmente o aportarlas si es que están bajo su dominio. Finalmente, indicó que lo que pretende el apoderado del accionante es encontrar una tercera instancia de debate que evite que se le dé curso a la imposición de una sanción disciplinaria que fue atribuida con el respeto pleno del debido proceso, por lo que la solicitud no contiene la relevancia constitucional necesaria para su estudio de fondo.

1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: Alejoarcos1@hotmail.com; a.gomez.abogado@hotmail.com, presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co; correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co; j02ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, discbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co; ventanillavirtualdisciplinariabta@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04610-00

Demandante: SAI ALEJANDRO ARCOS PEREZ

tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.5

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5 6.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

El titular del despacho que profir ió la decisión disciplinaria de primera instancia realizó un recuento del trámite de dicho proceso, del que resaltó que mediante sentencia de 29 de septiembre de 2020 ese despacho encontró disciplinariamente responsable al actor de la comisión de las conductas endilgadas, imponiéndole como sanción una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016 e inhabilidad general para ejercer empleo público, función pública o prestar servicios a cargo del Estado o contratar con éste por el término de 10 años, decisión que fue apelada por el sancionado y confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por medio de fallo de 1° de febrero de 2023, en el que se dispuso confirmar la decisión.

Sostuvo que, en ese sentido, es evidente que el descontento del accionante se dirige contra las decisiones emitidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de 29 de septiembre de 2020 y 1° de febrero de 2023, en su orden, por lo que el objeto de la acción de tutela va

contra las decisiones emitidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de 29 de septiembre de 2020 y 1° de febrero de 2023, en su orden, por lo que el objeto de la acción de tutela va dirigido a dejar sin valor y efecto esas decisiones, al considerar que no se decretaron todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y no se vinculó al parqueadero Los Ferrari, errando los entes disciplinarios en la apreciación probatoria y los hechos, violándose así el debido proceso, aspectos que , señaló, debieron ventilarse en su debido momento procesal, lo cual no sucedió, al punto de haberse confirmado la decisión sancionatoria.

Adujo que si lo pretendido en sede constitucional es la declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria y que con ello se entre a emitir un nuevo pronunciamiento para allegar más elementos de prueba, se haga otro análisis de las mismas y se vincule a otros sujetos, “ello resulta ser improcedente, en tanto la naturaleza excepcional y residual de la acción de tutela, predica que la acción constitucional es eficaz, siempre y cuando los medios de acción y/o defensa judicial ordinariamente establecidos, para el caso en concreto, resulten insuficientes para prevenir la configuración real de un daño y/o perjuicio irremediable; situación que no se cumple dentro de la presente actuación, en tanto el accionante en ningún momento haciendo uso de los medios de defensa o rdinarios y procedimentalmente establecidos en la Ley 1123 de 2007, solicitó nulidad alguna respecto de la actuación investigativa en primera instancia y, en segunda instancia, se efectuó un

accionante en ningún momento haciendo uso de los medios de defensa o rdinarios y procedimentalmente establecidos en la Ley 1123 de 2007, solicitó nulidad alguna respecto de la actuación investigativa en primera instancia y, en segunda instancia, se efectuó un estudio respecto de la nulidad allí planteada, negándose la misma”.

6.3. Respuesta del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecució n de Sentencias de Bogotá

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se le desvincule del presente asunto, en tanto, indicó, el proceso ejecutivo que originó la controversia se ha tramitado conforme con las disposiciones legales que rigen ese trámite judicial, y en el caso no se desprende vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante por parte de esa judicatura.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Co nstitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.6

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2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las decisiones proferidas en el trámite del

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2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las decisiones proferidas en el trámite del proceso disciplinario radicado con el N° 11001110200020160598901, mediante el cual el acci onante fue encontrado disciplinariamente responsable de las irregularidades acontecidas con un vehículo pue sto a su custodia en calidad de secuestre en el proceso ejecutivo N° 2010 -01663-00, vulneran los derechos fundamentales invocados e incurren en defecto fáctico, en tanto, i) en el proceso no se solicitaron pruebas de oficio, “como lo establece la norma, con el ánimo de tener un espectro mayor, para el momento de decidir ”, y ii) por cuanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debió vincular al proceso disciplinario al parqueadero Los Ferrari, donde se encontraba el vehículo inmovilizado por la autorid ad de tránsito, “puesto que el parqueadero Ferrari, nunca explicó en que orden de autoridad judicial motivaron el permiso o la autorización para retirar el vehículo, es decir no explican por qué, el parqueadero Ferrari, quien tenía la custodia física del v ehículo, permitieron la salida del mismo”.

Previo al análisis de fondo , corresponde a la Sala verificar si la presente solicitud cumple con el requisito general de relevancia constitucional , necesario para acceder a su estudio de fondo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tu tela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia c onstitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fi jó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de sele cción en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

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criterio de sele cción en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.7

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7 Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha prec isado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para p lantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en

la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuest a en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adiciona r, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamien to de los procedimientos reglados y conf orme con una sólida

fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamien to de los procedimientos reglados y conf orme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumen tos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condicione s que, en últimas, buscan preservar el v alor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante considera que las decisiones proferidas en el trámite del proceso disciplinario rad icado con el N° 11001110200020160598901, mediante el que el fue encontrado disciplinariamente responsable y sancionado con multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad general por 10 años para ejercer empleo público, función públic a o prestar servicios a cargo del Estado o contratar con éste por el término de 10 años , por las irregularidades acontecidas con un vehículo puesto a su custodia en calidad de secuestre, vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y la presunción de inocencia, por cuanto incurren en defecto fáctico, en tanto, señaló, en el proceso no se solicitaron pruebas de oficio, “ como lo establece la norma, con el ánimo de

inocencia, por cuanto incurren en defecto fáctico, en tanto, señaló, en el proceso no se solicitaron pruebas de oficio, “ como lo establece la norma, con el ánimo de tener un espectro mayor, para el momento de decidir ”, y por cuanto no se vinculó

5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.8

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8 al proceso disciplinario al par queadero Los Ferrari, al cual llegó el vehículo inmovilizado por la autoridad de tránsito.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple el requisito de la relevancia const itucional, en tanto la solicitud de amparo se sustenta en argumentos nuevos que no fueron expuestos en el precitado proceso disciplinario, lo que desatiende ese requisito de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

4.2. La Sala debe clarif icar,