CE - 010315000202304870001SENTENCIA20231019163851

Demandante: Empleamos S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04870-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04870-00

Demandante: EMPLEAMOS S.A.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

…………………….SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia constitucional – violación al principio de igualdad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Empleamos S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito presentado el 7 de septiembre de 2023, Empleamos S.A., actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito presentado el 7 de septiembre de 2023, Empleamos S.A., actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B con el fin de qu e sean amparados sus derechos fundamentales al «debido proceso, acceso a la administración de justicia, legalidad, principio de confianza legítima».

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías, con ocasión de la sentencia del 2 de junio d e 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B mediante la cual se revocó la providencia del 26 de marzo de 20212 del Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para en su luga r, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 11001 -33-36-031-2014-00283-02, instaurado contra la Agencia de Renovación del Territorio y Empleamos S.A. y otros.

3. Como consecuencia de la anterior decisión, solicitó:

(…) se deje sin efectos la sentencia proferida en el medio de control con Rad. 11001333603120140028302 el 2 de junio de 2023, notificada el 30 de junio de 2023,Demandante: Empleamos S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04870-00

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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2 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega, que atendiendo a la vulnerac ión de los derechos fundamentales de la empresa Empleamos S.A., profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los argumentos que se definan en la decisión que ponga fin a esta acción y por medio de la cual, se aspira, se defiendan las garantías conculcadas.

4. Prevenir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega, para que en lo sucesivo no incurran en el desconocimiento de los derechos fundamentales deprecados.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 4 de mayo de 2014, el señor Arcadio Restrepo Arce , en compañía de su grupo familiar1, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,

4. El 4 de mayo de 2014, el señor Arcadio Restrepo Arce , en compañía de su grupo familiar1, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Agencia de Renovación del Territorio y Empleamos S.A, por las lesiones que suf rió un integrante de la comunidad emberá katío como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal ocurrida el 3 de abril de 2012 en el municipio de Briceño Antioquia, mientras participaba de un operativo de erradicación manual de cultivos ilícitos.

5. El Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 26 de marzo de 2021 , mediante la cual declaró probada la excepción de pleito pendiente y se abstuvo de pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda.

6. El a quo consideró que, tanto en el proceso tramitado en el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín como en el que estudiaba, «ambos eran idénticos», es decir, se sustenta ban en los mismos hechos y se orienta ban a las mismas pretensiones. Acotó que la discusión jurídica en los referidos asuntos se centraba en la presunta responsabilidad de la administración por el daño antijuridico ocasionado a los demandantes a raíz de la lesión con un artefacto explosivo que sufrió Arcadio Restrepo Arce, mie ntras ejecutaba un programa de erradicación de cultivos ilícitos.

7. La parte resolutiva fue la siguiente:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción previa de pleito pendiente

sufrió Arcadio Restrepo Arce, mie ntras ejecutaba un programa de erradicación de cultivos ilícitos.

7. La parte resolutiva fue la siguiente:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción previa de pleito pendiente entre las partes involucradas en este asunto, con base en los razonamie ntos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

1 En compañía de su grupo familiar: Rosalba Velázquez Vicuña, Luis Restrepo Velásquez, Nathalia Restrepo Velásquez, Marina Restrepo Velásquez, Sandra Restrepo Velásquez y Juan Carlos

Restrepo VelásquezDemandante: Empleamos S.A.

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SEGUNDO: ABSTENERSE de hacer cualquier pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones

8. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que mediante providencia del 2 de junio de 2023 revocó la decisión del a quo, para en su lugar, disponer lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR probada la COSA JUZGADA respecto de las dema ndadas NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional y Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional y Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Agencia de Renovación Del Territorio y a la empre sa EMPLEAMOS S.A. con NIT 890924431 -6, solidariamente responsables por los perjuicios patrimoniales causados a los señores Arcadio

Restrepo Arce, Rosalba Velázquez Vicuña, Luis Restrepo Velásquez, Nathalia Restrepo Velásquez, Marina Restrepo Velásquez, San dra Restrepo Velásquez y Juan Carlos Restrepo Velásquez, por la lesión que sufrió el integrante de una comunidad indígena cuando se encontraba realizando labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el cumplimiento de una política pública estatal.

TERCERO: En consecuencia, condenar solidariamente a la Nación - Agencia De Renovación Del Territorio y a la empresa EMPLEAMOS S.A. con NIT 890924431 -6

a pagar las siguientes indemnizaciones:

(…). (Negritas propias).

9. Como fundamento de su decisión adujo que, el proceso respecto del cual se predicaba el pleito pendiente finalizó con sentencia de segunda instancia del 21 de mayo de 2021 2, dentro del radicado 2012 -00383-00, proferida por el Tribunal

2 Se tiene que, en el marco de dicho proceso de reparación direct a con radicado 2012-00383-00, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 21 de mayo de 2021, revocó la decisión del Juzgado Veintiséis Adminis trativo Oral del Circuito de

Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 21 de mayo de 2021, revocó la decisión del Juzgado Veintiséis Adminis trativo Oral del Circuito de Medellín, para negar las pretensione s. Al analizar el caso concreto, dicho tribunal encontró acreditado el daño antijurídico por las lesiones padecidas por el señor Arcadio Restrepo Arce, como consecuencia del contacto con una mina antipersonal, pero determinó que no era imputable al Estado, de conformidad con la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018 radicado 2500023-26-000-2005-00320-01 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado , la cual determinó lo sigu iente, «es posible predicar la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por minas antipersonales o artefactos explosivos, cuando las instalaron miembros del Ejército Nacional o los casos en los que la proximidad evidente a un órgano representat ivo del Estado, permita concluir que el artefacto estaba dirigido contra agentes de la entidad.»

Contra dicha decisión la parte actora interpuso acción de tutela, la cual fue fallada en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado que, mediante providencia del 12 de mayo de 2022, confirmó la negativa a las pretensiones de la demanda. No obstante, dicha decisión fue revocada por la Sala Primera de Decisión de la Corte Constitucional el 28 de febrero de 2023, decisión mediante la cual se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela pro ferida el 12 de mayo de 2022 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó la dictada

decisión mediante la cual se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela pro ferida el 12 de mayo de 2022 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó la dictada el 24 de enero de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del C onsejo de Estado, que negó la acción de tutela. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los accionantes. //SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentenci a de 21 de mayo de 2021 de la Sala Segunda de Oralidad del Tribun al Administrativo de Antioquia, dictada en el marco del proceso de reparación directa promovido por el señor Arcadio Restrepo Arce y su familia. //TERCERO. - ORDENAR a la Sala Segunda de Orali dad del Tribunal Administrativo de Antioquia que en el término má ximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, dicte una nueva decisión en la que estudie el caso a partir del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado en materia deDemandante: Empleamos S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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4 Administrativo de Antioquia y que, en consecuencia, e l estudio en dicha instancia debía orientarse a determinar si se configuró la excepción de cosa juzgada.

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4 Administrativo de Antioquia y que, en consecuencia, e l estudio en dicha instancia debía orientarse a determinar si se configuró la excepción de cosa juzgada.

10. Así, al estudiar la referida figura procesal estimó que esta se sí se c onfiguró, toda vez que se acreditó la identidad de los tres presupuestos fr ente a la Nación , Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional, en la medida en que:

(i) las partes eran las mismas;

(ii) el objeto e ra el mismo, pues en el proceso con radicado 2012 -00383 se resolvió de fondo acerca de la responsabilida d de estas entidades por las lesiones padecidas por el demandante, señor Arcadio Restrepo Arce, cuando se encontraba desarrollando labores de erradicación manual de cultivos ilícitos y;

(iii) la causa era la misma, pues, los hechos que motivaron las dos a cciones y que ordenaron la vinculación de estas demandadas, eran idénticos.

11. En ese orden de ideas, el tribunal accionado adujo que estudiaría únicamente la responsabilidad administrativa de la Agencia de Renovación del Territorio y Empleamos S.A., en la medida en que constituyeron personas jurídicas diferentes y frente a las cuales no existió pronunciamiento alguno. Esto, en la medida que no hicieron parte del proceso 2012-00383-00.

12. Frente al punto , la judicatura demandada evidenció que se encontr aba comprometida la responsabilidad de estas dos entidades puesto que les correspondía garantizar que, de vincularse un indígena a dicho programa se le estuvieran respetando sus derechos fundamentales, en especial el derecho a

comprometida la responsabilidad de estas dos entidades puesto que les correspondía garantizar que, de vincularse un indígena a dicho programa se le estuvieran respetando sus derechos fundamentales, en especial el derecho a conocer los riesgos que estab a asumiendo al desplegar dicha labor, por lo cual él debía contar con un intérprete en su lengua o cerciorarse de que conocía y comprendía el acuerdo suscrito; esto, en atención al enfoque diferencial que se debe dar a los miembros de las comunidades indíg enas que no siempre comprenden el español o se encuentran alfabetizadas.

13. Concluyó que, de conformidad con las normas y el precedente 3 aplicable al caso concreto, tanto la Agencia de Renovación del Territorio como la empresa Empleamos S.A. incurrieron en falla al deber de protección y reconocimiento de los derechos de la población indígena, en la vinculación de la víctima al proceso de erradicación manual de cultivos ilícitos, en el cual se concretó un riesgo asociado a dicha labor y se produjo un daño al demandante.

1.3. Fundamentos de la solicitud

14. El actor indicó que la autoridad accionada incurrió en los siguientes defectos:

responsabilidad patrimonial del Estado derivada de daños causados por minas antipersonales a civiles que desarrollan actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos, sin trasladar la asunción del riesgo al señor Arcadio Restrepo Arce en virtud del contrato laboral que suscribió con Empleamos S.A. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.» 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21.11.201, Radicación 50001Empleamos S.A. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.» 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21.11.201, Radicación 5000123-31-000-2007-00322-01(47628).Demandante: Empleamos S.A.

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15. Defecto fáctico: Adujo que conforme al material probatorio que obra en el expediente, no está demostrado, no existe p rueba, ni manifestación de que el señor Arcadio Restrepo Arce no comprendiera, hablara, escribiera y leyera el idioma español . E l tribunal demandado a partir de suposiciones prejuiciosas y discriminatorias llega a la errada conclusión de que aquel no estab a en capacidad de comprender el idioma y le da una connotación de inferioridad por la sola circunstancia de ser indígena.

16. Adujo que, por el contrario, tanto la prueba documental como la testimonial, como la pericial, dan cuenta de que el señor Restrepo Arce comprendía el idioma, y que, por tanto, no era necesario en su caso concreto un intérprete y documentos en la lengua de la comunidad Embera Katio.

17. Estimó que el tribunal accionado supuso que el señor Restrepo Arce no era conocedor de los riesgos propios de la actividad de erradicación manual, obviando

en la lengua de la comunidad Embera Katio.

17. Estimó que el tribunal accionado supuso que el señor Restrepo Arce no era conocedor de los riesgos propios de la actividad de erradicación manual, obviando lo que se encontraba demostrado en el proceso, a saber, que ya había participado en otras faces de erradicación, como el mismo lo reconoce, y como se encuentra plasmado en la hoja de vida en la c asilla «si» de «ha participado en otras fases de erradicación», además de que las circunstancias de peligrosidad de la actividad era un hecho notorio, «más para el señor ARCADIO RESTREPO ARCE dado el sector donde vivía, y recibió capacitación respecto a los riesgos propios de la actividad».

18. Defecto sustantivo: Adujo que es una persona jurídica de derecho privado, por tanto, no le era aplicable el régimen de responsabilidad de las entidades públicas, que se rige por el articulo 90 de la Constitución y e l régimen subjetivo de responsabilidad cuyo título de imputación es la falla del servicio y el régimen objetivo de responsabilidad, cuyos títulos de imputación son el daño especial y el riesgo excepcional.

19. En ese orden de ideas, estimó que debe ser j uzgado bajo el derecho laboral privado, régimen natural al que pertenece la controversia pues se desprende del contrato de trabajo con Arcadio Restrepo Arce.

20. Falta de motivación: Ya que el tribunal demandado no fue claro, ni explic ó suficientemente a partir de que fuentes de derecho y fácticas traslada la responsabilidad fundamentada en el riesgo de la política pública de erradicación manual de cultivos ilícitos a una persona jurídica particular que se limitaba a

suficientemente a partir de que fuentes de derecho y fácticas traslada la responsabilidad fundamentada en el riesgo de la política pública de erradicación manual de cultivos ilícitos a una persona jurídica particular que se limitaba a suministrar personal y ocuparse de sus prestaciones laborales. Tampoco están plasmadas en el fallo la razones que llevaron al tribunal a tener por demostrado que empleamos incumplió las exigencias del contrato o no cumplió en debida forma con los parámetros definidos por la entidad contratante , y el nexo causal entre esa circunstancia y el daño.Demandante: Empleamos S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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21. Violación al derecho de igualdad 4: No se tuvieron en cuenta otros procesos tramitadas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera en los cuales se determinó que la responsabili dad de manera exclusiva era de la entidad que debían garantizar la seguridad de los erradicadores, pues todos ellos tenían conocimiento del riesgo que asumían y que Empleamos como directo empleador, solo tenía a cargo el cumplimiento de las obligaciones la borales y de seguridad social, que, por cierto, en todos los casos fueron cumplidas a cabalidad.

Al respecto, citó las siguientes providencias:

-11001333603620140017500. -11001333603220150030500 -11001333672220140001900. -11001333603320140027500.

Al respecto, citó las siguientes providencias:

-11001333603620140017500. -11001333603220150030500 -11001333672220140001900. -11001333603320140027500. -11001333671520140020800. -11001333603120140025200. -11001333603720130050400. -11001333603220150012500.

1.4. Trámite de la acción de tutela

22. Mediante auto del 26 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación a la parte act ora, así como a Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B como autoridad judicial accionada.

23. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico , al Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Departamento para la Prosperidad Social, Agencia de Renovación del Territorio - ART, a la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, a la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional, Policía Nacional y al M inisterio del Interior; así como a los señores Arcadio Restrepo Arce, Rosalba Velázquez

Vicuña, Luis Restrepo Velásquez, Nathalia Restrepo Velásquez, Marina Restrepo Velásquez, Sandra Restrepo Velásquez y Juan Carlos Restrepo Velásquez, quienes hicieron parte del proceso de reparación directa.

24. Por último, negó la medida de suspensión provisional solicitada 5 al no resultar necesaria, puesto que no se arrimó alguna prueba que evidenciara la configuración de un perjuicio irremediable en esa instancia.

24. Por último, negó la medida de suspensión provisional solicitada 5 al no resultar necesaria, puesto que no se arrimó alguna prueba que evidenciara la configuración de un perjuicio irremediable en esa instancia.

4 Si bien en su escrito de tutela Empleamos S.A. denominó este defecto como un desconocimiento del precedente, lo cierto es que será analizado como una violación al principio de igualdad, ya que la sociedad accionante alegó que dichas providencias fueron p roferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y que su juicio falló dichos casos de manera distinta, a pesar de tener similares supuestos fácticos y jurídicos a su caso concreto. 5 (…) se suspendan, hasta el fallo de segunda ins tancia de la presente acción, los efectos vinculantes y la ejecut ividad de la sentencia proferida en el medio de control con Rad. 11001333603120140028302 el 2 de junio de 2023, notificada el 30 de junio de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Suárez Vega.Demandante: Empleamos S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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7 1.5. Intervenciones

25. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias

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7 1.5. Intervenciones

25. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente, se present aron las siguientes

contestaciones:

1.5.1. Departamento de Prosperidad Social

26. Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva ya que durante el desarrollo de la audiencia inicial llevada a cabo el 16 de junio de 2017 dentro del referido proceso, se tuvo por culminada su intervención en el proceso , ante la ocurrencia del fenómeno jurídico de la sucesión procesal y por tanto se continuó con la representación del extremo pasivo a la Agencia de Renovación del

Territorio.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

27. Solicitó negar las pretensio nes de la demanda , pues la sentencia acusada explicó de manera razonable el porqué de la responsabilidad solidaria de la sociedad accionante.

28. Esgrimió que en el presente caso la responsabilidad del Estado surgió en relación con la Agencia de Renovaci ón del Territorio y de la sociedad Empleamos

S. A. por la falta de coordinación de sus competencias en la ejecución de la política de erradicación de cultivos ilícitos, dado que ejercieron sus funciones de manera negligente y desconocieron el derecho de las poblaciones indígenas.

29. Igualmente, por el desconocimiento de los convenios de la OIT, en especial de la disposición de adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, con el fin de darles a conocer sus derechos y obl igaciones,

29. Igualmente, por el desconocimiento de los convenios de la OIT, en especial de la disposición de adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, con el fin de darles a conocer sus derechos y obl igaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales.

1.5.3. Ministerio del Interior

30. Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no ha existido relación o vinculación alguna con la accionante, ni obra prueba de solicitudes radicadas ante dicha cartera ministerial por parte de la entidad accionante.

1.5.4. Policía Nacional

31. Requirió negar las pretensiones de la demanda o en su defecto, declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva , toda vez que no existió una trasgresión de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante desde un punto de vista probatorio donde la Policía Nacional deba resarcir . Lo anterior, toda vez que el tribunal accionado concluyó de manera razonable que seDemandante: Empleamos S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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8 configuró la figura de cosa juzgada respecto de las demandadas Nación , Ministerio de Defensa , Ejército Nacional y Policía Nacional, en el marco del proceso 2012-00383-00.

8 configuró la figura de cosa juzgada respecto de las demandadas Nación , Ministerio de Defensa , Ejército Nacional y Policía Nacional, en el marco del proceso 2012-00383-00.

32. Así las cosas, concluyó que el cuerpo colegiado fue claro en indicar cuáles eran las autoridades responsables de lo pretendido, sin encontrarse nexo de causalidad de algún daño antijurídico por acción u omisión que se materializara por parte de la Policía Nacional.

33. Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe de fondo frente al asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por Empleamos S.A., de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 .° del Decreto 333 de 2021.

35. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B por tanto, debe aplicarse el numeral 5 .° de la referida norma . Igualmente, este despacho como integrante de la Sección Qu inta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, es competente para pronunciarse sobre la admisión de la demanda de tutela, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del Código General del Proceso, aplicable al trámite del vocativo de la referencia por la remisión

Consejo de Estado, es competente para pronunciarse sobre la admisión de la demanda de tutela, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del Código General del Proceso, aplicable al trámite del vocativo de la referencia por la remisión establecida en el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015.

2.2. Solicitud de desvinculación

36. Se tiene que el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

37. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que su s vinculaciones se hicieron debido a que fueron las entidades demandadas e hicieron parte de dicho proceso, y en tal sentido, su comparecencia al presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste.

2.3. Problema jurídicoDemandante: Empleamos S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-04870-00

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38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

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38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

39. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales al «debido proceso, acceso a la administración de justicia, legalidad, principio de confianza legítima » con ocasión de la sentencia del 2 de junio de 2023, que revocó la providencia del a quo, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda y declarar administrativamente responsable a Empleamos S.A?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional d e la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas dive rsas sobre el tema7 y declaró su procedencia.8

20126 unificó la diversidad de criterios que esta Co