CE - 010315000202305385001SENTENCIA20231020153346

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05385-00

Demandante: Janson Will Ortiz Velasco

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-00

Demandante: JANSON WILL ORTIZ VELASCO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho . Falta de relevancia constitucional : reiteración de argumentos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Janson Will Ortiz Velasco contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 25 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, el señor Janson Will Ortiz Velasco pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del

fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No. 15001333300120220011002 , transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACI ÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANT ÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JUR ÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al T RIBUNAL ADMINISTRATIVO D E

de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al T RIBUNAL ADMINISTRATIVO D E BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05385-00

Demandante: Janson Will Ortiz Velasco

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3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

En el año 2019, el señor Janson Will Ortiz Velasco fue vinculado como docente de la secretaría de educación de Boyacá.

El 5 de agosto de 2021, el señor Janson Will Ortiz Velasco solicitó a la secretaría de educación de Boyacá el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

Mediante acto administrativo No. 1.2.5.1.1-38 del 26 de agosto de 2021, la secretaría de educación de Boyacá denegó lo solicitado.

El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la secretaría de educación de Boyacá, para que se declarara la nulidad del acto administrativo No. 1.2.5.1.1-38 del 26 de agosto 2021. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

La demanda se adelantó bajo el radicado 15001333300120220011000 y correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Tunja, que, por sentencia del 16 de diciembre de 2022, denegó las pretensiones , porque los docentes están sometidos a un régimen especial (Ley 91 de 1989 ) que no previó el reconocimiento de la sanción reclamada. Que, además, es incompatible con la Ley 50 de 1990 , pues se trata de regímenes sometidos a dinámicas diferentes. Señaló que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no guardaba identidad fáctica con el caso del demandante.

sometidos a dinámicas diferentes. Señaló que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no guardaba identidad fáctica con el caso del demandante.

Que la falta de aplicación de la Ley 50 de 1990 no afectaba el derecho a la igualdad de los docentes, pues la Corte Constitucional, en sentencia C-928 de 2006, consideró que la diferencia en el tratamiento dado a los intereses a las cesantías no vulneraba el principio de igualdad, pues el régimen especial favorecía los derechos de los docentes.

Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 16 de junio de 20232, la confirmó básicamente por las mismas razones del juzgado de primera instancia. Precisó que no resultaba procedente acudir al principio de favorabilidad porque no se presentaba duda sobre la aplicación e interpretación de las normas jurídicas que regulan el régimen de cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni una falta de regulación en el reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses.

Un magistrado de la Sala de decisión aclaró voto para precisar que el «Decreto 1252 de 2000 unificó el régimen de cesantías del sector público y cobija a los servidores que se vincularon al Estado a partir de su fecha de publicación, pero no puede extender las anteriores penalidades a la regulación especial de los docentes, debido a que los procesos de presupuestación, giro y administración de dicha prestación, en los que intervienen el Ministerio de Hacienda, la entidad territorial certificada y el Fomag, son incompatibles con los supuestos de hecho que deben configurarse para que aquellas operen»

presupuestación, giro y administración de dicha prestación, en los que intervienen el Ministerio de Hacienda, la entidad territorial certificada y el Fomag, son incompatibles con los supuestos de hecho que deben configurarse para que aquellas operen»

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del

2 Notificada el 22 de junio de 2023Radicado: 11001-03-15-000-2023-05385-00

Demandante: Janson Will Ortiz Velasco

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23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes vicios de fondo:

En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20203, 24 de enero de 20194, 17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio de

20197, 2 de diciembre de 2019 8, 10 de junio de 2020 9, 22 de octubre de 2020 10, 12 de noviembre de 202011, 17 de junio de 202112, 413, 2514 y 11 de noviembre de 202115, 20 de enero de 2022 16, 3 de marzo de 202217,28 de abril de 2022 18, 919 y 19 de mayo de 202220, 1 de julio de 202221, 22 de agosto de 202222, 22 de septiembre de 202223, 1924 y 2625 de enero de 2023.

Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzg ados administrativos de circuitos judiciales del país, que , según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01,

C.P. Nicolás Yepes Corrales 6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-20140020801(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33000-20140013201, C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001 -23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés.

(4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001 -23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33000-20140112701 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Se cción Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-2333-000-20170093101 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01

01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-20150050901 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) , C.P. William Hernández Gómez. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05385-00

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5. Trámite procesal

Por auto del 27 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá y, como terceros con interés, al juez primero administrativo de Tunja, a la ministra de Educación Nacional , al presidente de la Fidupr evisora S.A como vocero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al gobernador del departamento de Boyacá́.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notific aciones correspondientes por correo electrónico enviado 3 de octubre de 202326.

6. Intervenciones

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notific aciones correspondientes por correo electrónico enviado 3 de octubre de 202326.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, ponente de la decisión cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que los argumentos expuestos por el demandante ya habían sido objeto de debate y resueltos en el proceso ordinario y que, por lo tanto, la tutela estaba siendo usada como una instancia adicional y que, además, la discusión recaía sobre un asunto meramente económico y legal, que por esa misma razón la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2019 declaró la falta de relevancia constitucional.

Agregó que, en todo caso, por el principio de favorabilidad no podía aplicarse la Ley 50 de 1990 al demandante.

El apoderado del Departamento de Boyacá solicitó se declarara improcedente la acción de tutela, porque no se advertía la existencia de un perjuicio irremediable que la hiciera procedente como mecanismo transitorio.

En cuanto al fondo del asunto , dijo que el tribunal demandado no había incurrido en desconocimiento del precedente, porque no existía una posición iniciada sobre el tema en el Consejo de Estado y, además, en la sentencia se había n explicado de manera suficiente las razones para no acoger el precedente invocado por el demandante.

La juez primer a administrativa de Tunja solicitó que se de clarara improcedente la acción de tutela , por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Expuso qu e

suficiente las razones para no acoger el precedente invocado por el demandante.

La juez primer a administrativa de Tunja solicitó que se de clarara improcedente la acción de tutela , por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Expuso qu e este mecanismo de protección no podía ser usad o como una instancia adicional al proceso ordinario y agregó no ser competente frente a las pretensiones del demandante porque la providencia cues tionada era la dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Por último, precisó que no existía una posición unificada en el Consejo de Estado en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 al personal docente.

La jefe de la gerencia jurídica de negocios especiales de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con las causales generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor Janson Will Ortiz Velasco para que se deje sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó la decisión de denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos en el proceso ordinario, esto es, que, a juicio de l actor, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando

requisitos generales27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15000-2020-05131-0029, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela , (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expue stos en el proceso ordinario y (v) q ue la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

En cuan to al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

27 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identif icación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 28 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 29 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05385-00

Demandante: Janson Will Ortiz Velasco

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Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los juece s como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que coincide n con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del

jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que coincide n con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, el señor Janson Will Ortiz Velasco insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Tunja, (resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:

En primer lugar, resaltó que la idea de que existiera un régimen especial debía ser el mejoramiento de las condiciones de cierto sector en comparación con el régimen general, mas no era comprensible que trajera condiciones menos favorables por lo que, en aplicación del principio de favorabilidad, debieron llenarse los vac íos normativos de los asuntos no previstos en el “régimen especial ” con las disposiciones del régimen general de la manera como lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, en la cual concluyó que la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías podía concederse a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud del principio de favorabilidad. (…) Como cuarto aspecto, destac ó que contrario a lo expuesto por el a quo los precedentes descartados

podía concederse a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud del principio de favorabilidad. (…) Como cuarto aspecto, destac ó que contrario a lo expuesto por el a quo los precedentes descartados en primera instancia, s í eran plenamente aplicables al caso concreto puesto que el fundamento del medio de control estaba contenido en la sentencia SU-098 de 2018, cuya parte resolutiva tuvo efectos inter comunis que se extendieron a los docentes de educaci ón pública, por lo que entendi ó que los órganos de cierre tenían una clara postura de la aplicaci ón del contenido del art ículo 99 de la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes, la cual en su criterio, se encontraba vigente.

Por su parte, en la acción de tutela, el señor Janson Will Ortiz Velasco insistió en que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y, además de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya fueron invocadas en la demanda y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17 y 28 de junio de 2019, 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de 2022, 22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 16 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 16 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

En suma, teniendo en cuenta una interpretaci ón sistemática del ordenamiento jur ídico, no es posible concluir que el r égimen de administraci ón de las cesant ías a trav és de fondos individuales es equiparable al régimen previsto para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

125. Por ello, resulta improcedente aplicar el principio de favorabilidad , toda vez que no se presenta duda en la aplicaci ón e interpretaci ón de las normas jur ídicas que regulan el r égimen de cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni una falta de regulación en el reconocimiento y pago de las cesant ías y sus intereses , en la medida en que, mediante normas de carácter legal y reglamentario, se ha establecido de forma clara y precisa la obligación a cargo de las entidades demandadas de la liquidaci ón, disponibilidad de los recursos destinados a las cesantías y su consignación directamente a cada docente. (…) 127. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible inferir que la sentencia SU -098 de 2018 no tiene identidad fáctica con el caso bajo estudio, en el cual, el docente se encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que impide aplicar ese precedente en esta oportunidad.

128. Precisamente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 201930, aclaró que la sentencia SU -098 de 2018 no constituía un precedente aplicable para aquellos

oportunidad.

128. Precisamente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU -573 de 27 de noviembre de 201930, aclaró que la sentencia SU -098 de 2018 no constituía un precedente aplicable para aquellos docentes que sí estaban o están afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

129. Por las razones expuestas, la Sala inaplicará las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado en las que se accedió a la aplicación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la medida en que en las mismas se acudió a la sentencia SU-098 de 2018, sin tener enRadicado: 11001-03-15-000-2023-05385-00

Demandante: Janson Will Ortiz Velasco

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cuenta el análisis sistemático de la normativa aplicable y las conside raciones de la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019.

Como se ve, se trata de argumentos con los que el señor Ortiz Velasco pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar el régimen aplicable a la s cesantías. Y si bien el actor está alegando el desconocimiento de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar

de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios , como ya lo ha precisado la Sala en otras oportunidades30.

Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300, que la demandante cita para demostrar la relevancia constitucional de la acción de tutel a, basta decir que esa decisión fue impugnada y mediante auto del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto que admitió esa acción de tutela. De modo que no puede utilizarse como argum ento para fundamentar la relevancia constitucional en el presente asunto. Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional , en sentencia SU -573 de 2019 , concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales , pues se proponía que el juez de tutela determinara s