CE - 010315000202305371001SENTENCIA20231018164341

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: ÁNGELA PATRICIA HURTADO HERNÁNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández contra el Tribunal Administrativo de Boyacá .

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de septiembre de la presente anualidad 1, la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expe diente rad. No. 15001333301020220005201, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, 3 SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso

1 Se advierte que, el 9 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicit ada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000-20130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH

4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN - DR.

HERNANDO SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-33000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

8 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

3

8 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-20140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 11 08001-23-33000-20150033101 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-20140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-40000-20170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-20159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 17 080001-23-33000-201700931VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 17 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 18 080001-23-33000-20150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

23 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02

(4470-2021)

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Ángela Patricia Hurtado Hernández labora como docente «con la entidad territorial certificada en educación del Departamento de Boyacá ». Además, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 3 de agosto de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá el reconocimiento y pago de la sanc ión por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 .

Mediante acto administrativo 1.2.5.1.1 – 38 del 26 de agosto de 2021, la Secretaría

con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 .

Mediante acto administrativo 1.2.5.1.1 – 38 del 26 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá negó la solicitud de la demandante .

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández demandó al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y al Departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 7 de octubre de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja negó las súplicas de la demanda, por considerar que la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández se encontraba afiliada al FOMAG y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

2 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación con fundamento en que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que e ra posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que

fundamento en que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que e ra posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignació n de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 26 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de qu e la demandante no podía beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, porque el régimen aplicable no contempla las penalidades reclamadas en la demanda.

Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudia do en la sentencia SU 098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que aquí la demandante sí fue afiliada al Fomag. Agregó que dicha sentencia de unificación no era aplicable a todos los procesos relacionados con la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al sector docente, pues insistió que allí el caso se centró en los docentes en provisionalidad, que nunca fueron afiliados al Fomag por errores internos.

De igual modo, determinó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente , pues el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes

De igual modo, determinó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente , pues el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las a un fondo priv ado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normativas. Pero, insistió, dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo que, si bien los docent es gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente consagrado en las 2 6 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E .».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los doce ntes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia. entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia. entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 5/26/2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el expediente radicado No. 15001333301020220005201 ».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2023 , el despacho de la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, como parte demandada, y, como terceros con interés, al min istro de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y al gobernador deRadicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Boyacá. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG, pues reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá , por medio de uno de sus magistrados,

decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá , por medio de uno de sus magistrados, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por incumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la accionante pretende convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-010-2022-00052-01, simplemente porque no está de acuerdo con la interpretación del juez natural, esto es, que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es inaplicable a los docentes oficiales, y no porque la providencia contenga alguna anomalía que exija la intervención del juez constitucional.

Manifestó que la señora Hurtado Hernández centró la discusión en un debate de carácter legal y económico, pues «cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. ».Radicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Agregó que la discusión sobre la viabilidad de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no transgrede los derechos fundamentales a la se guridad social, a la

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Agregó que la discusión sobre la viabilidad de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no transgrede los derechos fundamentales a la se guridad social, a la igualdad, a la «seguridad jurídica» y al debido proceso, pues el debate en cuestión «no se relaciona con el pago de salarios o mesadas pensionales, sino con una prestación accesoria del derecho principal a recibir una cesantía ».

Indicó que la autoridad judicial accionada, en virtud del principio de autonomía judicial, efectuó una interpretación razonable del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al determinar que los docentes oficiales no pueden ser destinatarios de esta, debido a que se rigen por el principio de unidad caja.

2.4. El Departamento de Boyacá pidió que se negara la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó que el pago de las cesantías al FOMAG ingresan mediante un giro global, el cual no tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados. Advirtió, además, que esos recursos provienen de la Nación y del Sistema General de Participaciones para el sector educativo, situación que no es competencia del departamento.

Agregó que la Ley 50 de 1990 resulta inaplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG , puesto que estos tienen un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la sanción m oratoria.

Sostuvo que la sentencia SU -098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no guarda identidad fáctica y jurídica con lo que se debate en este proceso , pues en

Sostuvo que la sentencia SU -098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no guarda identidad fáctica y jurídica con lo que se debate en este proceso , pues en aquel se trató de un docente nombrado en provisionalidad que nu nca fue afiliado al FOMAG.

Por último , expuso que en la sentencia SU -573 de 2019 , la Corte Constitucional determinó que la discusión sobre la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías a los docentes constituía un debate era meramente legal y debía ser dirimido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 por el TribunalRadicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Administrativo de Boyacá, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-010-2022-00052-01, incurrió en los defectos endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández.

2. Análisis de la Sala

y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisd icciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique sufi cientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela co ntra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 26 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá , por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 7 de octubre de 2022 , por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05371-00

Demandante: Ángela Patricia Hurtado Hernández Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández carece de relevanci a constitucional, debido a que es evidente

afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Ángela Patricia Hurtado Hernández carece de relevanci a constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consigna ción de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador

pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 d e

3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019,