CE - 010315000202304619001SENTENCIA20231006122001

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cinco (5) de de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: ERIKA PERDOMO CUCHIMBA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora Erika Perdomo Cuchimba contra el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Erika Perdomo Cuchimba, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila , por estimar vulnerados los derechos

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Erika Perdomo Cuchimba, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila , por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso , a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de dudad en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdicti onis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 21 de marzo de 2023 , en el expediente rad. 41001333300520220019101, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO , GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de l accionante, por considerar que l as razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judic iales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…).”Radicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

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2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes: La señora Erika Perdomo Cuchimba labora como docente en la planta de personal del municipio de Neiva, con posterioridad al 1° de enero de 1990. La demandante mencionó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020 por

La señora Erika Perdomo Cuchimba labora como docente en la planta de personal del municipio de Neiva, con posterioridad al 1° de enero de 1990. La demandante mencionó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020 por parte de Ministerio de Educación Nacional al Fo ndo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) en el término legal establecido, esto es, a más tardar el 15 de febrero del 2021.

El 8 de noviembre de 2021, la señora Perdomo Cuchimba le solicitó al Ministerio de Educación el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido en la Ley 50 de 1990, resuelta de manera negativa . Por lo anterior, la demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , el municipio de Neiva y de la Secretaría de Educación, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías . El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, en sentencia del 12 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que en el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989 la secretaría de educación no tiene la obligación jurídica de realizar la consignación de las cesantías al Fomag y, en el caso de la Fiduprevisora

docente de la Ley 91 de 1989 la secretaría de educación no tiene la obligación jurídica de realizar la consignación de las cesantías al Fomag y, en el caso de la Fiduprevisora como vocera de ese fondo , le corresponde el pago de la s cesantías parciales o definitivas que solicite la parte interesada cuando sean exigibles, por motivos de educación y vivienda o por retiro del servicio. En consecuencia, indicó que, al no existir dentro del régimen especial docente dicha obligación de consignación anual de las cesantías, no tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975. Conforme con lo expuesto , concluyó que , tanto la sanción como la indemnización reclamada, resultaban incompatible s en virtud del principio de inescindibilidad normativa ya que en el régimen especial no existe la obligación de consignación anual de cesantías por las entidades territoriales al Fomag, sino un reporte de estas y sus intereses en las fechas definidas anualmente según la Ley 91 de 1989 y específicamente el Acuerdo 34 de 1998. La demandante apeló la mencionada decisión con fundamento en que, si bien los docentes tienen un régimen especial, esa circunstancia no los excluye de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, más aún cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado “ha restablecido sus derechos prestacionales,

docentes tienen un régimen especial, esa circunstancia no los excluye de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, más aún cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado “ha restablecido sus derechos prestacionales, equiparándolos “a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos” y concediéndoles por favorabilidad derechos laborales con fundamento en el régimen general” , en general, insistióRadicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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en que no se exige la mora por el reconocimiento tardío de las cesantías, de que trata las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; sino por el retardo en la consignación anual de estos dineros al Fondo. Obligación que fue atribuida a La Nación – Ministerio de Educación por la Ley 715 de 2001. El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 21 de marzo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que que en el régimen prestacional docente no se contempló sanción moratoria por la consignación extemporánea del auxilio de las cesantías o por el pago retardado de sus intereses, de manera que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley

docente no se contempló sanción moratoria por la consignación extemporánea del auxilio de las cesantías o por el pago retardado de sus intereses, de manera que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la actora, quien se encuentra cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe no rma jurídica que así lo contemple. Con todo, precisó que el pago de los intereses a las cesantías de los docentes se encuentra regulado en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y en el artículo 4 del Acuerdo 39 de 1998 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo del Huila, con la decisión de segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial , con fundamento en las razones que se pasan a señalar.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues , a su juicio , la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 1 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial que daron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud

lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial que daron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU -098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 2, 24 de enero de

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del Decreto 1252 de 2000. 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-20130066601 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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20193, 2 de diciembre de 2019 4, 10 de junio de 2020 5, 22 de octubre de 2020 6, 12 de noviembre de 20207, 17 de junio de 20218, 4 de noviembre de 20219, 25 de noviembre de 202110, 11 de noviembre de 202111, 20 de enero de 202212, 3 de marzo de 202213, 28 de abril de 2022 14, 9 de mayo de 2022 15, 19 de mayo de 2022 16, 1 de julio de 202217, 22 de agosto de 2022 18, 22 de septiembre de 2022 19, 19 de enero de 2023 20 y 26 de enero de 2023 21.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001 -23-3100020090086701 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000 2014 0017301 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33000-20140020801(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés.

(4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 9 Consejo de E stado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001 -23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-2333-000-20170093101 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-20150007501 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-20150007501 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-20170079501 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-20190035901 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-20190037601 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-20120021202 (4470-2021), C.P. William Hernández Gómez. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Trámite previo

Mediante auto del 29 de agosto de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del Huila y al titular del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, a la Nación –Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - y al Municipio de Neiva, como terceros interesados y publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia, así

Neiva, a la Nación –Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - y al Municipio de Neiva, como terceros interesados y publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia, así como la notificación a la Agencia Nacional de Defe nsa Jurídica del Estado.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Huila allegó informe en el que inicialmente sugirió la acumulación de «las tutelas masivas que, como el presente asunto, manifiestan su inconformismo frente a la decisión de este Tribunal de confirmar las sentencias de primera instancia con las cuales se negaron las pretensiones de reconocimiento y pago de sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías de docentes conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990». Expuso que la primera acción de tutela que conoció el Consejo de Estado contra ese tribunal fue la No. 11001-03-15-000-2023-02154-00 y que, mediante sent encia del 14 de agosto de 2023, fue declarada improcedente.

Solicitó negar el amparo solicitado, porque no se vulneró algún derecho fundamental e insistió en que no se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que de los argumentos expuestos por el actor se advertía que la discusión recaía sobre un asunto meramente legal (aplicación de la Ley 50 de 1990) y que esa controversia ya fue resuelta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Intervenciones

la discusión recaía sobre un asunto meramente legal (aplicación de la Ley 50 de 1990) y que esa controversia ya fue resuelta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Intervenciones

La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación, por no estar legitimados en la causa por pasiva.

El Departamento del Huila solicitó negar por improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que , con la decisión del Tribunal Administrativo del Huila en la sentencia del 21de marzo de 2023, no se vulneraron derecho s fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, ponente de la decisión cuestionada, pidió que la presente acción de tutela fuera acumulada al expediente

1001031500020230215400. Esa solicitud tiene como fundamento el número de acciones de tutela que, según dice, se han presentado contra las sentencias de eseRadicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

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tribunal que confirmaron la decisión de denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías de docentes.

Para resolver, conviene precisar que, de conformidad con el artículo 1 22 del Decreto 1834 de 2015, la acumulación de tutelas masivas procede cuando la vulneración o amenaza de derechos f undamentales provenga de la misma acción u omisión y se pretenda la protección de los mismos derechos fundamentales.

En el caso concreto , la Sala estima que n o es procedente remitir este proceso para posible acumulación, por cuanto si bien la autoridad demandada y los derechos presuntamente vulnerados son los mismos, las pretensiones en ambas tutelas son distintas.

En efecto, en la acción de tutela de la referencia se pretende que se deje sin efectos la sentencia del 21 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.

41001333300220220019101. Por su parte, en la acción de tutela 11001031500020230215400 el actor pretende que se deje sin efectos la sentencia del 21 de febrero de 2023, dictada por el mismo tribunal, pero dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001333300220220002401.

Si bien las dos tutelas tienen como hecho común que se demanda a la misma autoridad judicial, esa sola circunstancia no hace procedente la acumulación, pues, como se ve,

nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001333300220220002401.

Si bien las dos tutelas tienen como hecho común que se demanda a la misma autoridad judicial, esa sola circunstancia no hace procedente la acumulación, pues, como se ve, la presunta violación proviene de providencias judiciales diferentes. Es decir, la sol icitud de amparo no proviene de la misma acción de la autoridad judicial demandada, requisito indispensable para que proceda la acumulación por tutelas masivas. Otra cosa fuera si la vulneración alegada se derivara de la misma decisión judicial.

En consecuencia, se denegará la solicitud de enviar el expediente de la referencia para acumulación. Cada acción de tutela puede tramitarse de manera independiente para que, en sentencias separadas, el juez de tutela decida la pertinente.

Acción de tutela

La ac ción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe

22 Artículo 1°. Adiciónese una Sección 3 al Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, la cual tendrá el siguiente texto: Sección. 3 Reglas de reparto de acciones de tutela masivas Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de

Sección. 3 Reglas de reparto de acciones de tutela masivas Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vul nerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.

A dicho Despa cho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia.

Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin p erjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04619-00

Demandante: Erika Perdomo Cuchimba

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales

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en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier auto ridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcio nal23, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 24 y específicas 25 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Perdomo Cuchimba cuestiona la sentencia del 21 de marzo de 2023, mediante la que el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la sentencia del 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual el

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Perdomo Cuchimba cuestiona la sentencia del 21 de marzo de 2023, mediante la que el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la sentencia del 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda, porque no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la actora, quien se encuentra cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicia l, en relación con la

23 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 24 Causales genéri cas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la par