CE - 010315000202304905001SENTENCIA20231006155245

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Demandante: ROMÁN ENRIQUE TORRES REDONDO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

“B”

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Mora judicial en trámite de recurso de apelación presentado contra auto que ordenó el decret o de medidas cautelares en un proceso ejecutivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Se cción Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Román Enrique Torres Redondo 1 , quien actúa en nombre propio, contra el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección “B”, en la que pide el amparo constituciona l de su s derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital , igualdad, vida digna, petición y reparación integral , los cuales considera vulnerados por la tardanza en resolver el recurso de apelación

pide el amparo constituciona l de su s derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital , igualdad, vida digna, petición y reparación integral , los cuales considera vulnerados por la tardanza en resolver el recurso de apelación formulado contra auto de 27 de julio de 2022 que decretó medidas cautelares en el marco del proceso ejecutivo iniciado contra la Fiscal ía General de la Nación (radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-01).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que promovió demanda ejecutiva contra la Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de obtener el pago de la condena dec larada en la sentencia de 6 de mayo de 2010 dictada en un proceso de reparación directa, por concepto de la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el 16 de julio de 2003.

Señaló que el proce so se encuentra en trámite de segunda instancia en la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado 2 , para resolver el recurso de apelación promovido por la ejecutada contra el auto 27 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el que decretó medidas cautelares.

Por últ imo, afirmó que el 27 de junio de 2023 , la Fiscalía Gener al de la Nación solicitó que se decretara la terminación del proceso por pago total de la ob ligación y que se or denara la entre ga de los respectivos títulos a su favor. No obstante, manifestó que a la fecha de presentación de la demanda no se había proferido la

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y que se or denara la entre ga de los respectivos títulos a su favor. No obstante, manifestó que a la fecha de presentación de la demanda no se había proferido la

1 Presentada a través de correo electrónico el 8 de septiembre de 2023. 2 M.P. Fredy Ibarra Martínez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

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respectiva providencia de terminación de proceso , por lo que no se había ordenado la entrega del título judicial a su favor.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proce so, mínimo vital , igualdad, vida digna, petición y reparación integral, los cuales considera vulnerados por la tardanza en resolver el recurso de apelación promovido contra el auto de 27 de julio de 2022 que decretó medidas cautel ares dentro del proceso ej ecutivo promovido contra la Fiscal ía General de la Nación con radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-01.

Como argumentos de la demanda se refirió al alcance del derecho a la reparación integral establecido por la C orte Constitucional en la sentencia T -025 de 2004, de la cual transcribió algunos de sus apartes que hacen referencia a la protección de las víctimas de desplazamiento forzado.

De igual modo, adujo que se cumple el presupuesto de la subsidiariedad porque

la cual transcribió algunos de sus apartes que hacen referencia a la protección de las víctimas de desplazamiento forzado.

De igual modo, adujo que se cumple el presupuesto de la subsidiariedad porque no e xiste otro mecanism o de defensa judicial para exigir a la autoridad judicial accionada que decrete la terminación del proceso por pago total de la obligación y remita el expedie nte al Tribunal Administrativo de Bolívar para que proceda a la entrega de los títulos judiciales y, de esta manera, recibir el dinero correspondiente a la indemnización de perjuicios derivados de la priv ación injusta de la libertad de la que fue objeto el 16 de julio de 2003.

Finalmente, afirmó que es un sujeto de especial protección constituciona l, en razón a su edad -71 años -, a lo que agregó que es v íctima de des plazamiento forzado.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Tutelar mis Derechos Constit ucionales Fundamentales [al] Mínimo Vital, Igualdad, a la Vida en Condiciones Dignas, Petició n, Debido Proceso y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado.

2. Ordenar a la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, Magistrado Ponente FREDY HERNANDO IBARRA MAR TINEZ que proceda dentro las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la terminación de la actuación de segunda instancia que cursa en su despacho, para poder hacer efectivo el título ejecutivo que no se ha podido recibir por estar este trámite pendiente y se comunique para el efecto al Tribunal

Administrativo de Bolívar”.

4. Pruebas relevantes

cursa en su despacho, para poder hacer efectivo el título ejecutivo que no se ha podido recibir por estar este trámite pendiente y se comunique para el efecto al Tribunal Administrativo de Bolívar”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la so licitud de terminación de p roceso por pago total de la obligación formula da por la Fiscal ía General de la Nación dentro del proceso con radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-01.

5. Trámite procesal

Por auto de 11 de septiembre de 202 3, la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a los señores Camilo Román Torres Catalán, Adriana Cristin a Torres Catalán, Alicia Torres Catalán, María del Carmen Torres Catalán, María Fernanda Torres Navarro, Natalia Carolina Torres Catalán y Neris del Carmen Catalán Potes, como terceros interesados en el resultado del proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

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Del mismo modo, ordenó oficia r al Consejo de Estado , Sección Tercera – Subsección “B” y al Tribunal Administrativo de Bolívar, en el evento de que el expediente hubiera sido devuelto, para que alle gara copia digitalizada del proceso No. 13001 -23-33-000-2020-00111-00, demand ante: Román Enrique Torres

expediente hubiera sido devuelto, para que alle gara copia digitalizada del proceso No. 13001 -23-33-000-2020-00111-00, demand ante: Román Enrique Torres Redondo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 98666 a 98672 de 14 de septiembre de 2023 3 con el fin de notificar a las partes.

El expediente ingresó al despacho para fallo el 26 de septiembre de 2023.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El magistrado sustanciador del proceso objeto de la presente acción constitucional rindió informe, en los siguientes términos:

Señaló que el expediente ingresó al despacho el 29 de marzo de 2023 para resolver el recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto devolutivo. Por lo tanto, destacó que las órdenes impartidas por el juez de primera instancia son de obligatorio e inmediato cumplimiento , sin perjuicio de lo que decida el juez de segunda instancia . Por lo tanto , el demandante no se encuentra impedido para seguir adelante con el proceso ejecutivo, pues la decisión del recurso de apelación de las medidas cautelares no le impide continuar con las diligencias.

En ese ord en, señaló q ue el recurso de apelación promovido por la parte ejecutada será decidido en Sala de Decisión programada para el 19 de octubre de 2023.

Por último, pidió que se declare improcedente la acción de tutela y que en caso de que se aborde un estudi o de fondo se nieguen las pretensiones de la demanda , teniendo en cuenta que no existe mora judicial y no se han vulnerado los derechos

Por último, pidió que se declare improcedente la acción de tutela y que en caso de que se aborde un estudi o de fondo se nieguen las pretensiones de la demanda , teniendo en cuenta que no existe mora judicial y no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado sustanciador del proceso ejecutivo objeto de tutela rindió informe sobre los hechos y las pretensiones de la demanda.

Informó que por auto de 18 de agos to de 2021 se libró mandamiento de pago e n favor de la parte demandante, el cual fue corre gido en proveído de 9 de septiembre del mismo año.

Asimismo, señaló que por auto de 27 de julio d e 2022 se decretó la medi da cautelar de embargo y secuestro contra la entidad ejecutada, la cual interpuso recurso de apelación contra esa providencia por medio de escrito radicado el 2 de agosto de esa anualidad, el cual fue concedido en el efecto devolutivo por medio de auto de 19 de diciembre d e 2022. Agregó que, posteriormente, solicitó que se decretara la terminación del proceso por pago total de la obligación.

3 La parte accionante, la autoridad judicia l dem andada y los terceros interesados fueron not ificados a las siguientes direcciones de correo ele ctrónico: camilotorrescatalan@gmail.com, notiffibarra@consejodeestado.gov.co, notiftutelas3@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, camilotorrescatalan@gmail.com,

notiffibarra@consejodeestado.gov.co, notiftutelas3@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, camilotorrescatalan@gmail.com, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, ces3secr@consejodeestado.gov.co, stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co. .Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

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Manifestó que el 22 de junio de 2023, el señor Camilo Román Torres Catalán pidió que se ordenara la entrega del título judicial correspondiente al depósito que hi zo la Fiscalía General de la Nación a su favor, y que desde el 15 de sept iembre del año en curso el expediente ingresó al despacho para resolver ambas solicitudes.

Señaló que las etapas procesales se han agotado dentro de los plazos razonables que la carga laboral del despacho ha permitido y atendiendo las consideraciones de complejidad del presente asunto, as í co mo la conducta procesal de splegada por los sujetos procesales y que , además, debe te nerse en cuenta el trámite preferencial de las acciones constitucionales que ha tenido que atender durante el tiempo en que se surtió el trámite del asunto.

Finalmente, pidió q ue se n ieguen las pretensiones d e la de manda teniendo en cuenta que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.

tiempo en que se surtió el trámite del asunto.

Finalmente, pidió q ue se n ieguen las pretensiones d e la de manda teniendo en cuenta que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.

6.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

Quien ocupa el cargo de pro fesional especializ ada de la Direcc ión de Asunt os Jurídicos de la entidad pidió que se desvincule del trámite constitucional, teniendo en cuenta que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia en las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento int erno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competent e para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con el escrito de tutela y los info rmes rendidos en este trámite constitucional, l e corresponde a la Sala determinar si la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado incurrió en mora judicial injustificada por la tardanza en resolver el recurso de ap elación presentado por la parte ejecutada contra el auto de 27 de julio de 2022 dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-00, y si se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

3. De la mora judicial

13001-23-33-000-2020-00111-00, y si se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

3. De la mora judicial

La mora judic ial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del juez en resolver sobre un determinado asunto que c onoce dentro de un proceso judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los té rminos de ley y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo para el acceso a la administración de justicia4.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T -1154 de 2001 5, indicó que “a fin de que proced a la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un pro ceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encue ntre ante un perjuicio irremediable. Así

4 Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 201200052-01(AC). 5

M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

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entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e ineludibles", tales como, el exceso de traba jo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley”.

Ello significa que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ella debe ser injustificada, además de estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia e s célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles, no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial.

No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso analizar la razonabilidad del plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

Por otra parte, la Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los medios que las circunstancias

estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo6.

Reiterando el anterior precedente, la Sala Plen a de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 20167, indicó que la acción de tutela es procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo en cuenta que, en estos casos, es posibl e que el derech o a un deb ido proceso se lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede materializarse un daño que genere perjuici os no subsanables 8. La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incu mplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y , (iii) la tardanza sea imputable a la falt a de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial9.

La Corte Cons titucional se a poyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 10, en la que se establecieron criterios objetivos para determi nar bajo qué circunstancias se configura la violación al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), consagra en su artículo 8.1 (garantías judi ciales) el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), consagra en su artículo 8.1 (garantías judi ciales) el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1 en el que se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.

6

Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

7 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. 9 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 10 Caso Genie La cayo vs Ni caragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, ( Fondo, Reparaciones y Costas ); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argen tina, sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

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La Corte ID H interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso Genie Lacayo contra Nicaragua11, donde retomó la postura de la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del p lazo debía valorarse atendiendo los siguien tes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”12

Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia 13, en el cual se agregó un último criterio para determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona i nvolucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia”.

En conclusión, para identificar si la a utoridad judicial incurre en mora judicial, se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la tardanza, tales como la existencia de motivos r azonables que justifiquen la dilación, la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fa llar no configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

sobrepasar los términos legales dispuestos para fa llar no configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Román Enrique Torres Redondo presentó acción de tutela con el objeto de que se am paren los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad, vida digna, petición y reparación integ ral, los cuales co nsidera vulnerados por la tardanza en resolver el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada contra el auto de 27 de julio de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el marco del proceso ej ecutivo con radicado No. 13001-23-33-000-2020-00111-01.

Agregó que por oficio de 22 de junio de 2023 , la Fiscalía General de la N ación pidió que se ordenara la terminación del proceso por pago total de la obligación, y en consonancia con lo anterior, la parte ejecutante solicitó la entrega de los títulos judiciales correspondientes al deposito efectuado por dicha entidad.

No obstante, señaló que las anteriores peticiones no pueden resolverse hasta que el Co nsejo de Estado, Secci ón Tercera, Subsección “B”, resuelva el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada contra el auto de 27 de julio de 2022 que decretó medidas caut elares, y se dispon ga la devolución del expedie nte al tribunal de origen.

La autoridad judicial accionada en la contestación de la acción de tutela informó que el proceso ejecutivo ingresó al despacho el 29 de marzo de 2023 para

tribunal de origen.

La autoridad judicial accionada en la contestación de la acción de tutela informó que el proceso ejecutivo ingresó al despacho el 29 de marzo de 2023 para resolver el recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto devolutivo, por lo tanto, las órdenes impartid as por el juez de primera instancia son de obligatorio e inmediato cumplimiento, sin perjuicio de lo que decida el superior funcional.

Por lo tanto , adujo q ue el demandante no se encuentra impedido para s eguir adelante con el proceso ejecutivo, pues la decisión del recurso de apelación de las medidas cautelares no le impi de al Tribunal Administrativo de Bolívar continuar con las diligencias. Agregó que la resolución del recurso de apelación será llevada a Sala de Decisión programada para el 19 de octubre de 2023.

11 Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77. 12 Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta Vs Ital ia, sentencia de 19 d e febrero de 1991, Series A Nº 195 -A, párrafo 30; Caso Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº 262, párrafo 30. 13 Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

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Actor: Román Enrique Torres Redondo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

4.2. En el asunto bajo examen, la Sala observa que si bien ha existido t ardanza por l a autoridad judicial accionada en la resolución del recurso de a pelación formulado por la parte ejecutada contra el auto que decretó medidas cautel ares, en tanto el expediente ingresó al despacho el 29 de marzo de 2023, por lo que han transcurrido seis meses aproximadamente a la presentación de la acción de tutela, ese plazo atiende a la noción de plazo r azonable, conforme se explic ó su alcance en las consideraciones jurídicas de esta decisión.

Al respecto, es preciso mencionar que el artículo 244 de la Le y 1437 de 2011 no establece un término para resolver el recurso d e apelación de autos. En efecto, el numeral 4 de dicha disposición dispone que “Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano”.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado 14, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte IDH 15 y la Corte Constitucional 16 , ha expresado que para analizar la configuración de la mora judicial injustificada, se debe revisar no solo la tardanza en emitir la decisión , sino también otros aspectos tales com o: la complejidad del asunto, la actividad pr ocesal de l interesado, la conducta de las autori dades judiciales y la congestión judicial.

Al respecto, en la sentencia SU-179 de 20 21 17

asunto, la actividad pr ocesal de l interesado, la conducta de las autori dades judiciales y la congestión judicial.

Al respecto, en la sentencia SU-179 de 20 21 17 la Corte Constitucional se refirió a la noción de mora judicial justificada o injustificada y señaló que, el primer evento, se puede presentar por el v olumen de trabajo o la congest ión judicial . En ese sentido, expresó lo siguiente:

“En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que es dado afirmar que existe mora judicial injustificada o indebida, cuando quiera que se ac redite que el juez no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera rei terada, ha sostenido que la dilación injustificada que viola los derechos fundamentales al debi do proceso y al acceso a la administración de justicia, se configura cuando está demostrado que “(i) se presenta un incump limiento de los p lazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo ; y (iii) la tardanza es impu table a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial”.

De igual modo, señaló que en el evento en que se acredite “el incumplimiento de términos previstos en normas procesales a causa de la congestión ju dicial, en tanto se basa en una situación estructural y objetiva, no comporta una violación al derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Por ello, la decisión a adoptar consiste en negar la violación de los derechos mencionados ,

tanto se basa en una situación estructural y objetiva, no comporta una violación al derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Por ello, la decisión a adoptar consiste en negar la violación de los derechos mencionados , sometiendo al interesado al sistema de turnos”.

En cualquier caso, en la contestación de la demanda de tutela la autoridad judicial accionada informó que en la Sala de Decisión de 19 de octubre de 2023 abordará el estudio del recurso de apelación, por lo que existe una fecha cierta en la que el asunto será decidido de manera definitiva.

14 Consejo de Estado, Se cción Cuarta, sente ncia de 8 de marzo de 2019, exp. Nº 11001 -03-15-000-201900316-00; sentencia de 5 de febrero de 20 19, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04336-00; sentencia de 21 de junio de 2018, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-00078-00, sentencia de 14 de junio de 2018, 11001-03-15-0002017-03278-00; sentencia de 17 de agosto de 2017 , e xp. Nº 11001 -03-15-000-2017-00571-00, C .P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 15 Caso Genie Lacayo vs Ni caragua, Sentencia de 2 9 de enero de 1997, ( Fondo, Reparaciones y Costas ); Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 200 8 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kaw as Fernánd ez vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparacione s y

Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 200 8 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kaw as Fernánd ez vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparacione s y Costas); Caso Mémoli vs Argentina, sentencia de 22 de agos to de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 16 Corte Constitucional, sentencia T186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras. 17 M.P. Alejandro Linares Cantillo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04905-00

Actor: Román Enrique Torres Redondo

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Finalmente, result a oportuno señalar qu e conforme con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 201 1, el recurso de apelación contra los autos que decretan medidas cautelares se concede en el efecto devolutivo que, en los términos del artículo 323 del Código General del Pro ceso, significa que “no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso”.

Entonces, conforme con lo anterior , como lo expresó la autoridad judic ial accionada, el Tribunal Administrativo de Bolívar no pierde la competencia sobre el asunto, pues continúa dándole trámite al proceso y cumple lo decidido en la

Entonces, conforme con lo anterior , como lo expresó la autoridad judic ial accionada, el Tribunal Administrativo de Bolívar no pierde la competencia sobre el asunto, pues continúa dándole trámite al proceso y cumple lo decidido en la providencia recurrida.

En efecto, en el informe rendido por el Tribunal Administrati vo de Bolívar sobre la acción de tutela , puso en conocimiento que el 15 de septiembre de 2023 el expediento ingresó al d espacho para reso lver la solicitud de terminación de proceso por pago total de la obligación formulada el 27 de junio de 2023 por la parte ejecutada, así como l a petición de entrega del título judicia l elevada por el se