CE - 010315000202304843001SENTENCIA20231018160957

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

Demandante: JOSÉ DOLORES CASTRO QUEJADA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia consti tucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de t utela i nstaurada por el señor José Dolores Castro Quejada contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 6 de septiembre de 20231, el señor José Dolores Castro Quejada , por medio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Chocó, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , al mín imo vital y móvil, a la seguridad social y de acceso a la

apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de l Chocó, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , al mín imo vital y móvil, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, y violación a los principios perpetuatio jurisdic tionis y non reformatio in peius , con ocasión de la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, notificada el 7 de marz o siguiente2, que revocó el fallo del 30 de marzo de 2022, emitido por el J uzgado Segundo Administrativo de Quibdó y en su lugar, negó las pretensiones , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con ra dicado 27001-33-33-002-2020-00157-01. Formuló las siguientes pretensiones:

1 Se advierte que, el 18 d e julio de 2023, el expediente ingre só al despacho de la magistrad a ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 información verificada en la plataforma de consulta de procesos de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

Demandante: José Dolores Castro Quejada Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ e n la sentencia proferida el día 23 de febrero de 2023, en el expediente rad. No. 27001-33-33-002-2020-00157-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PRO CESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGU ALDAD, ACCESO

AL DEBIDO PRO CESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGU ALDAD, ACCESO

A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS Y NO REFORMATIO IN PEJUS, SEGURIDAD JURÍDICA, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derecho s fundamentales del accionante.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, en la cual: i) Se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 061 9 del 10 de marzo de 2020, proferido por la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó, mediante la cual se negó la prestación solicitada por mi prohijado y ii) Como restablecimiento del derecho se ordene a la Nació n – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que de termine la mesada pensional del docente JOSÉ DOLORES CASTRO QUEJADA, dando aplicación al régimen previsto en la Ley 33 de 1985 – en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios que sirvie ron de base para realizar los aportes pensionales durante el año de consolidación del status pensional.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos

promedio de los salarios que sirvie ron de base para realizar los aportes pensionales durante el año de consolidación del status pensional.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor José Dolores Castro Quejada prestó sus servicios como empleado público en el H ospital Departamental San Francis co de Asís, entre el 6 de marzo de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1999; y p osteriormente, ingresó a la docencia oficial desde el 30 de julio de 2004.

Cuando cumplió la edad requerida y completó más de 20 años de servicio público, solicitó la pensión de jubilación ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FO MAG, la cual, se le negó porque no cumplía los requisitos exigidos por el régimen aplicable establecido en la Ley 812 de 2003.

Inconforme con la decisión anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, conocida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, que en primera instancia acc edió a las pretensiones bajo el entendido que el actor cumplió las exigencias de la Ley 812 para acceder a la prestación, l a cual debía liquidarse con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento pensional, con la tasa de remplazo correspondiente a las semanasRadicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

Demandante: José Dolores Castro Quejada Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

cotizadas, que en todo caso , no podía exceder del 80%, y con los factores

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cotizadas, que en todo caso , no podía exceder del 80%, y con los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

No obstante, el actor presentó desacuerdo con e l régimen pens ional que se aplicó y apeló la decisión para qu e se le reconociera la prestación conforme a la Ley 33 de 1985 y demás normas que la modifiquen o adicionen. De la alzada con oció el Tribunal Administrativo del Cho có, quien revocó la providencia y negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Argumentos de la tutela

Sostuvo que la tutela cumple con todos los requisitos general es para su procedencia contra una providencia judic ial, e invocó las siguientes casuales específicas:

Violación directa a la Constitución. Toda vez que , la decisión acogida por el Tribunal Administrativo del Chocó no se apareja con los pronunciamientos constitucionales sobr e la materi a, ni con el artículo 31 Constitucional, que indi ca que el superior no podrá gravar la pena impuesta, cuando el condenado se a apelante único, principio desconocido a todas luces por la autoridad judicial accionada.

Realizó un recuento de los an tecedentes normativos del derecho que reclama, a fin de señalar que se vinculó al servicio público con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y por end e, le es aplicable el r égimen pensional establecido en la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario de la transición allí

vigor de la Ley 812 de 2003 y por end e, le es aplicable el r égimen pensional establecido en la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario de la transición allí establecida. Esto, bajo el entendido, de que n o es indispensable que el ingreso al servicio público haya sido a la docencia oficial, sino q ue, en su concepto, basta haber empezado a laborar con el Estado.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 8 de septiembre de 2023 , se admitió l a acción de tutela y se ordenó que aquel se not ificara a los magistrados que integran el Tribun al Administrativo del Chocó , como parte demandada y, como tercer o con interés, a la min istra de Educación Nacional y a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG —o quien haga sus ve ces—, toda vez que intervinieron en el proceso deRadicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

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nulidad y restablecimiento del derecho c on radicado 27001 -33-3300-2202000157-01. As í mismo, se ordenó l a notificación de la Agencia Naciona l de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La magistrada ponente de la p rovidencia censurada señaló que la tutela es improcedente, pues no cumple co n los requisitos establecidos en l a sentencia C590 de 2005.

Explicó que, el accionante apeló la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022

improcedente, pues no cumple co n los requisitos establecidos en l a sentencia C590 de 2005.

Explicó que, el accionante apeló la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 por el Juzg ado Segundo Administr ativo d e Quibdó porque consideró que su pensión debía reconocerse a la luz de la Le y 33 de 1985 y no de la Ley 812 de 2003; y por ende, el ad quem estaba habilitado para examinar cuál era el régimen pensional aplicable al señor José Dolores Castro Quejada.

Agregó que, en el desarrollo del problema jurídico planteado se estableció que el accionante sólo se vinculó al servicio docente a partir del 30 de julio de 2004, esto es, luego de la entrada en vigor d e la Ley 812 de 2003, razón po r la cual, el régimen que lo cobija es el establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la reglamentan, modifican o adiciona n, como la Ley 797 de 2003 , la cual, establece exigencias para acceder al derecho prestacional que no son satisfechas por el solicitante.

2.2. La ministra de E ducación Nacional , a través de apoderada, adujo que la tutela es impr ocedente porque no cumple con el requisito de subsidiari edad y es utilizada como un mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa con los que cuenta el accionante para obtener sus pretensiones.

Agregó, que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que se debate una cuestión meramente económica, que excede la competencia del juez de tutela.

Agregó, que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que se debate una cuestión meramente económica, que excede la competencia del juez de tutela.

Refirió la auto nomía e independencia de l os jueces, cuyas decisiones se deben respetar y cumplir, a menos que se evidencie la existencia de vías de hecho, lo cual no ocurre en este caso.

2.3. La Fiduprevisora, en calidad de administradora del FOMAG, señaló que la tutela es improcedente porque no cumple los requisitos generales y específicosRadicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

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exigidos por la jurisprudencia cuando el mecanismo se dirige contra providencias judiciales.

Agregó que el actor pretende el pago de una prestación económica y para ello, cuenta con mecanismos judiciales ordinarios, que relevan el uso de la t utela, que es excepcional , dado que procede cuando verdaderamente están en peligro los derechos fundamentales del peticionario, lo cual, no ocurre en este caso.

2.4. La Agencia N acional de Defe nsa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional . Solo en el evento de que se reúna esta

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional . Solo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, s e analizará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defect os en dilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2 0143, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalid ad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela s e inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para dete rminar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos. El primero de ellos consiste en que el ac tor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia consti tucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en c uenta q ue para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales p ara cu mplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una in stancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una in stancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

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vez q ue este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fun damentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del r equisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnera dos y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requ iere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por e l legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedent e4 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene q ue la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de ín dole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se

ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de ín dole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juic ios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que no cumplió con la carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias judiciales a través de la acción de tutela.

En efecto, si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, e invocó la violación directa a la Constitución como causal específica de procedencia, porque en su s entir, la providencia cuestionada desconoce el principio de la non reformatio in pejus , lo cierto es que, más allá de su inconformidad con lo resuelto, no se preocupó por explicar por qué considera que el ad quem desconoció dicho postulado.

En efecto, el actor se limitó a señalar que el Tribunal acciona do agravó su situación como apelante único, sin argumentar por qué considera qu e aquel exacerbó su competencia y se pronunció sobre un asunto que, en su sentir, no le

4 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

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correspondía, dado que, a su p arecer, el reconocimiento del derecho ya se había definido por el a quo y la alzada sólo se propuso frente al régimen aplicable.

En suma, se advie rte que el accionante expuso en f orma general algunos motivos de su inconformidad, pero no explicó con claridad suficie nte en qué consiste la violación a los derechos fundamentales invocados.

Por consiguiente, lo manifestado por el solicitante no basta para considerar que se cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que resulta neces ario q ue los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se sustenten razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los parámetros s uficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

De otra parte, la Sala adviert e que el accionante pretende convertir este vali oso mecanismo de protección de los derechos fundamentales , en una instancia adicional del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión del Tribunal accionado, porque considera que haberse vinculado al servicio público desde el año 1987, cuando se empl eó en el Hospital Departamental San Francisco de Asís,

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión del Tribunal accionado, porque considera que haberse vinculado al servicio público desde el año 1987, cuando se empl eó en el Hospital Departamental San Francisco de Asís, lo hace beneficiario de la transición prevista en la Ley 812 de 2003 y, por ende, está cobijado por el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, lo cierto es que no presenta un arg umento contundente que desvirtúe la decisión a doptada por la autoridad judicial demandada o que evidencie su arbitrariedad o capricho.

En la sentencia censurada se indica que el señor José Dolores Castro Quejada no tiene derecho al reco nocimiento pensional con el régimen que reclama (Ley 33/85), porque no es beneficiario de la transición establecida en la Ley 812 de 2003, en la medida en que antes de su entrada en vigor no se encontraba vinculado al servicio de la docencia oficial , pues su ingreso a la educación pública tuvo lugar en el año 2004.

Tesis que también acogió el a quo, quien reconoció la pensión al actor apelando al régimen establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la regla mentan, modifican o adicionan, partiendo de l a base de que no es tá cobijado por la transición de la Ley 812 de 2003.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

Demandante: José Dolores Castro Quejada Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Precisamente, en eso consistió la alzada, en reclamar el reconocimiento pensional

Demandante: José Dolores Castro Quejada Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Precisamente, en eso consistió la alzada, en reclamar el reconocimiento pensional con la Ley 33 de 1985 , es decir, con e l régimen anterior, conforme a la aplicación de la transición prevista en la Ley 812 de 2003 . Sobre esa materia se pronunció el ad qu em, llegando a la conclusión de que el señor Castro Q uejada no tiene el derecho pretendido (pensión con Ley 33/85) y aunque reconoce que puede acceder a la prestación bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, decide no acceder a una pretensión no esgri mida en la deman da, pensando en que el s ervidor aun puede seguir laborando para aumentar sus cotizaciones e incrementar la tasa de remplazo con la cual se liquidará la pensión cuando se retire del servicio.

Así lo explicó la autoridad accionada:

En ese sentido, se tiene que el libelista se vinculó al sector docente oficial en dos oportunidades, es decir, desde el 30 de julio de 2004 y posteriormente desde el 11 de mayo de 2007, fecha de posesiones según formato único para la expedición de certificados de historia laboral obrante del expediente, razón por la cual, según la fecha de afiliación, el régimen pensional aplicable como docente es la Ley 100 de 1993, salvo la edad, 57 años para hombre y mujeres en los términos del inciso 2º del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de junio de 2003.

Bajo el anterior presupuesto, se advierte que el demandante labora como docente oficial afiliado al FOMAG desde el 30 de julio de 200 4, según el

2003.

Bajo el anterior presupuesto, se advierte que el demandante labora como docente oficial afiliado al FOMAG desde el 30 de julio de 200 4, según el último certifi cado enunciado, que si bien para el 28 de ma rzo de 201 4, cumplió los 57 años de edad como lo dispone el inciso 2º del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de junio de 20035, periodo con el cual no acreditó el número mínimo de semanas exigidas por el artículo 3 4 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, esto es, 1.300 semanas por mínimo para el año 2015. (…)

Nótese aún más, en gracia de discusión, que el señor José Dolores Castro Quejada, no tuvo una vinculación docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como a su vez lo dispone el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y mucho menos si acudimos al régimen general consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones por haber desempeñado inicialmente a prestar sus servicios en el sector públi co como auxiliar de enfermería en el Hospital Departamental San Francisco de Asís, desde el 06/06/1987, tampoco sería beneficiario del régimen de transición consagrado en esta última norma en razón al tiempo de servicio y edad, para aplicarle el régimen pensional consagrado den la Ley 33 y 62 de 1985.

Por otro lado, a modo de pedagogía judicial, no es objeto de discusión para la Sala que el régimen pensional aplicable al demandante no es el contenido en la Ley 33 de 1985, luego entonces no se puede hablar de que es el más

Por otro lado, a modo de pedagogía judicial, no es objeto de discusión para la Sala que el régimen pensional aplicable al demandante no es el contenido en la Ley 33 de 1985, luego entonces no se puede hablar de que es el más favorable, ya que no hay duda en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas al caso objeto de estudio y que obligue optar por la situación más favorable. Y si bien la tasa de reemplazo es super ior a la que t iene derecho en aplicación de la Ley 100 de 1993, no se pasa por alto, que el último inciso

5 Original de la cita: Por la cual se aprueba el Plan nacional de Desarro llo 2003-2006”. Publicada en el Diario Oficial No. 45.231 de Junio 27 de 2003.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

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del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, permite incrementar el IBL 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, sin pasar de una tasa de reemplazo del 80%. Razón por la cual, toda vez que en el caso del demandante no se ha demostrado el retiro definitivo del servicio como docente, su pensión aún se puede acrecentar con las semanas adicionales efectivamente cotizadas.

Finalmente, de be advertirse que el p ago de la pensión en es te caso está restringido hasta tanto no se demuestre el retiro definitivo del servicio del demandante. Lo anterior en virtud de que, si bien es cierto al sector docente oficial se le ha permitido gozar concurrentemente de salario y p ensión en los

restringido hasta tanto no se demuestre el retiro definitivo del servicio del demandante. Lo anterior en virtud de que, si bien es cierto al sector docente oficial se le ha permitido gozar concurrentemente de salario y p ensión en los términos del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, dicha norma fue derogada expresamente por la Ley 715 de 2001, de manera que aquellos docentes vinculados a partir de la Ley 812 de 2003 no t ienen derecho a este beneficio, como lo pretende.

(…) Resultado de lo consider ado hasta aquí y sin lugar a adicionales razonamientos, se impone a la Sala revocar la sentencia apelada que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda en cuanto a lo que es objeto de estudio, es decir, el reconocimiento pensional bajo el régimen anterior a la Ley 812 del 26 de junio de 2003, esto es, el contemplado en la Ley 33 y 62 de 1985.

Así las cosas, se establece, sin esfuerzo alguno, que lo que existe en el presente caso es una discrepanci a de criterio d e la parte actora con la providencia censurada, diferencia que fue zanjada en segunda inst ancia por el juez natural del proceso y que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni vale dera para que el juez de tutela intervenga.

Además, para la Sala , los argumentos expuestos por la autoridad accionada son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no los c omparta, no h abilita al juez de tute la para volver a estudi ar un asunto que ya fue decidido razonablemente por el ju ez

razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no los c omparta, no h abilita al juez de tute la para volver a estudi ar un asunto que ya fue decidido razonablemente por el ju ez ordinario de segunda instancia, con suficiente motivación, p or lo que e ste mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y pref erido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses.

En suma, ante el evidente incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, la Sala declarará improcedente la acción de tutela instaurada por el señor José Dolores Castro Quejada.

En mérito de lo expuesto, e l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Su bsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad d e la ley,Radicación: 11001-03-15-000-2023-04843-00

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F A L L A:

PRIMERO. Declarar im procedente la solicitud de amparo present ada p or el señor José Dolores Castro Quejada contra el Tribunal Administrativo de l Chocó , de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las p artes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretarí a General, envíese el expedie nte de

SEGUNDO. Notifíquese a las p artes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretarí a General, envíese el expedie nte de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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