CE - 010315000202304942001SENTENCIAFALLO20231120113104

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencia que decide sobre incidente de desacato / Defecto material o sustantivo y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la s olicitud formulada por Andrea Nathalia Romero Figueroa , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Andrea Nathalia Romero Figueroa promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la s providencias proferidas el 14 y 19 de julio de 2023 por el Juzgado

se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la s providencias proferidas el 14 y 19 de julio de 2023 por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia , respectivamente, en el trámite de desacato por incumplimiento de orden de amparo , adelantado en el expediente constitucional identificado con el radicado 05001333301420230012200/01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Albeiro Graciano Martínez instauró solicitud de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas2 con el fin de que se le amparara el derecho fundamental de petición, con ocasión de la falta de resolución a su pretensión de reconoc imiento y pago de una indemnización administrativa como víctima de desplazamiento forzado.

1Ver índice 2 de SAMAI 2 En adelante UARIV2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa ii) Mediante sentencia proferida el 17 de agosto de 2023 el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Decisión contra la cual el act or de tutela interpuso escrito de impugnación.

1. El Tribunal Administrativo de Antioquia a través de sentencia del 5 de junio de 2023 revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, tuteló el derecho fundamental

impugnación.

1. El Tribunal Administrativo de Antioquia a través de sentencia del 5 de junio de 2023 revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, tuteló el derecho fundamental de petición de Albeiro Graciano Martínez y ordenó a la UARIV que, en el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de esa providencia, «brinde una respuesta clara, congruente, completa y de fondo a la solicitud de pago indemnización administrativa radicada el 16 de febrero de 2023 por el accionante».

1. En cumplimiento a lo ordenado, la UARIV inició el trámite para indemnizar a la víctima, sin embargo, no fijó fecha para el pago conforme a la ruta general regulada en la Resolución 01049 de 2019 , lo cual generó que Albeiro Graciano Martínez presentara ante el juzgado de conocimiento escrito de desacato.

1. A través de escrito del 6 de julio de 2023, la UARIV informó que «cuenta con el término de 120 días hábiles que se inicia a contar a partir d 6 de junio de 2023 […], toda vez que, a partir de dicha fecha se realizó la toma de la solicitud de indemnización administrativa a la accionante y se constató que toda la document ación del caso se encuentra completa».

1. Mediante providencia proferida el 14 de julio de 2023 el juez de tutela declaró en desacato a María Patricia Tobón Yagari y a Andrea Nathalia Romero Figuero a, en calidad de directora general y directora de reparaci ón de la UARIV, respectivamente, a la referida orden de amparo, y las sancionó con multa de 1

calidad de directora general y directora de reparaci ón de la UARIV, respectivamente, a la referida orden de amparo, y las sancionó con multa de 1 SMLMV al considerar que no se acreditó el cumplimiento de la orden de amparo.

1. Durante el trámite del grado jurisdiccional de consulta, la UARIV presentó nuevo informe ante el juzgado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que insistió acerca del cumplimiento de la orden de amparo al contar con 120 días para atender la solicitud de fondo.

1. El tribunal de conocimiento, mediante auto del 19 de julio de 2023 resolvió modificar la decisión del a quo en el sentido de sancionar solo a Andrea Nathalia Romero Figuero a, en calidad d e directora de reparaci ón de la UARIV , por el desacato a la pluricitada orden de amparo.

1. El 21 de julio de 2023, la UARIV radicó ante el juzgado constitucional petición de inaplicación de la sanción impuesta, en la que insist ió una vez más acerca de sus argumentos de defensa, la cual fue negada a través de auto del 15 de agosto de 2023.

1. En relación con esa decisión, la demandante considera que la s autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio, al incurrir en defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio, al incurrir en defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política3, por omitir las reglas decisionales contenidas en la SU-034 de 20184 de la Corte Constitucional de cara al material probatorio acreditado al expediente, en el sentido de la facultad de los jueces de tutela para modular «el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa».

Por otra parte, señaló que dejó de ejercer el cargo por el cual fue sancionada, desde el 1 de agosto de 2023, el cual desempeña actualmente Sandra Liliana Alfaro Yara, de conformidad con la Resolución 04951 del 1 de agosto de 2023.

Finalmente, refirió la imposibilidad de entregar una fecha definitiva para el pago de la indemnización, toda vez que «la entrega de las medidas de reparación, atención y asistencia, deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal, por cuanto no es viable jurídicamente, ni materialmente indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, l tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO CATORCE

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – DESVINCULARME DE LA ACCIÓN DE

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO CATORCE

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – DESVINCULARME DE LA ACCIÓN DE TUTELA, en atención a que en la actualidad no ostento el cargo de directora técnica de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, se conformidad con lo enunciado en los párrafos anteriores, fungió como Dirección Técnica Encargada de la Dirección de Reparaciones hasta el primero (01) de agosto de 2023; y en consecuencia INAPLICAR las sanciones impuestas a la suscrita, a través del auto fechado el 14 de julio de 2023 proferido por el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, modificado en auto de fecha 19 de julio de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, consistentes en multa de uno (1) S.M.M.L.V; contra la suscrita.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ANALICE / ESTUDIE la declaratoria de cumplimiento de la providencia de segunda instancia del 05 de junio de 2023, dentro del radicado 05001333301420230012200, en cumplimiento de la Sentencia SU -034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden de realizar la toma de solicitud contenida en la Resolución No. 01049 de 2019.

cumplimiento de la Sentencia SU -034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden de realizar la toma de solicitud contenida en la Resolución No. 01049 de 2019.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA , que

3 Si bien se invocó esta causal, lo cierto es que la motivación coincide con aquella expuesta respecto del desconocimiento del precedente y el defecto fáctico, razón por la cual el estudió del asunto se dirigirá solo en cuanto a estos últimos. 4 Al respecto, citó la sentencia SU -034 de 2018, MP Alberto Rojas Ríos, Expediente T -6.017.539; entre otras.4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias y de arresto, que las mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia,5 si bien allegó el link de consulta del expediente de tutela solicitado, guardó silencio respecto a los hechos de la tutela.

1.2.2. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín 6, luego de referir las actuaciones judiciales adelantadas en el trámite de desacato cuestionado, adujo que en la providencia que se acusada se encuentran los argumentos que la motivaron, por ello, señaló que adoptará las decisiones que sus superiores y el juez de tutela determinen.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa, iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) problema jurídico y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 7 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.2. Cuestión previa

artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 7 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.2. Cuestión previa

Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de

5 Ver índice 8 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_MEMO20230494200P(.pdf) NroActua 8 » 6 Ver índice 12 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEPRUEBAS_ANEXO20230494200(.pdf) NroActua 12» 7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

Por lo anterior y en atención a respecto de la providencia del 14 de julio de 2023, proferida en primera instancia se surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Administrativo del Tolima, que desató el asunto a través del auto del 19 de julio de 2023, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a

proferida en primera instancia se surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Administrativo del Tolima, que desató el asunto a través del auto del 19 de julio de 2023, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es

observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena ,10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 10 Consejo de Estado, S ala Plena de lo Contencios o-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa

Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa Ahora bien, la Corte Constitucional 11 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 12 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.13

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el

sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.13

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La S ala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Andrea Nathalia Romero Figueroa con ocasión de la providencia del 19 de julio de 2023, a través de la cual se confirmó, en lo que a ella se refiere, la declaratoria de desacato a la orden de amparo del 5 de junio de 2023 proferida en favor de Albeiro Graciano Martínez, con lo cual incurrió, presuntamente, en desconocimiento de precedente y defecto fáctico?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

C-590 de 2005. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa Defecto que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,19 tiene una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez», 20 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».21 La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».22

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Desconocimiento del precedente

En cuanto al precedente judicial, es importante recordar que la Corte Constitucional14 lo ha definido como la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al momento de proferir

Constitucional14 lo ha definido como la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al momento de proferir una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica de quienes acuden a la administración de justicia y; ii) el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos cuya función es unificar jurisprudencia, con lo cual se le otorga la «categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto».

En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular, a partir de disposiciones de carácter general, cada situación particular y concreta que se puede presentar al interior de una sociedad, es que surge la necesidad e importancia de reconocer la obligatoriedad del precedente judicial, ya que, cuando la norma no es clara o su construcción gramatical resulta ambigua, es el juez, a partir del análisis de la situación fáctica en estudio y las normas aplicables a esta, quien define cada caso, a partir de la creación de las denominadas reglas de origen judicial15. Es desde esa realidad que el precedente judicial adquiere la categoría de fuente formal de derecho16 que propende por la aplicación uniforme de este, como una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.

una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015. 15 Corte Constitucional, sentencia C -634 de 2011: «[…] n las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica , todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador.» 16 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 20118

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa

Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la lectura del artículo 230 de la Constitución Política, según el cual «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», debe hacerse bajo el entendido que el operador judicial también se encuentra sometido al precedente judicial, en tanto, a través de este es que se determina el contenido y alcance normativo de la ley17. De acuerdo con lo anterior, el concepto « ley» del referido artículo 230, debe ser entendido como el conjunto de normas constitucionales y legales, incluida la interpretación que de estas hacen las autoridades judiciales. Es decir, el carácter vinculante del precedente judicial es un claro desarrollo del principio de legalidad que debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.

interpretación que de estas hacen las autoridades judiciales. Es decir, el carácter vinculante del precedente judicial es un claro desarrollo del principio de legalidad que debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso -administrativo tiene el deber de unificar jurisprudencia al interior de la jurisdicción, de tal manera que las decisiones emitidas por este órgano se constituyen en precedente de obligatorio cumplimiento. Lo anterior cobra especial relevancia, al tratarse de un desarrollo del derecho a la igualdad, que se hace efectivo cuando una situación fáctica y jurídica se define con aplicación de criterios e interpretaciones adoptadas de manera previa en casos análogos, dicho en otras palabras, el derecho a la igualdad se materializa cuando asuntos con situaciones fácticas y problemas jurídicos similares se definen con base en la misma interpretación.

De otra parte, como se ha expuesto en párrafos anteriores, la regla general es la obligatoriedad del precedente proferido por los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción, sin embargo, existen ciertos eventos en los que el juez puede separarse de dicha interpretación, para lo cual la jurisprudencia constitucional18 ha establecido como requisitos: i) el de la transparencia: para lo cual, el juez debe referirse de manera expresa al precedente conforme al cual se han resuelto casos análogos y del cual estima pertinente apartarse y; ii) el de la suficiencia: este exige al operador judicial exponer razones suficientes y válidas que justifiquen un cambio en el precedente, para lo que deberá demostrar que la ratio decidendi avalada por el

del cual estima pertinente apartarse y; ii) el de la suficiencia: este exige al operador judicial exponer razones suficientes y válidas que justifiquen un cambio en el precedente, para lo que deberá demostrar que la ratio decidendi avalada por el órgano de cierre para resolver casos con situaciones jurídicas y fácticas similares «ha perdido vigencia para resolver asuntos futuros, bien sea por el cambio normativo o por la simple transformación social». En consonancia con lo anterior, es claro que , si una autoridad judicial se aparta del precedente sin acreditar el cumplimiento de los mencionados requisitos, la consecuencia es la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso, así como, de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

2.5.4. Caso en concreto

Andrea Nathalia Romero Figueroa acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la

17 Corte Constitucional, sentencia C-539 de 2011 18 Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013 y SU-113 de 20189

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04942-00

Demandante: Andrea Nathalia Romero Figueroa providencia proferida 19 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto la declaró en desacato judicial a la orden de amparo contenida en la sentencia del 5 de junio de 2023, a través de la cual revocó la decisión desfavorable

de primera instancia y, en su lugar, resolvió:

«[…] 2. SE TUTELA el derecho fundamental de petición del señor ALBEIRO GRACIANO

sentencia del 5 de junio de 2023, a través de la cual revocó la decisión desfavorable de primera instancia y, en su lugar, resolvió:

«[…] 2. SE TUTELA el derecho fundamental de petición del señor ALBEIRO GRACIANO MARTÍNEZ el cual está siendo vulnerado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV-.

3. SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIVque en el término improrrogable de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a brindar una respuesta clara, congruente, completa y de fondo a la solicitud de pago de indemnización administrativa radicada el 16 de febrero de 2023 por el accionante.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares que se presentan en este caso la UARIV deberá indicarle al señor ALBEIRO GRACIANO MARTÍNEZ un plazo razonable en el cual tendrán acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa de la cual es beneficiario. […]».

Al respecto, dada la controversia a decidir, en esta oportunidad resulta necesario establecer cada una de las actuaciones adelantadas en el trámite de desacato cuestionado para mayor claridad, así:

• El 29 de junio de 2023 19, Albeiro Graciano Martínez radicó escrito de desacato ante el juez constitucional de conocimiento, «POR INCUMPLIMIENTO DE LA UARIV EN EL FALLO DE TUTELA DE LA REFERENCIA CON RDO: 05001 -33-33-014-2023ante el juez constitucional de conocimiento, «POR INCUMPLIMIENTO DE LA UARIV EN EL FALLO DE TUTELA DE LA REFERENCIA CON RDO: 05001 -33-33-014-202300122-01, DE LA FECHA 5 DE JUNIO DE 2023, […]»

• Mediante auto del 5 de julio de 202320 se dio apertura al trámite incidental en contra de «la doctora MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI, directora de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA, directora de Reparación en ENCARGO de la Unidad Administrativa para la Atención y Rep aración Integral a las Víctimas», y se les requirió para que informaran acerca del cumplimiento otorgado a la referida orden de amparo.

• Previo informe rendido por la UARIV, en el que señaló que «cuenta con el término de 120 días hábiles que se inicia a contar a partir de 6 de junio de 2023 con número de radicado 6277615, toda vez que, a partir de dicha fecha se realizó la toma de la solicitud de indemnización administrativa