CE - 010315000202305000001SENTENCIA20231020152448

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05000-00

Demandante: Juan Carlos González Mejía

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05000-00

Demandante: JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso disciplinario. Falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos González Mejía contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, el señor Juan Carlos González Mejía pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias

apoderado judicial, el señor Juan Carlos González Mejía pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del 20 de abril de 2023 y 22 de junio de 2023 , dictada s, respectivamente, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que sancionaron al señor González Mejía con suspensión de ocho meses, por desconocimiento del deber establecido en el artículo 28, numeral 10 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir de manera culposa en la falta contemplada en el numeral 1o del artículo 37 de esa norma.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: ORDENAR a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CAQUETÁ y a la COMISI ÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL la cesaci ón de la vulneraci ón de los derechos fundamentales del dr. JUAN CARLOS GONZ ÁLEZ MEJÍA al acceso a la administraci ón de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, los cuales fueron transgredidos por el despacho a través de las sentencias proferidas el 20 de abril de 2023 (1a instancia) y el 22 junio de 2023 (2a instancia) respectivamente, en el marco del Proc eso Disciplinario con radicado n úmero 18-001-11-02-001-2020-00133-00.

SEGUNDA: DEJAR sin efectos la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por la COMISI ÓN

18-001-11-02-001-2020-00133-00.

SEGUNDA: DEJAR sin efectos la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por la COMISI ÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CAQUET Á y confirmada mediante sentencia del 22 de junio de 2023 por la COMISI ÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, dentro del Proceso disciplinario con radicado n úmero 18 - 001-11-02-001-2020-00133-00. En consecuencia, ORDENAR a dichas corporaciones judiciales que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificaci ón del fallo, profiera la decisi ón debidamente motivada que en Derecho corresponda.

TERCERA: ORDENAR a la COMISI ÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CAQUET Á ABSOLVER disciplinariamente al abogado JUAN CARLOS GONZ ÁLEZ MEJ ÍA como autor

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responsable de haber incurrido en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 por el desconocimiento del deber establecido en el art ículo 28 numeral 10 ib ídem, por las razones esgrimidas en la presente acción.

3. Hechos

2007 por el desconocimiento del deber establecido en el art ículo 28 numeral 10 ib ídem, por las razones esgrimidas en la presente acción.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Entre el Banco Agrario de Colombia y el señor Juan Carlos González Mejía suscribieron un contrato de prestación de servicios profesionales , cuyo objeto fue el recaudo por vía judicial de la cartera del banco en el departamento de Caquetá . Ese contrato imponía el deber de responder por los procesos en donde , por negligencia del abogado, se decretara el desistimiento tácito o se condenara en costas a la entidad financiera. La vigencia contrato fue del 27 de mayo de 2014 al 12 de junio de 2018.

El 18 de julio de 2019, la apoderada general del Banco Agrario elaboró informe en el que señaló que el señor González Mejía había permitido la declaratoria de desistimiento tácito en varios procesos . E n consecuencia, se presentó queja disciplinaria contra el señor Juan Carlos González Mejía por el incumplimiento de los deberes de abogado en diferentes procesos ejecutivos.

El asunto se adelantó con el número 18001110200120200013300 y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá , por sentencia del 20 de abril de 2023 , sancionó al actor con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de ocho meses, por encontrarlo disciplinariamente responsable de haber desconocido el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales (Art. 10, num 10 de la Ley 1123 de 2007) y la falta a la debida diligencia profesional en la prosecución

meses, por encontrarlo disciplinariamente responsable de haber desconocido el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales (Art. 10, num 10 de la Ley 1123 de 2007) y la falta a la debida diligencia profesional en la prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional (Art. 37, num 1 de la Ley 1123 de 2007).

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá estimó que el actor no cumplió con el deber de notificar el mandamiento de pago dentro del año siguiente a la presentación de la demanda (Art. 94 del CGP), hecho que supuso la prosperidad de la prescripción de acción cambiaria en el proceso ejecutivo 2016 -00069. Q ue, incluso, la notificación del curador ad litem solo tuvo lugar cuando ya había operado la prescripción. Respecto de los demás cargos por los que fue investigado, lo absolvió porque se configuró la prescripción de la acción disciplinaria.

Inconforme con la decisión, el señor González Mejía apeló y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por sentencia del 22 de junio de 2023, (notificada por edicto el 13 de julio de 2023), la confirmó, básicamente por las mismas razones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la s sentencias acusadas incurrieron:

En defecto fáctico, por omisión en la valoración integral del material probatorio, en

judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la s sentencias acusadas incurrieron:

En defecto fáctico, por omisión en la valoración integral del material probatorio, en especial del ítem 99 del proceso disciplinario. Dijo que las autoridades demandadas no tuvieron en cuenta que el señor González Mejía si había impulsado el proceso ejecutivo 2016-00069 antes de que operara la prescripción de la acción cambiaria (30 de julio de 2018) porque intentó la notificación personal del demandado, luego requirió al despacho para que dictara auto emplazatorio y lo publicó, de modo que el 9 de abril de 2018 había concluido el plazo que tenía la parte d emandada para comparecer a notificarse personalmente del auto que libró mandamiento de pago.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05000-00

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Que esa afirmación precisamente encontraba sustento en el ítem 99 del proceso disciplinario en donde había copia del proceso ejecutivo y en el que obraban, entre otros, los siguientes documentos: envío de citación para notificación personal del 1 de septiembre de 2017, memorial de solicitud de emplazamiento del 19 de diciembre de 2017, auto del 25 de enero de 2018 que ordenaba emplazamiento, constancia de publicaciones de emplazamiento del 11 y 13 de marzo de 2018 y constancias secretariales de inicio de término de 15 días para dar por surtido el emplazamiento y del vencimiento del plazo en silencio.

publicaciones de emplazamiento del 11 y 13 de marzo de 2018 y constancias secretariales de inicio de término de 15 días para dar por surtido el emplazamiento y del vencimiento del plazo en silencio.

Que otra cosa es que el juzgado en el que se tramitaba el proceso ejecutivo se hubiera tomado más de 2 meses y 15 días posteriores al emplazamiento para designar curador ad litem.

Que tampoco valor aron los testimonios de Gilma Elizabeth España y Lady Johana Palacio Gaviria que daban cuenta de la existencia de más de 500 procesos a cargo del señor González Mejía y que, debido al número de procesos , era natural que algunos se impulsaran de manera tardía.

Que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá enlistó las pruebas aportadas al proceso disciplinario, pero no hizo una valoración individual ni conjunta de las pruebas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 176 del CGP, que impone una valoración en conjunto de las pruebas y bajo las reglas de la sana crítica.

Que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá sólo tuvieron en cuenta la sentencia del proceso ejecut ivo que declaró la prescripción de la acción cambiaria y que, al hacerlo así, determinaron de manera objetiva la responsabilidad disciplinaria del señor Juan Carlos González Mejía.

5. Trámite procesal

Por auto del 15 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá.

de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notific aciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de septiembre de 20232.

6. Intervenciones

La magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , ponente de la decisión cuestionada , pidió que se declarara improcedente la solicitud amparo. Explicó que el demandante pretende usar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso disciplinario, pues reitera los argumentos que fueron expuestos con el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia.

Además, dijo que la sentencia cuestionada fue dictada en oportunidad, conforme a los parámetros legales, y jurisprudenciales vigentes

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá se limitó a remitir copia digital del expediente, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos González Mejía para dejar sin efectos la sentencia del 22 de junio de 2023 , dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , que confirmó la decisión de declararlo disciplinariamente responsable por la actuación desplegada en el proceso ejecutivo 2016-00069.

La Sala anticipa que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto el actor se limita a reiterar los argumentos ya resueltos en el proceso disciplinario, esto es, que, a juicio del actor , no debió ser declarado disciplinariamente responsable porque si bien no notificó el auto que libró mandamiento de pago , en los términos del artículo 94 del CGP , sí cumplió con las cargas procesales necesarias para materializar la notificación del demandado antes de que se configurara la prescripción de la acción cambiaria.

Para llegar a esa s conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional , y finalmente, (iii) análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales 3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los

la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales 3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos 4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-0315-000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales , (ii) q ue el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales , (iii) q ue los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan

que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión. objeto de tutela; la ident ificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05000-00

Demandante: Juan Carlos González Mejía

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previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte

los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso disciplinario. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, el señor Juan Carlos González Mejía insiste en que no debió ser declarado disciplinariamente responsable porque adelantó acciones en procura de la notificación del mandamiento de pago antes de que acaeciera el fenómeno de la prescripción de la acción cambiaria y que, por lo tanto, resultaba irrelevante que la notificación no se hubiera materializado dentro del año siguiente a que fue dictado el mandamiento de pago.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la sentencia de primera instancia en el proceso disciplinario, sostuvo lo siguiente:

(…) contrario a lo enunciado por el despacho, no es cierto que no se haya impulsado la causa antes de la prescripci ón de la acci ón cambiaria, toda vez que como se deriva del material probatorio allegado por el despacho de Caquet á, se observa que antes del 30 de julio de 2018 ya se hab ía surtido la citación para notificación personal e incluso la publicación del edicto emplazatorio mucho antes de dicho término, como quedó en las constancias emitidas por la emisora y por el per iódico la NACIÓN y que aparece en constancia del despacho de fecha 20 de marzo de 2018.

Lo anterior, confirma aún con mayor severidad que no es dable computar el t érmino prescriptivo a

la NACIÓN y que aparece en constancia del despacho de fecha 20 de marzo de 2018.

Lo anterior, confirma aún con mayor severidad que no es dable computar el t érmino prescriptivo a partir del 30 de julio de 2018, toda vez que dentro de los 3 años de la acci ón cambiaria mi poderdante desarroll ó sendos actos tendientes a la notificaci ón del mandamiento ejecutivo y la prosecución del proceso judicial.

De conformidad con lo anterior, si bien se puede constatar una falta de diligencia por mi poderdante para la notificación del mandamiento de pago dentro del año siguiente, no se observa el período de inactividad que menciona el despacho en la sentencia, menos si al apreciar el material probatorio se observa que, a pesar de que no se hubiese podido notificar en el t érmino mencionado para interrumpir la prescripción, mi poderdante sí realizó la notificación posterior de los demandados, de tal manera que la misma qued ó en firme el d ía 9 de abril de 2018, tal como se aprecia en la constancia expedida por el despacho.

Por su parte, en la demanda de tutela, el señor González Mejía alegó lo siguiente:

De acuerdo con lo anterior, del an álisis integral del acervo probatorio encontrado a ítem 099 del expediente disciplinario electrónico, el despacho hubiese podido evidenciar que la causa S Í había sido impulsada antes de la prescripci ón de la acci ón cambiaria, toda vez que el d ía 9 de abril de

expediente disciplinario electrónico, el despacho hubiese podido evidenciar que la causa S Í había sido impulsada antes de la prescripci ón de la acci ón cambiaria, toda vez que el d ía 9 de abril de 2018 habría concluido el t érmino de quince (15) d ías establecido por el art ículo 108 del C ódigo General del Proceso, para ENTENDERSE SURTIDO EL EMPLAZAMIENTO a los demandados.

Nótese que, en el documento 09 denominado “Constancia Secretarial” del ítem 099, del expediente disciplinario electrónico, el mismo despacho dej ó constancia de la publicación del emplazamiento, manifestando adicionalmente que a partir del día 12 de marzo de 2018 empezaba a correr el término de quince (15) d ías para darse por surtido el emplazamiento a los demandados, t érmino que vencería el lunes 9 de abril de 2018.

(…) la COMISI ÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE FLORENCIA (CAQUET Á) y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL yerran profundamente al pasar por alto el acervo probatorio contenido en el ítem 099 del expediente disciplinario y al omitir su contraste y valoración en conjunto con las otras pruebas, pues del an álisis sopesado y riguroso de dicho material, el despacho hubiese podido concluir que mi representado no incurri ó en vulneración del deber funcional, pues DESPLEGÓ TODAS LAS CARGAS PROCESALES NECESARIAS dentro del

material, el despacho hubiese podido concluir que mi representado no incurri ó en vulneración del deber funcional, pues DESPLEGÓ TODAS LAS CARGAS PROCESALES NECESARIAS dentro del proceso confiado, desarrollando los trámites tendientes a la notificación de los demandados y, por lo tanto, no es dable sostener que el grado de culpabilidad fue determinado a t ítulo de culpa, pues ella implica una i ndiligencia profesional y, en palabras del despacho de primera instancia, una “dejación de la representación sin justificación alguna”, situación que no se predica en el presenteRadicado: 11001-03-15-000-2023-05000-00

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caso, pues se observa que mi representado, seg ún el acervo probatorio aq uí enunciado, cumplió con las cargas procesales como apoderado de la parte demandante en el proceso ejecutivo por el que se le condena.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en providencia del 22 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

En la alzada, el apelante adujo, adem ás, que antes del 30 de julio de 2018 el investigado surtió la citación para la notificaci ón personal y la publicación del edicto emplazatorio en el radicado No.

citación para la notificaci ón personal y la publicación del edicto emplazatorio en el radicado No. 2016-00069, es decir, que su prohijado s í desarrolló los actos tendientes a la notificaci ón del mandamiento ejecutivo y la prosecución del proceso judicial.

Al respecto se tienen las siguientes actuaciones surtidas en el referido proceso ejecutivo: - Auto que libró mandamiento de pago del 30 de junio de 2016. - Envío de notificaci ón personal a la demandada de fecha 1º de septiembre de 2017, que no prosperó. - Memorial solicitando emplazamiento de fecha 19 de diciembre de 2017. - Prescripción de la acción cambiaria operó el 30 de julio de 2018. - Notificación del curador ad litem de fecha 4 de abril de 2019 , quien propuso la excepci ón de prescripción.

Con relación a lo anterior, el Seccional de instancia advirtió que el investigado omiti ó notificar el mandamiento de pago dentro del a ño siguiente a su emisi ón, argumento que comparte esta Colegiatura de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, lo que supuso la prosperidad de la prescripción de la acción cambiaria en los términos del artículo 789 del Código de Comercio y 94 del Código General del Proceso (…).

En este sentido considera esta Comisión que tal argumento no prospera, porque el profesional del derecho debía cumplir con la carga procesal que consistía en notificar personalmente al demandado

del Código General del Proceso (…).

En este sentido considera esta Comisión que tal argumento no prospera, porque el profesional del derecho debía cumplir con la carga procesal que consistía en notificar personalmente al demandado dentro del año siguiente a la emisión del mandamiento de pago y en ese sentido, por la demora en la notificación, ya no pudo hacerse merecedor de la interrupci ón de la prescripci ón por cuenta del artículo 94 del C.G.P; y aun así, tampoco notificó a la demandada antes de que ocurriere el referido fenómeno jurídico para, de igual manera, interrumpirlo; de allí es que deviene la censura que le hizo la primera instancia, por cuanto, a pesar de haber actuado, no lo hizo con la celeridad que ameritaba el caso, máxime cuando, se itera, ya había dejado pasar el año para la interrupción y ello, le exigía entonces actuar con mayor diligencia aun para que no prescribiera el asunto; no obs tante, las pruebas demuestran que dejó la gestión al garete.

Como se ve, el actor formuló inconformidades que coinciden con las que fueron expuestas en el proceso disciplinario, esto es, intenta demostrar que , aunque no notificó el auto que libró mandamiento de pago en los términos del artículo 94 del CGP cumplió con las cargas procesales necesarias para materializar la notificación del demandado antes de que se configurara la prescripción de la acción cambiaria y, por lo tanto, no debía ser declarado responsable disciplinariamente.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar

del demandado antes de que se configurara la prescripción de la acción cambiaria y, por lo tanto, no debía ser declarado responsable disciplinariamente.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el proceso disciplinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Juan Carlos González Mejía.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Juan Carlos González Mejía, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05000-00

Demandante: Juan Carlos González Mejía

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3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Ausente en comisión

(Firmado electrónicamente)

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Presidenta (E)

(Firmado electrónicamente)

MILTON CHAVES GARCÍA

(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN