CE - 010315000202304881001SENTENCIA20231017172038

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04881-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: CARMEN OLIMPIA CASTELLANOS GONZÁLEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE CUESTIONAR UNA

DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN

RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE

LEGALIDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN ADEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04881-00

Actora: CARMEN OLIMPIA CASTELLANOS GONZÁLEZ

1 En adelante el Tribunal.2

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Actora: CARMEN OLIMPIA CASTELLANOS GONZÁLEZ

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La señora CARMEN OLIMPIA CASTELLANOS GONZÁLEZ , actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al proferir en segunda instancia la sentencia de 23 de febrero de 2023, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-034-2015-00530-01.

I.2. Hechos

Manifestó que en el año 2002 promovió demanda ejecutiva singular contra el señor ALVARO CORONADO BLANCO , con el fin de obtener el pago del derecho de crédito contenido en dos (2) letras de cambio, junto con los intereses moratorios a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que se acreditara el pago total.

Aseguró que en primera instancia la actuación fue c onocida por el JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 2 que, mediante providencia de 8 de marzo de 200 4, dispuso seguir adelante la

Aseguró que en primera instancia la actuación fue c onocida por el JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 2 que, mediante providencia de 8 de marzo de 200 4, dispuso seguir adelante la

2 En adelante el Juzgado Civil.3

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ejecución conforme lo dispuesto en el mandamiento de pago, liquidando los intereses a la tasa vigente al momento de la liquidación. Asimismo, ordenó la liquidación del crédito y decretó el embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes del ejecutado.

Adujo que mediante auto de 31 de mayo de 2004 el JUZGADO CIVIL decretó el embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres y/o semovientes ubicados en la finca “Santa Cecilia” vereda la victoria del Municipio de Sasaima de propiedad del demandado , para lo cual, se comisionó al JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMA con todas las facultades del caso, incluso la de designar secuestre.

Afirmó que el 24 de noviembre de 2004 el JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMA practicó la diligencia de embargo y secuestro y designó como secuestre al señor GIOVANY ALDANA

Afirmó que el 24 de noviembre de 2004 el JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMA practicó la diligencia de embargo y secuestro y designó como secuestre al señor GIOVANY ALDANA MARROQUÍN a quien se le confirió la custodia y cuidado de dos (2) lotes de semovientes , de conformidad a las especificaciones consignadas en el acta de secuestro.

Señaló que el auxiliar de la justicia incumplió los deberes a su cargo e incurrió en actuaciones y omisiones relacionadas con el manejo de los recursos económicos derivados de las ventas de los semovientes4

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y la producción de la leche que producía el hato bajo su custodia.

Asimismo, manifestó q ue el auxiliar de la justicia no entregó informes, no rindió las cuentas mensuales de su gestión y no consignó los dineros producto de las ventas efectuadas bajo su administración, circunstancias que no fueron objeto de vigilancia y control por parte del JUZGADO CIVIL.

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra l a NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 3 con el objetivo de obtener el reconocimiento de los perjuicios irrogados

reparación directa contra l a NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 3 con el objetivo de obtener el reconocimiento de los perjuicios irrogados por la presunta falla en el servicio de justicia.

Aseguró que la actuación judicial le correspondió por reparto a l JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 4 que, mediante sentencia de 31 de octubre de 201 8, declaró administrativamente responsable a la RAMA JUDICIAL y, en consecuencia, la condenó a indemnizar los perjuicios materiales causados a la actora.

3 En adelante la Rama Judicial. 4 En adelante el Juzgado.5

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Arguyó que contra dicha decisión las partes presentaron recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 23 de febrero de 2023, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al encontrar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la providencia proferida por el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico, al proferir la decisión sin el soporte probatorio que le permitiera inferir la exoneración de responsabilidad del Estado, en

Afirmó que la providencia proferida por el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico, al proferir la decisión sin el soporte probatorio que le permitiera inferir la exoneración de responsabilidad del Estado, en tanto no se logró probar un comportamiento negligente o descuidado durante el transcurso del trámite judicial

Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en falta de motivación, a su juicio, los argumentos desarrollados en la decisión son insuficientes y carecen de valoración probatoria , por cuanto el operador judicial ignoró las medidas judiciales que agotó su apoderado a fin de evitar el daño antijuridico deprecado.

Finalmente, aseguró que la decisión cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial relacionado con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en6

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particular, con las acciones y omisiones de los auxiliares de la justicia, a su juicio, […] si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deseaba apartarse del precedente debía justificar aquello debidamente. Sin embargo, queda en evidencia la ausencia de motivación a la que se hiciera referencia previamente, tanto en el sentido de no apoyar su razonamiento en norma alguna, diferente a la enunciación de la norma que contempla el desistimiento […].

de motivación a la que se hiciera referencia previamente, tanto en el sentido de no apoyar su razonamiento en norma alguna, diferente a la enunciación de la norma que contempla el desistimiento […].

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: TUTELAR a favor de la señora CARMEN OLIMPIA CASTELLANOS los derechos fundamentales al: DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CONEXIDAD AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD , toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A, en sentencia del 23 de febrero de 2023 incurrió en un defecto fáctico, tomó una decisión sin motiva ción y desconoció el precedente judicial, así como se sustentó en el acápite anterior.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 23 de febrero de 2023, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A, dentro del medio de control de reparación directa 2015-00530.

TERCERO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A, que, en el término de esta providencia, profiera nueva sentencia dentro del medio de control de reparación directa 2015-00530, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre esa litis […]”. (Negrilla pertenece al texto).7

del medio de control de reparación directa 2015-00530, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre esa litis […]”. (Negrilla pertenece al texto).7

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL afirmó que la providencia cuestionada no omitió la valoración de las pruebas y, por el contrario, gracias al estudio razonado del material probatorio se logró concluir la configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Asimismo, manifestó que los argumentos que sustentan la sentencia de segunda instancia se encuentran respaldados en las normas que abordan el desistimiento tácito, en ese sentido, no podría endilgársele la configuración de un defectuoso funcionamiento a la administración de justicia.

Finalmente, resaltó que los cargos formulados en la acción de tutela no se refieren a la vulneración de derechos fundamentales, sino que pretenden establecer una tercera instancia con el fin de controvertir el análisis probatorio y, las motivaciones de la decisión en ejercicio de la autonomía e independencia del juez.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La RAMA JUDICIAL , vinculada en calidad de tercera con8

el análisis probatorio y, las motivaciones de la decisión en ejercicio de la autonomía e independencia del juez.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La RAMA JUDICIAL , vinculada en calidad de tercera con8

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interés directo en las resultas del proceso, manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por inexistencia de las causales de procedencia contra providencia judicial, a su juicio, no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales deprecados, pues la decisión judicial fue proferida en ejercicio de la autonomía judicial.

Asimismo, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los derechos invocados como vulnerados no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que la entidad debe ser excluida del trámite constitucional.

I.6.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercer o con interés directo en las resultas del proceso, aseguró que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados, pues la decisión de primera instancia fue debidamente sustentada conforme al material probatorio obrante en el expediente.

Recalcó que […] la acción de tutela no se puede convertir en una tercera instancia vulnerando la independencia del juez quien actúa

primera instancia fue debidamente sustentada conforme al material probatorio obrante en el expediente.

Recalcó que […] la acción de tutela no se puede convertir en una tercera instancia vulnerando la independencia del juez quien actúa dentro del principio de legalidad, así como tampoco un medio para revivir términos, pues esto provocaría inestabilidad en la seguridad jurídica […].9

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al plante amiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que l a NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que l a NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL solicitó ser10

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desvinculada de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subj etiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de

es una calidad subj etiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).11

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Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL actuó como parte demandada dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-0342015-00530-01, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a la entidad, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009 -01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),12

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en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de uni ficación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de uni ficación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no13

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tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde defi nir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juz gada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable ta nto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la14

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decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección

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decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de l os derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revis ión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contrad icción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela p rocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido15

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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 23 de febrero de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó la decisión del JUZGADO y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda al encontrar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima , dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-034-2015-00530-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, en falta de motivación y en desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico, al proferir la decisión sin el soporte probatorio que le permitiera inferir la exoneración de responsabilidad del Estado, en tanto no se logró probar un comportamiento negligente o descuidado durante el transcurso del trámite judicial.16

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Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en falta de motivación, por cuanto, a su juicio, los argumentos desarrollados en la decisión son insuficientes y carecen de valo ración probatoria, toda vez que el operador judicial ignoró las medidas judiciales que agotó su apoderado con el fin de evitar el daño antijuridico deprecado.

Finalmente, aseguró que la decisión cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente juri sprudencial, relacionado con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en particular, con las acciones y omisiones de los auxiliares de la justicia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados, al haber profer ido la sentencia de 23 de febrero de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04881-00

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especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explica