CE - 010315000202304702001SENTENCIASENTENCIA20231026221857

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-04702-00

Demandante NUBIA CRISTINA SALAS SALAS

Demandado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, AGRARIA Y RURAL Temas Acción de tutela. Relatoría Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. Niveles jerárquicos. Procedimiento por abandono del empleo. Situaciones de clima laboral y conductas entendidas como de acoso laboral. Calificación de servicios 2022 e informes trimestrales 2023. Requisitos de procedencia de la acción de tutela: la subsidiariedad. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia, la acción de tutela incoada por Nubia Cristina Salas Salas, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 29 de agosto de 2023 1, Nubia Cristina Salas Salas , interpuso acción de tutela

con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 29 de agosto de 2023 1, Nubia Cristina Salas Salas , interpuso acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, por considerar vulnerado su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Prevenir a la Sala accionada de que siga entorpeciendo la dirección y ejecución de las tareas de la dependencia a cargo de la accionante. En consecuencia, ordenar al ente accionado a que se abstenga -en lo sucesivo - de seguir imponiendo los compromisos del “consenso total” de los empleados de apoyo.

SEGUNDO: Ordenar a la Sala accionada que se abstenga de seguir determinando a la Oficina de Sistemas a privar el acceso de todos los canales electrónicos e informáticos de trabajo posibles de la suscrita Relatora accionante.

TERCERO: Vincular al Departamento de la Función Pública y, en consecuencia, ordenarle que preste acompañamiento técnico a la Relatora accionante que conduzca al rediseño organizacional y definitivo de la dependencia a su cargo.

CUARTO: Declarar sin valor ni efecto el auto del 27 de julio de 2023 proferido por la Presidencia de la Sala que dio inicio al procedimiento de abandono del cargo de la Relatora accionante.

QUINTO: Declarar sin valor ni efecto los actos del trámite relacionados a las actas trimestrales de la calificación integral de servicios del año 2023 de la Relatora accionante proferidas por la Sala accionada.

accionante.

QUINTO: Declarar sin valor ni efecto los actos del trámite relacionados a las actas trimestrales de la calificación integral de servicios del año 2023 de la Relatora accionante proferidas por la Sala accionada.

SEXTO: Declarar sin valor ni efecto la calificación integral de servicios del año 2022 de la Relatora accionante proferida por la Sala accionada”.

1 Tutela radicada por ventanilla virtual.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: Hechos relativos a los empleos creados en la relatoría de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia 2.1. La señora Nubia Cristina Salas Salas se desempeña en el empleo de relatora de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, desde el 11 de junio de 2002, fecha en la que se posesionó en el mencionado cargo,

en carrera administrativa. 2.2. En la relatoría que tiene a cargo, afirma la accionante que contaba con un auxiliar judicial grado 2, con quien trabajaba y cumplía las metas propias de la función asignada a dicha dependencia, pero que, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó de manera transitoria y para superar una congestión, a su juicio inexistente, 4 cargos de auxiliar judicial grado 2 y un oficial mayor, para la relatoría de la Sala de Casación Civil y Agraria,

Consejo Superior de la Judicatura creó de manera transitoria y para superar una congestión, a su juicio inexistente, 4 cargos de auxiliar judicial grado 2 y un oficial mayor, para la relatoría de la Sala de Casación Civil y Agraria, medidas que se prorrogaron en varias oportunidades, desd e el año 2011 al año 2015. 2.3. Mediante el Acuerdo 10402 del 29 de octubre de 2015, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó con carácter permanente 9 cargos de carrera administrativa para la relatoría de la Sala de Casación Civil y Agraria que tenía a cargo, correspondientes a 4 profesionales universitarios grado 21, 1 oficial mayor y 4 auxiliares judiciales grado 2 <<estos últimos traídos de los cargos temporales de las medidas de descongestión>> , sin establecer las funciones de forma expresa. 2.4. En criterio de la actora, la carga laboral de la relatoría que tiene a cargo no ameritaba la creación de estos empleos, además, consideró que debió solicitársele un informe de cargas laborales que permitiera dar a conocer la realidad de la oficina en donde estaban al día y no era necesario el nombramiento de más personal, pero que esto no se le pidió en ningún momento. Hechos relacionados con presunto acoso laboral 2.5. Manifestó estar desprotegida laboralmente al tener personal nombrado que no tenía funciones asignadas, lo que le ocasionaba una carga adicional en su condición de jefe de oficina, sumado a que de los nombramientos efectuados en la relatoría hubo movilidad de algunos servidores para la secretaría de la Corporación, todo lo que, pese haberse puesto en conocimiento del presidente en su momento, no tuvo eco.

en la relatoría hubo movilidad de algunos servidores para la secretaría de la Corporación, todo lo que, pese haberse puesto en conocimiento del presidente en su momento, no tuvo eco. 2.6. También dijo que en el año 2016 le fue abierto un proceso disciplinario por el presunto incumplimiento del horario de trabajo, que le pusieron personas que actuaban como “veedores” pero que en realidad lo que se buscaba era un seguimiento a título de “persecución”, asunto que correspondió conocer a la procuraduría en ejercicio del poder preferente y que finalmente culminó en el año 2019 con el archivo de las diligencias. 2.7. Anunció que la ARL Positiva diagnosticó un estrés laboral con ocasión del entorpecimiento y retraso constante en la entrega de trabajo de sus empleados directos frente a las tareas de la relatoría que hacía que tuviera más tensión y carga laboral y emitió unas recomendaciones, lo que puso en conocimiento del presidente de la época y que dijo, nunca fue atendido. Además, que implementó acciones preventivas y correctivas frente a los hallazgos encontrados en la oficina pero que tampoco fueron tenidos en cuenta por laRadicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corporación, razón por la que en el año 2020 decidió asumir la totalidad de las funciones, lo que arrojó en el indicador de “ingreso de análisis de providencias” un nivel muy satisfactorio del 100%.

Corporación, razón por la que en el año 2020 decidió asumir la totalidad de las funciones, lo que arrojó en el indicador de “ingreso de análisis de providencias” un nivel muy satisfactorio del 100%. 2.8. Anunció que al quedar en evidencia que no eran necesarios los cargos creados y provistos en provisionalidad de manera indefinida por la Sala como nominador, se continuó con actos en su contra tales como: (i) descenso en las calificaciones integrales en el año 2019, (ii) manifestación que afectaba su buen nombre en una providencia que era de conocimiento público, (iii) omisión a dar respuesta a los derechos de petición en los que se solicitaba información relacionada con las calificaciones y los estudios técnicos para la creación de cargos en el año 2015, (iv) maltrato, persecución, entorpecimiento e inequidad en el uso de las actas de seguimiento trimestral de 2021 en las que indicaba que debían distribuirse las funciones, (v) ser censurada como líder del proceso de gestión de conocimiento incluso “suplantándola” con el servidor provisional que ocupa el cargo de Profesional Universitario Grado 21, (vi) obstaculización de 105 de los 140 enlaces que dirigían las acciones de gestión en donde se incluían diversos reportes de acciones de mejora y preventivas que habí a desarrollado desde el año 2016 a 2022. 2.9. Hizo un extenso recuento de los logros alcanzados desde la relatoría a su cargo, de las publicaciones que ha hecho y que han tenido un reconocimiento por parte de los usuarios. 2.10. Anunció que la actual presidenta de la Sala de Casación Civil y Agraria quien

cargo, de las publicaciones que ha hecho y que han tenido un reconocimiento por parte de los usuarios. 2.10. Anunció que la actual presidenta de la Sala de Casación Civil y Agraria quien se desempeña como tal desde el mes de enero de 2023, convocó a una reunión presencial con el equipo de la relatoría para ser llevada a cabo el 2 de febrero de 2023, lo que en su criterio no era de su competencia y qu e si lo pretendido era hacer una consultoría organizacional, debió anunciarle previamente en su calidad de jefe de oficina, acerca del objeto de esta, razones, entre otros aspectos. 2.11. Mencionó un aparte de una manifestación que dice haber hecho el oficial mayor en relación con una conversación sostenida con un magistrado, que le manifestó que podía laborar desde casa así el salario fuera un poco menor y que, incluso, podía aspirar al cargo de relator, que se equiparaba casi al de magistrado auxiliar “pues que en su sentir no estaban contentos con la labor que ejercía la relatora, de quien me dijo, ya estaba próxima a pensionarse” , con lo que en su criterio: (i) existía una expectativa de ascenso por parte de los empleados de apoyo al cargo de relator, así como cargos del nivel superior que se podían ajustar al momento en que ella dejara el cargo, (ii) el nominador conocía que estaba próxima a pensionarse y (iii) el magistrado de la sala en realidad conocía que el cargo de oficial mayor no generaba tanta presión. 2.12. Dijo que un día después de la citación por parte de la presidenta de la Sala a la reunión mencionada en precedencia, cumplió la edad mínima legal para pensionarse, el 3 de febrero de 2023, lo que para la accionante era una

2.12. Dijo que un día después de la citación por parte de la presidenta de la Sala a la reunión mencionada en precedencia, cumplió la edad mínima legal para pensionarse, el 3 de febrero de 2023, lo que para la accionante era una situación que tenía la capacida d de activar una modalidad de acoso laboral como lo era la discriminación laboral, concretamente la descrita en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1010 de 2006. 2.13. Indicó que presentó excusa para no asistir a la reunión programada por la presidenta de la Sala, por temas de salud previamente diagnosticados por la ARL positiva de depresión y ansiedad, debido al tema laboral, lo que incluso llevó a duplicar sus dosis de medicación, además de entenderse “suplantada” por la presidenta cuando ella en calidad de relatora era la jefe de la oficina quien organizó un grupo en Teams de relatoría, siendo ella una “carpeta” más de ese grupo, siendo incluidos empleados que no eran de la relatoría y cuyaRadicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administración estaba a cargo de la presidenta de la Sala, desconociéndose de esta manera su posición como jefe de oficina del grupo de relatoría. 2.14. También señaló que en el acta de la reunión quedó señalado que no se justificó su inasistencia a la reunión, además de una serie de inconformidades que el equipo de apoyo presentó y frente a lo que manifestó no ser cierto, todo lo cual

2.14. También señaló que en el acta de la reunión quedó señalado que no se justificó su inasistencia a la reunión, además de una serie de inconformidades que el equipo de apoyo presentó y frente a lo que manifestó no ser cierto, todo lo cual en su sentir, genera un mal clima laboral y constituye una modalidad de acoso laboral, sumado además, a la inconformidad que manifestó en relación con la psicóloga que tenía a cargo su caso en la ARL a quien recusó ante el colegio de abogados. 2.15. Puso de presente una comunicación de la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que se indicó que, se b uscó ser contactada vía telefónica para hacer unos talleres y unos seguimientos pero que la actora no contestó, que se han venido adelantando “gestiones de acompañamiento individual y grupales con el equipo de la relatoría”, que a la relatora se le recomendó acudir a la EPS dada la sintomatología reportada por ella, al igual que se le recomendó acudir al comité de convivencia laboral de la Corporación ante la manifestación de padecer comportamientos de presunto acoso laboral. 2.16. Ante tal manifestación, argumentó que en la actualidad ha acudido a su EPS y que en este momento está en curso la calificación de origen de su enfermedad a solicitud de la entidad prestadora de salud, así como de la psiquiatra y la psicoterapeuta tratante y que, en relación con el com ité al que se aludía, no había lugar a ello ya que actualmente se tramitaba ante el Congreso de la República un trámite en contra de los magistrados de la Sala por acoso laboral, queja radicada en el año 2021.

se aludía, no había lugar a ello ya que actualmente se tramitaba ante el Congreso de la República un trámite en contra de los magistrados de la Sala por acoso laboral, queja radicada en el año 2021. 2.17. También sostuvo en relación con los seguimient os, que actualmente esto era objeto de investigación en la queja disciplinaria que adelantaba en contra de la psicóloga, en aras de determinar si suministró información errada al empleador sin que ella se hubiera enterado previamente y que, las llamadas telefónicas que se le pudieron hacer no era un mecanismo oficial de comunicación y que durante los años 2021 y 2022 no recuerda haber recibido un cronograma de actividades, de manera que era errado manifestar que se hubiera rehusado a continuar en el programa “conscientemente”. 2.18. Anunció haber sido convocada también a reuniones del comité editorial, del que afirma, no hacer parte ni ella ni sus empleados, sin embargo, dijo que en el acta del 15 de marzo de 2023 se señaló la presencia de los empleados de la relatoría y su inasistencia injustificada a la reunión, esto último que dice, se justifica en la misma razón por la que no asistió a la reunión inicial convocada por la presidenta de la Sala en enero de 2023. 2.19. Manifestó que en su momento no se remitió por parte de la coordinación de seguridad social y salud en el trabajo el informe de lo que se llevó a cabo desde el año 2018 a la aseguradora ARL Positiva, razón por la que cuando se preguntó por los antecedentes, no se contaba con la totalidad de la información. 2.20. A lo largo de su escrito, relata cómo se siguieron adelantando reuniones de

preguntó por los antecedentes, no se contaba con la totalidad de la información. 2.20. A lo largo de su escrito, relata cómo se siguieron adelantando reuniones de seguimiento por parte de la presidencia de la Sala en las que se convocaban a los empleados de la relatoría, desconociendo la autoridad que ella ejercía como jefe de oficina en esta dependencia de la Corporación, anotando varias novedades de personal y de titulación de providencias y demás funciones que dice, correspondía a ella como relatora coordinar y no a la presidenta, todo lo cual evidenciaba un acoso laboral.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.21. Puso de presente que desde mayo de 2022 presentó queja por acoso laboral en contra de los magistrados de la Sala Civil y Agraria. Más adelante indica que presentó queja desde el año 2021 y que desde octubre de 2021 no hay más avances sobre el particular. Hechos relacionados con el Acuerdo Nro. 30 “mediante el cual se establece el trabajo en casa” 2.22. Sostuvo que el 28 de julio de 2023 desde el correo calidadcivil@cortesuprema.gov.co le fue remitido un documento con el título de “Acuerdo Nro. 30 mediante el cual se establece el trabajo en casa”, acto administrativo que dijo, no cumple con los requisitos de publicidad de un acto de carácter general, ya que la remisión desde el citado c orreo no estaba contemplada como el medio oficial de comunicación.

administrativo que dijo, no cumple con los requisitos de publicidad de un acto de carácter general, ya que la remisión desde el citado c orreo no estaba contemplada como el medio oficial de comunicación. 2.23. Así mismo, anotó que se configuraba la falta de competencia por parte de la Sala Civil y Agraria para proferir dicho procedimiento, pues que de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 2088 de 2021, era necesario contar con un procedimiento por parte de la empresa o entidad pública y que, la mencionada Sala no representaba la totalidad de la entidad y no podía pasar por alto ni el manual de funciones ni los reglamentos internos de la Corporación. 2.24. Adicionalmente sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo y 7º del Acuerdo PCSJA22-11972 del 30 de junio de 2022, citado en la Circular 003 de 2022 de la Sala de Gobierno de la Corporación, a efectos de establecer las condiciones de traba jo en casa, era entre otros, el jefe de dependencia, mediante acto administrativo motivado, quien podría implementar las condiciones de trabajo en casa cuando se presentaran circunstancias que impidieran que el servidor pudiera ejercer sus funciones en el lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías y de la información y las comunicaciones. 2.25. Explicó que la relación de la Sala de Casación Civil como nominadora con respecto a los cargos de la relatoría era, salvo el caso del relator, de superior funcional mas no jerárquico, de manera que no tenía interés la Sala especializada en proferir un acuerdo para contravenir el nivel que tenía ella como jefe de la dependencia. 2.26. Finalmente, anunció que el acuerdo solo aparecía suscrito por la presidenta

funcional mas no jerárquico, de manera que no tenía interés la Sala especializada en proferir un acuerdo para contravenir el nivel que tenía ella como jefe de la dependencia. 2.26. Finalmente, anunció que el acuerdo solo aparecía suscrito por la presidenta de la Sala Civil y Agraria sin la concurrencia de los demás magistrados y que tampoco señala la fecha en la que la sala lo aprobó. Hechos relacionados con el “acoso sobreviniente” frente a la recusación de junio de 2023 y por las calificaciones de los años 2022 - 2023 2.27. Señaló que el 30 de junio de 2023 presentó escrito de recusación contra los magistrados de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, a los correos tanto de la secretaría general de la Corporación, como al secretario general, sin emba rgo, sostuvo que no hubo pronunciamiento frente a esta manifestación y se autorizó dar inicio al procedimiento de abandono de cargo en su contra. 2.28. Que el 17 y 18 de julio de 2023 se le restringió el acceso al micrositio web de la relatoría civil a su cargo, en su sentir, como retaliación por haber divulgado su trabajo, además, que se restringió el acceso a su correo institucional. 2.29. El 25 de julio de 2023 la presidenta de la Sala envió a la Comisión Seccional de disciplina Judicial de Bogotá un informe, que di jo la actora, buscó se le sancionara por su inconformidad con una presentación de excusas a losRadicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

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sancionara por su inconformidad con una presentación de excusas a losRadicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co usuarios de la relatoría dejada al final del boletín y la gaceta de los meses de abril, mayo y junio en el que se relacionaba el atraso causado en la entrega de las publicaciones especializadas a su cargo. 2.30. El 26 de julio de 2023 se emitió providencia por parte de la Sala Civil y Agraria en la que se resolvió no aceptar las causales de recusación presentadas por la actora y al día siguiente, el 27 de julio se dio inicio al procedimiento de abandono de cargo en su contra. 2.31. De la calificación de servicios, sostuvo que se obtuvo un descenso de 81 a 69 puntos, que presentó recurso de reposición pero que este no podía resolverse hasta tanto no se resolviera sobre una rec usación presentada en esa nueva oportunidad por la accionante, pues en su criterio, esto afectaría la imparcialidad frente a las calificaciones. 2.32. Manifestó que actualmente es objeto de investigación dentro de las diligencias penales que se adelantan ante la Comisión de Investigación y Acusación, debido a que los magistrados denunciados siempre supieron que la recusación presentada y que rechazaron de plano por ser “manifiestamente improcedente” tenía una relación directa con la calificación integral de servicios. Hechos relativos al procedimiento de abandono de cargo iniciado en julio de 2023

presentada y que rechazaron de plano por ser “manifiestamente improcedente” tenía una relación directa con la calificación integral de servicios. Hechos relativos al procedimiento de abandono de cargo iniciado en julio de 2023 2.33. Anunció que la causal por la que es investigada se encuentra descrita en el numeral 2º del artículo 139 del Decreto 1660 de 1978, consistente en “dejar de concurrir al trabajo por 3 días consecutivos”. 2.34. Expuso que el sustento fáctico de la investigación es el siguiente: (i) no encontrarse en su oficina del 17 al 24 de julio de 2023, fechas en que se programaron visitas a la sede anexa y donde estaba la puerta cerrada y la luz apagada, sin que al golpear se atendiera la puerta, de lo que se dejó constancia en actas. (ii) De acuerdo con el oficio de registro de entradas y salidas del Palacio de Justicia y de la sede anexa, evidenciaron como último ingreso a las instalaciones el 13 de marzo de 2020. 2.35. Al respecto, indicó que no le correspondía atender público de acuerdo con el manual de funciones de la corporación, que la relatoría no requería de asistencia presencial ya que todos los procedimientos eran virtuales y que, ella había puesto en conocimiento de la Sala mediante oficio del 12 de julio de 2022 que dadas las condiciones de hacinamiento de las oficinas de relatoría de la Sala de Casación Civil se daría continuidad a la prestación del servicio de manera virtual de todo el equipo de la oficina, hasta tanto existieran las condiciones óptimas de infraestructura, además de las especiales condiciones de salud física y mental que sufría “ocasionadas por el riesgo psicosocial de acoso

de manera virtual de todo el equipo de la oficina, hasta tanto existieran las condiciones óptimas de infraestructura, además de las especiales condiciones de salud física y mental que sufría “ocasionadas por el riesgo psicosocial de acoso laboral por parte de la Sala de Casación Civil y Agraria” con diagnóstico de ansiedad y depresión. 2.36. Expresó que contrario a lo afirmado, ella estaba trabajando esos días que se evidenció el supuesto ausentismo, pues que el 17 de julio de 2023 justamente envió correo con el fin de publicar el boletín Nro. 06-2023 y en una nota final indicó: “presentamos excusas por las enormes dificultades en la entrega regular de las presente publicaciones dada la situación, sin precedente que se conozca, que ha derivado de la usurpación total de las funciones regladas por la Corte Suprema deRadicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Justicia para la Relatora la cual fue determinada de manera irregular por parte de la presidenta de la Sala de casación Civil y Agraria. Martha Patricia Guzmán Álvarez desde el 1 de marzo de la presten vigencia” Por tal razón, la presi dencia de la Sala Civil ordenó retirar del sitio web el mencionado boletín y, a la par, la actora solicitó a la oficina de sistemas se le restablecieran sus claves y contraseñas que le fueron restringidas, volviendo a publicar una gaceta con la misma nota, siendo nuevamente eliminada del

mencionado boletín y, a la par, la actora solicitó a la oficina de sistemas se le restablecieran sus claves y contraseñas que le fueron restringidas, volviendo a publicar una gaceta con la misma nota, siendo nuevamente eliminada del sitio web y del correo masivo a usuarios por parte de la presidencia, todo lo cual, a su juicio, encuadraba en la causal de acoso laboral de entorpecimiento laboral. 2.37. El 27 de julio de 2023 se dio inicio al procedimiento administrativo por abandono del empleo en contra de la actora.

3. Fundamentos de la acción La parte actora hizo las siguientes consideraciones: 3.1. En relación con el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas Dijo que este derecho fundamental se encuentra expresamente señalado en la Constitución Política en su artículo 23 y que permite a cualquier persona, incluidos los empleados de la Rama Judicial, en los eventos que considere que existe amenaza o vulneración de dicho derecho constitucional, su protecció n a través de la acción de tutela.

Adicionalmente, mencionó que la Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” protege este bien jurídico y que, en el caso de los servidores públicos, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es el único mecanismo efectivo para garantizar el pleno goce de este derecho fundamental. Citó algunas providencias del Consejo de Estado, en las que se ha amparado el mencionado derecho en casos similares: ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero

Citó algunas providencias del Consejo de Estado, en las que se ha amparado el mencionado derecho en casos similares: ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 19 de agosto de 2010. Radicación número: 25000-23-15-000-2010-01304-01(AC). Proceden medios de protección. ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.

Subsección A. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. 5 de febrero 2015.

Radicación número: 11001 -03-15-000-2014-03524-00(AC). Procedencia de medidas inmediatas. ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 4 de febrero 2016. Radicación número: 73001-23-33-000-2015-00595-01(AC). ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.

Subsección B. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. 24 de marzo de 2017.

Radicación número: 11001 -03-15-000-2017-00549-00 (AC). Debido proceso por no pronunciarse de la condición de acoso. ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.

Subsección B. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 17 de enero 2019.

Radicación número: 41001-23-33-000-2018-00327-01(AC). Protección al trabajador que presenta queja por acoso. ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección

Radicación número: 41001-23-33-000-2018-00327-01(AC). Protección al trabajador que presenta queja por acoso. ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección

C. Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales. 05 de agosto de 2019. Radicación número: 66001 -23-33-000-2019-00349-01(AC). Mecanismo transitorio po r perjuicio irremediable. Disminución de las calificaciones. ● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. 29 de abril de 2021. Radicación número:Radicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11001-03-15-000-2021-00217-00(AC). Silencio institucional ante el conocimiento de la queja disciplinaria. Dijo que por su parte la Corte Constitucional, en la sentencia SU-077 de 2018, establecía que el amparo de tutela procedía contra actos administrativos de trámite previo el cumplimiento de ciertos requisitos. 3.2. Respecto al procedimiento por abandono del cargo Sostuvo que la actuación no ha concluido en tanto no ha ejercido su derecho a la defensa ni se ha producido el retiro del servicio, además, que el auto que da inicio al procedimiento, y contra el cual no procede recurso alguno, pretende dar inicio a una si tuación de impulso al trámite de retiro de servicio breve y

a la defensa ni se ha producido el retiro del servicio, además, que el auto que da inicio al procedimiento, y contra el cual no procede recurso alguno, pretende dar inicio a una si tuación de impulso al trámite de retiro de servicio breve y sumario en donde sólo tiene una audiencia con el nominador, quien conoce de sobra desde el 12 de julio de 2022 la existencia de la enfermedad médica calificada, con recomendaciones expresas de trabajo en casa, y quien también tiene pleno conocimiento de que no existía un proc